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Tanque pensante
Por CIDAC
Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
32 estados, ¿una misma solución?
Si los niveles de inseguridad y los principales delitos que aquejan a Chihuahua son distintos de los que afectan a Morelos o a Yucatán, no hay lógica en pretender aplicar la propuesta de Mando Único de Policía en las 32 entidades.
Por CIDAC
6 de febrero, 2015
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Por: Lorena Becerra y Mariana Meza 

Si bien la inseguridad y la violencia se han extendido a lo largo del territorio nacional, sus causas, consecuencias y características no son homogéneas en todos los estados. En otras palabras, los niveles de inseguridad y los principales delitos que aquejan a Chihuahua son distintos de los que están afectando a Morelos o a Yucatán, por dar un ejemplo. Por consiguiente, resulta ilógico pensar que las propuestas de acciones orientadas a resolver los problemas de seguridad se concentren mayoritariamente en aplicar una misma estrategia para las 32 entidades.

En este sentido, las políticas públicas que hoy se están discutiendo en materia de seguridad, como la propuesta de Mando Único de Policía, responden a motivaciones centralizadoras que difícilmente atenderán los problemas de inseguridad a nivel estatal. La literatura en el tema de descentralización resulta de gran utilidad en este debate ya que demuestra cómo la distribución de responsabilidades y facultades entre gobierno central y los gobiernos locales arroja resultados ambiguos.

Entre los principales argumentos a favor de la descentralización encontramos que la toma de decisiones a nivel local responde de manera más eficiente a las demandas de la población ya que los gobiernos locales conocen mejor las necesidades de sus ciudadanos y, por ende, serán más eficientes en la provisión de bienes públicos. Este es el principal justificante de que existan cuerpos policiacos locales.

Por el contrario, los estudios más escépticos de la descentralización resaltan que sus resultados dependen de las condiciones de los estados y municipios, tanto institucionales y de recursos, como burocráticas y socioeconómicas. Por ejemplo, si los estados no cuentan con una burocracia capacitada, las necesidades de los ciudadanos locales difícilmente serán atendidas y, por el contrario, trasladarles responsabilidades y poder a instituciones locales aumenta la probabilidad de corrupción e incluso puede fortalecer cacicazgos locales. Este argumento respaldaría la noción de que si las condiciones municipales reflejan poca capacidad institucional y gran debilidad, la existencia de las autoridades municipales –en este caso los policías– resulta contraproducente.

Lo más importante a resaltar de este debate es que el éxito de un esquema descentralizado depende de la capacidad institucional, transparencia, profesionalismo y esquemas de rendición de cuentas de las autoridades locales. La principal problemática en México es que el diseño federalista con que contamos presenta severos tintes discrecionales que no sólo ha perpetuado, sino que en algunos casos hasta ha exacerbado la variación entre las entidades en su grado de institucionalización y capacidad de respuesta ante los principales desafíos que enfrentan, como es el caso de la inseguridad.

Mientras que existen estados que reflejan más los beneficios de la descentralización, existen otros que innegablemente requieren de un cambio institucional y de responsabilidades mayúsculo. Por ende, es indispensable tomar en cuenta las condiciones de cada estado y entender sus dinámicas y necesidades particulares antes de aplicar recetas genéricas para todos. A saber, en estados que demuestran policías municipales funcionales el mando único resulta innecesario y desaparecer estos cuerpos puede terminar por generar una brecha entre la población y sus nuevos cuerpos de seguridad.

Las principales justificaciones detrás de la iniciativa de mando único señalan que los cuerpos policiales municipales, a diferencia de los estatales, son más susceptibles de ser infiltrados por el narcotráfico y gozan de menos confianza por parte de los ciudadanos. Dicha iniciativa se centra en niveles de confianza en la policía municipal porque esta medida representa un referente de capacidad institucional, cercanía con la ciudadanía y, en extremo, de la eficacia en la aplicación de la ley. En otras palabras, si las personas confían en sus cuerpos de seguridad significa que consideran que son capaces de mantener el orden y de esta manera cooperarán con ellos cuando se requiera.

Sin embargo, en este texto argumentamos que otros indicadores, como niveles percibidos de corrupción y evaluación de desempeño, también son proxys de capacidad institucional y, en dado caso, de la posible aceptación que tienen los cuerpos de seguridad ante de la ciudadanía. En este sentido, la ENVIPE 2014 arroja datos que permiten comparar estos aspectos entre los estados, pero también con respecto a las policías estatales que son las que absorberían las funciones y responsabilidades de las municipales en caso de establecerse el mando único. Los resultados son suficientes para poner en duda la posible efectividad de esta medida.

En primer lugar, la confianza en los cuerpos policiales municipales exhibe una varianza muy grande de estado en estado y también hacia el interior de cada estado en comparación con la confianza que las personas manifiestan por las policías estatales. Estos datos nos demuestran que transferir responsabilidades de municipios a estados basándonos en niveles de confianza no es una solución en casos como Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco o Veracruz.

En todas estas entidades la confianza por ambos cuerpos policiales es baja y la confianza por la policía estatal no es mucho mayor a la expresada por la policía municipal. Transferir funciones a cuerpos que gozan de tan bajos niveles de confianza resultará inútil, puede afectar los niveles de corrupción porque los elevará al nivel estatal y, en un extremo, transferir las deficiencias de los cuerpos municipales a los estatales tales como la susceptibilidad de ser infiltrados.

Gráfica3

Aunado a lo anterior, podríamos argumentar que la iniciativa de mando único pierde sentido en estados como Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán o Zacatecas, en donde el grado de confianza a las policías municipales es comparativamente alto, indicando que en dichos estados los cuerpos de seguridad municipales funcionan relativamente bien.

En segundo lugar, la percepción que tienen los ciudadanos acerca de lo corruptas que son sus policías municipales y estatales demuestra pocas discrepancias dentro de cada estado. Es decir, los ciudadanos atribuyen casi los mismos niveles de corrupción a policías municipales que a estatales. Destacan los casos del Distrito Federal (en donde existe una única corporación), Estado de México, Morelos, Puebla (que sí exhibe una mayor discrepancia entre municipal y estatal), Quintana Roo y Tabasco.

PolicíasEstatalesyMunicipales

Finalmente, la ENVIPE también proporciona datos acerca de qué tan efectivo consideran los ciudadanos el desempeño de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes netos (mucha y algo de eficiencia menos poca y nada de eficiencia) para policía municipal y estatal en cada entidad.

Gráfica3CIDAC

Resaltan principalmente Sonora, en donde la evaluación neta del desempeño de la policía municipal es mucho mayor que el de la policía estatal, y Sinaloa que también exhibe esta discrepancia aunque en menor magnitud. Por otro lado, preocupan el Estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Tabasco en donde la evaluación neta de ambas policías registra números negativos. Finalmente, las policías en Coahuila, Guanajuato, Oaxaca y Nayarit no se observan mal evaluadas en perspectiva comparada.

Todo lo anterior nos lleva a insistir que los focos rojos que apuntan los estudios sobre la descentralización – variación en capacidad institucional, transparencia y rendición de cuentas, entre otros – muestra suficiente varianza como para que dejemos de pensar que la solución para Sinaloa será la misma que funcione para Chiapas. Aunque la problemática de inseguridad y violencia que se ha extendido en la mayoría de los estados del país requiere de soluciones urgentes, es muy importante que éstas se formulen tomando en cuenta las particularidades de cada estado en materia de capacidad institucional, transparencia, corrupción. De no ser el caso corremos el riesgo de implementar políticas públicas que no ofrezcan los resultados deseados y, en el peor de los escenarios, profundicen las deficiencias locales.

 

* Lorena Becerra y Mariana Meza son investigadoras de @CIDAC

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