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Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
6 razones para dudar de la Ley de Víctimas
Por CIDAC
6 de agosto, 2012
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Por: Marien Rivera (@marien_rivera)*

 

En México, paradójicamente, existe una creencia generalizada de que la debilidad de nuestro Estado de derecho se resuelve a través de la creación o modificación de las normas a pesar de que el problema sea, precisamente, que éstas no se cumplen. Este paradigma cultural propone que la sola expedición de una nueva ley garantizará que todas las demás, ipso facto, serán cumplidas. Ello explica por qué este país cuenta con una de las Constituciones más obesas del mundo y, a la vez, una de las más transgredidas. Quizá sea porque alterar el orden normativo representa un reto minúsculo comparado con la labor de crear un sistema de rendición de cuentas que se encuentre acompañado de mecanismos de coacción efectivos. Esa ilusión normativa parece acompañar incluso a las causas más legítimas, por ejemplo, a aquellas que dieron origen a la  Ley General de Víctimas.

 

Esta ley, estructurada a partir de las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue producto de un proceso legislativo poco menos que accidentado. En el afán de atender la coyuntura, el Congreso fue negligente respecto del orden jurídico preexistente y, como resultado, se encuentra plagada de conflictos normativos. Debido a un análisis tardío de aquellos errores, el Ejecutivo decidió regresar la ley al Senado. La presentación en tiempo y forma de tales observaciones hoy es objeto de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello retrasa indefinidamente la expedición de la ley y, por supuesto, ha desatado en la sociedad civil un descontento generalizado. Lo que yo me pregunto es si los inconformes lo están porque creen que la promulgación de la ley verdaderamente implica un avance sustantivo en materia de protección a las víctimas o, más bien, condenan el actuar del Ejecutivo porque simboliza, a su entender, una negación institucional de la violencia y profunda impunidad que caracterizaron este sexenio.

 

Ahora, resulta incuestionable que las circunstancias a las que se enfrentaron millares de víctimas durante los últimos años merecen una respuesta del Estado. La pregunta es si la publicación de la ley es la vía idónea para garantizar a las víctimas las estructuras institucionales necesarias para que puedan enfrentar un proceso respetuoso y eficaz. Mi respuesta es que no. Seis ideas me llevaron a esa conclusión y a continuación las comparto:

1)     El (ausente) fundamento constitucional para expedir una ley general en la materia. El Congreso de la Unión debe contar con facultades constitucionales expresas para emitir una ley general. En materia de víctimas, esa facultad se le ha otorgado a las entidades. Sin embargo, si al final del día se concluyera que una ley de esta naturaleza es necesaria, lo de menos sería modificar la Constitución.

 

2)     La (perversa) subsidiariedad. La ley prevé un esquema en el que el Estado, a través de un fondo federal,  debe reparar a una víctima en caso de que su agresor no lo haga. Con los resultados que hoy en día arroja nuestro sistema de justicia, en el que sólo 2 de cada 100 delitos se encuentra a un culpable, suena a que los contribuyentes estarían prácticamente subsidiando la actividad criminal del país. Esto genera toda clase de incentivos perversos, tanto para ciudadanos como para autoridades. Por un lado, se justifique o no, las víctimas de un delito (y, claro, los abogados oportunistas que conviertan de este mecanismo su modus vivendi) solicitarán recursos del fondo. Por el otro, las autoridades no tienen incentivos para investigar un delito y procesar a un culpable que repare el daño si el Fondo lo hará por ellos.

 

3)     El Sistema Nacional de Atención a Víctimas (o de planeación nacional). La ley establece que corresponderá al Sistema establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas para la atención a víctimas. El problema es que la ley resulta tan ambiciosa que pretende regular programas educativos, laborales, del sistema de salud  y hasta de desarrollo económico que se trata de un órgano que prácticamente diseñaría la planeación nacional que corresponde al Ejecutivo.

 

4)     La (todopoderosa) Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La ley prevé la existencia de una Comisión integrada por 9 comisionados ciudadanos que tendrán la facultad de emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la ley en los ámbitos federal, estatal y municipal.  De no cumplirse, también se les confirió la prerrogativa de hacer comparecer a cualquier servidor público de los tres niveles de gobierno: desde el Presidente de la República hasta un regidor municipal. Todo ello sin contemplar contrapesos para estructurar un poder político de esa magnitud.

5)     El (muy burocrático) proceso de reconocimiento de la calidad de víctima. La ley establece que para acceder a los beneficios de la ley, la víctima debe inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas, después incorporarse al Sistema Nacional de Víctimas, después solicitar a los sujetos obligados del sistema de salud de los tres órdenes de gobierno (sí, así de ambiguo) un carnet de identificación. Todo lo anterior sin establecer los criterios bajo los cuales se otorgará dicho carnet, qué derechos o servicios gratuitos implicará su uso o cuáles serán los criterios para establecer la vigencia de la misma.

6)     El paradigma (inquisitivo) bajo el que se conciben los derechos de las víctimas. La ley establece, como un derecho de las víctimas, que los autores de los delitos sean enjuiciados. Esto, por sí mismo, anula toda posibilidad de resolver conflictos penales por vías no jurisdiccionales. Imposibilita también el uso del principio de oportunidad que se ha incorporado a nuestro sistema jurídico desde la reforma penal de 2008. Más aún, establece que existirá una presunción legal de que, si las víctimas hacen uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias, la autoridad pudo haberlas inducido a ello. Como si tal acto implicase un grado de arbitrariedad. Es por eso que la norma obliga a acreditar, por medios idóneos (sin establecer cuáles son) que la víctima estaba en condiciones de optar por este tipo de justicia. Incentivando, con ello, que las autoridades no hagan uso de la justicia alternativa.

Pero supongamos, sólo para efectos del argumento, que la ley no tiene los defectos antes apuntados. Que, de hecho, es una ley que logró ser coherente con los objetivos que perseguía. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Los movimientos y organizaciones que buscan su promulgación vigilarán su cumplimiento? ¿Por qué no lo han hecho entonces con la reforma en materia penal de 2008 que prevé un marco jurídico idóneo para la protección de las víctimas y también para garantizar la reparación del daño? Más allá de esta batería de cuestionamientos que tengo sólo para mi, existe otra pregunta que me parece la más relevante de todas: si la ciudadanía está lista para hacer valer las leyes en lugar de sólo exigir más.

 

*Marien Rivera es investigadora de @CIDAC. [email protected]

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