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Castillos en el aire en Michoacán
La presencia de Alfredo Castillo en Michoacán no rindió frutos ya que la situación de inseguridad en el estado es prácticamente igual de crítica que hace un año. Los homicidios dolosos aumentaron en casi el 10% durante su gestión y tampoco logró abatir la presencia de grupos delictivos a lo largo del estado: continúan las denuncias y reportes de enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones en casi todos los municipios.
Por CIDAC
23 de enero, 2015
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Por: Lorena Becerra y Mariana Meza

A poco más de un año de que el gobierno federal nombrara a Alfredo Castillo como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y ante su sorpresiva salida anunciada el jueves, es preciso analizar su desempeño. ¿Qué tanto ha servido la figura y acciones del Comisionado en términos de combate al crimen organizado y la reducción de la violencia? ¿Hasta qué punto el escrutinio del comisionado por parte de los partidos de oposición es una estrategia política para golpear al presidente Enrique Peña Nieto? ¿Cuáles son las alternativas que ofrecen los precandidatos a gobernador que pedían la salida del Comisionado para ocupar las labores de seguridad, que hasta ahora dependen de la Federación?

La presencia de Alfredo Castillo en Michoacán no rindió frutos ya que la situación de inseguridad en el estado es prácticamente igual de crítica que hace un año. Los homicidios dolosos aumentaron en casi el 10% durante la gestión de Castillo. Es más, en 61% de los municipios la cifra de homicidios dolosos permaneció intacta o incluso aumentó entre 2013 y 2014. Dentro de los principales municipios destaca Lázaro Cárdenas, sede de uno de los puertos más importantes del país, y en donde los homicidios pasaron de 39 en 2013 a 52 en 2014. Tampoco logró abatir la presencia de grupos delictivos a lo largo del estado y continúan las denuncias y reportes de enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones en casi todos los municipios.

Estas cifras demuestran un fracaso que era predecible puesto que por su posición geográfica, orográfica y hasta climática, Michoacán difícilmente dejará de ser un punto neurálgico para el narcotráfico y crimen organizado. La particularidad del estado requiere de una estrategia que atienda dichas complejidades, en lugar de repetir fórmulas que parecen haber funcionado en otras entidades.

Por otro lado, la intervención del gobierno federal a través de la figura de Castillo lejos de atender los problemas de seguridad desde la raíz, resultó ser más una respuesta mediática de corto plazo enfocada a reducir el desencanto de la opinión pública ante el recrudecimiento de la violencia en 2013. Desde el sexenio de Felipe Calderón la intervención de fuerzas federales demostró tener grandes desafíos y pocos resultados de largo plazo. No es de sorprender que ahora la misma política –pero complementada por acuerdos insostenibles con actores como autodefensas— fracasara como lo ha hecho. Queda en realidad la duda de si la solución de Enrique Peña Nieto no logró más bien empeorar la situación en el estado.

Hoy por hoy no parecen existir alternativas que prometan construir capacidad institucional en el estado y lograr atender la grave problemática de inseguridad. Los partidos políticos de cara a las elecciones de junio prefieren tratar el tema de la violencia y la inseguridad como un asunto mediático, tal como lo hizo el presidente Peña hace un año, en lugar de buscar soluciones viables.

Los tres precandidatos al gobierno de Michoacán concordaban en que Castillo debía dejar la entidad debido a que su figura era temporal y no había dado los resultados prometidos. En distintos momentos, Silvano Aureoles (PRD), Luisa María Calderón (PAN) y Ascensión Orihuela (PRI) han aprovechado que los reflectores electorales comienzan a brillar sobre la entidad para reprochar las fallas del “Virrey de Michoacán” y –al menos los primeros dos– para debilitar la imagen del presidente Peña Nieto. Debido a que Michoacán es de los pocos estados de la República en donde la competencia electoral es realmente tripartita –es decir, la intención de voto de los ciudadanos está dividida entre PRI, PAN y PRD casi a tercios– los tres tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas que atiendan los intereses de sus votantes para responder a esta representatividad básica que tienen en el electorado michoacano. Sin embargo, ninguno ha sido capaz de ofrecer una alternativa viable y únicamente permanecen en una muy elemental y lamentable retórica electoral.

Es probable que la carencia de alternativas por parte de los partidos se deba a que ninguno tiene la menor idea de cómo atacar el problema de la inseguridad ya que tanto PRI, PAN y PRD han contribuido al deterioro de Michoacán. No olvidemos que esta entidad fue la sede de inicio de la a guerra contra el narcotráfico emprendida durante el sexenio de Felipe Calderón a través del Operativo Conjunto Michoacán. Durante el sexenio de Calderón en ocasiones pareció como que la situación de inseguridad mejoraba, no obstante durante las elecciones a gobernador de 2011 y hacia el cierre de su mandato quedó en evidencia que la presencia de varios grupos del crimen organizado no solo se había fortalecido, sino que empezaron a operar nuevos grupos delictivos y se empezaron a consolidar los grupos de autodefensa. Calderón entregó un Michoacán muy deteriorado y en donde cada vez se vaticinaban menos posibilidades de solución.

Los antecedentes del partido del sol azteca son igual de reprochables. Basta con recordar la gubernatura de Leonel Godoy (2008-2012) en donde la corrupción, la incompetencia de las autoridades y el enriquecimiento ilícito dieron lugar a una creciente descomposición de las instituciones y contribuyeron al fortalecimiento del crimen organizado.

Y finalmente está el récord lamentable que brindó la gubernatura del priista Fausto Vallejo, que estuvo ausente durante la mayor parte de su mandato y dejó a un gobierno estatal acéfalo y sin rumbo. Durante su administración no se llevó a cabo una sola medida nueva de combate a la inseguridad y en cambio sí logró minar aún más la confianza de los ciudadanos en las autoridades estatales.

Michoacán no necesita más políticos que utilicen el tema de seguridad para construir castillos en el aire orientados únicamente a acumular votos. Por el contrario, es urgente que los aspirantes a gobernar la entidad empiecen por formular propuestas concretas, con límites de tiempo definidos y tomando en cuenta la colaboración entre los distintos niveles de gobierno que seguramente seguirán siendo multipartidistas. Michoacán, al igual que el resto de los estados plagados por la violencia y la inseguridad, requiere de la construcción de capacidad de gobierno desde los cuerpos de seguridad locales, los organismos de impartición de justicia –en especial los ministerios públicos y las procuradurías estatales– y los ediles y el gobernador. De otra forma, este estado continuará siendo terreno de experimentación improvisada de medidas que debilitan las instituciones y corroen el tejido social.

 

* Lorena Becerra y Mariana Meza son investigadoras de @CIDAC

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