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Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
¿Contrarreforma al sistema penal? Los puntos a debate
La operación del nuevo sistema de justicia penal se encuentra en una fase temprana y es comprensible que sea necesario realizar ajustes, además de que existe un amplio espacio para la mejora continua en cualquier proceso de cambio. Sin embargo, también es cierto que estas modificaciones deben ser evaluadas a profundidad. La decisión final recae en los legisladores, pero la sociedad civil tiene la responsabilidad de generar insumos que les ayuden a tomar una mejor decisión por medio de un debate abierto y plural.
Por CIDAC
23 de diciembre, 2014
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Por: Paulina Sánchez, Carlos De la Rosa y Santiago Martínez

El 9 de diciembre, con 98 votos a favor y 0 en contra, el Senado aprobó el Dictamen por el que se modifican 46 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y diversas leyes en torno al sistema de justicia penal.

Este paquete legislativo contempla aspectos positivos que atienden, entre otras cosas, preocupaciones de la sociedad civil y jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, se introduce la responsabilidad penal de las personas morales. Igualmente, se atiende la resolución de la SCJN respecto de la localización geográfica y solicitud de datos y se introduce la figura del control judicial. Asimismo, este paquete de modificaciones subsana carencias existentes en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal respecto del sustento jurídico a figuras como el juez de control y se armoniza la legislación con el objetivo de abonar a la operación del sistema.

Sin embargo, el contenido de algunos de los artículos modificados ha suscitado polémica suficiente como para aplazar para el próximo año la discusión y la votación del dictamen en la Cámara de Diputados. Debido a la relevancia del tema para el proceso de transformación del sistema de justicia se presenta a continuación una versión resumida de los cambios más comentados y sus argumentos a favor y en contra con el propósito de construir un debate objetivo. Puedes encontrar la versión completa del documento aquí.

Tema/Cambio Puntos a favor Puntos en contra Consideraciones
Desahogo de Pruebas

Actualmente, el CNPP establece que durante la audiencia inicial la defensa podrá solicitar el desahogo de medios de prueba que considere necesarios ante el Juez de Control bajo las reglas previstas para la audiencia de debate del juicio oral.

El cambio propuesto establece que la defensa deberá incorporar los datos de prueba a los registros de la investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público estará obligado a incorporar todos los datos de prueba aportados por la defensa, de no hacerlo la defensa podrá solicitar una audiencia ante el Juez de Control para que éste ordene su incorporación.

La reforma de estos artículos responde a la intención de corregir las fallas en la operación de la audiencia inicial que las reglas vigentes y las reminiscencias de las viejas prácticas están provocando. Los litigantes continúan bajo la lógica del sistema tradicional y por ello optan por el desahogo de la mayor cantidad de pruebas posible durante la audiencia inicial. Lo anterior no solo convierte esta etapa en un “juicio previo” al juicio oral. sino también provoca audiencias iniciales que se prolongan hasta 16 horas. Se violenta la lógica del sistema acusatorio al reestablecer al Ministerio Público como autoridad, al tener la capacidad de desestimar pruebas presentadas por la defensa.Lejos de provocar un mayor equilibrio entre las partes, la Defensa es colocada en una posición reactiva y desventajada frente al Ministerio Público ya que deberá responder a decisiones que éste puede tomar discrecionalmente. Tras conversar con detractores y promotores encontramos que ambas posturas coinciden en el diagnóstico: las audiencias iniciales se han tornado engorrosas y prolongadas. Sin embargo, difieren drásticamente en la solución. Quienes se encuentran en contra argumentan que la prolongación de las audiencias se podría corregir con una mejor dirección judicial o  capacitación para los litigantes. En el fondo del asunto parece residir un tema de desconfianza –legítima- en torno al desempeño de los Ministerios Públicos y el empoderamiento que esta reforma les genera.
Policías de Investigación

Actualmente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) establece que las unidades de policías encargadas de la investigación científica de delitos pueden ubicarse dentro de las Procuradurías y/o en instituciones policiales.

 

El cambio propuesto pretende que las unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos se ubiquen exclusivamente en la estructura orgánica de las instituciones de procuración de justicia, las cuales podrán coordinarse con las instituciones policiales para fines de investigar.

Esta reforma únicamente retoma lo propuesto por los  Programas de Capacitación Integral aprobados a mediados de 2014, y  los introduce en la legislación con el fin de delimitar funciones y contribuir a la especialización y mejor desempeño. Las policías de seguridad pública realizan labores de investigación sin ningún tipo de coordinación con el Ministerio Público lo que –en no pocas ocasiones- provoca que estas investigaciones se hagan de forma deficiente y resulten inútiles o, inclusive, perjudiciales para el litigio del caso. Se debilita a las policías al establecer que la responsabilidad de investigación recaiga de forma exclusiva en la Procuraduría y las policías adscritas a la misma. Se retorna al esquema paternalista del sistema tradicional, el cual en la práctica es inoperable debido a que la gran mayoría de los policías se encuentran adscritos a instituciones de seguridad pública y no al Ministerio Público. ¿Qué es mejor, que todos los tipos de policía puedan investigar delitos o que sólo las policías adscritas al Ministerio Público tengan esta facultad? Ese es el meollo del asunto. En este caso, la reforma pretende acabar con duplicidades que parecen innecesarias en búsqueda de una delimitación de funciones. Sin embargo, como en el caso anterior, existen justificadas dudas en torno a que los cambios implican un empoderamiento del Ministerio Público frente a los demás actores del proceso.
Medidas cautelares

Actualmente el CNPP no hace ningún tipo de especificación relacionada con la ubicación orgánica de los servicios previos al juicio y las unidades de seguimiento a medidas cautelares. Por ende, la ubicación de estos servicios ha sido decidida de forma independiente por cada entidad.

 

El cambio propuesto propone que la autoridad encargada de los servicios previos al juicio y la supervisión de medidas cautelares se ubique obligatoriamente en instituciones policiales.

Al sujetar estos servicios al esquema policiaco se busca que los funcionarios a cargo cumplan con los estándares requeridos por las instituciones policiacas (dada la información sensible que utilizan estas oficinas): requisitos para ingreso, exámenes de confianza, entre otros. Permitir, como se había hecho hasta ahora, que cada entidad decida libremente la ubicación de estos servicios puede terminar por provocar contradicciones y deficiencias en su operación y generar incertidumbre jurídica. El CNPP no es el instrumento idóneo para legislar en materia orgánica. La Constitución faculta al Congreso de la Unión a legislar únicamente temas procesales y, por lo tanto, de aprobarse esta reforma es posible que derive en una acción de inconstitucionalidad.Al mencionar “institución policiaca” de forma amplia, las entidades pueden terminar aplicando este precepto de forma literal y decidir que estos servicios estén a cargo de policías. Toda una serie de recomendaciones internacionales establecen que el perfil menos adecuado para estar a cargo de estos servicios es el de la policía tradicional (por ejemplo existe alto riesgo de que produzca extorsión por parte de las policías). En este tema existe una acertada intención por homologar la ubicación de estas unidades. Sin embargo, también es cierto que la redacción de la modificación es bastante ambigua y deja espacio para diseños inadecuados y perjudiciales. En este tema parece ser que más allá de la ubicación orgánica de las unidades lo relevante es el diseño de estas y sobre todo el desarrollo de los perfiles adecuados de los funcionarios que estén a su cargo.

Como se puede observar, la polémica en cada uno de estos puntos está totalmente justificada. Sin embargo, tras conversar con promotores y detractores pareciera que lo relativo a la ubicación de los servicios previos al juicio y la facultad de investigar delitos se encuentra más cerca de encontrar un punto de acuerdo que lo relativo a las modificaciones a la audiencia inicial. Este último punto es el que genera las mayores divergencias.

La operación del nuevo sistema se encuentra en una fase temprana y es comprensible que sea necesario realizar ajustes, además de que existe un amplio espacio para la mejora continua en cualquier proceso de cambio. Sin embargo, también es cierto que estas modificaciones deben ser evaluadas a profundidad. La decisión final recae en los legisladores, pero la sociedad civil tiene la responsabilidad de generar insumos que les ayuden a tomar una mejor decisión por medio de un debate abierto y plural. El tema en juego no permite tomarse nada a la ligera, pues a partir de que existe legislación nacional en la materia, lo que se apruebe impactará en la calidad de los servicios de justicia locales y federales, con el riesgo de generar retrocesos en las pocas buenas prácticas que existen.

Finalmente, es la desconfianza en la voluntad y capacidad de los operadores lo que sustenta muchas de las críticas, por lo que será necesario dar seguimiento a la operación de los cambios normativos que eventualmente se aprueban para corroborar que efectivamente se mantenga la objetividad del Ministerio Público y la equidad con la defensa, la especialización y colaboración entre policías, y la funcionalidad y separación formal de los servicios previos al juicio del resto de las parte.

 

@TodaLaJusticia @CIDAC

 

 

Para conocer las opiniones se entrevistaron a funcionarios federales, expertos, operadores estatales y se retomaron algunas de los argumentos expresados por miembros de la sociedad civil en las últimas semanas. Lo anterior no significa que se expongan de manera exhaustiva cada una de ellas o todas las existentes.

 

 

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