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Tanque pensante
Por CIDAC
Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
Cosas buenas que parecen malas
Una posible explicación del por qué reformar la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que autoriza a los altos funcionarios de la administración pública federal a nombrar a su conveniencia a sus directores generales, puede ser el ejercicio patrimonial del poder
Por CIDAC
7 de diciembre, 2012
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Por: Tamón Takahashi Iturriaga y Miguel Ángel Salamanca Carapia

 

Hay un dicho muy popular que reza: ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’.

Recientemente, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron un dictamen que reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC). Desde 2006, la Cámara de Diputados había venido gestando una reforma para eliminar del esquema de Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la Administración Pública Federal (APF) las posiciones de Director General así como sus adjuntos, homólogos y plazas equivalentes. Los diputados pasaron esta modificación el 6 de noviembre de 2007.

Sin embargo, la LSPC no se reformó entonces. Como parte del proceso legislativo, el Senado de la República aún tenía que aprobar la modificación propuesta por los diputados. En este estado se mantuvo el asunto durante cinco años, hasta que el pasado 14 de noviembre de2012, amenos de dos semanas del cambio de administración, se revivió la iniciativa. Y aunque en este momento aún no ha sido presentado dicho dictamen en el Pleno del Senado, nos preguntamos: ¿para qué?

El motivo para aprobarla se establece en el propio dictamen de las Comisiones: ‘En México se requiere que el puesto de Director General sea nombrado por libre designación’. Con ello, según resalta el documento, se ‘busca consolidar un Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que sea competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza’ en dichos niveles.

Es decir, el ejercicio patrimonial del poder.

Curiosamente, en el mismo dictamen se mencionan elementos que constituyen el espíritu de la LSPC. Por ejemplo, se hace referencia a que uno de los objetivos de dicha ley es garantizar ‘que la administración pública transite sexenalmente con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando asimismo que, siendo políticamente neutra, se convierta en un factor estratégico de la competitividad del país.’ Y, agrega que desde ‘finales del siglo XIX, ha sido aspiración constante el establecimiento de una función pública profesionalizada’. Finalmente, el dictamen también señala que la LSPC se estableció con el objeto de sentar las bases de un Sistema Profesional de Carrera ‘como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito’.

¿Contradicciones? Para las Comisiones Unidas parece no haberlas, pues argumentan que ‘el derecho es dinámico y debe ser modificado o actualizado en atención a las necesidades de la sociedad a la que sirve’.

Y en virtud a esa cualidad flexible que el dictamen otorga al derecho, las Comisiones fundamentan que la libre designación de los funcionarios con nivel de Director General, así como sus adjuntos, homólogos y/o equivalentes, deben ser nombrados a dedo, sin que ello afecte la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito a que hace referencia la Ley, y sin que genere trastornos sexenales.

Un punto adicional en el que se asienta la necesidad de reformar la LSPC es que ésta ‘no ha sido utilizada para mejorar el servicio público, sino para controlar la designación de los nuevos nombramientos’. En dicho sentido, la necesidad de hacer la reforma propuesta está igualmente motivada por los abusos que se han cometido en la aplicación de los mecanismos de excepción regulados por la propia Ley. En particular, se destaca al famoso artículo 34 de la misma, que permite nombramientos temporales en casos específicos, que no pueden tener una vigencia mayor a los diez meses. También, sostiene el dictamen, esta reforma está motivada por la percepción que hay en la opinión pública y en círculos académicos de que ‘el clientelismo y el patrimonialismo prevalecen en la Administración Pública Federal, que no concede gran importancia a la experiencia como activo para ingresar al sistema’.

Y la mejor manera de hacerlo, de acuerdo con el dictamen de las Comisiones, es dando plena libertad a quién corresponda, para designar mediante el procedimiento y con base en los criterios que considere –eso sí, privilegiando la lealtad al superior jerárquico-, a las personas que deberán ocupar las posiciones técnicas más importantes de la APF. Es decir, apagar el incendio con alcohol. O, lo que es lo mismo, retornar al clientelismo.

Es posible que esta solución sea acertada y pragmática. Es incluso deseable que así sea, si preferimos la afinidad entre los integrantes de un gobierno sobre la institucionalización de sus estructuras y sus cuadros. Más aún, es muy probable que dicha reforma no pueda esperar más, debido a la gran relevancia que tendría para la APF. Y de ser así, tendría que haber la conciencia de que las reglas del juego están cambiando, otra vez y en función a intereses particulares, con el argumento de la eficacia como fondo.

Por lo tanto, una pregunta que nos queda al final es: si está modificación a la LSPC es clave para un mejor funcionamiento del gobierno, ¿por qué esperar cinco años para dar este paso tan importante? ¿Será porque ahora sí son sus cotos de poder?

 

*Tamón Takahashi Iturriaga es investigador de CIDAC ([email protected])

**Miguel Ángel Salamanca Carapia es investigador de CIDAC ([email protected])

 

 

 

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