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Tanque pensante
Por CIDAC
Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
El Pacto, el código penal y la letra muerta
La creación de un Congreso Penal Único presenta la oportunidad de corregir errores endémicos del pasado y adoptar las mejores prácticas en la materia. Como se ve, un código de esta naturaleza tiene la gran oportunidad de poner, de una vez por todas, en orden al derecho penal.
Por CIDAC
19 de febrero, 2013
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Por: Carlos De la Rosa Xochitiotzi (@delarosacarlos)

 

Hoy en día existen 33 códigos penales (32 locales y 1 federal) en México. Si a estos 33 códigos sustantivos les sumamos los códigos de procedimientos y el militar, la lista rebasa con facilidad los sesenta. Todo este entramado legislativo tiene su origen en la Constitución, la cual (debido a su carácter federal) facultó tanto a las entidades como a la Federación para legislar en la materia penal. Por ello existe la distinción actual entre delitos del fuero común y federal. Ante este escenario, cobra relevancia el compromiso número 78 del Pacto por México. Dicho numeral propone la elaboración de un Código Penal Único (CPU) para todo el país, lo que implica hacer que las 33 leyes sustantivas se reduzcan a un sólo cuerpo normativo que incluya todos los tipos delictivos de ambos fueros. La elaboración de un código de esta naturaleza no es cosa sencilla; supone interesantes desafíos para los legisladores que determinarán su éxito o fracaso.

El reto inmediato que enfrenta la expedición de un CPU consiste en superar su principal freno: el federalismo. Los opositores del código argumentan que su elaboración violenta la soberanía estatal y, por ende, distorsiona la función del federalismo. Lo interesante es que para que el CPU sea expedido se requiere una reforma constitucional al artículo 73 que faculte, de forma exclusiva, a la Federación para legislar en el tema y, a su vez, esta reforma está condicionada a la anuencia de la mayoría de los congresos estatales. Ello supone que dependerá de los mismos estados decidir sobre la restricción de sus facultades. La perspectiva contraria aduce que un código de esta naturaleza no implica un menoscabo al federalismo, y acude a modelos como el alemán, brasileño o suizo para ejemplificar su punto. Todos ellos son países federales con legislación penal única. Lo cierto es que la expedición de un CPU introduce una tendencia centralizadora en la materia. De entrada, el compromiso siguiente en el Pacto (el número 79) también propone la creación de un código de procedimientos penales único. De darse tanto la unificación del Código Penal como la de procedimientos penales, ¿cómo se armonizarán estas leyes federales con las instituciones aún estatales encargadas de perseguir y castigar los delitos? El escenario más probable es que la persecución de delitos continúe siendo facultad de los estados, pero sea necesario realizar ajustes a las instituciones para facilitarles la aplicación de las nuevas leyes.

En caso de superar el freno del federalismo, el código se verá la cara con un desafío aún mayor: definir su contenido. La confección de un CPU debe darse con la mejor de las técnicas legislativas que logre armonizar su contenido con los más altos estándares internacionales en la materia. Hasta ahora, la facultad estatal para legislar en materia penal les ha permitido determinar delitos y penas de acuerdo con las características particulares de sus poblaciones y territorios. Esto ha generado decenas de códigos con delitos, sanciones e incluso definiciones de “delito” diferentes. Lo anterior, reflejado en casos concretos, significa que en un estado el homicidio se castiga con 20 años en prisión, mientras en otro se sanciona con 60; o que en un estado la interrupción del embarazo es delito, mientras en otro no. ¿Bajo qué criterios se desarrollará el CPU? Por fortuna existen guías. La lógica de los derechos humanos establece que el estándar más protector debe prevalecer. Sin embargo, es necesario apuntar que una vez que el Congreso tenga la facultad de elaborar el CPU no existe forma de asegurarse que se ajustarán a estos lineamientos (quizá después, pero no en el momento de su elaboración). Además, la diversidad económica, social y cultural de México dificulta la posibilidad de homogeneizar todos los delitos en el territorio nacional. Por ejemplo, existen regiones en las cuales los delitos de carácter rural son torales mientras en urbes como el Distrito Federal son irrelevantes. ¿Logrará el código abordar de manera acertada la pluralidad del país?

Tan relevante como definir su contenido resulta el desafío que supondrá determinar sus objetivos y alcances. La creación de un CPU presenta la oportunidad de corregir errores endémicos del pasado y adoptar las mejores prácticas en la materia. El CPU debiera reducir el uso abusivo del derecho penal. De forma equivocada, la ley penal ha sido muchas veces presentada como si se tratara de la solución mágica de todos los males: todo se penaliza y  todo se “arregla” con un aumento en los años de cárcel de las sanciones. Lo ideal sería que con el CPU se pusiera fin a todas estas prácticas negativas que han resultado ineficaces e, incluso, contraproducentes. En este sentido, ¿por qué no considerar la inclusión de una “reserva de código”? Esto último se entendería como un mecanismo que agrave el proceso de reforma, para así dificultar que la espontaneidad legislativa produzca un nuevo caos normativo. Como se ve, un código de esta naturaleza tiene la gran oportunidad de poner, de una vez por todas, en orden al derecho penal.

Lo que se debe tener claro es que la sola expedición de un solo código para todo el país no representa un avance. Para que sí lo represente, se requiere que este CPU sea proporcional, racional y se ajuste a los estándares más altos en derechos humanos, además de que atienda de forma acertada la realidad de la situación mexicana. Sin embargo, como se ha expuesto, el camino no es nada sencillo; lo primordial será definir sus contenidos y ello implica mucho debate legislativo que evite que el CPU repita los errores de las legislaciones estatales vigentes (o peor aún, cometa nuevos errores). A pesar de los resquicios que ponen su viabilidad en jaque, en caso de que los legisladores logren hacerlo de forma correcta, su expedición tiene el potencial de incidir de forma positiva en la situación del sistema de justicia penal. Esto último, ya dependerá de las instituciones de procuración de justicia, las cuales tendrán la responsabilidad de aplicar dicho código con eficacia y estricta legalidad en aras de evitar que (como tantas otras leyes) se convierta en letra muerta.

 

*Carlos De la Rosa Xochitiotzi es investigador en CIDAC. [email protected] 

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