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Homicidios: uno más uno no siempre son dos
Conocer el número de homicidios ocurridos en un determinado periodo nos interesa por muchas razones, pero desde una perspectiva estadística, el dato es relevante pues la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es un indicador universalmente aceptado para medir el grado de violencia que experimenta una sociedad.
Por CIDAC
27 de agosto, 2012
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Por: Marien Rivera

Conocer el número de homicidios ocurridos en un determinado periodo nos interesa por muchas razones, pero desde una perspectiva estadística, el dato es relevante pues la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es un indicador universalmente aceptado para medir el grado de violencia que experimenta una sociedad. En la mayoría de los sistemas legales del mundo, la vida es el bien jurídico que merece la mayor protección y, por lo tanto, el indicador también sirve para medir la capacidad de un Estado para cumplir con uno de sus fines primarios: salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Durante este sexenio, conocer el número total de homicidios, a partir de la información disponible, ha sido una tarea de tiempo completo para muchos analistas en el país. Bueno, quizá no tantos. Y no ha sido sencillo porque los datos disponibles no son presentados con oportunidad, no cumplen estándares mínimos de calidad y tampoco son exhaustivos. Y como imaginarán, tampoco ha sido particularmente agradable porque las estadísticas  -y esto, aunque obvio, se nos suele olvidar con bastante frecuencia- tienen detrás la historia de una víctima, su familia y un país que se descompone en inseguridad, violencia y frustración.

Pero sencillo o no, agradable o no, había que ponerse a contar. Y después de tanto contar, en vez de sumas y restas que hicieran alguna clase de sentido, lo que muchos encontramos fueron las otras historias. Las que nos cuentan las autoridades a través de los datos que nos dan y no nos dan. Y ahora que ha desaparecido la base de “Fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial” y se ha puesto sobre la mesa la función política o jurídica que debe de cumplir un registro de homicidios, parece un buen momento para contar la historia que a mí, y a mis colegas en CIDAC, nos ha contado cada base de datos utilizada para construir nuestras estadísticas (8 delitos primero, Números Rojos). Veamos.

1)     La del INEGI (o la nula cultura estadística del país). El INEGI reporta dos datos de homicidios: 1) la estadística de defunciones que proviene del total de certificados de defunción marcados como “presunto homicidio” y 2) la estadística de homicidios que se conforma por el número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de homicidio, por año y entidad. Estos dos datos no coinciden. Y no lo hacen por una razón muy simple. La primera base cuenta cuerpos, la segunda cuenta expedientes. Un ejemplo práctico: digamos que, durante un operativo, las autoridades encuentran una serie de fosas con restos humanos calcinados. No hay cuerpos que llevar con el médico legista. Lo que sí habrá (asumamos eso) será una averiguación previa. Dentro de ésta se encontrará (asumamos eso, también) un peritaje que determinará el número de víctimas calcinadas. El problema es que la procuraduría  reportará una, y sólo una, averiguación previa por delito de homicidio, independientemente del número de víctimas encontradas.

Es decir, las procuradurías locales no reportan el número de homicidios cometidos en un periodo determinado, sino el número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de homicidio. Y ahí sólo empieza el problema. Tampoco existe certidumbre sobre si el lugar registrado en la averiguación previa corresponde al lugar de los hechos o si, al final del día, durante el desarrollo de la investigación, se logró acreditar, efectivamente, la existencia de un delito. En ese sentido, estos números deben leerse sólo como se lee un informe de actividades: número de averiguaciones previas iniciadas, número de certificados de defunción emitidos, número de oficios de registro civil emitidos.

2)     La del SNSP ( o la que escogen los estados). Si bien esta base de datos también se alimenta de los reportes de las procuradurías locales y, por lo tanto, tiene los mismos vicios de origen que se apuntaban para la base anterior, la diferencia es que, mientras el INEGI reporta cifras de manera anual y con un retraso de más de seis meses (hasta la semana pasada se publicaron las cifras preliminares de enero a diciembre de 2011 sobre defunciones), el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha asumido la titánica tarea de requerir a las autoridades información mes a mes. Al día de hoy, si se quiere obtener un panorama más o menos actualizado en cuanto a evolución de los índices delictivos, ésta es la fuente a consultar. El problema aquí es que, en más de un caso, la procuraduría local no entrega información oportuna y tampoco veraz. Por ejemplo, durante 2009, en Veracruz no se abrió ninguna averiguación previa por el delito de secuestro y para el año siguiente se registraron sólo 17 casos. Mientras tanto, en muchas más de 17 ocasiones, medios locales y nacionales reportaban cómo las autoridades locales habían rescatado víctimas o capturado a bandas de secuestradores. La duda es si efectivamente sucedieron tales actuaciones o si, simplemente, no se asentó ningún registro oficial al respecto. Ambos escenarios resultan por demás preocupantes. La aparente maleabilidad de los datos oficiales es congruente con la caída de delitos denunciados durante el 2009 en aquella entidad. En el contexto de la contienda electoral que tuvo lugar el 4 de julio del 2010 en Veracruz, resulta atípico que, sin ninguna razón aparente, la incidencia delictiva experimentara una caída de 28% y, para el año siguiente, todo regresara a la normalidad (ver análisis completo en 8 delitos primero). Entonces la historia aquí es, básicamente, la que los estados quieran contar.

3)     La de FPRD (o de la batalla de los pillos). La base de datos de Presidencia conocida como “Fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial” era la única fuente que no se basaba únicamente en los reportes de las procuradurías pues acumulaba, además, reportes de diversas fuerzas policíacas y militares. Y se dejo de publicar, entre otros argumentos, porque no existían averiguaciones previas que sustentaran el número de homicidios reportados en esa base. No había, en otras palabras, un sustento jurídico para las cifras – el tema aquí es que los datos de defunciones que reporta INEGI tampoco lo tienen.

Sin embargo, el propósito de esa medición no era acercarse al número más realista de defunciones sino clasificar (arbitrariamente) las mismas de tal manera que la inmensa mayoría de los homicidios fueran percibidos por la opinión pública como un ajuste de cuentas: delincuentes contra delincuentes. Bajo esa lógica, mientras más homicidios se registraran mayor sería la depuración de criminales en el país. Ese ha sido el mensaje de Felipe Calderón y, a juzgar por las últimas encuestas sobre aprobación de su gestión, resultó un mensaje muy exitoso. Es más, ya se leen pocas noticias donde no se denomine a los fallecidos como presuntos miembros del crimen organizado. Peor aún, quizá muchos de nosotros ya no cuestionamos que no lo sean. El prejuicio de las autoridades se alimenta del nuestro y viceversa (no más prejuicios).

Es decir, las bases de datos disponibles sobre homicidios sub o sobre representan el fenómeno de violencia en México. Y en el fondo sólo existen razones políticas: una coyuntura electoral,  no prender focos rojos que ahuyenten la inversión o el turismo, justificar la necesidad de emprender una guerra contra el crimen organizado, etc. Lo cierto es que ahora podemos leer entre números e, independientemente de que la violencia continúe escalando, o no, habrá una demanda creciente por datos confiables, exhaustivos y oportunos. Sólo de esa manera podremos eliminar la función política y anecdótica que hoy en día se le otorga a los datos. Y esa será una tarea que, los que asumimos la difícil y desagradable tarea de contar homicidios, haremos exigible durante la próxima gestión al Presidente y gobernadores. Ya les contaremos si nos escuchan.

*Marien Rivera es investigadora de @CIDAC. [email protected] @marien_rivera

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