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Los petardos de la reforma política y el caso de la consulta popular
Al revisar el ejemplo de la reforma energética y la arenga de la izquierda por revocarla, parece complicado encontrar una pregunta que transite con éxito los filtros que le permitan, primero, materializarse en una consulta popular y, después, que obtenga el resultado necesario para ser vinculante.
Por CIDAC
13 de mayo, 2014
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Por: Antonio De la Cuesta Colunga

Se supone que en las próximas horas, las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras del Congreso de la Unión estarán solicitando a la Comisión Permanente que convoque a un periodo extraordinario de sesiones (ello, claro está, si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y no incurren en su típica negligencia al “patear la lata” de sus pendientes una y otra vez). El propósito de dicha petición será llevar la discusión a los plenos legislativos de una reforma político-electoral llamada a ser, ojalá no, un nuevo conjunto de bodrios jurídicos sobre las (manoseadas) reglas del juego para el acceso a puestos de poder –y a una cuantiosa bolsa de recursos públicos— en México.

La más reciente reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero contempló, entre otras cuestiones, la modificación de una letra a las siglas del árbitro electoral federal (confiando en que ése no constituya el único cambio de fondo en el nuevo INE); la posibilidad de implementar un sistema de reelección en los legislativos federal y locales –no tanto como un esquema de rendición de cuentas vía el voto ciudadano, ni como un medio enfocado en la profesionalización de los congresistas, sino como una novedosa forma de control partidista de sus representantes–, así como en las presidencias municipales (eso, si los congresos estatales dan su generosa venia); un renovado marco acerca de delitos electorales –cuyo castigo no dependerá tanto de su certera tipificación, sino de la discrecionalidad con la cual se persigan (o no)—, y la creación (más que pendiente) de una ley de partidos políticos –donde estas entidades prometen autorregularse.

Por otra parte el extenso aparato de artículos transitorios de la reforma constitucional, compuesta por 21 puntos (curiosamente el mismo número de transitorios que tiene la reforma energética), también “obligaba” al Congreso a tener listas las leyes reglamentarias en materia político-electoral para antes del 30 de abril. Tal como sucedió con telecomunicaciones y energía –y como podría ser (de manera “muy conveniente” para varios actores políticos) en otros rubros como transparencia—, los plazos se incumplieron. Ahora bien, esta conducta no es extraña en los procesos legislativos de la República.

De hecho, la reforma político-electoral previa a la de febrero de 2014, es decir, la de agosto de 2012, tardó meses en reglamentar mecanismos como la iniciativa preferente –estrenada por el presidente Felipe Calderón sin ley secundaria de por medio, aunque omitida por el presidente Enrique Peña Nieto aun teniendo tres oportunidades para utilizarla— y la iniciativa ciudadana. Si bien las reglas para emplear ambas iniciativas ya fueron aprobadas en el Congreso el 9 de abril, al cierre de este texto, ¡no han sido promulgadas todavía por el presidente! Otro pendiente (muy pendiente) de aquella reforma de 2012 son las candidaturas independientes, las grandes huérfanas que todo político alaba, pero que nadie se atreve a sacar del orfanatorio de las figuras electorales incómodas que siguen sin reglamentar; justo como le pasa a la normatividad de transparencia y fiscalización de los partidos.

Así, los rimbombantes “avances” en lo concerniente a lo político-electoral en México distan mucho de ser una realidad. La reelección legislativa, la iniciativa ciudadana, el “nuevo y mejorado” árbitro electoral, la fiscalización partidista y demás logros de nuestra democracia se han ido transformando de incólumes monumentos de “mármol constitucional” a meras figurillas de “plastilina reglamentaria”. Ya sea porque sus leyes secundarias se quedaron colgadas del tintero de la negociación política o solo dada una reglamentación pobre e, incluso, contradictoria al espíritu de la reforma a la Constitución de la cual derivaron, es posible afirmar que el régimen político-electoral emanado de las acciones de esta LXII Legislatura (y, en parte, de su predecesora) apenas genera más dudas, enredos y, en especial, trabas y restricciones, que soluciones.

A manera de ilustración, vaya el caso de la tan cacareada consulta popular, esa “poderosísima arma ciudadana” (por lo menos así la ha vendido un sector de la izquierda) que fulminará a la “demoníaca reforma energética neoliberal”. A pesar de ser producto de las modificaciones al artículo 35 constitucional, parte del paquete de reforma político-electoral de agosto de 2012, la consulta popular no contó con ley reglamentaria hasta su publicación en el Diario Oficial el pasado 14 de marzo, o sea, más de 560 días después de su consagración en la Constitución. Olvidado ese detalle de la demora legislativa, la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) en su artículo 4 la define como “el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.

Sin duda, las reformas constitucionales –incluidas aquellas a los artículos 25, 27 y 28 en materia energética— entrarían en dicha categoría de “trascendencia nacional” aunque en una primera versión los legisladores (sobre todo del PRI) habían colocado un candado a la Constitución para ser intocable en todos sus artículos. Ahora, sólo lo es en lo referente a derechos humanos y en los principios de la forma de gobierno y régimen político (artículo 40). No obstante en el artículo 11 de la LFCP, además de las dos excepciones constitucionales mencionadas, la consulta popular no podrá tratar ni “la materia electoral” (fracción III), ni “los ingresos y gastos del Estado” (fracción IV). Pero, ¿cómo se relaciona esto con una eventual consulta solicitando la revocación de la reforma energética?

El 30 de abril, en la comunicación que Los Pinos envió al Senado respecto a 6 de las 20 leyes reglamentarias de la reforma energética –consistente en reformas, adiciones, derogaciones y propuestas de nuevos ordenamientos— se hizo una especie de aclaración (casi al estilo de “te lo recuerdo, digo, por no dejar”). En los textos de los proyectos de decreto que 1) expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal; 2) expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y 3) reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, se lee de parte del presidente Peña: “El Ejecutivo Federal a mi cargo, es consciente que, en atención a que la presente iniciativa se relaciona con contribuciones e impuestos, ésta deberá ser turnada a la Cámara de Diputados como cámara de origen, en atención al mandato contenido en el artículo 72, fracción H, de la Carta Magna”.

Aunque es la Suprema Corte de Justicia el órgano que estará encargado de validar si la materia de una consulta popular es válida en los términos de su reglamentación, el Ejecutivo ya está empezando a perfilar el caso a fin de que las leyes en polémica entren en el rubro de “ingresos y gastos del Estado”. Con esto en mente, y considerando el “aviso de intención” (así se llama en la LFCP) que Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Mesa Directiva del Senado el 10 de abril, con el propósito de formular su propuesta de consulta popular, es posible intuir que la reforma energética podrá respirar tranquila junto con sus leyes secundarias (mundialistas), cuya aprobación (dicen) se espera para junio.

AMLO y sus simpatizantes plantean la pregunta: “¿Si están de acuerdo o no en que se otorguen contratos y concesiones a particulares nacionales o extranjeros en materia del petróleo?”. De entrada, el fraseo de la inquisitoria es infame. Ello no sorprende del tabasqueño y sus colaboradores. Basta recordar la impugnación de los comicios presidenciales de 2006, donde el pésimo armado de expedientes sólo le redituó en el conteo “voto por voto” de 10 por ciento de las casillas (aunque eso, es otra historia).

En el evento presente, el cuestionamiento dejaría fuera gas, electricidad y otros hidrocarburos distintos al petróleo. Es importante mencionar que, según el artículo 12 de la LFCP, los ciudadanos pueden postular más de una consulta popular, pero “no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo. En este caso, sólo procederá la primera solicitud”. Esto complica alguna eventual corrección en la redacción de una pregunta si se piensa hacer planteando otra.

Uno más de los “errores” de fraseo está en la palabra “concesiones”, pues el gobierno fue muy cuidadoso y contundente en no utilizar esa palabra en la reforma constitucional (por mucho que el eventual régimen de licencias se le parezca). Otra pifia es incluir la palabra “contratos”, un concepto que sería muy complicado no relacionar con “ingresos y gastos del Estado”.

En suma, al revisar el ejemplo de la reforma energética y la arenga de la izquierda por revocarla, parece complicado encontrar una pregunta que transite con éxito los filtros que le permitan, primero, materializarse en una consulta popular y, después, que obtenga el resultado necesario para ser vinculante. Por ley deberán participar en ella el equivalente a 40 por ciento de los miembros del padrón electoral. Algo no tan sencillo de conseguir, si bien no imposible en unos comicios federales intermedios. Por el contrario, podría cumplirse la afirmación del diputado Manlio Fabio Beltrones, quien hace unas semanas “sugirió” que un buen tema para la consulta popular sería la despenalización de la marihuana. Punto. No da para más.

En conclusión, así de turbio como es el escenario de la consulta popular, sobre todo como un eficaz instrumento de democracia participativa, se puede pensar desenlaces similares para cuestiones como la iniciativa ciudadana o la reelección como herramienta de rendición de cuentas desde el electorado. Se puede atascar el marco legal de la nación, desde la Constitución hasta sus reglamentarias, con reformas, adiciones y demás. Lo cierto es que la mayoría suelen ser meros petardos que estallan sin pena ni gloria, aprovechando el cinismo de los políticos (particularmente cuando se trata de fiscalizarse) y, muy importante, la desinformación –y por momentos apatía— de los ciudadanos.

 

 

* Antonio de la Cuesta Colunga es Director de Análisis Político de CIDAC.

 

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