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Tanque pensante
Por CIDAC
Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
México: ¿un policía en cada hijo te dio?
Por muy loable y legítimo que pudiera sonar la “organización comunitaria”, dichas actividades no sólo se encuentran al filo de la ley, sino que son terreno fértil para abusos, excesos y, sobretodo, pérdida de control. La línea es tan delgada entre ajustarse o no a la ley, que muchas personas –incluso medios y analistas— suelen confundirlas con las fuerzas de autodefensa.
Por CIDAC
6 de marzo, 2013
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Por: Antonio De la Cuesta Colunga (@tonodelacuesta)

Siguen contando los días, los meses y los años en los cuales las autoridades municipales, estatales y federales no han podido ofrecer una respuesta eficaz al problema de la inseguridad y sólo han recetado paliativos cíclicos –por temporadas suben y bajan los secuestros, en otras los robos, en otras los homicidios (eso, presumiendo transparencia y certeza en las cifras de incidencia delictiva). En cambio, pareciera como si, en su aparente claudicación, hubieran orillado a la ciudadanía a aceptar la simplista premisa del periodista estadounidense Thomas Friedman quien, en un artículo publicado en The New York Times el pasado 23 de febrero, intuía que los mexicanos habíamos “decidido inconscientemente” asumir la violencia criminal como condición de vida y, si bien debía ser combatida sin duda, era algo que no tenía por qué interferir en cómo nos definíamos como país.

La afirmación de Friedman podría adquirir validez si los ciudadanos estuviéramos amparados por un aparato de seguridad (primordialmente policíaco) confiable y en camino, no a eliminar, sino a forjar condiciones mínimas indispensables de control (fáctico, no sólo mediático) de la inseguridad. Por lo pronto, a diferencia de lo asentado por Friedman, cientos, tal vez miles de mexicanos han preferido dejar de cruzarse de brazos y llenar el enorme vacío generado dada la ineficacia, la corrupción y hasta la indolencia del Estado por cumplir una de sus obligaciones primarias: ofrecer seguridad a sus gobernados.

¿Legalidad? ¿Orden? ¿Justicia? ¿Democracia? ¿Municipio libre? Estas son preguntas que, en esencia, surgen cuando se habla acerca de cuál debería ser el modelo policíaco más eficiente para el país. Por desgracia, la experiencia reciente en el país ha demostrado cómo esos cuatro conceptos no han logrado conjugarse en una fórmula y, por el contrario, han tendido a oponerse entre sí. Estas contradicciones se han evidenciado con mayor fuerza en las últimas semanas ante el retorno a las planas periodísticas de las policías comunitarias, las fuerzas de autodefensa, la consolidación de acuerdos de mandos únicos estatales (con distintos modelos de operación entre sí, por cierto), aunado, por supuesto, a la todavía ausente estrategia de seguridad del gobierno federal.

En general, se identificarían dos modelos “de moda” en cuanto a la reestructuración policiaca a lo largo del país: uno formal de “arriba hacia abajo”, y otro informal de “abajo hacia arriba”. El primero ha tendido en los últimos tiempos a coincidir en la necesidad de centralizar los mandos. Su principal y más drástico ejemplo fue el esquema de Mando Único Policial propuesto el 6 de octubre de 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón. Dicha iniciativa planteaba la desaparición de la totalidad de las policías municipales, la centralización temporal de sus mandos bajo la autoridad de sus respectivas entidades federativas y, en el ideal, la restauración paulatina de los cuerpos del municipio, siempre y cuando acreditaran un proceso de certificación.

En su momento, llovieron las críticas al mandatario por atentar contra el municipio libre. A la distancia, varios de esos reclamos lucen como enormes farsas de, por ejemplo, la mayoría de las autoridades municipales priistas en el Estado de México que hicieron frente común con otros símiles correligionarios desde la Federación Nacional de Municipios (FENAMM). Cierto, tal vez eran otros ediles en ese tiempo, pero igual se conducían por motivaciones político-partidistas. Hoy, con una docilidad pasmosa, los 93 municipios priistas de la entidad firmaron hace unos días un convenio de centralización de mandos policiacos en su entidad –el cual, por cierto, no firmaron 6 de los otros 32 municipios de oposición (cinco de izquierda (Nezahualcóyotl, Tultepec, Texcoco, Villa de Allende y Teotihuacán) y uno panista (Huehuetoca)) donde se concentra el 10% de la población mexiquense.

Si bien hay otros convenios similares al del mando único mexiquense (Nuevo León, Chihuahua, Campeche), el único sistema de esa índole en plena operación en toda la República es uno que dista mucho de ser nuevo: el del Distrito Federal. Ahora bien, cabe recordar que el mando único tan presumido tanto por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, como por el secretario de Seguridad Pública local del final del sexenio ebrardista, hoy Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, fue una herencia del diseño centralizado y antidemocrático del Departamento del Distrito Federal. De hecho, hablando de contradicciones, Acción Nacional, el partido del presidente anterior, por lustros pugnó por darle a las delegaciones capitalinas el control de sus policías, al menos para las labores de proximidad. La lógica del reclamo respondía, entre otras cuestiones, a la intención de responsabilizar a las demarcaciones de algo cuya rendición de cuentas podría materializarse en la aprobación o rechazo en las urnas: el éxito o fracaso de una autoridad para ofrecer seguridad a sus gobernados. Sin embargo, como le ocurrió al PAN en otros aspectos, no es igual gritar al aire desde la oposición, que encarar los problemas de la toma real de decisiones.

El segundo modelo, el de “abajo para arriba”, básicamente consiste en que la comunidad se organiza para protegerse. Esto podría tener la legitimidad de emanar del ciudadano –o del pueblo, según la preferencia teórica, ideológica y/o fonética del lector. No obstante, si nos atenemos a la legalidad, la Constitución es muy clara cuando en su artículo 21 mandata que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios”. Por ejemplo, las policías comunitarias en Guerrero (no confundir con las autodefensas) serían, siendo flexibles, una especie de figura metaconstitucional donde la autoridad estatal reconoce y legitima su existencia pasando por encima, en ocasiones, del municipio libre. Desde sus orígenes formales (1995) y en su consolidación como una agrupación en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC, 1998), las policías comunitarias de Guerrero no se constreñían a lo señalado en el artículo 16 constitucional, es decir, que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público”. En cambio, estos cuerpos ciudadanos reconocidos por el gobierno estatal también imparten justicia de acuerdo a sus normas y tienen una manera particular de entender la “reinserción social” que supuestamente debe regir al sistema penitenciario; ellos lo llaman “reeducación” a través de trabajo social por parte de los infractores en beneficio de las comunidades agraviadas.

Ahora, por muy loable y legítimo que pudiera sonar la “organización comunitaria”, dichas actividades no sólo se encuentran al filo de la ley, sino que son terreno fértil para abusos, excesos y, sobretodo, pérdida de control. La línea es tan delgada entre ajustarse o no a la ley, que muchas personas –incluso medios y analistas—suelen confundirlas con las fuerzas de autodefensa. Éstas últimas emanan del hartazgo por la autoridad y ni siquiera buscan su reconocimiento. El camino hacia esta anarquía se despeja bastante cuando la autoridad renuncia a sus obligaciones, tanto de hacer respetar la ley, como de monopolizar el uso legítimo de la fuerza.  Cuando se pretenda recuperar las riendas de la situación, el diálogo podría tener cerradas las puertas, mientras que a la violencia apenas le bastará un pretexto. Por otra parte, no se estiman óptimas soluciones como la planteada hace unos días por el senador perredista por Guerrero, Sofío Ramírez, quien propuso una iniciativa a fin de crear de facto un cuarto nivel de gobierno por debajo del municipal: el comunitario. La fragmentación descontrolada y al libre albedrío de “la comunidad” tampoco sería deseable.

¿Es posible encontrar una solución intermedia? Tal vez. Hace unas semanas, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, anunció la conformación de un mando único sui generis, donde sí se centralizaban buena parte de las funciones de persecución del delito en la policía estatal, pero se dejaban las labores de proximidad y tránsito a los cuerpos municipales. La proximidad es, a mi juicio, el sustento de todo sistema de seguridad pública. Si se es exitoso en la prevención del delito, en la generación de empatía entre policía y ciudadanía, y en la consolidación de una imagen cercana y comprensiva de la autoridad, se podría estar dando un primer paso en el complejo hilado reconstructivo del denominado “tejido social”.

En suma, previo a claudicar definitivamente ante la tentación de centralizar los mandos policiacos y dar de cierta forma marcha atrás a los esfuerzos de algunos municipios por mejorar sus cuerpos de seguridad pública, o a ceder frente a las presiones de comunidades con demandas legítimas de garantías de seguridad, pero con medios no del todo óptimas para la consolidación de la gobernabilidad en el país, sería conveniente realizar una evaluación puntual de dónde ha habido avances a nivel municipal y dónde ni siquiera se ha hecho el esfuerzo. Con base en esto –ejercicio que ya tiene cierto sustento en los datos compilados por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública (SETEC)—, se podría diseñar un mapa para identificar dónde es deseable la centralización, dónde podría funcionar mejor la regionalización, y dónde los municipios ya llevan un camino andado que más bien se pudiera ver entorpecido con la entrada en vigor de un mando único estatal (para conocer más sobre el tema revisar “11 oportunidades. Propuestas para un nuevo gobierno” elaborado por CIDAC). Es cierto, la urgencia por una solución está presente. Sin embargo, México ya no está para seguir hipotecando su futuro con decisiones al vapor.

Antonio De la Cuesta Colunga es Director de Análisis Político en @CIDAC. [email protected]

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