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Por CIDAC
Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
Reforma penal: corte de caja
A un año del plazo establecido para transitar hacia un sistema de justicia penal de tipo acusatorio, ¿los cambios implementados hasta ahora son de fondo o solo de forma? ¿Los recursos y acciones han ayudado a solventar las asimetrías que existen entre las instituciones de justicia para asegurar que el desempeño de los ministerios públicos, defensores y jueces asegure la igualdad procesal?
Por CIDAC
18 de junio, 2015
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Por: Carlos De la Rosa (@delarosacarlos) y Paulina Sánchez (@pausanchez004)

Estamos exactamente a 365 días de que concluya el plazo de 8 años establecido para transitar hacia un sistema de justicia penal de tipo acusatorio. Durante casi una década una cantidad considerable de recursos, tanto humanos como financieros, se han invertido para lograr una ambiciosa meta: desarrollar un sistema de justicia eficiente, transparente y respetuoso de los derechos humanos. En este contexto, es pertinente preguntar ¿cómo vamos? y realizar un corte de caja para analizar el punto en el que nos encontramos. A continuación algunos datos sobre el escenario actual en distintos ámbitos estratégicos:

Operación

  • El sistema de justicia penal acusatorio opera de forma total (para todos los delitos y en todo el territorio) en seis entidades: Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Yucatán.
  • El sistema acusatorio opera de forma parcial en otras 24 entidades.
  • La operación del sistema acusatorio aún no inicia en Baja California Sur y Sonora. Sin embargo, se tiene proyectado que Baja California Sur inicie el 1 de julio del año en curso y Sonora haga lo mismo en septiembre.
  • En el ámbito federal el sistema acusatorio opera en los estados de Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas. Se espera que opere en 14 estados a finales de 2015.
  • Para junio de 2016 habrá un total de 80 códigos procesales (tradicionales, acusatorios locales y el acusatorio nacional) operando de forma simultánea en el país.
  • Sólo en Durango opera con totalidad el sistema acusatorio tanto a nivel local como federal.
  • Chihuahua es la entidad con mayor experiencia operando en el sistema acusatorio con 102 meses y Michoacán el que menos experiencia tiene con apenas 3 meses

Normatividad

  • En el año 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y la reforma constitucional para desarrollar una legislación única en materia de justicia para adolescentes.
  • Queda pendiente la publicación de varias leyes nacionales, entre ellas la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Delincuencia Organizada.
  • Se han modificado 469 leyes, 93% de las necesarias tanto locales como federales, para ajustarlas a los requerimientos del sistema de justicia penal acusatorio.
  • El CNPP ya opera en 23 entidades.
  • En el ámbito local, se ha modificado el 86% de las leyes para armonizarlas con el CNPP.
  • El 50% de las entidades ya ha concluido la armonización de su legislación local para operar el CNPP.

Recursos financieros

  • En total se ha destinado un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para apoyar la implementación del sistema acusatorio en las entidades.
  • En 2014 la mayor cantidad de recursos financieros ($537,188,150.33) se orientó al financiamiento de tecnologías de la información y equipamiento, y la menor, a proyectos de normatividad ($2,992,800.00).
  • Actualmente existe un fideicomiso de 5 mil millones de pesos destinado exclusivamente para el desarrollo de proyecto de infraestructura y equipamiento en las entidades. Se espera que dicho fondo aumente a 10 mil millones de pesos.

grafica subsidio

Capacitación

  • Entre 2010 y 2013 se ejerció un total de $484 millones de pesos en capacitación y un promedio de $13 mil pesos por operador.
  • En 2014 se financiaron 750 proyectos de capacitación con el subsidio SETEC con un costo promedio de $175,054.5 pesos cada uno
  • Entre 2010 y 2014 se capacitó a 62,440 operadores de diversos perfiles, lo cual representa el 83.4% del total de operadores necesarios. Por operador el avance es el siguiente:
    • 5% de jueces.
    • 88% de ministerios públicos.
    • 88% de defensores públicos..
    • 8% de policías estatales.
    • 8% de policías de investigación.
    • 1% de facilitadores.
    • 4% de personal penitenciario.
    • 1% de peritos capacitados.
  • Existen 2,484 docentes certificados por la SETEC.

El conjunto de puntos mencionados nos llevan a un escenario global en el cual 6 de cada 10 mexicanos ya está cubierto por instituciones operando bajo la lógica del sistema acusatorio. Lo anterior significa una cobertura del 60.4% de la población y del 93.8% del territorio nacional. Sin embargo, los desafíos pendientes no son menores. En particular, queda por resolver los siguientes temas: 1) finalizar la capacitación, con énfasis en las instituciones policiacas y penitenciaras; 2) publicar las leyes nacionales faltantes para establecer el marco legal definitivo de la reforma; 3) consolidar modelos de gestión eficientes y replicables que modifiquen la lógica operativa de las instituciones; 4) desarrollar sistemas informáticos que posibiliten tanto la generación como intercambio de información; 5) concluir los proyectos de infraestructura, y 5) garantizar fuentes de financiamiento que hagan sostenible el cambio en el tiempo.

Si bien el aumento significativo de recursos y la voluntad política parecen respaldar la intención del gobierno para alcanzar la meta, aún existen serias dudas respecto a su viabilidad. En particular la grandes preguntas por contestar son ¿es un cambio de fondo o solo de forma? ¿Los recursos y acciones han ayudado a solventar las asimetrías que existen entre las instituciones de justicia para asegurar que el desempeño de los ministerios públicos, defensores y jueces asegure la igualdad procesal? ¿Con qué calidad se está operando el nuevo sistema acusatorio? ¿Estamos frente a una nueva lógica institucional o nos encontramos frente a los tradicionales hábitos simplemente disfrazados? ¿Ha mejorado la percepción y confianza de la población en las instituciones de justicia? ¿Es de verdad el sistema de procuración e impartición de justicia más eficiente, accesible y transparente? ¿Cuáles son los resultados alcanzados en materia de protección a víctimas y derechos humanos? ¿Qué casos se están resolviendo en juicio oral y qué por mecanismos alternos? ¿Se ha racionalizado el uso de medidas cautelares como la prisión preventiva? y ¿las investigaciones son científicas, confiables y de mayor calidad?

A estas alturas y con tantos temas pendientes, el gran riesgo es asumir que el 18 de junio de 2016 se concluye la transformación institucional. Es necesario dejar de ver junio del próximo año como el final del trayecto y mirarlo como el punto de partida para la consolidación del cambio por vía de un proceso de mejora continua.

 

 @CIDAC

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