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Tanque pensante
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Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realida... Think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y presentación de propuestas para cambiar a México. Y creador de TANQUE PENSANTE. Sitio web: www.cidac.org Twitter: @CIDAC (Leer más)
Tres rutas para reconfigurar el presidencialismo
Tres iniciativas de reforma en materia electoral, financiera y de seguridad, abanderadas en el Pacto por México, conllevan repercusiones para la democracia mexicana que no pueden pasar desapercibidas, ya que parecen favorecer la creación de un Ejecutivo más poderoso, dotándolo de mayor discrecionalidad sobre las entidades y debilitando el sistema de contrapesos del federalismo mexicano.
Por CIDAC
18 de julio, 2013
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Por: Mariana Meza Hernández 

En lo que va del primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han discutido distintas iniciativas que, a primera vista, buscan sanar defectos de la vida política mexicana. Estas propuestas pretenden resolver las fallas en materia de gestión de los estados en distintos rubros destacando, por ejemplo, el electoral, el financiero y el de seguridad. Sin embargo, estas iniciativas conllevan repercusiones para la democracia mexicana que no pueden pasar desapercibidas, ya que parecen favorecer la creación de un Ejecutivo más poderoso, dotándolo de mayor discrecionalidad sobre las entidades y debilitando el sistema de contrapesos del federalismo mexicano. Cabe recalcar que esta agenda no es exclusiva del presidente o de su partido, pues cuenta con el respaldo del PAN Y el PRD a través del Pacto por México.

Las reflexiones aquí expuestas no pretenden satanizar al centralismo ni enaltecer al federalismo en sí mismos, pues es evidente que ambas formas de gobierno tienen sus defectos y virtudes (por ejemplo, la creación de un Código Penal Único, como se propone en el compromiso 78 del Pacto). Sin embargo, en virtud de una mayor gobernabilidad y mejor control de aspectos clave de la vida política mexicana, se podría estar colocando en tela de juicio la integridad de las democracias locales y al sistema de contrapesos del esquema federal. En este sentido, vale la pena echar un vistazo al Pacto para demostrar 3 distintas rutas, algunas en proceso de discusión legislativa, por medio de las cuales se estaría reconfigurando el presidencialismo y, en consecuencia, un Estado cada vez más centralizado.

Deuda y financiamiento a los estados

El Pacto contempla en el compromiso 68 expedir una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y de Deuda Pública para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades y municipios, al igual que regular el acceso a la fuente de pago y recursos. El control presupuestal se perfila como uno de los principales mecanismos por medio de los cuales el gobierno de Peña Nieto pretende mantener bajo control a los gobernadores y presidentes municipales.

Hace unos meses, la bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reformas constitucionales para regular y acotar el endeudamiento de estados y municipios, así como otorgar atribuciones al Congreso para su vigilancia y fiscalización. El entonces coordinador de los senadores panistas, Ernesto Cordero, destacó que esta iniciativa pretende “crear una camisa de fuerza” que frene los excesos de los gobernadores y congresos locales. De nuevo, esta propuesta, junto con lo expresado en el Pacto, busca limitar el margen de maniobra de las entidades y otorgarle la capacidad de decidir quién recibe dinero o quién puede contratar deuda al gobierno federal, específicamente a la Secretaría de Hacienda. Asimismo, el 3 de julio, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la iniciativa de reformas a la Constitución para regular la deuda de estados y municipios. En ésta se establecen límites al endeudamiento y a la contratación de empréstitos de las entidades.

Ambas legislaciones crearían mayor dependencia de los estados con el gobierno federal para obtener recursos y debilitaría la capacidad de gestión de las entidades. Es importante notar cómo la oposición podría estar dándose un balazo en el pie apoyando una nueva regulación que otorga mayor poder a las instituciones federales limitando a los estados, y, por consecuencia, debilitando las posiciones de contra peso frente al ejecutivo que sus partidos ocupan.

Control electoral nacional

El compromiso 90 del Pacto busca crear una autoridad de carácter nacional que se encargue de todas las elecciones en el país, federales, estatales y municipales. En concordancia con el Pacto, aunque no necesariamente en el marco del mismo, el 15 de mayo, los diputados del PAN presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de una serie de reformas constitucionales en materia electoral que, entre otros puntos, prevé la fundación del Instituto Nacional de Elecciones (INE). Entre las justificaciones de esta propuesta estaría que los gobernadores tienen cooptados los institutos electorales de sus entidades y con ello manipulan los comicios locales. La reforma  busca desaparecer al IFE así como los institutos electorales estatales y dejarle la tarea de regulación y planeación de elecciones al INE. Esto, supuestamente, con el propósito de garantizar una contienda electoral más limpia. Si bien la iniciativa fue presentada por el PAN, ésta se acomoda perfectamente a lo expuesto en el Pacto.

¿En realidad necesitamos un INE para reducir el control de los gobernadores sobre sus institutos electorales locales? ¿Por qué no pensar mejor en fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a nivel local? Por ejemplo, garantizar mayores mecanismos de autonomía y sanción a las auditorías locales y así contar con institutos electorales menos vulnerables a los caprichos de sus gobernadores.

Seguridad

El compromiso 75  del Pacto busca crear la Policía de Mando Único. Esta figura pretende eliminar la división que existe actualmente entre las policías estatales y municipales, para consolidarlas bajo un solo liderazgo, encabezado por autoridades del estado. Por otro lado, el compromiso 76 busca construir la Gendarmería Nacional, conformada por 5 mil soldados y marinos que irían a zonas estratégicas de algunos estados y municipios  donde su presencia fuera requerida para fortalecer la seguridad. El control de la Gendarmería recaería en la Secretaría de Gobernación y le daría discrecionalidad para decidir cuáles son los objetivos y la estrategia a seguir para atacar la inseguridad y, por supuesto, a las organizaciones del crimen organizado.

No es del todo evidente cómo homologar a las policías bajo un solo mando, ya sea el estatal o el federal, resolvería el problema de la inseguridad, sin antes remediar temas de fondo como la falta de elementos policiales que aprueben los exámenes de confianza, la escasez de uniformados capacitados, sin mencionar los graves defectos en impunidad y procuración de justicia del país. Además, debilitaría las potestades de los municipios para decidir sobre el manejo de sus policías y sobre su seguridad. Sería un golpe fuerte sobre todo para aquellos municipios que han trabajado por profesionalizar sus cuerpos policíacos y por garantizar seguridad a sus habitantes a lo largo de estos años.

¿Y por qué este giro hacia la centralización?

En primer lugar, el gobierno actual busca revertir la tendencia de autonomía que los últimos tres sexenios otorgaron de facto a los gobernadores y mandatarios locales. Con la transición democrática, se comenzó a observar un verdadero funcionamiento del sistema de contrapesos, pero también resultó en comportamientos irresponsables por parte de los gobernadores- endeudamiento grave, apoderamiento de institutos electorales y de transparencia, corrupción, entre otros- y derivó en un empoderamiento de los propios políticos. Los gobernadores, al no tener tantos frenos por parte del presidente, pudieron crecer a dimensiones sin precedentes. Si hay alguien que conoce de primera mano los beneficios de esta autonomía es el propio Peña Nieto, pues él fue uno de los más favorecidos por dicho arreglo. Por ejemplo, en su calidad de gobernador, supo utilizar los recursos del Estado de México, tanto los provenientes del presupuesto federal como los generados en la misma entidad, de tal manera que generó resultados claros durante su mandato que le ayudarían a construir una candidatura presidencial exitosa. Además, gracias a este contexto, Peña Nieto aprovechó su posición para actuar como interlocutor entre los estados y el gobierno federal, lo cual le resultó en apoyos claves entre algunos gobernadores. De esta manera, el actual presidente supo sacar ventaja de la nueva configuración de los poderes locales y federales para triunfar en las elecciones de 2012. En este sentido, además de desincentivar comportamientos irresponsables, el presidente Peña Nieto podría incluso controlar, en un futuro, la repetición de la fórmula que él aprovechó para triunfar en 2012.

En segundo lugar, se muestra un deseo por reconstruir la figura del presidente fuerte que gobernó durante los setenta años de dominio priista. En las décadas de partido hegemónico en México, el presidente gozaba – gracias a facultades “meta constitucionales”- del poder y discrecionalidad para poder mantener a raya a los gobernadores o dirigentes locales. Parece que el viejo PRI no ha quedado del todo olvidado y busca renacer aunque con una distinción importante. Actualmente, la figura presidencial fuerte y centralizada que persigue el gobierno de Peña Nieto, se basa en otorgarle facultades al jefe del Ejecutivo por la vía constitucional y dejando de lado los poderes “meta”. Todas las propuestas analizadas con anterioridad en el texto, las cuales fortalecen el centralismo, emanan de iniciativas de reforma y cuentan con el apoyo de la oposición. Es decir, caminan por la ruta institucional y se escudan en un contexto de total legitimidad.

En conclusión, habrá que observar que esta reconfiguración no resulte en un retroceso y se pueda encaminar hacia un fortalecimiento de la democracia mexicana en todos sus niveles.

 

*Mariana Meza Hernández es investigadora de CIDAC. [email protected]

 

 

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