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Por EQUIS: Justicia para las Mujeres
EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mej... EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Reconocemos que no existe una sola justicia y, por lo mismo, promovemos y construimos justicias considerando a todas las mujeres en sus historias, cuerpos, contextos y exigencias. Así, Telar de Justicias es un espacio en el que reflexionaremos sobre las justicias y toda su diversidad. Cada hilo será una visión de justicia que se unirá con otros para crear, transformar y tejernos juntas. (Leer más)
Amnistía: entre la opacidad y la justicia que no llega
La implementación de la Ley de Amnistía ha tenido un proceso sumamente lento, opaco y discrecional, que ha implicado que, a casi un año de su publicación, ninguna persona haya sido liberada por esta vía.
Por Karen Silva Mora
9 de abril, 2021
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Las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aquellas que son sistemáticamente marginadas, discriminadas y excluidas, son también las más afectadas por un sistema penal injusto, que castiga la pobreza y perpetúa la desigualdad. La expansión del discurso punitivo ha llevado al encarcelamiento de miles de personas1 que no solo han vivido en contextos desfavorables, sino que además son invisibles para el Estado. Con la finalidad de acercar la justicia a estos grupos  —incluyendo a las mujeres2, a las personas indígenas y a las personas con discapacidad—, en abril de 2020 fue aprobada la Ley de Amnistía federal en medio de una crisis global de salud, lo cual significó, al mismo tiempo, la posibilidad de contar con un mecanismo adicional a los ya existentes para despresurizar las prisiones.

A pesar de que la Ley de Amnistía prometía ser un parteaguas para el acceso a la justicia de personas que, en razón de sus contextos de precarización o vulnerabilidad además de otras interseccionalidades, no tuvieron acceso a la justicia en condiciones de igualdad y se encuentran privadas de la libertad injustamente —entre ellas, muchas mujeres, quienes sufren de manera desproporcionada los impactos de ciertas políticas punitivas, como la criminalización del aborto y la política prohibicionista de drogas—, esta promesa ha quedado sólo en el papel. Su implementación ha tenido un proceso sumamente lento, opaco y discrecional, que ha implicado que, a casi un año de su publicación, ninguna persona haya sido liberada por amnistía. Esta opacidad se originó desde la raíz, pues la Ley no impone obligaciones de transparencia a las instituciones involucradas en el proceso de amnistía, las cuales no realizan por iniciativa propia acciones de transparencia proactiva. En consecuencia, todas las actuaciones han sido discrecionales, llevándose a cabo cuando y de la manera que las autoridades lo decidan.

A la fecha, la Comisión de Amnistía, que fue creada con bastante retraso en junio del 2020, únicamente ha sesionado tres veces. Sin embargo, no existe información pública sobre lo que se discutió en dichas sesiones, ni el tipo de solicitudes que se analizaron. Más aún, sólo en la última de las sesiones se informó sobre la procedencia de 38 casos y la improcedencia de 169, pero desconocemos los detalles de los expedientes, los mecanismos de revisión que implementaron y si existirá alguna medida de acompañamiento o plan de acción para las personas que sean liberadas. Tampoco se sabe cuándo se llevarán a cabo próximas sesiones o su periodicidad, mucho menos cuántos casos serán analizados y determinados en las mismas.

En ese contexto, desde EQUIS Justicia para las Mujeres hemos recurrido a las plataformas de transparencia para ejercer nuestro derecho de acceso a la información, y así conocer sobre las acciones de la Comisión de Amnistía y, especialmente, sobre las personas que han solicitado este beneficio. No sorprende que, incluso haciendo uso de estos mecanismos, las instituciones han señalado explícitamente que no cuentan con mucha de la información que se les solicitó, como es el caso de las versiones públicas estenográficas de las sesiones de la Comisión.3 Incluso, la poca información con la que contamos presenta inconsistencias y contradicciones. Por ejemplo, el segundo informe presidencial indicó que “se realizó el análisis y dictaminación de 956 expedientes para determinar la factibilidad de obtención de Amnistía”4; mientras que la propia Secretaria de Gobernación, en la glosa del mismo informe, señaló que se habían remitido únicamente 765 expedientes para la aplicación de la Ley.

Por otra parte, en la información obtenida a través de solicitudes, la SEGOB proporcionó información inconsistente en dos respuestas diversas: mientras que en octubre de 2020 indicó que habían recibido un total de 762 solicitudes de amnistía5, para el 14 de diciembre reportaron un total de 6226, es decir, 140 solicitudes menos que un par de meses atrás. Una semana después de recibir esa respuesta, el 21 de diciembre de 2020, la Segob publicó en su sitio web que habían recibido 1,062 casos de amnistía.

Finalmente, cabe señalar que las instituciones responsables no han efectuado una estrategia de comunicación efectiva entre las personas privadas de la libertad y sus familias para socializar el contenido de la Ley y los formatos de solicitud de amnistía, limitando, aún más, sus derechos de acceso a la justicia y a la información. Además, no se ha hecho pública la traducción de estos formatos a lenguas indígenas (no fue sino hasta recientemente que la Defensoría Pública Federal difundió a través de YouTube la traducción de la Ley a distintas lenguas para darle un mayor alcance).

Si bien el panorama aquí presentado da cuenta de la opacidad, omisiones y dilación que prevalece alrededor de la implementación de la Ley de Amnistía, no debemos olvidar que, al centro de este contexto de desinformación y contradicciones, permanecen cientos de mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza injustamente en prisión. ¿Cuánto tiempo más para que puedan acceder a la justicia y obtener su libertad?

* Karen Silva Mora (@karensvm) es integrante del equipo de políticas públicas de @EquisJusticia.

 

 

1 De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al cierre del año 2020, en México había 214,231 personas privadas de la libertad, de las cuales, 11,839 (5.53 %) eran mujeres.

2 Regularmente se encarcela a mujeres pobres, con bajos niveles de estudio y pertenecientes a comunidades socioeconómicamente desfavorecidas. En el caso de los delitos contra la salud, las mujeres que son encarceladas se involucran regularmente en los roles de más bajo perfil dentro de las redes criminales, ya sea por necesidad económica o porque son forzadas por sus parejas o familiares. Además, las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas se enfrentan a una vulneración sistemática y frecuente de sus derechos procesales.

3 Secretaría de Gobernación. Unidad de Transparencia. Respuesta a solicitud de información con número de folio 0000400244420.

4 Página 45, sección “Cambio de paradigma de seguridad”, subsección “Recuperación y dignificación de las cárceles”, dentro del título “Recuperar el Estado de Derecho”.

5 Respuesta a solicitud con número de folio 0000400244420

6 Respuesta a solicitud con número de folio 0000400301120.

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