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Telar de Justicias
Por EQUIS: Justicia para las Mujeres
EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mej... EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Reconocemos que no existe una sola justicia y, por lo mismo, promovemos y construimos justicias considerando a todas las mujeres en sus historias, cuerpos, contextos y exigencias. Así, Telar de Justicias es un espacio en el que reflexionaremos sobre las justicias y toda su diversidad. Cada hilo será una visión de justicia que se unirá con otros para crear, transformar y tejernos juntas. (Leer más)
El dinero que nunca se gastó
El presupuesto destinado a mujeres privadas de la libertad va a la baja en el último lustro, hay un subejercicio del recurso, y las acciones propuestas siguen limitándose a ejercicios diagnósticos, ignorando los múltiples esfuerzos realizados por la sociedad civil.
Por Gerardo Contreras Ruvalcaba
15 de diciembre, 2021
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Más de una vez hemos escuchado el rechazo de ciertas personas frente al gasto del dinero público para el mantenimiento del sistema penitenciario. Los argumentos insisten en recordar que las personas en prisión merecen el castigo social y, por tal motivo, los recursos deben destinarse a otro ejes. Esta narrativa ha sido reforzada por el discurso oficialista que señala la necesidad de recortar los gastos en los centros penitenciarios federales para dejar que sean, supuestamente, “hoteles de gran lujo”. Sin embargo, dicha narración es peligrosa porque niega la obligación del Estado de garantizar condiciones de vida dignas a las personas que viven en prisión, lo que sólo agrava la situación de precariedad y violación sistémica de derechos. Más aún, esto es problemático porque desincentiva los ejercicios de auditoría para revisar cómo los sistemas penitenciarios reciben y gastan los recursos asignados para su operación.

Desde 2014, Equis Justicia para las Mujeres hemos centrado esfuerzos para visibilizar e incidir en la experiencia de mujeres encarceladas, grupo al que históricamente se le ha violado el derecho de acceso a la justicia y en los últimos años va creciendo al doble, en comparación con el total de población en prisión. Así pues, analizamos cómo se está destinando el recurso para ellas dentro de la Propuesta al Presupuesto de Egresos Federal (PPEF) 2022 que acaba de ser aprobada por el Congreso de la Unión.

El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó su PPEF 2022. Al mirar con atención el Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, observamos que la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario (DGPDP), que es la responsable de implementar la política penitenciaria, recibirá 2 millones de pesos para “impulsar la política pública con perspectiva de género a favor de las mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su condición de internamiento, así como en la formación del personal penitenciario”. La cantidad representa el 9.5% del recurso propuesto para la Dirección, que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Aun así, vale señalar que la DGPDP es una agencia relativamente pequeña, en términos presupuestarios, pues recibe apenas un 0.36% del monto total para la SSPC.

Al analizar el presupuesto aprobado de la DGPDP para impulsar políticas a favor de las mujeres privadas de la libertad en los últimos cinco años, es cuando observamos el primer problema. Desde 2017, el monto destinado a este rubro va a la baja y, de hecho, el PPEF 2022 está proponiendo una reducción del 15%, a pesar de que la Dirección tiene un incremento del 29% en comparación con el año anterior. Una persona esperaría que, al observar que la población femenil en centros penitenciarios federales se ha mantenido constante en el último año, el recurso por lo menos incrementará de acuerdo con la inflación, no que decrezca.

El segundo problema se detecta al momento de revisar la cuenta pública, es decir, el balance del dinero gastado en cada año. Como muestra la siguiente gráfica, la DGPDP ha tenido un grave y sistemático subejercicio de sus recursos para impulsar política a favor de las mujeres privadas de la libertad. En 2017 se ejerció apenas el 45% del recurso, mientras que en los siguientes años no se gastó ni un peso del presupuesto aprobado. Si bien circula la idea de que no gastar es sinónimo de ahorrar, la realidad es que no hacer uso del recurso público destinado específicamente a un rubro es señal de fallas en el diseño e implementación de políticas.

Ahora bien, analicemos qué acciones concretas a favor de las mujeres privadas de la libertad se presupuestaron y no ocurrieron:

  • En 2017 se plantearon dos investigaciones, una sobre mujeres privadas de la libertad y otra para el desarrollo del Servicio de Carrera Penitenciaria. Sólo la segunda se realizó, pero no se ha dado seguimiento a la fecha, porque hubo problemas para elaborar una metodología de investigación sobre personas privadas de la libertad que empatará con “la seguridad dentro de los centros penitenciarios”.
  • En 2018 se propuso hacer una evaluación de la política penitenciaria nacional con perspectiva de género, pero no se realizó por imposibilidad de tener la contratación del estudio para antes de la fecha límite.
  • En 2019 se planteó realizar la evaluación pendiente del año anterior, pero también se vio obstaculizada por los problemas que conllevó el traspaso de la Dirección de la SEGOB a la SSPC.
  • En 2020 se contempló avanzar en un diagnóstico sobre situación de hijas e hijos menores de edad de mujeres privadas de la libertad, pero se canceló debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.

Más allá de las razones particulares por las que no se ejerció el recurso, lo anterior es muestra de que el tercer problema del monto destinado a impulsar políticas a favor de las mujeres privadas de la libertad es que sigue limitándose, desde hace cinco años, en actividades de diagnóstico. Si bien es cierto que se necesita una valoración de la situación antes de proponer una acción, la cuestión con la DGPDP es que ignora otros estudios de la situación de las mujeres en prisión que ya hemos realizado organizaciones de la sociedad civil —por ejemplo, nuestro reciente informe La reinserción social de las mujeres en México— e, incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La Dirección podría voltear a mirar la información disponible para diseñar, al menos, una acción concreta que atienda una de las múltiples necesidades urgentes de la población femenil, a la vez que sigue intentando realizar su propio análisis.

Así pues, hemos expuesto brevemente que detrás del discurso en contra del “gasto injustificado para las cárceles” impide observar tres problemas reales que enfrenta el presupuesto destinado a mujeres. Primero, el monto aprobado va a la baja en el último lustro. Segundo, las acciones propuestas no se están implementando y está ocurriendo un subejercicio del recurso público. Tercero, dichas acciones siguen limitándose a ejercicios diagnósticos, ignorando los múltiples esfuerzos realizados por la sociedad civil.

A pesar de que en la discusión en el Palacio de San Lázaro no se habló y el monto para la DGPDP pasó sin cambios, no todo está perdido. El 31 de agosto la CNDH emitió la recomendación 35/2021 para exhortar a los sistemas penitenciarios que contemplen, dentro de sus presupuestos, partidas para material sanitario, de limpieza y farmacéutico necesarios para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El anterior reconocimiento del problema se ha concretado, en parte, por los esfuerzos de Mujeres Unidas X la Libertad, quienes han trabajado por visibilizar las necesidades de la población femenil en las cárceles mexicanas y demandar recursos para garantizar su salud y bienestar.

El mensaje final es claro: las políticas penitenciarias con diseño viable, correctamente ejecutadas y con recursos suficientes no es un lujo, sino un elemento mínimo para garantizar un proceso de reinserción social digno para todas las personas.

* Gerardo Contreras (el/ella/elle) es Oficial de Proyectos en @EquisJusticia.

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