Las denuncias no ponen a salvo a las mujeres - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Telar de Justicias
Por EQUIS: Justicia para las Mujeres
EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mej... EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Reconocemos que no existe una sola justicia y, por lo mismo, promovemos y construimos justicias considerando a todas las mujeres en sus historias, cuerpos, contextos y exigencias. Así, Telar de Justicias es un espacio en el que reflexionaremos sobre las justicias y toda su diversidad. Cada hilo será una visión de justicia que se unirá con otros para crear, transformar y tejernos juntas. (Leer más)
Las denuncias no ponen a salvo a las mujeres
En este segundo artículo invitamos a repensar las órdenes de protección para mejorar su accesibilidad y evitar que la violencia sobre mujeres y niñas mexicanas siga escalando. Es urgente despenalizar la protección para salvar la vida de las mujeres.
Por Fátima Gamboa
29 de noviembre, 2021
Comparte

En la práctica, de manera generalizada, la protección frente a la violencia contra las mujeres forma parte del derecho penal. Y este es, como dijimos en el artículo anterior, el primer obstáculo para la efectividad. ¿Qué significa esto? Significa que, en la mayoría de los casos, no se obtiene protección sin pasar por un proceso de denuncia penal o por un proceso judicial. Por eso muchas de las campañas de prevención de violencia ponen el foco en la denuncia: ¡Si vives violencia, denuncia! Y se reforman los códigos penales aumentando años de cárcel a los agresores. Pero las denuncias no ponen a salvo a las mujeres ni reducen las cifras de violencia que enfrentamos.

La mayoría de las Leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia actúan sobre el delito de violencia contra las mujeres, pero esto no nos puede garantizar ni la prevención ni la protección. ¿Por qué? Porque si la ley actúa únicamente cuando existe un delito sancionable de violencia (para eso tiene que consumarse la agresión o la intención) no estamos protegiendo, y además están quedando fuera otras violencias contra las mujeres que son estructurales, algunas microviolencias y otras formas de violencia no tipificadas como delitos. No debemos esperar a que las agresiones se produzcan o se constituyan como delitos o infracciones, porque puede ser demasiado tarde.

Incluso la última reforma de este año a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (diputados.gob.mx) continúa con esa mirada punitiva. El art. 27 contempla que “Las órdenes de protección: Son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima. Párrafo reformado DOF 18-03-2021

Esta desvinculación del proceso penal y de procesos judiciales es particularmente importante en el caso de la violencia de género, porque sabemos, con los datos en la mano, que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia no denuncia, y aunque buscan protección, no quieren someterse a un proceso judicial.  Según datos de ENDIREH 2016, el 78.6% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última no solicitaron apoyo a instituciones y no presentaron una denuncia.

Para entender esto, hay que tener claro que la violencia que se produce sistemáticamente contra las mujeres no siempre constituye un delito, y en algunos casos se trata de violencias íntimas que son mucho más difíciles de evidenciar, procesar y atender.  En muchos casos, las víctimas quieren que la agresión cese, pero no quieren poner una denuncia que implique una sanción a su pareja o un familiar cercano.

Ingrid. 2019

Ingrid interpuso una denuncia por violencia ante la Procuraduría capitalina. La denuncia, según informan, no prosperó por falta de seguimiento de Íngrid.

¿Era necesario que Íngrid le diera seguimiento a su caso para recibir protección? ¿Era necesaria, incluso, la existencia de la denuncia por violencia? ¿Se hizo una valoración de riesgo? ¿Se canalizó o informó a Íngrid sobre los servicios de atención integral a la violencia a los que tiene derecho?

La obligación de proteger puede “ser aplicable aún en casos en lo que las víctimas han retirado sus denuncias. Dada la naturaleza de la violencia doméstica, en ciertas ocasiones las autoridades pueden tener razones para saber que el retiro de una denuncia puede reflejar una situación de amenazas por parte del agresor o como mínimo, puede ser necesario que el Estado investigue esa posibilidad”.1

La escasa protección con la que cuentan las mujeres se debe a ese “requerimiento” de vincularla a procesos jurídicos, que en muchos casos implican que las mujeres tengan que acudir a un sinnúmero de instancias o abrir varios tipos de procesos para ser atendidas. Sin esos procesos, en la mayoría de los estados, no se puede obtener protección.

Urgen, por tanto, en primer lugar, pensar la protección como un derecho humano: esto requiere entender las necesidades y/o exigencias de justicia de las mujeres como un todo integral, responder a los múltiples factores y contextos del cómo se presentan las violencias en sus vidas y en función de ello diseñar e implementar políticas y mecanismos jurídicos que las pongan a salvo, conjuntando esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales. Y pensar en mecanismos que no pasen por el derecho penal y los procesos que ello implica.

Es urgente transitar hacia una política realmente preventiva de las violencias de género fundada en la voz, percepción y vivencias de la diversidad de mujeres. Y cambiar la narrativa social e institucional, porque la realidad es que las denuncias no ponen a salvo a las mujeres.

Es clave poner en el centro la actuación y obligación del estado para erradicar este problema. Queremos, necesitamos, que todas las autoridades tengan obligaciones de debida diligencia, protección y justicia en el ámbito de sus competencias y geografías. No estamos hablando ni cuestionando la investigación de delitos, estamos hablando de algo mucho más básico: Reaccionar con eficacia para que la protección a las mujeres y las niñas llegue a tiempo.

* Fátima Gamboa (@_FatimaEk) es codirectora de @EquisJusticia, mujer maya y lesbiana.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.