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Por EQUIS: Justicia para las Mujeres
EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mej... EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Reconocemos que no existe una sola justicia y, por lo mismo, promovemos y construimos justicias considerando a todas las mujeres en sus historias, cuerpos, contextos y exigencias. Así, Telar de Justicias es un espacio en el que reflexionaremos sobre las justicias y toda su diversidad. Cada hilo será una visión de justicia que se unirá con otros para crear, transformar y tejernos juntas. (Leer más)
No hay justicia por decreto
El decreto presidencial para liberar a personas privadas de su libertad constituye, nuevamente, una declaración de buenas intenciones que no contempla ningún cambio estructural que permita brindar justicia social a las personas encarceladas y a las víctimas de los delitos.
Por Equis Justicia para las Mujeres
27 de agosto, 2021
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Casi exactamente hace un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que firmaría un decreto para liberar a personas privadas de la libertad del fuero federal bajo 4 supuestos: personas que lleven 10 años sin sentencia, personas adultas mayores de más 75 años, personas mayores a 65 años con enfermedades crónicas y víctimas de tortura. El anuncio, que buscaba liberar a estas personas —simbólicamente antes del día de la independencia—, generó una ola de esperanza para personas encarceladas y sus familias.

Si bien reconocemos la importancia de que presidencia se pronuncie sobre las problemáticas estructurales e históricas que han criminalizado injustamente a miles de personas en nuestro país, el decreto publicado este miércoles constituye, nuevamente, una declaración de buenas intenciones que no contempla ningún cambio estructural que permita brindar justicia social a las personas encarceladas y a las víctimas de los delitos.

¿Por qué decimos que este decreto está lejos de representar un cambio real para las personas privadas de libertad? A continuación, explicamos:

  • Nada en el decreto es nuevo. Todos los supuestos del decreto se encuentran previstos en otras normas desde hace varios años (en todo caso, urge garantizar el cumplimiento del marco legal vigente). El decreto tampoco subsana las graves fallas del sistema de justicia penal que han mantenido a estas personas en prisión. Lo único nuevo es el papel preponderante que da a la Secretaría de Gobernación para coordinarse con el sistema penitenciario y la Defensoría Pública Federal para identificar y gestionar los casos.
  • Las acciones están concentradas en la Secretaría de Gobernación. Esto es muy similar a lo ocurrido con la Ley de Amnistía y su Comisión (la cual, cabe señalar que en todo un año ha logrado sólo 5 liberaciones) pero esta vez a través de un Comité. Llama la atención que, hasta ahora, no se prevé un presupuesto o personal para su funcionamiento.
  • Implica un retroceso en materia de acceso a la justicia. Preocupa que le asigna al sistema penitenciario federal un papel de intermediario, pues se encargará de identificar los casos que podrán ser candidatos. La intermediación de las autoridades penitenciarias en temas relativos a la libertad de personas en prisión, precisamente, era lo que la Ley Nacional de Ejecución pretendía remediar, ya que muchas veces resultaba en actos de corrupción.

Ahora bien, no es novedad que el sistema de justicia de nuestro país afecta de forma desproporcionada a diversos grupos históricamente vulnerados. Desafortunadamente, las grandes ausentes en el decreto son quienes deberían de ser particularmente beneficiadas por este tipo de iniciativas, entre ellas:

  • Mujeres privadas de libertad. En los casos de mujeres procesadas y sentenciadas, el decreto omite atender a todas aquellas que no fueron juzgadas con perspectiva de género y que, por defender su vida o no cumplir con roles de género —y un largo etcétera—, están injustamente en prisión. Por otra parte, no plantea medidas para que las potenciales víctimas de tortura puedan acreditarla a través del Protocolo de Estambul, y así obtener su libertad.
  • Mujeres víctimas de violencia de género. El decreto no contempla la obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencias de género ante la posible salida de quienes fueron sus agresores, lo cual es especialmente importante en un contexto de incremento histórico de las violencias contra las mujeres en el marco de la pandemia. Es necesario echar mano de los diferentes mecanismos: órdenes y/o medidas de protección o cautelares, y estrategias de seguridad complementarias para salvaguardar la integridad y la vida de estas mujeres.
  • Personas liberadas. Si bien el decreto menciona la reinserción social, no prevé ninguna medida específica encaminada al restablecimiento de derechos de personas que salgan de prisión.
  • La ciudadanía. Las acciones gubernamentales para garantizar el acceso a la justicia necesitan estar sujetas a la transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda entender, observar y evaluar sus avances y resultados. Para esto, resulta imperativo que se haga público el plan de trabajo, las metas, las actividades y sesiones del Comité Permanente y se precisen los medios a través de los que se tendrá acceso a ella.

La justicia no se logra por decreto presidencial, mucho menos cuando éste solo se traduce en buenas intenciones y no en políticas integrales y presupuestales que atiendan las circunstancias particulares de las personas privadas de libertad, así como las fallas estructurales de las instituciones de justicia que siguen sin funcionar.

@EquisJusticia

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