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Telar de Justicias
Por EQUIS: Justicia para las Mujeres
EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mej... EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Reconocemos que no existe una sola justicia y, por lo mismo, promovemos y construimos justicias considerando a todas las mujeres en sus historias, cuerpos, contextos y exigencias. Así, Telar de Justicias es un espacio en el que reflexionaremos sobre las justicias y toda su diversidad. Cada hilo será una visión de justicia que se unirá con otros para crear, transformar y tejernos juntas. (Leer más)
“Ojos que no ven…”. Prejuicios, violencia y riesgos invisibilizados
Seguimos hablando de protección, porque nos están matando. En este cuarto artículo partimos del informe #NoEsJusticia y otros diagnósticos realizados en varios Poderes Judiciales del país, que evidencian cómo el imaginario colectivo de las y los profesionales de la justicia invisibiliza el riesgo de las mujeres y deslegitima el relato de las víctimas.
Por Fátima Gamboa
3 de diciembre, 2021
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Los datos nos muestran que las órdenes de protección se dictan poco. Por BANAVIM hasta agosto 2021 sabemos que el 25 % de las entidades federativas dictan 1 orden de protección por cada 100 casos de violencia. De acuerdo con el informe #NoEsJusticia de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, coordinado por EQUIS Justicia para las Mujeres, más del 69% de las sentencias analizadas no tomaron en cuenta el riesgo y, por tanto, no consideraron necesario emitir una orden de protección, a pesar de que se trataban de situaciones de violencia, incumpliendo con su deber de protección.

En el informe (Des)Protección Judicial, realizado por EQUIS en 2020, documentamos que 13 de los 32 poderes judiciales del país suspendieron sus servicios sin tomar en consideración medidas para garantizar la emisión de órdenes de protección.

Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y numerosas organizaciones de la sociedad civil ya han alertado del riesgo que supone que estos mecanismos estén en desuso.

¿Por qué ocurre esto? Por un lado, como ya señalamos, en muchos casos, las juezas y jueces no conocen a profundidad la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y no tienen claridad sobre cuándo, cómo y por qué es necesaria una orden de protección. Desconocen también el parámetro de regularidad constitucional bajo el cual tienen que interpretar el derecho, conforme a los derechos humanos.  A casi 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, seguimos teniendo jueces y juezas de código y no de derechos humanos. Cuando se trata de violencia contra las mujeres, identidad de género o preferencia sexual, hay normas especializadas que contienen obligaciones reforzadas para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Los prejuicios que obstaculizan la protección de las mujeres

Los prejuicios y estereotipos profundamente arraigados en los imaginarios colectivos no son un obstáculo menos importante. Preguntamos a jueces y juezas cuáles son las razones por las que niegan las órdenes de protección. Aunque no lo crean, aun en el siglo XXI, los prejuicios y estereotipos que existen sobre las mujeres que denuncian violencias o solicitan algún tipo de protección estatal se convierten en “razones” para no emitir una orden de protección.

Así operan los prejuicios arraigados en la cultura sobre las mujeres que denuncian: Las y los representantes de la justicia en México deslegitiman la palabra de las víctimas, y consideran que las mujeres tienen intenciones vengativas, buscan perjudicar a la contraparte en el juicio u obtener alguna ventaja dentro del proceso. Hay desconfianza en la palabra de las mujeres, lo que implica deslegitimar el relato de la víctima. Existe además la idea de que la mujer que denuncia está en estado mental alterado, que distorsiona su percepción sobre la violencia que viven.

Otro de las razones para no presentar órdenes de protección es proteger a los hombres. Considerando que una orden de protección podría afectar los derechos del presunto agresor al decretar la medida y se puede entender como discriminación a los hombres. Y así es como los feminicidios no cesan.

Otras razones que señalaron juezas y jueces es que la dificultad de implementación real desanima a dictar este tipo de medidas. Es decir, no dictan órdenes de protección porque consideran que en la práctica no existen condiciones mínimas para hacerlas efectivas, ni instituciones a las que se les pueda canalizar para su seguimiento. De esta forma, una sospecha de inefectividad invalida un mecanismo útil para proteger a las mujeres.

Y para cerrar, queremos poner el foco en el imaginario colectivo de las y los profesionales de la justicia en la medida que puede invisibilizar el riesgo de las mujeres y deslegitimar el relato de las víctimas. Esto no es algo menor. Nos hace conscientes de cuán arraigados están los prejuicios que deslegitiman a las mujeres y lo que eso supone cuando los prejuicios están presentes en personas que tienen la obligación de proteger a las mujeres.  Los prejuicios no son opiniones inocentes, generan discriminación, y la discriminación es violencia.

* Fátima Gamboa (@_FatimaEk) es codirectora de @EquisJusticia, mujer maya y lesbiana.

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