Proyecto Zaldívar: 11 oportunidades perdidas para proteger a las mujeres
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Telar de Justicias
Por EQUIS: Justicia para las Mujeres
EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mej... EQUIS: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que, desde 2011, trabaja para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Reconocemos que no existe una sola justicia y, por lo mismo, promovemos y construimos justicias considerando a todas las mujeres en sus historias, cuerpos, contextos y exigencias. Así, Telar de Justicias es un espacio en el que reflexionaremos sobre las justicias y toda su diversidad. Cada hilo será una visión de justicia que se unirá con otros para crear, transformar y tejernos juntas. (Leer más)
Proyecto Zaldívar: 11 oportunidades perdidas para proteger a las mujeres
El proyecto de ley contra el feminicidio del ministro Arturo Zaldívar parte de un diagnóstico equivocado, tiene una perspectiva punitiva y propone fórmulas automáticas para juzgar, sin perspectiva de género, entre otros puntos.
Por Justicia para las Mujeres
14 de julio, 2022
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“Nuestro país vive una tragedia colectiva, en la cual entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días”, señaló recientemente el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, al presentar ante el Congreso un proyecto de ley contra el feminicidio.

Conscientes de los datos, así como del panorama de impunidad y la inacción del sistema de justicia para hacer frente a la multiplicidad de violencias contra las mujeres, en EQUIS Justicia para las Mujeres nos dimos a la tarea de revisar dicha propuesta, sólo para confirmar que una reforma de esta naturaleza no es la solución.

Frente al recrudecimiento de las violencias contra las mujeres en el país (incluyendo la feminicida), y reconociendo que es obligación del Estado responder a la violencia estructural y sistemática que vivimos las mujeres, presentamos 11 razones por las cuales esta propuesta no nos hace justicia:

1. Parte de un diagnóstico equivocado

El proyecto parte de premisas que se han demostrado falsas, tales como: “el derecho penal, la regulación de los asesinatos y la dureza de las penas, inhibe a las personas de cometer delitos”. A pesar de la tipificación del delito de feminicidio y el aumento de penas de 40 a 60 años en los últimos años, la violencia y los feminicidios en México van en aumento.

2. Tiene una perspectiva punitiva

El proyecto centra su justificación en el argumento de que la agudización de los feminicidios se debe a la ausencia de estándares claros y unificados que garanticen su castigo. Adicionalmente, si bien busca homogeneizar el tipo penal de feminicidio, utiliza como modelo el tipo penal federal, que impone una pena mayor que otros, como es el caso de la Ciudad de México. ¿Por qué apostar a estándares para castigar, en lugar de fortalecer los mecanismos de prevención y protección que ya existen?

3. No hubo participación ciudadana 

El proyecto fue construido de forma aislada, sin participación ciudadana ni construcción de consensos que permitiera mejorar el acceso a la justicia de las mujeres poniendo sus necesidades al centro. Quedamos fuera las instituciones encargadas de prevenir y atender las violencias, las organizaciones feministas, la academia y las propias familias víctimas de feminicidio.

4. Propone fórmulas automáticas para juzgar, sin perspectiva de género

Al crear fórmulas para juzgar de manera mecánica, el proyecto limita la capacidad de quienes imparten justicia para juzgar desde una perspectiva de género, igualdad y no discriminación. Un ejemplo es que la pena se podrá disminuir hasta una cuarta parte en caso de que quien haya cometido el feminicidio sea una mujer, pero haya estado bajo sometimiento psicológico o físico. Considerar el análisis de contexto es fundamental en casos de mujeres acusadas de cometer algún delito -esto forma parte de la obligación de las y los jueces de incorporar criterios de perspectiva de género- pero la propuesta no requiere dicho análisis. Al no hacerlo, se pierde la oportunidad de que mujeres que tendrían que estar exentas de responsabilidad penal, eviten una pena de prisión.

Otro ejemplo es la propuesta de que todo asesinato de mujeres se investigue como feminicidio y no con perspectiva de género. Esto implica que fiscales, policías y personas juzgadoras concluyan que todos los asesinatos de mujeres ocurren porque son mujeres, sin entrar a un análisis más profundo sobre los contextos diferenciados de violencias en México, tales como: la militarización, la delincuencia organizada, contextos de migración o desplazamiento, y perdiendo de vista cómo otras categorías de opresión juegan un papel relevante en los asesinatos de las mujeres.

5. Jerarquiza las vidas

Se hace de la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio un espectáculo amarillista al jerarquizar qué asesinatos se han de castigar más que otros (se aplica una pena distinta si eres una niña, joven, o mujer adulta mayor, qué tipo de arma se usó, así como el ‘nivel de crueldad’ que se utilizó para asesinar). Así, resulta preocupante que la única forma que se propone para atender de forma diferenciada las manifestaciones de las violencias sea una subasta de penas, sin buscar las transformaciones estructurales necesarias que garanticen el acceso a la justicia con perspectiva de igualdad y no discriminación.

6. Concibe la reparación sin transformación

La propuesta se queda corta en materia de reparación del daño, y no utiliza los estándares de reparación integral del daño. Tampoco cuenta con medidas colectivas, comunitarias o transformativas que incluso puedan revertir las desigualdades estructurales que han afectado a las víctimas de femicidio y sus familias, sin garantizar la no repetición.

7. Tiene una visión individualista y patologizante del feminicidio

El proyecto se enfoca en el feminicidio como un delito “aislado” sin enmarcarlo en un fenómeno de violencias y discriminaciones diversas y, por tanto, pierde de vista la necesidad de atender estos temas antes de que ocurran los asesinatos. Invisibiliza los factores estructurales que fomentan la violencia de género en general, y el feminicidio en particular. Pareciera que el feminicidio es un problema de personas enfermas. Por ejemplo, el art. 41 establece que se tienen que investigar si la probable responsable tiene o no “rasgos de personalidad misógina y violenta”. Esta perspectiva suele servir de pretexto para que el Estado evada sus responsabilidades en materia de prevención y ponga la responsabilidad del problema en un sujeto.

8. Ignora las políticas públicas existentes

El proyecto no retoma ni fortalece mecanismos de atención y prevención establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (por ejemplo: el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres o las Ordenes de Protección), tampoco fomenta la coordinación interinstitucional en la materia.  Asimismo, el capítulo de medidas relativas a personas sentenciadas cuenta con artículos que van en contra de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al limitar y complicar el acceso a beneficios de preliberación.

9. La perspectiva de protección y prevención está ausente

A pesar del nombre, el proyecto carece de un enfoque de protección y prevención. El proyecto, se centra específicamente en el dictado de medidas cautelares, cuyo objetivo es la protección del proceso y no de las víctimas. No establece pautas para que el dictado de estas medidas se centre en un análisis de riesgo de las víctimas, ni tampoco establece la complementariedad de las órdenes de protección.

10. Abre la puerta abierta a la vigilancia

Se otorgan facultades de investigación al ministerio público, sin ningún tipo de control, para seguir a las personas por un mes y prorrogables hasta por seis meses. Esto puede convertirse en un cheque en blanco para el acecho o espionaje del estado.

11. No fortalece al sistema de justicia

El uso de argumentos y líneas de investigaciones basadas en estereotipos y prejuicios constituyen uno de los principales obstáculos al acceso a la justicia de las mujeres, así como la falta de pericia técnica para resguardar evidencia. Sin embargo, este proyecto no soluciona los problemas estructurales de las fiscalías y los poderes judiciales, entre ellos: la falta de presupuesto para investigación, la sobrecarga de trabajo, la necesidad de mejorar los mecanismos de capacitación.

En suma, si realmente queremos combatir las violencias contra las mujeres, incluido el feminicidio, comencemos por construir alternativas efectivas de prevención, protección y justicias que nos permitan vivir sin miedo, en todo contexto. Nuestro grito de justicia es porque ninguna mujer sea asesinada, que ninguna viva situaciones de violencias. Nuestro grito de justicia es por la rabia de no encontrar en las instituciones del Estado políticas que garanticen nuestra vida y seguridad. Apostar únicamente al derecho penal y al castigo es fácil, popular y no cuesta dinero, pero sí nuestras vidas.

 @EquisJusticia

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