París 2024 marca los cuartos Juegos Olímpicos consecutivos en los que Rusia no participa, tomando en cuenta las últimas dos ediciones juegos de verano y dos de invierno.
Sin embargo, algunos atletas rusos sí estarán participando bajo el nombre de “Atletas Neutrales Independientes” (AIN) junto con los atletas de Bielorrusia, que por primera vez también han sido suspendidos de participar en los juegos.
El Comité Olímpico Internacional decidió sancionar a ambos países en enero de 2023 condenando la invasión rusa en Ucrania, y al apoyo que Bielorrusia ha dado a dicho país para continuar la guerra.
Rusia tiene un historial reciente y complicado con las olimpiadas. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los atletas rusos tampoco participaron con su bandera, sino bajo el nombre del Comité Olímpico Ruso (ROC). Desde 2017 se emitió la suspensión a Rusia a causa de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) encontró que llevaron a cabo un programa planificado de dopaje para los atletas.
A los atletas que no estaban involucrados en el programa de dopaje y pasaron por controles independientes, sí se les invitó a participar. No podrían llevar su bandera, pero sí representar a su comité olímpico, por eso participaron como Atletas Olímpicos de Rusia en Pyeongchang 2018, y como ROC en Tokio 2020 y Pekín 2022.
En esta ocasión, la prohibición es diferente ya que el motivo es que el Comité Olímpico Internacional se solidariza con el pueblo de Ucrania y condena la invasión militar, por lo que tomó la decisión de no permitir ningún símbolo o mención de Rusia ni de su comité olímpico. Además, pusieron en pie las siguientes prohibiciones:
Con el fin de mantener el espíritu de inclusión, también decidieron que sí abrirían las puertas a los atletas con pasaportes rusos y bielorrusos, ya que reconocen que no son necesariamente los individuos quienes son culpables de la invasión. Sin embargo, para que puedan participar, el comité organizador puso la siguiente serie de condiciones que deben cumplir para ser elegibles
Además, las sanciones contra los responsables de la guerra, los estados y gobiernos rusos y bielorrusos, permanecen en vigor para los Juegos Olímpicos de París 2024.
En estos juegos olímpicos hay 32 atletas inscritos como AIN, manteniendo el espíritu de la inclusión, hecho que fue elogiado por la Organización de las Naciones Unidas.
“Los especialistas de las Naciones Unidas reconocen al Comité Olímpico Internacional (COI) por considerar la participación de los atletas independientes de Rusia y Bielorrusia en las competencias deportivas internacionales como atletas neutrales. Pedimos al COI adoptar una decisión en ese sentido y asegurar que ningún atleta sea discriminado por su nacionalidad”, dijeron en un comunicado.
Dentro de los atletas AIN destacados, se encuentra el tenista ruso Daniil Medvedev, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2021, y ha logrado previamente el ranking como número 1 a nivel mundial en la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP).
También está el gimnasta bielorruso Ivan Litvinovich quien ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además del luchador ruso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, ganador de la medalla de plata en Tokio 2020.
El presidente del Comité Olímpico Nacional Palestino, Jibril Rajoub, pidió al Comité Olímpico Interacional sancionar a Israel de la misma manera que se sancionó a Rusia. Es decir, excluir a Israel de los juegos olímpicos de París 2024, ya que han matado a más de 39 mil palestinos en represalias contra los ataques de Hamas del 7 de octubre.
De acuerdo con Rajoub y el Comité Olímpico Nacional Palestino, han fallecido aproximadamente 400 atletas palestinos desde el 7 de octubre de 2023 a causa de los ataques de Israel. Además, una gran parte de la infraestructura deportiva de Gaza ha sido destruida y el estadio Yarmouk en la Ciudad de Gaza, ha sido utilizado por el ejército israelita para mantener bajo cautiverio a rehenes palestinos.
La revista Time consultó al COI sobre su postura con la participación de Israel y explicaron que la “situación no se puede comparar con ningún otro conflicto armado en el mundo”. Justificaron su decisión diciendo que Rusia violó la Carta Olímpica al apropiarse de las organizaciones olímpicas regionales en el territorio ucraniano, y por su parte Israel no ha violado el código olímpico, por lo que no procede una suspensión.
Esto a pesar de ser responsables del fallecimiento de atletas y de la destrucción de infraestructura deportiva en Gaza.
Como referente histórico, el COI también permitió la participación de Estados Unidos y del Reino Unido en los juegos olímpicos de 2004 a pesar de la guerra en Irak.
EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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