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8 claves para entender el conflicto en Bolivia
Por Distintas Latitudes
27 de septiembre, 2011
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Por: Pablo Andrés Rivero (@payorivero)*

Bolivia, como casi toda la América que habitamos, tiene una gran biodiversidad y es fuente de enormes recursos naturales. Sin embargo, este país es el tercero más desigual de América Latina: alrededor de 38% de su población vive en pobreza extrema, sobre todo en zonas rurales y en territorios indígenas.

Si bien la democracia retornó al país en 1982, entre 2000 y 2005 los esfuerzos por institucionalizar la construcción de un estado liberal fueron interpelados por un pueblo que nunca recibió los beneficios de este sistema, lo que catapultó la llegada al poder de Evo Morales. Este gobierno ha logrado desde entonces un cambio profundo en la concepción del Estado, ha fijado políticas de asistencia social que impactan directamente en la extrema pobreza y ha nacionalizado empresas estratégicas. Su mayor capital político está, no obstante, en la relación simbólica que tiene con los excluidos y marginados al poder, y el discurso progresista del Vivir Bien, en armonía con la Pachamama, la Madre Tierra.

Sin embargo, hoy el gobierno boliviano ha fijado su proyecto de desarrollo en la industrialización a toda costa, lo que ha llevado al país a un conflicto que actualmente escala a dimensiones no previstas.

 

1.     El proyecto carretero

El gobierno ha desarrollado un proyecto de integración carretera entre el departamento central del país, Cochabamba, y la región oriental del Beni. El argumento es que Beni es una región de gran potencial agroindustrial pero que está excluida del eje del desarrollo y que mantiene una relación de dependencia con el departamento de Santa Cruz, un departamento que además de ser el polo de desarrollo industrial del país también es el bastión de la oposición a Evo. El problema de este proyecto carretero es que atraviesa literalmente por la mitad el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), una reserva ambiental que concentra una gran biodiversidad y es el hogar de etnias originarias cuya propiedad del territorio les pertenece por mandato constitucional, lo que ha costado años de lucha reivindicatoria a los movimientos indígenas.

 

2.     Coca y cocaleros

La carretera partiría de la población de Villa Tunari, el centro económico-productivo de coca de Bolivia.  Según reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) más del 90% de la producción de Villa Tunari está destinada al narcotráfico. Los productores de coca, en su mayoría migrantes del altiplano occidental a los trópicos centrales –como el mismísimo presidente Morales – ya han penetrado hace años el parque Isiboro Sécure expandiendo la producción de cocales en zonas ilegales. De hecho, sectores de oposición aseguran que la carretera es una promesa electoral a las bases cocaleras de expansión de territorio de colonización y producción.

 

3.     Brasil e intereses foráneos

Pero es no es todo. El tramo II del proyecto carretero, que es justamente el que pretende atravesar al TIPNIS, no goza de legítimo estudio de impacto ambiental. De hecho, la máxima autoridad del sector renunció y hoy es uno de los grandes detractores del gobierno, junto a muchos intelectuales, ex autoridades y ex embajadores, porque sostiene que el proyecto está lleno de irregularidades. Se acusa también que este proyecto carretero, que costará 420 millones de dólares, sería de gran interés de Brasil, país que lo financia en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).  La empresa adjudicada para la construcción de las obras es la brasilera OAS. Sin embargo, la mayor interpelación es en contra de la débil moral del discurso de Morales que paseó por Cancún, Copenhague y la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros foros internacionales, un discurso crítico al capitalismo desarrollista y destructor de la Madre Tierra.

 

4.     Consulta previa, demandas constitucionales y marcha indígena

Las organizaciones de pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía han venido denunciando las irregularidades de este proyecto y demandando la aplicación de un precepto constitucional que fue precisamente consagrado bajo el gobierno de Evo Morales: la consulta previa a los pueblos indígenas. Esta disposición magna está en directa concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y garantiza la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios. En este caso, el gobierno ha dilatado la consulta previa de manera tal que las obras comenzaron antes que ésta siquiera fuera considerada. Estas medidas han provocado la ruptura del gobierno con los movimientos indígenas del oriente y éstos, apoyados por otras organizaciones, decidieron partir en una marcha desde Trinidad, en las llanuras orientales, hacia La Paz, a más de 650 kilómetros de distancia.

 

5.     Intento de diálogo, bloqueo y tensión en la marcha

Al menos nueve comisiones ministeriales intentaron establecer infructuosamente mesas de diálogo con los marchistas, quienes se trasladan con mujeres y niños. Pero el punto de tensión comenzó cuando colonizadores del norte del departamento de La Paz montaron un bloqueo para impedir que la marcha continúe. Estos colonizadores, sobre todo campesinos de origen étnico aymara del altiplano pero que migraron al trópico en las últimas tres décadas, están articulados en un poderoso ente sindical denominado “Confederación Sindical de Comunidades Interculturales”. Los colonizadores han coptado tierras indígenas en varias partes del país y son un sostén político del actual gobierno. El Ministro de Gobierno envió un contingente policial para “evitar” la confrontación entre marchistas y colonizadores aunque la tensión siguió escalando porque la policía interfirió la llegada de ayuda humanitaria recolectada en las ciudades. Cargamentos de agua y alimentos no pudieron llegar a los marchistas, lo que provocó que puntos de vigilias comenzaran a montarse en las ciudades para la recolección de firmas, donaciones y repudio ciudadano al cerco de los indígenas marchistas.

 

6.     Violencia y represión: estalla la crisis nacional

El fin de semana pasado, sin embargo, la tensión explotó en sucesos aún no esclarecidos del todo. El canciller del gobierno boliviano, David Choquehuanca, un indígena con fuerte legitimidad ante sus bases e iguales, asistió el sábado al lugar donde la marcha se encontraba bloqueada a intentar un nuevo acercamiento, pero fue forzado por un grupo de mujeres a encabezar una columna de vanguardia que rompió el cerco policial. El gobierno mostró imágenes de cuatro policías heridos y un operativo de “rescate” del Canciller. Sin embargo, a las cinco de la tarde del domingo, fuerzas policiales intervinieron la marcha con gases lacrimógenos y balines de goma, detuvieron a dirigentes haciendo uso excesivo de violencia, incluso contra mujeres y niños, lo que además resultó en uan situación hasta ahora confusa de traslado de dirigentes a poblaciones aledañas, separación de familias e incluso denuncias de desaparecidos y niños muertos.

 

7.     Bolivia nuevamente en pie de lucha

El país está nuevamente consternado ante las imágenes de violencia y se ha volcado masivamente a las calles a protestar. A pesar que las muertes no han sido confirmadas, el lunes ha comenzado con la renuncia irrevocable de la ministra de Defensa y una crisis interna de legitimidad que forzó al presidente a anunciar la suspensión del proyecto carretero, aunque con argumentos poco determinantes y timoratos. Queda aún la incertidumbre sobre la integridad de ciertos marchistas, especialmente de mujeres y niños. Sin embargo, un grupo ha decidido continuar la marcha hacia La Paz por medio del monte. El gobierno boliviano aún no ha aclarado las causas ni responsabilidades sobre la violenta intervención y se anuncian movilizaciones, huelgas de hambre, bloqueo de caminos y otras medidas en todo el país. Bolivia nuevamente en pie de lucha. Las voces de mayor indignación reclaman “la cabeza” del ministro de Gobierno Sacha Llorenti e incluso del mismo presidente Morales, aunque es prematuro predecir el curso de los acontecimientos. Lo que parece cierto es que el gobierno ha sido incapaz de lidiar con un conflicto que le provoca una oposición antes impensada: sectores de movimientos indígenas, obreros y clases medias otrora afines a su proyecto político y social.

 

8.     El costo político

Uno de los mayores costos para Evo Morales parece ser, hasta ahora, la dilución de su discurso, que descansaba en tres ejes:  protección de la Madre Tierra, obediencia al pueblo y proyección de un modelo de desarrollo distinto al capitalista. Así, ha perdido la esencia y sustancia del apoyo nacional e internacional al proceso revolucionario de cambio.

 

*Boliviano. Comunicador político, investigador académico y observador de procesos socioculturales. Colaboró en Distintas Latitudes con un texto sobre futbol y nacionalismo en Bolivia y escribe en http://www.pabloarivero.com/

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