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Ayotzinapa: avanza la verdad, pero falta mucho para hacer justicia y honrar la memoria de las víctimas
El informe de la Covaj-Ayotzinapa ofrece aportes relevantes sobre cómo ocurrió la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, los desacuerdos entre la FGR y la UEILCA ponen en riesgo la investigación judicial. Es prioritario que las familias estén plenamente informadas de las decisiones que vendrán.
Por Edith Olivares Ferreto
24 de octubre, 2022
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A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, la investigación del caso llegó a otro lamentable impasse. ¿Cuánto tiempo más llevará resolver este cruento y doloroso “crimen de Estado”, plagado de complicidades entre grupos criminales, autoridades de los tres niveles de gobierno y elementos del ejército, mismo que seguirá encargado de la seguridad pública en México hasta el año 2028?

Las causas visibles de este nuevo estancamiento son los desacuerdos surgidos entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que depende de ella.

En la conferencia matutina del 27 de septiembre, el Presidente de la República añadió más elementos y acusó: “estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”. Días después, en la conferencia matutina del jueves 29 de septiembre, señaló: “Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación…”. A pregunta expresa negó que las presiones provinieran del titular de la FGR o el ejército y en otra parte de sus respuestas dijo: “…así son las cosas (…) hay muchos intereses de por medio”. Sin embargo, no identificó su origen.

Activistas de Amnistía Internacional durante un evento organizado el 26 de octubre de 2022 para recordar a los jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Amnistía Internacional México.

La investigación del caso ha registrado avances relevantes en los últimos cuatro años. El informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), el 18 de agosto de 2022, da cuenta de la forma en que autoridades federales, estatales y municipales conocieron y dieron seguimiento a las acciones que los estudiantes realizaron el fatídico 26 de septiembre de 2014. Desde la toma de camiones, su traslado a Iguala, la llegada al rancho del Cura, a la caseta de Iguala, a la central de autobuses, así como de la persecución, violencia y posterior desaparición.

El martes 4 de octubre de 2022, la revista Proceso dio a conocer un documento -revelado por el colectivo Guacamaya, al hackear los servidores de la Secretaría de la Defensa-, que data del 26 de enero de 2015 y que está dirigido al Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. El texto fue elaborado por el general en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, previo a la visita que harían los padres de los jóvenes desaparecidos y personal de la CNDH a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, e incluye cuatro recomendaciones.

Una de esas recomendaciones señala que: el “comandante del 27/o B.I. se ajuste a las declaraciones oficiales (…) evite caer en contradicciones, en el concepto que por ningún motivo deberá aceptar que a los cuarteles se concentran (sic) civiles detenidos”. La otra recomendación indica: “no aceptar la remoción de losas de concreto o excavaciones del terreno, argumentando que existen desde años anteriores y que las tierras (sic) no presentan indicios de haber sido removidas recientemente”.

Las recomendaciones son solo una muestra de la forma en que, desde diferentes áreas del Estado, en este caso desde el ejército, se orquestaron formas de menoscabar las investigaciones sobre lo ocurrido a los normalistas desaparecidos, para encubrir lo que el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, calificó como “crimen de Estado”, cuando presentó el informe de la Covaj.

Como comentario al margen, el documento del colectivo Guacamaya, publicado por Proceso, contiene además múltiples referencias a las observaciones de Amnistía Internacional con respecto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, lo que es motivo de preocupación y alarma, pues revela que las actividades de Amnistía Internacional México han sido monitoreadas por el ejército.

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El activismo de diversas Organizaciones Sociales ha mantenido viva la memoria de lo ocurrido en Ayotzinapa. Foto: Amnistía Internacional México.

La información presentada por la Covaj es relevante y nos lleva a pensar sobre lo complicado que es llevar a cabo la investigación a ocho años de ocurridos los hechos, así como a reflexionar y cuestionar, una y otra vez, que el ejército siga encargado de gestionar la seguridad pública en México cuando ha sido protagonista, a lo largo de su historia, de gravísimas violaciones de derechos humanos.

Para empezar baste recordar la matanza de estudiantes de 1968 y en la historia reciente los abusos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú (2002); el asesinato de los jóvenes Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Monterrey (2010); la matanza de Tlatlaya (2014); la ejecución de una persona involucrada en un enfrentamiento con elementos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas (2020); el asesinato, cometido por elementos de la Guardia Nacional (GN), de una mujer en Chihuahua, quien regresaba con su esposo de una movilización de protesta por la falta de agua (2020); el asesinato de un estudiante de agronomía en Guanajuato (2022), que involucró también a la GN, o la muerte de la niña Heidi, en Nuevo Laredo, a consecuencia de un balazo disparado presuntamente por militares (2022), entre muchos otros casos.

Desde este espacio hemos reiterado en múltiples ocasiones que el ejército no debe participar en tareas de seguridad pública. Entre otras cosas porque su capacitación está enfocada en aspectos bélicos, y el uso de la fuerza que se requiere para ello difiere radicalmente de la que se requiere para gestionar la seguridad de las personas.

La confianza

Entre los hechos que motivaron la renuncia del fiscal de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, está el que la FGR se desistió de 21 órdenes de aprehensión solicitadas, de las cuales 16 eran en contra de militares, a quienes se les acusaba de haber participado en los hechos de Ayotzinapa. A ello se suma el que la FGR retiró de la UEILCA a los agentes que hacían trabajo de investigación en campo.

Luego de estos hechos, desde Amnistía Internacional insistimos en la necesidad de mantener plenamente informadas a las familias de los estudiantes respecto de las decisiones que vendrían.

Sin embargo, las familias no fueron involucradas en el proceso de nombramiento del nuevo fiscal, a contracorriente de la forma como se hizo en su momento la designación de Omar Gómez Trejo, que fue consultada previamente con las familias de los estudiantes. Más aún, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no tuvo oportunidad de revisar el informe de la COVAJ previo a su difusión pública.

El proceso por el cual se designó en su momento a Gómez Trejo fue un aspecto fundamental, de fondo, que permitió a éste cimentar una relación de confianza con  los padres de los jóvenes desaparecidos e incluso con el GIEI -que ha brindado a la UEILCA un acompañamiento técnico muy importante-, en el que las familias de los jóvenes también han depositado su confianza, porque sus aportaciones han generado credibilidad y transparencia a la investigación.

Si bien el informe de la Covaj hace aportaciones importantes para conocer la verdad de lo ocurrido a los 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos, es paradójico que tras lo ocurrido al interior de la UEILCA esté en riesgo el avance de la investigación judicial.

El Estado mexicano debe desbrozar el camino para que la investigación se vuelva a encarrilar. Por lo pronto, en aras de la transparencia debería precisar qué medidas va a tomar en torno al desistimiento de la FGR con respecto de algunas de las órdenes de aprehensión que habían sido emitidas contra militares.

A 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes, la FGR tiene en sus manos la responsabilidad de que este caso no quede impune, que las familias de los jóvenes desaparecidos tengan por fin acceso a la justicia, a las medidas que permitan honrar la memoria de sus hijos, a garantías de no repetición, todo ello como parte de una reparación integral del daño. Solo de esta forma las familias de las víctimas podrán ir cerrando su largo y doloroso duelo, que compartimos y acompañamos solidariamente.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).

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