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Ayotzinapa: un lustro de impunidad
Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el caso Ayotzinapa es una obligación y una gran deuda que tiene el Estado mexicano con las víctimas, sus familias y con la sociedad mexicana.
Por Tania Reneaum Panszi
16 de septiembre, 2019
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En vísperas de que se conmemoren los cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó de la liberación de varias personas que estaban siendo procesadas por su presunto involucramiento en ese caso.

Se trató de una noticia anunciada. El jueves 4 de septiembre, el propio subsecretario se había referido ya a los problemas que han caracterizado la investigación del caso Ayotzinapa.

Dijo que hubo “una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales, basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura…”.

La exigencia que lleva un lustro. Foto: Amnistía Internacional México.

La desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala es un caso emblemático porque refleja las inconsistencias, omisiones y sucesivas violaciones de derechos humanos en que incurren las instituciones del Estado mexicano encargadas de hacer cumplir la ley, y que se repiten en infinidad de investigaciones. En esas deficiencias anida la impunidad.

La ineficacia del sistema judicial para investigar los delitos es la causa de que el 96.1 % de éstos queden impunes, de acuerdo con el estudio Hallazgos 2018 Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, elaborado por México Evalúa y Friederich Naumamm Stiftung.

Además, México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad, con 69.21 puntos. En América, ocupa el primer lugar de la lista de países con más alto índice de impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad en México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla.

La confianza ciudadana en el Estado, y específicamente en su sistema judicial, no existe dada la incapacidad de éste para efectuar investigaciones científicas de los delitos y apegadas a derecho.

Conocer la verdad, derecho de las familias de las víctimas. Foto: Amnistía Internacional México.

En consecuencia, miles de casos quedan en la impunidad por deficiencias en la integración de las averiguaciones previas, por fabricación de pruebas o fallas en diversos procedimientos, factores que van en detrimento de un proceso judicial transparente.

Para las personas víctimas de un delito, llevar un proceso judicial implica sumergirse en un proceso lento, revictimizante, caro y en ocasiones riesgoso, a lo que hay que agregar que pocas veces se sanciona conforme a derecho.

Corregir el camino pasa necesariamente por una reestructuración del sistema judicial, mediante políticas públicas integrales, transversales y medibles, para las que se requiere presupuesto, recursos materiales y técnicos, pero sobre todo voluntad política para que se cumpla la ley.

La creación de la Comisión Investigadora para el caso Ayotzinapa, así como de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, aparecen en este contexto como una esperanza para que las investigaciones retomen un cauce favorable para esclarecer ese lamentable hecho y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Ayotzinapa foto 3

El largo camino para lograr el acceso a la justicia. Foto: Amnistía Internacional México.

Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el caso Ayotzinapa es una obligación y una gran deuda que tiene el Estado mexicano con las víctimas, sus familias y con la sociedad mexicana. A diferencia del gobierno federal anterior, el actual parece dar pasos en la línea correcta.

La verdad es el único hilo de esperanza y una oportunidad histórica para recuperar la confianza en un Estado que, hasta hoy, nos ha quedado a deber.

* Tania Reneaum Panszi es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

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