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“El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”
Las autoridades del Estado mexicano deben tomarse muy en serio la necesidad de atacar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, incluyendo las preconcepciones sobre lo que está bien que haga o no una mujer.
Por Ariadna Tovar Ramírez
12 de marzo, 2021
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Escalofriante. Así es la situación de las mujeres y niñas en México. No sólo se trata de las cifras. Mientras que en el 2015 hubo 411 carpetas de investigación por feminicidios, o asesinatos de mujeres por ser mujeres, en el 2018 hubo 893, en el 2019 fueron 940, y al 30 de noviembre de 2020 ya eran 860. Se trata también de los casos cotidianos de mujeres y niñas que desaparecen, que sufren formas diversas de violencia sexual, de las mujeres que deben someterse a abortos inseguros o son penalizadas por interrumpir un embarazo, o las mujeres que sufren diversas formas de violencia obstétrica.

Ante este panorama resulta indignante la negación constante, por parte de las autoridades, de la envergadura del problema de la violencia de género contra las mujeres, así como la falta de respuesta del Estado mexicano en todos sus niveles. Es vergonzoso que muchas de estas autoridades, que deben ser garantes de los derechos de todas las personas, incluidas las mujeres –valga la aclaración– se atrevan a culparlas de la violencia que sufren.

Como respuesta, mujeres y niñas en todos los rincones del país han decidido tomar las calles y salir a protestar. Pero parece que manifestarse tampoco es un derecho de las mujeres en México. Es más, de acuerdo con Amnistía Internacional, las mujeres que salen a protestar son un grupo en riesgo de sufrir vulneraciones de derechos humanos y las autoridades lo saben. Por lo tanto, deberían obrar con la máxima diligencia para evitar que los derechos de las manifestantes sean vulnerados cuando salen a protestar.

Las mujeres han tomado las calles para protestar por la violencia de género. Sin embargo, han sufrido abuso físico y verbal y violencia sexual, por parte de diferentes cuerpos policiacos. Foto: Lorena Jiménez Espinosa.

En México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, Amnistía Internacional documentó cuatro manifestaciones (en León, Guanajuato; Ecatepec de Morelos y Atizapán de Zaragoza, Estado de México; Ciudad de México; y Cancún, Quintana Roo) ocurridas entre agosto y noviembre de 2020, así como un intento de manifestación en Culiacán, Sinaloa, en septiembre de 2020, frustrada debido a que varias de las manifestantes fueron detenidas ilegalmente.

Abuso físico y verbal, y violencia sexual de policías contra mujeres

En todas las manifestaciones hubo detenciones ilegales y arbitrarias. Las mujeres que se manifestaban fueron detenidas sin base legal, pues no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna, y con uso excesivo de la fuerza. Fueron golpeadas, jaloneadas y pateadas por integrantes de diversos cuerpos de policía. Quienes las detuvieron no se identificaron debidamente, no les explicaron por qué eran detenidas, no les indicaron a donde las llevaban, y a varias de ellas las incomunicaron durante horas.

Algunas de las mujeres y niñas detenidas ilegal y arbitrariamente fueron conducidas desde el lugar de su detención al lugar donde serían presentadas a una autoridad competente, por rutas inusuales, más largas de lo habitual, a municipios diferentes de donde deberían haber sido llevadas y en vehículos sin identificación oficial. Algunas de ellas nunca fueron presentadas a una autoridad competente. Como resultado, sufrieron un temor intenso de ser víctimas de desaparición, en un país donde la desaparición forzada es una violación de derechos humanos demasiado común.

En Cancún, donde las mujeres salieron a protestar no sólo por el feminicidio de Alexis, 7 de las 8 detenidas arbitrariamente fueron mujeres. La excusa de las autoridades para detenerlas fue que habían causado daños al Palacio Municipal; sin embargo, quienes estaban tumbando ventanas y rompiendo el recubrimiento de la puerta, eran hombres.

Durante los traslados, las mujeres detenidas fueron golpeadas. Aunque algunas de ellas solicitaron atención médica, la policía se las negó. Las manifestantes detenidas también fueron sometidas a abuso verbal relacionado con el hecho de ser mujeres, con las consignas feministas y con el atreverse a salir a manifestarse: “ya te llevó la chingada. ¿No que muy chingona hija de tu puta madre?”; “¡ya valieron madres, pinches viejas! ¿No que muy muy con sus marchitas?; “ya cabrona, ya valiste verga, ahora sí. A ver si le sigues jugando a la activista”, eran algunos de los insultos que les gritaban las y los policías.

El tipo de insultos usados, muestra que para las autoridades en México, las mujeres no tienen derecho de salir a las calles y menos para manifestarse. Para las autoridades, las mujeres deben ser aleccionadas usando todo tipo de medios, por el solo hecho de atreverse a alzar la voz para exigir justicia, en la calle y frente a las autoridades.

A estas formas de violaciones de derechos humanos que afectaron principalmente a las mujeres, o que tenían claros sesgos discriminatorios en razón del género, se unió el uso de diversas formas de violencia sexual como una táctica ilegítima e ilegal de controlar el orden público, cuando las manifestantes son mujeres.

En 2018, México ya había sido condenado por el uso de la violencia sexual contra las mujeres como una forma de disuadir y controlar las manifestaciones. Sin embargo, dos años después, el uso de formas de violencia sexual tales como las amenazas de violación sexual y de desnudez forzada, el acoso sexual por autoridades y la falta de protección ante el acoso ejercido por particulares, los tocamientos, y las violaciones sexuales, siguen siendo parte de las prácticas policiales usadas contra las manifestantes mujeres, incluso contra las niñas.

El Estado no ha avanzado en adoptar medidas para erradicar esta vulneración de los derechos de las mujeres, que puede llegar a ser considerada contraria a la prohibición de tortura, y que se considera tortura en sí misma en casos de violación sexual.

Estigmatización de las manifestaciones de mujeres

La violencia contra las manifestantes no se da en el vacío. Hay un caldo de cultivo que genera un ambiente hostil para las protestas feministas y que se pronuncian contra la violencia de género. Uno de sus ingredientes principales es la estigmatización de la protesta y de las manifestantes.

Así, las manifestaciones feministas han comenzado a ser descritas como violentas a pesar de ser mayormente pacíficas. La paradoja es que quienes terminan acusadas y vistas por la sociedad como violentas, son quienes precisamente han sufrido la violencia en múltiples niveles: la violencia de género por ser mujeres que las impulsa a salir a protestar y la violación de sus derechos en el contexto de las manifestaciones.

En el derecho internacional de los derechos humanos, las manifestaciones deben presumirse pacíficas, salvo que haya una violencia grave y generalizada, es decir, cuando haya riesgos de muerte o lesiones para las personas o daños graves a bienes. Así, el que durante las manifestaciones se pinten consignas en paredes, pisos o monumentos, se modifiquen o intervengan estos últimos, o se rompan algunos cristales está muy lejos de lo que puede clasificarse como actos violentos. A pesar de ello, estas expresiones son estigmatizadas.

Otro de los estigmas que se están generando es que las mujeres manifestantes que se cubren el rostro, total o parcialmente, son violentas. Parece ilógico que, en medio de una pandemia en que los organismos sanitarios mundiales recomiendan el uso del cubrebocas como medida para evitar el contagio de la COVID-19, las autoridades asuman que cubrirse el rostro es indicio de la comisión de delitos o del uso de violencia. Sin embargo, varias manifestantes sufrieron mayor violencia y abuso verbal precisamente por llevar el rostro cubierto. Al respecto, es necesario recordar que todas las personas, de nuevo, incluyendo las mujeres, tienen derecho a participar de forma anónima en las manifestaciones, y que las autoridades no pueden exigirles que se identifiquen a menos que, de forma inminente, vayan a incurrir en actos de violencia.

Marcha vigilada. Las manifestaciones feministas han comenzado a ser descritas por la autoridad como violentas, a pesar de ser mayormente pacíficas. Foto: Lorena Jiménez Espinosa.

El que se consideren violentas las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, envía y refuerza el mensaje consistente en que cualquier autoridad puede hacer uso de la fuerza, y de cualquier tipo de fuerza, durante las manifestaciones. Por ello se requiere contrarrestar ese mensaje con una conducta decidida de todas las autoridades desde los más altos niveles en los distintos ámbitos geográficos, que debería incluir como mínimo: reconocer proactivamente la legitimidad de las manifestaciones feministas  y contra la violencia de género, y abstenerse de usar un lenguaje que estigmatice como violentas a estas protestas.

Asimismo, las autoridades deben impulsar investigaciones serias, prontas e imparciales para identificar y presentar a la justicia, a las y los responsables de las diversas formas de violencia sexual, incluidas las  violaciones sexuales, los atentados a la integridad personal, las detenciones ilegales y arbitrarias, y las demás violaciones de derechos humanos sufridas por las manifestantes.

Pero la determinación de responsabilidades individuales no es suficiente.  Las autoridades también deben establecer responsabilidades institucionales. En este sentido, Amnistía Internacional ha recomendado la generación de un mecanismo de supervisión externo e independiente de los cuerpos policiales, a cargo del monitoreo, supervisión y mejora de estas instituciones. Los cuerpos policiales que incurren en violaciones de derechos humanos no deberían seguir investigandose a sí mismos.

Las autoridades del Estado mexicano en todos los niveles, y no sólo los cuerpos policiales, deben tomarse muy en serio la necesidad de prevenir y combatir los feminicidios, la violencia sexual, el acoso, la revictimización y la impunidad frente a estos casos. Atacar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, incluyendo los estereotipos de género que las afectan, es decir las preconcepciones sobre lo que está bien que haga o no una mujer, es parte esencial de este trabajo.

Asimismo, las autoridades deben pasar de considerar que una manifestación es una amenaza al orden público, a dar cumplimiento cabal a su obligación de garantizar el derecho a la reunión pacífica. Lo anterior, pasa por considerar a las mujeres como titulares reales de derechos y no como “malas mujeres”que deben ser aleccionadas.

Como sociedad también podemos contribuir al respeto de los derechos de las manifestantes: hay que informarse sobre las legítimas reivindicaciones feministas, respaldar a las mujeres y niñas que salen a manifestarse por el derecho básico de vivir una vida libre de violencias, y exigir a las autoridades que no repriman más a las mujeres manifestantes.

Tan diligentes como fueron las autoridades para amurallar el Palacio Nacional en la Ciudad de México, y así evitar que las manifestantes del 8 de marzo del 2021 se acercaran, con esa misma diligencia deberían proceder para respetar con su conducta y proteger frente a las acciones de particulares, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La diligencia empieza por ver y reconocer la importancia del problema. Por muchas vallas que se instalen, siempre saldrá a la luz la atroz situación de las mujeres en México, como lo muestran los miles de nombres de víctimas de la violencia de género escritos en la superficie de la muralla.

* Ariadna Tovar Ramírez (@hilosdeariadna) es investigadora del informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, de @AIMexico.

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