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Jalisco se suma a los estados que descalifican y criminalizan a las mujeres que protestan
Las autoridades actúan con celeridad para detener a las manifestantes, pero cuando se trata de cumplir con las leyes, normas y convenciones internacionales destinadas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en el país, la autoridad se mueve con una lentitud pasmosa.
Por Edith Olivares Ferreto
25 de julio, 2021
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Si les molesta que salgamos las chicas a marchar, que hagan su trabajo, que realmente nos cuiden, porque no saldríamos a gritar que nos están matando si hicieran algo para que no nos mataran”.

Naomi Quetzaly Rojas Domínguez, feminista manifestante en Quintana Roo.

 

 

Desde Amnistía Internacional vemos con gran preocupación y alarma la persistente y lamentable desatención de algunas autoridades mexicanas, ante los legítimos reclamos de las mujeres que protestan contra la violencia de género en el país.

El pasado 9 de julio la policía del estado de Jalisco detuvo a diez mujeres, integrantes de la colectiva Frente Feminista Jalisco, quienes participaban en una manifestación ante el edificio de la Secretaría de Educación de ese estado, para protestar por la falta de avances en la investigación de dos casos de abuso sexual cometidos en escuelas contra dos menores de edad, en noviembre de 2019. Al hacer declaraciones al respecto, el secretario de Seguridad, Bosco Agustín Pacheco, calificó de “vandálicos” los hechos ocurridos durante la protesta 1.

Con su aseveración, el funcionario descalificó, estigmatizó y deslegitimó la manifestación, desviando así la atención sobre los motivos de la misma. Por si fuera poco, la represión que ejerció la policía jalisciense contra las mujeres violó su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La reacción de las autoridades de Jalisco repitió el patrón en que incurrieron autoridades de otros estados durante 2020, y que documentamos en nuestro informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan. Los estados incluidos en la investigación fueron: Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México.

La lucha de las mujeres por que se garantice su derecho a una vida libre de violencia ha sido ardua, debido a la desatención de las autoridades a sus legítimas demandas. Foto: Amnistía Internacional.

En el caso de las manifestaciones realizadas en la CDMX, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las tachó como “provocaciones” que buscaban que el Estado respondiera con mayor violencia y así generar mayor atención y condena pública. En León, Guanajuato, para justificar la restricción y dispersión de las manifestaciones, el Secretario de Seguridad Pública señaló que la ciudad no podía convertirse en un “manifestódromo violento”.

En esa narrativa se encuadra el calificativo de “vandálicos”, con el que el gobierno de Jalisco se refirió a la manifestación del viernes 9 de julio en ese estado. Con ese discurso las autoridades han generado un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres y contribuido a deslegitimar su activismo.

Ese discurso de la autoridad reproduce claramente los roles y concepciones de género que tradicionalmente han sido asignados por la sociedad a las mujeres, como el hecho de que se deben quedar en su casa en lugar de participar en manifestaciones y buscarse problemas por ello. Pintar consignas, romper cristales e intervenir monumentos es mal visto por una sociedad que está permeada precisamente por los estereotipos de género.

Es importante observar también que en los casos documentados en nuestro informe, así como en los recientes hechos de Guadalajara, las autoridades actuaron con una gran celeridad para detener a las manifestantes. En cambio, cuando se trata de cumplir con las leyes, normas y convenciones internacionales destinadas a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en el país, la autoridad se mueve con una lentitud pasmosa.

La legitimidad de la protesta

Respecto de las pintas y la intervención de monumentos que se han registrado durante las manifestaciones de diversas colectivas feministas, es pertinente referir que esas expresiones están protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica 2, y no pueden ser consideradas como actos violentos que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones.

El derecho internacional de los derechos humanos establece también que el nivel de intervención de una autoridad en una manifestación no es igual cuando se atenta contra la seguridad o la vida de las personas, que cuando se dañan bienes públicos. En este sentido, si un grupo de quienes participan en una protesta utilizan la violencia contra otras manifestantes o policías, las autoridades tienen la obligación de utilizar la fuerza bajo los principios de necesidad y proporcionalidad 3 y asegurarse de que quienes se encuentran protestando de forma pacífica puedan continuar haciéndolo.

En este mismo sentido, es de destacar que las autoridades federales, estatales o municipales, están obligadas a cumplir –de acuerdo con lo establecido en el artículo primero y 133 constitucional- con las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos que mandatan los convenios internacionales en la materia firmados por el Estado mexicano.

El por qué del enojo de las mujeres

La violencia de género en México es un problema de graves dimensiones. Causa gran indignación constatar cómo, durante décadas, muy poco se ha avanzado para su erradicación. Las cifras del gobierno hablan por sí mismas.

En 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que el número de llamadas al 911 para denunciar incidentes de violencias contra las mujeres, fue de 260 mil 067, mientras que en 2019 fueron 197 mil 693. Para mayo de 2021, se han reportado 114 mil 745 llamadas. Si las cifras son de por sí muy preocupantes, el incremento en las llamadas de un año a otro es alarmante.

Además, en 2020 el SESNSP registró 3 mil 770 asesinatos de mujeres, de los cuales 977 estaban siendo investigados como feminicidios. Eso da un total de 10 mujeres asesinadas al día en promedio a lo largo del último año. Para mayo de 2021, el SESNSP reportó mil 610 asesinatos de mujeres, de los cuales 423 se están investigando como feminicidios. Cabe señalar que estas cifras podrían ser mayores si consideramos que el SESNSP reporta en sus cifras el número de carpetas de investigación, por lo que se considera que las carpetas de investigación podrían contener una o varias víctimas.

En relación con el alto índice de impunidad en los casos de las violencias contra las mujeres, de acuerdo con el INEGI, entre 2015 y 2018 se registraron 5 mil 389 mujeres víctimas de homicidio y mil 687 por feminicidio; mil 961 personas fueron procesadas por el delito de feminicidio y 448 fueron sentenciadas por este delito.

Pero todavía hay algo muy importante que sumar a este triste panorama y es el inmenso dolor y la violencia institucional que enfrentan, por muchísimos años, las familias de las víctimas de feminicidio y de la violencia de género.

Y por si fuera poco el factor tiempo también se suma a esta triste ecuación. En México, se requiere de años para que un caso de feminicidio sea turnado a una autoridad judicial. Y en los casos en que se logra acreditar el delito, las familias de las víctimas del delito deben luchar varios años para tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Campaña #GritoMonumento de Amnistía Internacional.

Ante este desolador panorama, desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno para que den seguimiento a las recomendaciones contenidas en nuestro informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, entre las que se encuentran: abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes y las manifestaciones feministas; que se pronuncien contra la violencia de género contra las mujeres y reconozcan, la legitimidad de las manifestaciones feministas.

Igualmente, las autoridades deben reconocer que pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos, son manifestaciones de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos, que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones.

Recordamos también que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, particularmente frente a los feminicidios o asesinatos de mujeres en razón de género, y las diversas formas de violencia sexual.

Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a todas las autoridades a no criminalizar las protestas y advertimos que el uso intencionado del sistema penal para criminalizar las manifestaciones de las mujeres obstaculiza su legítimo derecho a exigir la promoción y promoción de sus derechos.

Precisamente, con el objetivo de sensibilizar y llamar a la acción para que la represión contra las mujeres que protestan en México no se instale como una práctica por parte de las autoridades, y que tampoco sea normalizada por la opinión pública, desde Amnistía Internacional lanzamos, en abril de este año, la campaña Nuestro Grito es Monumento, con el hashtag #GritoMonumento

Desde nuestra organización invitamos a las personas a conocer el landing page de la campaña, donde podrán conocer los detalles de la misma y tener acceso a la petición dirigida a las autoridades, para que no haya más represión a las mujeres manifestantes.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @AIMexico.

 

 

1 Periódico El informador, Por “daño a las cosas”, detienen a 10 mujeres que protestaban en la torre de la SEJ. Se puede consultar aquí.

2 Comité de Derechos Humanos. Observación General núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), Documento ONU, CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, párr. 15.

3 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptados por las Naciones Unidas en 1990.

 

 

El principio de necesidad tiene tres componentes; el cualitativo, para determinar si el uso de la fuerza es ineludible o se puede lograr el objetivo por otros medios; el cuantitativo, establece que el nivel de fuerza no debe ser mayor al mínimo que se considere eficaz y el factor temporal, por el cual la fuerza debe cesar apenas se alcance el objetivo legítimo o éste ya no pueda lograrse.

El principio de proporcionalidad prohíbe usar la fuerza cuando los daños derivados de su uso exceden los beneficios que brindaría el logro del fin legítimo.

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