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La ley de Amnistía bajo la lupa de los derechos humanos
Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el Estado mexicano reconoce de manera tácita que amplios sectores de la población mexicana son discriminados por su origen y condición social, lo que les hace vulnerables a ser criminalizados.
Por Tania Reneaum Panszi
16 de enero, 2020
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Desde la perspectiva de los estudios criminológicos, es bien sabido que el sistema de justicia penal tiene un efecto selectivo que afecta a las personas más pobres, particularmente si son mujeres, personas jóvenes, personas con discapacidad o población indígena. De ahí que Ley de Amnistía propuesta por el jefe del Ejecutivo al Congreso mexicano, en principio, parece una propuesta positiva que, además, intenta poner límites a la creciente expansión del derecho penal.

La Ley de Amnistía fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2019 y turnada al Senado para su estudio, dictamen y aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones. De acuerdo con la Secretaria de Gobernación, unas 6,200 personas podrían obtener su libertad al aplicarse esa ley.

Las personas beneficiarias serían aquellas acusadas de delitos de índole federal como aborto, delitos contra la salud, robo simple y sin violencia, así como sedición. La ley incluye cualquier delito imputado a personas indígenas a las que no se haya respetado su derecho a una defensa adecuada. Sobre este último punto, son numerosos los casos de personas indígenas que no cuentan con protección efectiva en un proceso penal, que no se les proporciona intérprete, ni se toma en cuenta su situación económica y social, violentando su derecho a un juicio justo.

Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el Estado mexicano reconoce de manera tácita que amplios sectores de la población mexicana son discriminados por su origen y condición social, lo que les hace vulnerables a ser criminalizados. De hecho, la exposición de motivos de la ley advierte que: “A menor nivel de ingreso, mayor posibilidad de que la justicia se convierta en su antítesis, en una injusticia”.

Este es un fenómeno común en México. Las personas jóvenes, por ejemplo, son estigmatizadas por su forma de vestir, si llevan tatuajes o piercings, y si eventualmente son detenidas en posesión de alguna droga −que sobrepase mínimamente la cantidad establecida para consumo personal−, por lo regular son acusadas de narcomenudeo y extorsionadas para no ser enviadas a prisión. Amnistía Internacional ha documentado ampliamente este tipo de casos en su informe Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México.

No se puede soslayar que el propósito de la Ley de Amnistía se enfrenta a una contradicción estructural, porque mientras se perdonan los delitos derivados de un contexto de pobreza, el propio jefe del Ejecutivo ha enviado propuestas al Poder Legislativo que tienden a la expansión del sistema penal, como el aumento del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva.

Desde Amnistía Internacional vemos con interés dicha ley, pero consideramos que -de manera paralela- las instancias del Estado encargadas de la procuración de justicia tendrían que ser supervisadas para que no incurran en prácticas que vulneren derechos humanos.

Dichas prácticas están ampliamente documentadas en nuestro informe Falsas sospechas, detenciones arbitrarias de la policía en México y entre ellas están: la falta de información sobre los motivos por los que se realiza una detención; falta de regulaciones claras para efectuar detenciones y sobre el uso de la fuerza; carencia de dispositivos de geolocalización y cámaras en patrullas policiales que permitan calificar la legalidad de un arresto o detención, así como arrestos basados en el origen étnico, la edad o la condición social, entre otras.

La despenalización del aborto, tema largamente aplazado en México. Foto: Itzel Plasencia.

Necesario despenalizar el aborto

En el caso del aborto, por ejemplo, vemos necesario armonizar las leyes federales y estatales con el fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir su embarazo, tal y como lo establecen las recomendaciones hechas al Estado mexicano por organismos internacionales. Entre ellas, las contenidas en las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), del 7 de agosto de 20121, e incluso las del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del 27 de diciembre de 20182

La despenalización del aborto en México eliminaría la posibilidad de que a las mujeres se les siga criminalizando, de lo contrario, la privación de la libertad a la que están sujetas seguirá siendo una práctica cotidiana en todo el país y se tendrán que emitir amnistías en tantos casos como que se presenten.

Otro aspecto susceptible de mejora en la Ley de Amnistía es el relativo a los delitos contra la salud. Al respecto, se han quedado en el tintero las reformas al Código Penal y la revisión de la política de drogas que, precisamente, tocan las conductas a que hace mención la Ley de Amnistía y que, desde el enfoque de nuestra organización, deben ser valoradas desde una perspectiva interseccional, con especial énfasis en el género y la edad.

Criminalización de personas defensoras, otro tema pendiente

Por otra parte, el Artículo 2° de la referida ley establece que los beneficios de ésta no aplican en delitos contra la vida y la integridad corporal, así como en secuestro. Además, la fracción V, del Artículo 1°, incluye el delito de terrorismo. La Ley excluye también los delitos referidos en el artículo 19 constitucional.

Las limitantes en los casos de terrorismo y secuestro podrían afectar considerablemente el beneficio de la amnistía para un sector específico de población. Me refiero a los casos de las personas defensoras de territorio y medio ambiente quienes, al ejercer su derecho de manifestación en pro de la salvaguarda de los recursos naturales de sus comunidades, son comúnmente criminalizadas bajo alguna de esas figuras penales.

En el Código Penal federal existen varios artículos que establecen tipos penales que se contraponen al derecho de manifestación y que son utilizados para impedir las actividades de las personas defensoras de territorio y medio ambiente. Tal es el caso del Artículo 185 del Código Penal federal, que establece como delito el que varias personas impidan la ejecución de una obra o trabajos públicos.

En este sentido, como parte de la campaña global “Valiente”, desde Amnistía Internacional dimos seguimiento al intento de criminalización de personas defensoras de territorio y medio ambiente en Cuetzalan, Puebla. Justamente, al amparo del artículo citado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 8 personas de la comunidad, por oponerse a la construcción de una subestación eléctrica y línea de alta tensión de la CFE.

Las personas defensoras en Cuetzalan han advertido que la obra se está realizando sin su consentimiento y sin antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con las comunidades. Pese a que las manifestaciones contra el proyecto han sido pacíficas, la CFE interpuso la denuncia con la que se intentó criminalizar a las personas que se han opuesto a la subestación, intentando forzarles a aceptar la obra pública.

Gracias a la resistencia de las personas defensoras de Cuetzalan y a la solidaridad nacional e internacional, expresada en movilizaciones, firmas y acciones de incidencia, en septiembre 2019 la CFE decidió no ejercer acción penal. Sin embargo, el riesgo de que las personas defensoras de territorio y medio ambiente sean criminalizadas seguirá existiendo en México mientras no se derogue el artículo 185 del Código Penal Federal.

Es probable que la Ley de Amnistía sea publicada este año y que sus beneficios se empiecen a notar en el corto plazo. Sin embargo, en tanto no se expidan leyes de Amnistía locales, la ley sólo beneficiará a las personas sentenciadas en el fuero federal. Por lo tanto, nuestra organización considera que los congresos de todas las entidades federativas deben abocarse a armonizar su legislación, como ha ocurrido con otras leyes, en beneficio de amplios sectores de la población.

También será necesario establecer el Reglamento de la Ley de Amnistía, tarea que corresponde a una Comisión específica, prevista por la misma ley, en la que deberían estar representadas las Organizaciones de la Sociedad Civil e integrantes de la academia, con el fin de que emitan opiniones que conlleven a una correcta aplicación de la norma.

La ley de Amnistía es pues un instrumento relevante que bien puede contribuir a saldar la deuda histórica del sistema de justicia con los grupos sociales más vulnerables, es por ello una ley necesaria. Sin embargo, estará incompleta en tanto no se le acompañe de una armonización legislativa que tienda a la disminución del sistema penal, con el objetivo de darle mayor alcance y efectividad.

* Tania Reneaum Panszi es Directora Ejecutiva de @AIMexico.

 

1 La recomendación establece en su párrafo 33, inciso a, que el Estado mexicano armonice las leyes federales y estatales sobre el aborto y así eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo de forma legal. En el inciso c, precisa que las mujeres que tengan motivos legales para interrumpir un embarazo deben tener acceso a servicios médicos seguros en todos los estados.

2 El Grupo de trabajo plantea la necesidad de “armonizar y garantizar el derecho a la terminación voluntaria del embarazo a las mujeres víctimas de violación, embarazo precoz o que corran peligro”; armonizar la legislación nacional sobre la terminación del embarazo; armonizar los códigos penales de todos los estados, para que las mujeres accedan, desde su lugar de residencia, a la terminación legal del embarazo sin riesgo y de manera voluntaria. Las recomendaciones están contenidas en los párrafos 132.179, 132.181 y 132.206.

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