México en el informe anual de Amnistía Internacional
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Trabajamos por los derechos humanos en el mundo
Por Amnistía Internacional
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de simpatizantes... Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. La membresía y los simpatizantes de nuestra organización ejercen influencia sobre gobiernos, grupos políticos, empresas y organismos intergubernamentales. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos. (Leer más)
México en el informe anual de Amnistía Internacional
El problema con el despliegue militar no sólo está relacionado con la falta de rendición de cuentas, sino que la impunidad es la regla y no la excepción.
Por Marcela Villalobos Andrade*
24 de abril, 2021
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Como cada año, desde Amnistía Internacional presentamos nuestro Informe 2020/21, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En él señalamos las violaciones, crisis y amenazas para los derechos de las personas en más de 140 países. Para el caso de México, el informe da cuenta, entre otros grandes temas, del mayor despliegue de efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que se ha llevado a cabo en relación con las dos administraciones de gobierno previas. Ello, pese a la poca o nula evidencia que indique que dicha estrategia de seguridad militarizada implica un cambio favorable para el respeto y protección de los derechos humanos. 

Es importante señalar que, ante la demonización y estigmatización que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de las organizaciones de la sociedad civil y su cuestionamiento constante sobre nuestra labor en sexenios anteriores, desde Amnistía Internacional hemos advertido sobre las consecuencias de la estrategia de seguridad militarizada y sus riesgos para los derechos humanos en México en los últimos 14 años. A continuación, presento los principales hallazgos de nuestros informes anuales relacionados con la estrategia de militarizar la seguridad pública en México.

Memoria, verdad y justicia

Primero, es necesario nombrar a las víctimas de la “guerra contra las drogas”, citadas en nuestros informes, como una forma de justicia ante un Estado indolente. Ernestina Ascencio, murió a consecuencia de las heridas causadas por la violación de militares que desempeñaban labores policiales en Veracruz (2007); Bonfilio Rubio Villegas, profesor indígena, fue asesinado por militares en un control de carretera en el estado de Guerrero (2009); Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, son víctimas de desaparición forzada y homicidio cometidos por miembros del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas (2009); Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, fueron asesinados por militares y tomados como presuntos miembros de una banda de delincuentes (2010); Bryan y Martín Almanza, hermanos de cinco y nueve años respectivamente, murieron a tiros por el ejército en Tamaulipas (2010); Jethro Ramsés Sánchez Santana, víctima de desaparición forzada, tortura y asesinato por militares en Morelos (2011); el indígena Carmen Puerta Carrillo, murió por disparos cuando pasaba conduciendo junto a una base militar en la comunidad de Baborigame, Chihuahua (2012); Jéssica Silva, de 35 años, murió en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a consecuencia de los disparos hechos por la Guardia Nacional contra el vehículo en el que regresaba de una protesta de agricultores por los derechos sobre el agua (2020).

En esos años, otras graves violaciones a derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, se presentan como una práctica generalizada y habitual. Entre los distintos casos documentados por Amnistía Internacional en sus informes anuales del periodo 2011-2017 se encuentran los de: Cadereyta, Nuevo León, donde presuntamente un cártel de la droga abandonó 49 cadáveres desmembrados (2012); Tlatlaya, Estado de México, donde, ante la orden de “abatir”, 22 personas fueron asesinadas a manos de soldados en 2014; Ayotzinapa, Guerrero, 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de policías municipales (2014); Apatzingán, Michoacán, agentes de la policía federal y de otras fuerzas de seguridad mataron al menos a 16 personas en 2015; Tanhuato, Michoacán, las fuerzas de seguridad mataron a 43 personas durante un operativo de seguridad en 2015 y Palmarito, Puebla, donde el ejército reportó la muerte de siete personas, incluidos soldados en 2017.

Aunado a lo anterior, los informes de Amnistía Internacional reportan las siguientes cifras de elementos de las fuerzas armadas desplegados: para el año 2007 el gobierno movilizó a más de 25 mil militares en operaciones contra la delincuencia organizada; mientras que en el año 2011, al menos 50 mil efectivos de las fuerzas armadas ejercían actividades policiales; el último informe presentado por Amnistía Internacional da cuenta de que el gobierno de México “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”. Al respecto, el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador indica que “un promedio mensual de 76 mil 726 efectivos militares y navales (SEDENA 64,507; SEMAR 12,219)” participaron en labores militares. 1

El problema con el despliegue militar no sólo está relacionado con la falta de rendición de cuentas, sino que la impunidad es la regla y no la excepción, como en los casos ya referidos. En este sentido, es de destacar que el fuero militar se encargó de revisar los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, incluso después de las reformas al Código de Justicia Militar de 2014. Este hecho fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que seguían sin ser excluidas de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, las cuales debían ser procesadas por la justicia civil (AI, 2015).

La estrategia falló y la militarización continúa

El presidente López Obrador prometió en su campaña el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles. Sin embargo, ha incumplido esa promesa y les ha asignado responsabilidades en distintas áreas ajenas a su naturaleza, tales como la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y del tren Maya, además de la contención de personas migrantes, el control de puertos y la entrega de vacunas contra el COVID-19.

Además, el Ejecutivo emitió el acuerdo presidencial que permite el despliegue permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024. 2 Este acuerdo carece de la regulación de los principios sustantivos del derecho internacional, de acuerdo con los cuales la actuación de las fuerzas armadas en labores civiles debe estar subordinada justamente al poder civil, además de que debe ser complementaria, extraordinaria, regulada y fiscalizada.

Ante la evidencia y la documentación de las violaciones de los derechos humanos en México como consecuencia de la militarización de la seguridad pública, desde Amnistía Internacional hacemos nuevamente un llamado al Jefe del Ejecutivo a cumplir con la promesa de regresar a los militares a sus cuarteles, a garantizar investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de cumplir la ley y reparar de forma integral a las víctimas de este país. Nosotras no llegamos con este gobierno, tenemos décadas denunciando las violaciones a los derechos humanos y aquí seguiremos exigiendo el respeto y la vigencia de los derechos humanos para todas las personas.

* Marcela Villalobos Andrade (@MarceVillalobs) es Presidenta del Comité Directivo de Amnistía Internacional México @AIMexico

 

 

1 Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, Presidencia de la República. Ciudad de México, septiembre 2020. p: 54.

2 Diario Oficial de la Federación, 11 de mayo de 2020. Se puede consultar aquí.

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