Populismo punitivo, lugar común para gobiernos de izquierda y de derecha - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Trabajamos por los derechos humanos en el mundo
Por Amnistía Internacional
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de simpatizantes... Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 7 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. La membresía y los simpatizantes de nuestra organización ejercen influencia sobre gobiernos, grupos políticos, empresas y organismos intergubernamentales. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos. (Leer más)
Populismo punitivo, lugar común para gobiernos de izquierda y de derecha
Las medidas vinculadas al expansionismo penal han demostrado su ineficacia para abordar el fenómeno de la delincuencia. Sin embargo, se siguen utilizando porque son efectivas para ganar popularidad política.
Por Tania Reneaum Panszi
19 de febrero, 2020
Comparte

Desde hace más de tres décadas, hemos atestiguado el uso excesivo del sistema penal para solucionar problemas sociales. Al amparo del populismo punitivo, diversos gobiernos han usado al derecho penal con fines políticos, generalizando un discurso que defiende la extensión del catálogo de delitos, el aumento de penas y el uso de la cárcel como las medidas más apropiadas para resolver el problema de la delincuencia y de la inseguridad.

Elena Larrauri lo explica claramente: los gobernantes usan el derecho penal en el entendido de que aumentar las penas reduce el delito, las penas ayudan a reforzar los valores de la sociedad y se obtiene ganancia o popularidad electoral.

Las medidas vinculadas al expansionismo penal han demostrado su ineficacia para abordar el fenómeno de la delincuencia. Sin embargo, se siguen utilizando porque son efectivas para ganar popularidad política, haciendo creer falsamente que el sistema penal tiene la capacidad de dar respuesta a la angustia colectiva de la inseguridad.

Actualmente, el incremento de las penas para determinados delitos es uno de los temas que ocupa la atención de la opinión pública en México. Es una discusión recurrente que, vista en retrospectiva, ha sido un punto de unión entre los gobiernos de derecha y de izquierda en nuestro país.

Ante el incesante incremento de actos delincuenciales, desde el Ejecutivo se ha vuelto nuevamente la vista al derecho penal como la alternativa para contener la criminalidad, dejando de lado no sólo los criterios éticos que rigen el ejercicio del poder, sino la racionalidad del derecho penal y el enfoque de derechos humanos establecido en la Constitución mexicana.

Así, el Estado intenta generar una sensación de bienestar usando el discurso punitivo, considerando que son pocos los espacios en los que puede generar tranquilidad (pensemos que no lo logra en casi ninguna de las esferas de la vida pública). Es de llamar la atención cómo los gobiernos conservadores y progresistas echan mano de estas narrativas. Ahí está su punto de encuentro, cuando recurren al brazo sancionador del Estado.

En 2008, específicamente el 7 de agosto, el entonces presidente Felipe Calderón propuso al Congreso restablecer la cadena perpetua en el Código Penal Federal. La iniciativa se presentó seis días después de que, lamentablemente, fuera encontrado sin vida el hijo de un conocido empresario mexicano, luego de haber sido secuestrado por presuntos policías judiciales.

La iniciativa proponía, entre otras cosas, aplicar de 25 años de prisión a cárcel vitalicia si el autor del secuestro fuera integrante de una institución de seguridad pública o se ostentara como tal, sin serlo.

Una década después, el 6 de diciembre de 2018, tres meses después de iniciados los trabajos de la actual LXIV legislatura, y cinco días después de la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Senadores aprobó por 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, la ampliación del catálogo de delitos a los que la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva oficiosa. El 19 de febrero de 2019, hizo lo propio la Cámara de Diputados.

Esta decisión estuvo enmarcada en el contexto de la incesante violencia que afecta al país, generada por el accionar del crimen organizado, y para intentar contener los robos al transporte de carga y de hidrocarburos que, entre otros delitos, ocupaban la atención de la opinión pública de manera cotidiana.

Detrás de estas iniciativas subyace la creencia, desde la óptica gobernante, de que el incremento de las penas es una petición expresa de la sociedad, que todas y todos comparten sin la menor discusión, ante el aumento de la delincuencia. Al mismo tiempo se fortalece una clase política de corte conservador que en ocasiones legisla a golpe mediático, un neoconservadurismo, como lo llama Díez Ripollés.

La discusión no es simple y nos obliga a contrastar qué opciones queremos como sociedad. El populismo punitivo cierra posibilidades para explorar la aplicación de una justicia restauradora que implica aspectos relevantes como la reinserción social y la justicia alternativa, elementos esenciales del sistema de justicia penal acusatorio y que transitan por el camino de la racionalidad en la aplicación de la ley.

Además, el populismo punitivo es lesivo del principio de progresividad de los derechos humanos, establecido constitucionalmente, al privilegiar una concepción totalmente represiva del derecho penal, que debe ser la ultima ratio que un Estado debe usar por los efectos que tiene en la vida de las personas. En cambio el Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar con una perspectiva de derechos y no con una perspectiva punitiva.

Bajo esta última perspectiva, en su informe Falsas Sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México, Amnistía Internacional recomendó al Estado mexicano ‒bajo la óptica del derecho internacional de los derechos humanos‒, eliminar de la Constitución y de las leyes, entre otras figuras jurídicas, la del arraigo y la de prisión preventiva oficiosa. La precisión, para esta última fue que la medida cautelar la aplicaran las juezas y jueces con base en una determinación individualizada caso por caso y únicamente cuando otras medidas alternativas resultaran ineficaces.

Durante más de tres décadas el intenso trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) fue fundamental para lograr cambios positivos en el sistema penal mexicano. Sin embargo, el populismo punitivo no ha dejado de estar presente en la política criminal de nuestro país, por eso el trabajo de las organizaciones de derechos humanos se vuelve tan fundamental, al permitir conocer narrativas que dan soluciones desde la perspectiva de los derechos humanos y del fortalecimiento del Estado de Derecho.

* Tania Reneaum Panszi es directora ejecutiva de @AIMexico.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.