¿Qué se pone en riesgo con la militarización de la seguridad?
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Por Amnistía Internacional
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¿Qué se pone en riesgo con la militarización de la seguridad pública?
¿Por qué el Ejecutivo ha asignado tantas tareas del orden civil a los militares, así como presupuesto? Sedena realiza ahora labores de más de 20 dependencias gubernamentales. Los y las mexicanas nos merecemos una explicación clara de esta situación.
Por Edith Olivares Ferreto
20 de septiembre, 2022
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Luego de que el Congreso de la Unión aprobó la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, el poder Legislativo nos queda a deber muchas respuestas, entre ellas: ¿por qué la iniciativa del Ejecutivo no pasó por un Parlamento abierto que permitiera escuchar las diversas opiniones? ¿Por qué fue aprobada pese a que contraviene la Constitución mexicana y tratados internacionales de los que México es Estado parte? ¿Por qué no se atendieron los llamados de la sociedad civil y de organismos internacionales para transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana?

Antes y durante el proceso de votación de la iniciativa en ambas cámaras, desde Amnistía Internacional realizamos, junto con diversas OSCs, un intenso activismo demandando una discusión abierta, documentada, razonada sobre la seguridad pública en México. Sin embargo, no hubo respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Hoy reiteramos que la decisión adoptada por el Congreso de la Unión es lamentable. Es un acto atroz que pone en riesgo la garantía de la vigencia de los derechos humanos en México.

Desde Amnistía Internacional hemos insistido al Estado mexicano, desde hace más de dos décadas, que la militarización de la seguridad pública no es el camino, que tenemos derecho a una seguridad pública que ponga en el centro a las personas y a los derechos humanos; que la criminalidad y la violencia deben abordarse desde la implementación de políticas de seguridad ciudadana, fortaleciendo a las corporaciones policiacas con recursos técnicos, capacitación y el equipamiento necesario para que cumplan su labor de manera eficaz, eficiente y profesional, de tal forma que garanticen la seguridad y la vida de todas las personas.

Sin embargo, ni la administración del presidente Felipe Calderón, ni la de Enrique Peña Nieto hicieron eco de ese llamado, lo que tampoco ha ocurrido con la de Andrés Manuel López Obrador. Palabras más, palabras menos, los tres gobiernos han coincidido en que las corporaciones civiles no están preparadas para cumplir con su tarea. Sin embargo, ninguna de las dos primeras administraciones efectuaron −como tampoco la actual− la inversión necesaria en recursos, personal, equipamiento, capacitación, para que las fuerzas civiles se hagan cargo de esa tarea.

Y mientras ya se anuncia la impugnación del paso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (Sedena), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el panorama se ha complicado aún más.

Al momento de escribir este texto se discutió y aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Dicha modificación plantea que las fuerzas armadas participarían en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 y no hasta el 2024 como se planteó originalmente.

Si el Senado la aprobara también, el Congreso de la Unión estaría apretando aún más el seguro que permitirá a las fuerzas armadas efectuar labores de seguridad pública más tiempo del previsto originalmente.

Militarismo: otra dimensión de preocupación

En este contexto, y a manera de paréntesis, además de la militarización de la seguridad pública, desde Amnistía Internacional vemos con mucha preocupación el avance hacia el militarismo en que la actual administración está sumergiendo a México.

No se entiende por qué el Ejecutivo federal le ha asignado tantas tareas del orden civil a los militares, así como presupuesto, al grado de que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza ahora labores que corresponden a más de una veintena de secretarías, consejos, comisiones y dependencias del gobierno federal, como lo advierte la Plataforma de Proyección de Datos Abiertos (PPData) en su análisis Inventario Nacional de lo Militarizado. Los y las mexicanas nos merecemos una explicación clara de esta situación.

Lo que pasaron por alto en el Legislativo

La discusión de la iniciativa del Ejecutivo federal en el Congreso de la Unión no tuvo el nivel que requería el tema. Los argumentos a favor se caracterizaron por la retórica, los lugares comunes y por la carencia de información basada en datos y hechos. En la discusión previa en la Cámara de Diputados tampoco se le dio espacio al análisis de fondo y en 11 horas de sesión la iniciativa fue aprobada.

Poco importó lo que establecen los artículos constitucionales 21, párrafo 10; 129 y el Quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la GN. Tampoco se tomó en cuenta la obligación que tiene el Estado mexicano de cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como la del caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018, de acuerdo con la cual “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”.

La sentencia, lo hemos destacado en repetidas ocasiones desde Amnistía Internacional, establece en su párrafo 182 que de darse dicha participación ésta debe ser: extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

El Congreso de la Unión tampoco hizo caso de los llamados de los organismos internacionales, particularmente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reiteradamente han recomendado a México desmilitarizar la seguridad pública. Ningún argumento en contra tuvo el peso suficiente para evitar el mayoriteo a favor de la iniciativa del Ejecutivo. La decisión de las dos cámaras del poder Legislativo ha puesto en entredicho los contrapesos del pacto constitucional y por ende la autonomía del poder Legislativo ante el Ejecutivo.

La realidad que niega el Estado mexicano

En reiteradas ocasiones desde Amnistía Internacional hemos advertido que durante los 16 años que llevan los militares en la calles (2006-2022) los homicidios se incrementaron 218 por ciento; también hemos hecho eco del informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) −presentado a México en abril de 2022−, de acuerdo con el cual más del 97 por ciento de las más de 105 mil personas desaparecidas en el país ocurrió a partir de diciembre de 2006.

De 2014 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido al menos 6 mil 661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la GN. En todos esos años la Sedena se ubica entre las 10 instituciones con más quejas y ese listado incluye a la Guardia Nacional.

Entre 2019 y 2021 la Sedena acumuló 25 quejas por privación de la vida y la GN 11. En 2021, la Sedena, la GN y Semar ocuparon el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, de quejas por desaparición forzada. Entre 2019 y 2021 la Sedena acumuló más de 140 quejas por tratos crueles e inhumanos y la GN 114. En 2021, la GN, la Sedena y Semar fueron las instituciones contra las que se presentaron más quejas por detenciones arbitrarias, sumando entre las tres un total de 166.

La Sedena, la GN y Semar están entre las diez autoridades con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos, de acuerdo con la CNDH. Tristemente México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años.

La desmilitarización en el mundo

En abono de lo anterior, un estudio del académico y especialista en seguridad pública Víctor Manuel Sánchez Valdés, destaca que a nivel mundial la tendencia en materia de seguridad es la de contar con esquemas eminentemente civiles.

En el artículo Seguridad pública en el mundo: ¿Quién está al mando? el académico analizó los esquemas de seguridad de 200 países y refiere que 134 de ellos (67 por ciento) cuenta con un esquema de provisión de seguridad completamente civil; en 16 (8 por ciento) la seguridad se comparte entre un cuerpo civil, como la policía nacional y uno militarizado, como la gendarmería; 17 (8.5 por ciento) países cuentan con un esquema de seguridad concurrente de un cuerpo con mando civil y otro con mando militar en tanto que 33 países (16.5 por ciento) cuentan con mando primordialmente militar.

De acuerdo con el artículo referido, la afirmación del Ejecutivo mexicano de que su modelo de seguridad equivale al de Francia o España no es correcta, y precisa que la militarización de la seguridad pública en México se encuentra más bien al lado de países como Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemén, Angola, Nicaragua, Camboya, Kazajastán, Eritrea, Irán, Vietnam, Chad o Siria.

Los siguientes pasos

Como está previsto, una serie de impugnaciones serán presentadas ante la SCJN en contra de la iniciativa de marras. No se descarta incluso la posibilidad de acudir a organismos internacionales, a sabiendas de que el proceso será largo. No puede ser de otra manera cuando está de por medio la defensa de la legalidad y los derechos humanos de todas las personas.

La SCJN tiene pendiente de resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas dos de la CNDH, la 62/2019, contra la expedición de la Ley de la Guardia Nacional y la 63/2019, contra la creación del Registro Nacional de Detenciones. También debe resolver otras presentadas por gobiernos estatales y municipales contra el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, también denominado “acuerdo militarista”.

A esto se suma el lamentable pronunciamiento que emitió la CNDH, el 13 de septiembre de 2022, en el que advierte que no promoverá posicionamiento institucional alguno respecto de las reformas aprobadas por el Senado que adscriben la GN a la Sedena. La CNDH marcó así su distancia de las OSCs que luchamos por una seguridad pública civil.

Las personas en México tenemos derecho a contar con un esquema de seguridad pública que no sea militarizada, como ocurre en la mayoría de las naciones y que, en cambio, ponga en el centro a las personas y a los derechos humanos. Sabedoras de que #LaMilitarizaciónNoEsLaSolución desde Amnistía Internacional continuaremos la lucha que iniciamos hace más de dos décadas hasta lograr ese objetivo.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).

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