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Sin Justicia: investigaciones de feminicidios en Edomex, con deficiencias similares a las de Ciudad Juárez en los 90
Pérdida de evidencias, sin perspectiva de género y sin avances son las principales deficiencias en las investigaciones sobre feminicidios en el Estado de México, de acuerdo con el más reciente informe de Amnistía Internacional.
Por Marta Martí Barrachina
20 de septiembre, 2021
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El 11 de marzo del 2015, Laura Curiel empezó a buscar a su hija, Daniela Sánchez Curiel, desaparecida ese mismo día en el Estado de México y posible víctima de un feminicidio. Desde entonces no solo ha tenido que enfrentar el dolor de perder a su hija, sino también la desesperación de ver que las autoridades no hacen lo suficiente para encontrarla.

Laura asegura que cuando acudía a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para conocer los avances de la investigación, uno de los agentes del Ministerio Público le preguntaba: “¿señora, qué me tiene?, ¿qué me ha investigado?, ¿qué sabe?”, a lo que ella respondía: “bueno, yo vengo a que tú me digas qué has investigado, qué tienes, qué sabes”.

La falta de investigación es una de las tres deficiencias que Amnistía Internacional identificó en las investigaciones penales de desapariciones y feminicidios a cargo de la FGJEM. Además, Amnistía Internacional constató que las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos (por ejemplo, porque las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos) y que no aplican correctamente la perspectiva de género. Todo ello obstaculiza el proceso judicial y aumenta las probabilidades de que los casos queden impunes.

Amnistía Internacional presenta estos hallazgos en el informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México. Esta entidad federativa tiene la menor calidad comunitaria del país, es la segunda con una mayor percepción de inseguridad pública y tiene el índice de impunidad más elevado.

En los últimos años, en algunos de los municipios mexiquenses, como Ecatepec o Chimalhuacán, han ocurrido una serie de brutales feminicidios que han sido comparados con los emblemáticos asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de los 90. También en los últimos años ha habido un aumento del número de desapariciones de mujeres, que podría estar escondiendo una magnitud mayor del problema de los feminicidios 1.

Además de la desaparición y posible feminicidio de Daniela Sánchez Curiel, Amnistía Internacional documentó los casos de tres víctimas de feminicidios precedidos de desaparición: Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

La realidad de cómo investigan las autoridades

En todos los casos documentados, las familias de estas mujeres han visto cómo las autoridades que debían llevar a cabo las investigaciones para que los responsables fueran juzgados perdían evidencias, no investigaban suficiente o no aplicaban correctamente la perspectiva de género.

Por ejemplo, las autoridades que participaron en la investigación del feminicidio de Diana Velázquez no analizaron ni resguardaron la ropa que llevaba y actualmente se desconoce su paradero. Además, la familia asegura que el cuerpo de Diana no estaba resguardado adecuadamente en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), y que la encontraron en el suelo, junto al cuerpo de otras personas y sin protección. Por si esto no fuera suficiente, han tenido que soportar los comentarios machistas y estereotipados sobre la vida íntima de Diana, hechos por algunas personas de la Fiscalía.

Las hijas de Julia Sosa trataron de denunciar la desaparición de su madre, pero ante la inactividad de las autoridades, fueron ellas quienes acabaron dando con su paradero, en un rancho cercano al municipio de Ozumba de Alzate, Estado de México. A pesar de que llamaron inmediatamente a la autoridad ministerial, no llegó hasta 21 horas después del aviso, lo que obligó a las hijas de Julia a quedarse toda la noche resguardando el lugar ellas mismas.

En el caso de Daniela Sánchez, las autoridades no empezaron a recabar entrevistas a personas de su entorno hasta seis meses después de su desaparición. Tampoco se trató de geolocalizar su teléfono, ni el de una de sus exparejas, de quien la familia sospechaba que estaba involucrado en la desaparición. Cuando la Fiscalía solicitó los datos del teléfono de Daniela para analizarlos, después de más de dos años, estos ya no existían. Además, se perdieron otras evidencias porque la laptop y unos discos relacionados con el caso no estaban resguardados adecuadamente, sino tirados en el suelo en una caja de cartón en las oficinas de la Fiscalía.

Las deficiencias en las investigaciones de los casos analizados por Amnistía Internacional coinciden con aquellas ocurridas en otras investigaciones de desapariciones y feminicidios, tanto del Estado de México como de otras entidades federativas, las cuales han sido denunciadas previamente por organizaciones de la sociedad civil, expertas y titulares de derechos. El caso emblemático de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en Ciudad Juárez en el año 2008 mientras reclamaba justicia para el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, es un ejemplo de ello.

Consecuencias para las familias

Aparte de las deficiencias mencionadas, Amnistía Internacional destaca que las familias de las víctimas de feminicidio son revictimizadas por las autoridades a lo largo del proceso de búsqueda de justicia, lo que en sí mismo constituye violencia institucional.

Por una parte, buscar justicia requiere tiempo y es costoso económica y emocionalmente. Debido a las deficiencias que presentan las investigaciones, frecuentemente las familias se convierten en el principal motor de la investigación, lo cual requiere su presencia de forma recurrente en las oficinas de la Fiscalía y otros lugares relacionados con el caso (por ejemplo, para realizar tareas de búsqueda). Ello conlleva que muchas familias sean despedidas o se vean obligadas a dejar sus trabajos.

Por otra parte, buscar justicia es peligroso, pues algunas familias son amenazadas por parte de quienes las familias presumen que podrían estar relacionados con los feminicidios de sus hijas, madres o hermanas. Ante estas situaciones, la protección de las autoridades suele ser insuficiente, provocando que algunas familias se vean en la necesidad de desplazarse a otros lugares. Además, en ocasiones las propias autoridades amenazan y acosan a las familias.

Por todo ello, Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones en las que enfatiza que los sistemas de justicia mexiquense y mexicano deben cambiar para respetar los derechos de las víctimas. Estos cambios deben dirigirse hacia distintas cuestiones, entre las cuales destaca una mejora de las condiciones de los servidores públicos que trabajan en las fiscalías (por ejemplo, actualmente hay profesionales que deben asumir el coste del material con el que trabajan y hay oficinas que no cuentan con una bodega para resguardar evidencias).

Es necesaria también una mayor formación especializada de los servidores públicos para llevar a cabo las investigaciones, pues las capacitaciones suelen ser demasiado genéricas, de acuerdo con las propias personas entrevistadas de la Fiscalía por Amnistía Internacional. También es necesario que se ejerza una supervisión real del trabajo de las personas servidoras públicas y se responda ante las negligencias y las omisiones cometidas en las investigaciones.

#HastaSerEscuchadas

Junto con el informe, Amnistía Internacional lanzó la campaña global #HastaSerEscuchadas, con la finalidad de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación integral del daño causado por dichas deficiencias.

La ausencia de una protección adecuada a las mujeres por parte del Estado mexicano, así como la falta de prevención e investigación de las violencias contra ellas, equivale a un incumplimiento de su obligación de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales firmados por México.

Por todo ello, desde Amnistía Internacional invitamos a todas las personas a sumarse a nuestra campaña, firmando la petición incluida en ella, y a que sumen su voz a la del movimiento para que las autoridades tomen medidas que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres y por el respeto pleno a sus derechos humanos.

* Marta Martí Barrachina (@marta_martib) es investigadora en @AIMexico.

 

 

1 En 2020 se reportaron 2 059 desapariciones de mujeres  (el 5.6% sigue no localizada o desaparecida, el 93% fue encontrada con vida y el 1.4%, sin vida), mientras que en 2019 se reportaron 469 desapariciones (el 5.3% sigue no localizada o desaparecida, el 93.2% fue encontrada con vida y el 1.5%, sin vida). Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Gobierno de México, 2020. Consulta realizada en el mes de julio del 2021.

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