Todo bien (en lo que cabe, porque la verdad es que en el fondo las cosas en lo tocante a este tema siempre están mal) respecto al dictamen que finalmente impulsaron los magistrados en razón de declarar inconstitucional el penalizar a cualquier ciudadano que se encuentre “en posesión” de más de cinco gramos de mariguana, cantidad que ha sido, tradicionalmente, la permitida para evitar ser subido en una patrulla acusado de narcotráfico.

Todo bien, digo, pues resulta ya un poco ridículo suponer que un consumidor habitual va ajustar su posesión al dictamen legal que, honestamente, chiquitea de manera casi irracional el gramaje autorizado. El grande problema tiene que ver con la redacción que, acorde a los tiempos extraños que vivimos, señala a los consumidores necesariamente como farmacodependientes y tilda de forma extrañamente setentera al gustoso habitual de la sustancia: “el Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quién sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma”. El “narcótico” es la mariguana. El “farmacodependiente” es el consumidor habitual de una sustancia que, la ciencia ha comprobado suficientemente, no genera mayor dependencia.

En suma y para variar: la declaratoria de la Corte permite percibir cierto avance en el tema, pero la verdad es que los años pasan y la regulación siempre se queda ahí, a un paso muy pequeño de volverse una realidad consistente que permita el avance de la sociedad mexicana en tema tan fundamental como la despenalización en particular y, en general, el cambio de percepción con respecto al uso de sustancias en el país.

Ejercer acción penal en contra de una ciudadana o ciudadano que salga a la calle llevando consigo un inocente hitter que cargue la cantidad necesaria para consumir durante el paseo representa, tal y como lo señala el dictamen, un atentado en contra del derecho de cada quien a ser como buenamente le venga en gana ser y no constituye, en sentido alguno, un acto de justicia que esté protegiendo a la sociedad de un mal amenazante. Durante años, una lectura equivocada de este hecho que atañe al más esencial sentido común, ha sido el oscuro pretexto esgrimido por la ley y la autoridad para meter a la cárcel a una terrible cantidad de simples ciudadanos consumidores. Así, lo que ha sucedido en la Corte representa un avance, sí, pero un tanto insustancial respecto a la magnitud del cambio de paradigma social que evidentemente representaría el arribo de una regulación integral y en funcionamiento.

El camino de la regulación en nuestro país ha sido particularmente sinuoso y, a estas alturas, ya rayano en una sospechosa irracionalidad. Avanzamos pasitos pequeños, pero no nos atrevemos a dar los grandes pasos que nos permitan arribar a metas mayores que generarían avances sociales contundentes. ¿Por qué? La respuesta, hasta el momento, representa un misterio envuelto en el humo de todos esos gallos que en este justo momento se están encendiendo clandestinamente a todo lo largo y ancho de la República.

@elimonpartido