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Treinta y siete grados
Por Geraldina González de la Vega
Columnista de Gurú Político. Consultora jurídica Ombudsgay. Constitucionalista y ensayista. Se... Columnista de Gurú Político. Consultora jurídica Ombudsgay. Constitucionalista y ensayista. Se ha dedicado principalmente a temas relacionados con derechos fundamentales y teoría de la constitución. Ha sido profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en laUniversidad Anáhuac del Sur, Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace. Mail: [email protected] Blog: http://gerasplace-reloaded.blogspot.com (Leer más)
ABC del caso Radilla en la Corte Mexicana
Por Geraldina González de la Vega
20 de julio, 2011
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Para mi Papá.

Seguramente muchos de ustedes se habrán enterado por las noticias y/o las redes sociales de la decisión de la Suprema Corte con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Rosendo Radilla Pacheco. Las últimas 6 sesionesdel primer periodo ordinario de la Corte fueron dedicadas a revisar el expediente “varios” 912/2010 “Caso Radilla”.

En esta nota intentaré explicar de manera sencilla, para [email protected], qué se decidió.

En septiembre pasado, al analizar el expediente “varios” 489/2010 fundamentado en una consulta del Presidente de la Corte, el Pleno resolvió ordenando se determinara cuál debería ser la participación del Poder Judicial Federal en el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco, dando lugar al expediente 912/2010 proyectado por la Ministra Luna Ramos. La competencia del Pleno para dictar el trámite se fundamenta en el artículo 10, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que su Presidente le formuló una consulta para que se determine si ha lugar a iniciar algún procedimiento para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana. La facultad del Presidente de la Corte de formular una solicitud al Pleno para que determinara el trámite que deberá corresponder a la sentencia pronunciada en el “caso Radilla”, se fundamenta en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La resolución de septiembre de 2010 en el expediente 489 da lugar al nuevo expediente “varios” 912/2010 en los siguientes términos: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe hacer una declaración acerca de la posible participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Radilla”.

En este sentido, se discutió la naturalezadelprocedimiento a travésdelexpediente “varios” pues en México no existe un procedimiento especial para el cumplimiento de una sentencia de una instancia internacional. Las resoluciones de la Corte sobre este asunto carecen de la obligatoriedad que tiene la jurisprudencia (en los términos de la Ley de Amparo) y las declaraciones de invalidez en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales (en términos de la Ley Reglamentaria del 105). Los ministros discutieron si se trataba de un procedimiento jurisdiccional o un administrativo, y, sin que esto haya sido motivo de votación, la mayoría se pronunció por la naturaleza jurisdiccionaldelasunto. Debemos esperar al engrose (sentencia final) para conocer la naturalezadelprocedimiento y su alcance.

Cabe aclarar que a pesar de que las determinaciones de la Corte no sean obligatorias, ello no implica que la sentencia analizada no lo sea.Comoveremos, la fuerza vinculatoria a lo determinado por la Corte surge directamente de la sentencia de la Corte Interamericana.

Para un antecedente del caso y opiniones sobre el asunto, ir aquí.

Aquí pueden ver las sesiones y acá pueden leer las sesiones (se trata de todas las celebradas en el mes de julio).

En las seis sesiones se discutieron distintas cuestiones, gran partedeltiempo giraron en torno al aspecto metodológico y formal, mismas que aquí no explicaré pues se trata de cuestiones muy técnicas. Me interesa explicar los alcances de las decisiones de fondo pues se trata de decisiones que concretizan el nuevo artículo 1° de nuestra Constitución y que modificarán significativamente el marco de los derechos humanos en nuestro país.

De antemano [email protected] [email protected], una disculpa por la nota tan larga, pero se tomaron varias determinaciones.

Del expediente “varios” 912/2010 se desprenden las siguientes decisiones:

1) Las sentencias condenatorias contra el Estado Mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos.

Esta decisión innecesaria como la llama Adriana Muro en su texto en el Blog “Los Juegos de la Corte” fue tomada de manera unánime. Era inútil discutir si las sentencias de la CorIDH son obligatorias o no para México porque México aceptó su jurisdicción (esto es la potestad de esa Corte como autoridad para interpretar y aplicar las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos –CADH- y resolver las controversias de manera definitiva). México se adhirió a la CADH en 1981 y reconoció la competencia de la CorIDH en 1998. En México el procedimiento para adherirse a instrumentos internacionales se da en tres momentos: primero, el Estado Mexicano es representado por el Ejecutivo, quien firma el tratado (artículo 89 fr. X constitucional); segundo, el Senado Mexicano, como representante del Pacto Federal, revisa el instrumento internacional y después de dictaminar su congruencia con la Constitución y su conveniencia para México lo debe aprobar por una mayoría (artículo 76 fr. II constitucional); tercero, el Ejecutivo ratifica ante la instancia internacional competente su adhesión. Con ello, los tratados internacionales se convierten en normas válidas y vigentes en nuestro país (art. 1° y 133 constitucionales). Entonces, el Estado mexicano aceptó la jurisdicción de la CorIDH, la que emite sus sentencias con obligaciones para el Estado mexicano. El Estado mexicano ejercita su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por los de los Estados, es decir, es un Estado Federal (artículo 41 constitucional). El Poder se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial (artículo 49 constitucional), de manera que los ministros no tenían competencia alguna para determinar si las sentencias de la CorIDH eran obligatorias para el Poder Judical o no. Fue una decisión soberana la aceptación de la jurisdicción de la CorIDH y con ello de sus determinaciones, y en consecuencia, el Estado mexicano, como un todo, deberá cumplirlas en el ámbito de su división de competencias, es decir, cada poder deberá cumplirla en lo que le toca de acuerdo con la Constitución. De esta forma, la sentencia Radilla establece obligaciones para el Estado mexicano quecomo sujeto internacional debe cumplir.

Esta decisión se relaciona directamente con la obligaciones de control de convencionalidad que adelante se explica.

2) Los criterios interpretativos (jurisprudencia) de la CorIDH son orientadores para el Poder Judicial de la Federación cuando México no sea parte de los casos que generan dicha jurisprudencia.

Esta decisión que se tomó por mayoría de 6 de 11 votos posibles molestó a varios pues la discusión giró en torno a dos posibilidades: los criterios son orientadores u obligatorios. Primero habría que aclarar que estos criterios interpretativos o jurisprudencia de la CorIDH se refieren únicamente a aquellas resoluciones en que México NO sea parte, esto es así porque antes se votó que todas las sentencias de la CorIDH en que México sea parte serán obligatorias para el Poder Judicial. Los ministros mostraron su “celo jurisdiccional” al no querer permitir que una instancia internacional establezca pautas interpretativas obligatorias para ellos, pues en México es la Suprema Corte la que establece estas pautas interpretativas para todos los jueces del país. Para quienes defienden la idea de un derecho común de los derechos humanos en la región, el hecho de que la Corte no estime como obligatorios los criterios de la CorIDH significa una barrera a la unificación jurídica de los derechos humanos y una contradicción con el ejercicio soberano que implica la adhesión a la CADH y la aceptación de la jurisdicción de la CorIDH. De acuerdo con la Convención, es la Corte la única autoridad competente para interpretarla, y si las normas de la CADH son obligatorias para México y conforme al nuevo artículo 1° gozan de jerarquía constitucional, entonces sólo la CorIDH puede determinar sus alcances y significado.

La realidad es que aunque se haya votado por mayoría por el carácter orientador de los criterios, yo pienso que su aplicabilidad de acuerdo con los principios del nuevo artículo 1° será obligatoria. El nuevo artículo 1° establece que a) los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales tienen rango constitucional, es decir, gozan de supremacía; b) la interpretación y aplicación de los derechos deberá hacerse de acuerdo con el principio pro persona, lo que implica que la autoridad (cualquiera) deberá preferir aquella interpretación que favorezca a los derechos de la persona (la más extensiva cuando se trate de reconocerlos y la más restrictiva cuando se trate de limitarlos) y; c) que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; ello quiere decir, que los derechos humanos deberán ser siempre entendidos como iguales para todos; que los derechos dependen unos de otros y por ello deberá vigilarse que tanto para su protección como para su limitación no se lastimen otros derechos; que los derechos no son fragmentables pues tienen un núcleo escencial que debe ser siempre respetado y protegido totalmente; y que se debe tomar en cuenta siempre el momento histórico para satisfacerlos, es decir, que para interpretar las normas de derechos humanos, la autoridad deberá atender a la realidad.

Pienso que en congruencia con ello, la determinación de la Corte de que la jurisprudencia de la CorIDH será orientadora no es óbice para que deba aplicarse si es que ese criterio cumple con los principios que de manera obligatoria deberán observar las autoridades a la hora de interpretar y aplicar normas de derechos humanos. En resumen: el artículo 1° hace de los criterios interamericanos normas obligatorias cuando éstas beneficien a la persona, y la autoridad que no lo contemple estará incumpliendo con una obligación constitucional.

Esta decisión está directamente relacionada con el control de convencionalidad y de constitucionalidad, las que al desprenderse de la sentencia, se vuelven obligatorias,comose explica adelante.

3) Que todos los jueces del Estado Mexicano están obligados a inaplicar las normas contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que se proponga la modificación de la jurisprudencia P./J. 74/99.

Esta importantísima decisión se tomó por mayoría de 7 votos. Los sistemas constitucionales normativos, como el nuestro, implican que hay una norma suprema de la cual surge todo el sistema jurídico. Es decir, la Constitución es una norma vinculante, pero también es una fuente de las demás normas del sistema. Como norma fuente la Constitución determina qué contenidos pueden tener las normas inferiores, o qué contenidos no pueden contradecir, es decir, establece los parámetros materiales para la formación de las nuevas normas. También, la Constitución establece las reglas formales para la creación de las normas inferiores, esto es, la Constitución determina quién puede crear normas, bajo qué supuestos y cómo. De esta forma, dicen los juristas, se crea una pirámide normativa, de donde se desprenden normas desde la base (lo más general), siendo la Constitución la norma suprema de todo el ordenamiento. Cada norma superior dicta las reglas materiales y formales para la validez de la norma inferior y de esta forma se crea la pirámide normativa y una cadena de validez de norma a norma. Esto se conoce como principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, mismos que se encuentran contenidos en el artículo 133 de la Constitución y desde hace unas semanas también en el artículo 1°. Para que una norma sea válida, es decir para que adquiera membresía en el sistema jurídico, deberá ser material y formalmente compatible con la Constitución. Una norma que, por ejemplo, contradice algún derecho reconocido en la Constitución, sería inválida o una norma creada por una autoridad que no tiene la competencia para hacerlo, sería también inválida. De acuerdo con el principio de supremacía constitucional, se crea la revisión judicial de las normas, esto es conocido como jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es la potestad de un Tribunal como autoridad para interpretar y y revisar la compatibilidad de otras normas con las normas de la Constitución y resolver las controversias de manera definitiva. La invalidez de una norma debe ser declarada por esta autoridad, pues aunque sea “evidente” la inconstitucionalidad de una norma, ésta incompatibilidad debe ser declarada por “alguien” competente. La jurisdicción constitucional lleva a cabo el control de constitucionalidad, es decir, controla que las normas inferiores sean material y formalmente compatibles con la Constitución y en caso de no serlo, puede expulsarlas del sistema, esto es declararlas inválidas por inconstitucionalidad. No voy a entrar mucho en detalles, pero me interesa resaltar que existen principalmente dos modelos de control de constitucionalidad: el control concentrado y el control difuso. El primero, surgió después de la Segunda Guerra Mundial y es aquél que concentra toda la revisión de la validez normativa en un sólo Tribunal, un ejemplo de este modelo es Alemania, con su Tribunal Constitucional Federal. El segundo, es mucho más antigüo (S. XIX) y tiene su origen en los Estados Unidos. En el control difuso cualquier juez puede revisar la constitucionalidad de las normas, en el concentrado sólo puede hacerlo un tribunal instituido para ello. México tiene un sistema mixto, pero la única instancia competente para declarar la invalidez de las normas es la Suprema Corte a través de procedimientos especializados como la Acción de Inconstitucionalidad.

El artículo 133 constitucional establece que “la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” En realidad este artículo establece que todos los jueces deberán revisar la validez de las normas atendiendo a la jerarquía normativa que expliqué arriba (la pirámide). De acuerdo con este artículo, debido a que la Constitución, las leyes generales y los tratados internacionales son la ley suprema, todas las demás normas deberán estar de acuerdo con ellas y en consecuencia los jueces deberán revisar las normas que apliquen.

Sin embargo, la Corte mexicana hasta ahora había interpretado (esta es la tesis P./J. 74/99) que el control difuso de constitucionalidad (es decir, por parte de todos los jueces) no está permitido por la sistemática de la Constitución (esto es una interpretación que atienda a la Constitución en su conjunto y no a una de sus normas de manera aislada) al otorgarle la competencia material de control únicamente al Poder Judicial Federal. Ello quiere decir que los jueces no podían revisar la compatibilidad de una norma con la Constitución, y que aunque le pareciera que la contradecía, el juez estaba obligado a aplicarla. La resolución adoptada pretende que los jueces hagan un control de las normas en coherencia con los artículos 133 y 1° y en caso de contradicción, apliquen la norma más favorable a los derechos de la persona.

Entonces, la decisión tomada por el Pleno de la Corte establece que los jueces, todos, podrán ahora inaplicar las normas que consideren contrarias a la Constitución. La diferencia entre inaplicar y declarar inválida una norma radica en sus efectos. La inaplicación tendrá efectos únicamente entre las partes y la norma seguirá existiendo, mientras que la declaración de invalidez explusa del sistema la norma inconstitucional, hasta ahora sólo la Corte pueden declarar inválidas normas a través de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional. En el amparo los jueces federales únicamente pueden considerar la contradicción de la norma con la Constitución para su sentencia, pero no podían resolver que ésta fuera inválida pues los efectos del amparo son inter partes (hay una reforma pendiente de concretizar en el sentido de permitir los efectos generales, falta la nueva Ley de Amparo).

La decisión del pleno deberá esperar a que se solicite la modificación de la tesis P./J. 74/99 para hacer obligatorio el control de constitucionalidad difuso, pues se trata de una tesis de jurisprudencia que en términos de la Ley de Amparo vigente es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales. Para la modificación de esta tesis deberá el Pleno determinarlo a través de 8 votos o en salas, a través de cuatro; con ello se interrumpe la jurisprudencia, es decir, deja de tener carácter obligatorio y la tesis “nueva” se convierte en el nuevo criterio orientador. Pero para que ésta sea obligatoria, deberán resolverlo cinco veces seguidas, sin ninguna en contra, por el mismo número de ministros dependiendo si es en Pleno o en Salas.

De manera que el control difuso de constitucionalidad no es todavía obligatorio para todos los jueces, pero los ministros tienen la disposición de que así sea. A pesar de que esta determinación fue tomada por una mayoría de 7 votos cabe aclarar que: la Ministra Luna estaba en comisión, los ministros Aguirre, Aguilar y Pardo no estaban de acuerdo pues consideraron que esta decisión rebasaba la competencia de la Corte al tratarse de un expediente “varios” y que para determinarlo debería hacerse frente a un caso concreto.

Ahora, se me ocurre que la tesis 74/99 es contraria al nuevo artículo 1° en virtud de que este ahora establece como obligatoria la interpretación conforme (con la Constitución y los tratados de derechos humanos), por lo que en atención al texto de la Constitución todos los jueces deberán aplicar la norma de derechos más favorable y ello implica un control de constitucionalidad. La decisión es coherente con el sistema constitucional, pues de acuerdo con el nuevo artículo 1° y en relación con el 133 si un juez aplica una norma contraria a los derechos humanos estaría actuando de forma contraria a la Constitución violentando no sólo estos dos artículos, sino también el principio de legalidad. Pienso que a partir de ahora los jueces, todos, podrían realizar un control de constitucionalidad sin que  aunque ello contradiga la tesis 74/99.

Se ha dicho que esto crearía un “caos” jurídico que violentaría el principio de seguridad jurídica, la realidad es, que como se dijo en el Pleno, esta decisión acerca la Constitución a todos los jueces, quienes en el ámbito de sus competencias deberán siempre observar la norma suprema. Desde un juez de paz, hasta uno de la Junta de Arbitraje, del Tribunal Fiscal, en los juzgados civiles, penales, en materia familiar o mercantil, todos y todas las juezas deberán siempre atender los derechos de las personas y ello no es un cambio menor. Si los jueces equivocan su criterio, existen siempre los remedios legítimos para recurrir sus determinaciones, ya sean en segunda instancia o por la vía del amparo. Con ello, se irán acercando estas determinaciones a las jurisdicciones competentes del control concentrado y la declaración de invalidez de las normas. El sistema se volverá más eficiente y mucho más “amigable” con los derechos humanos.

Otra duda que ha surgido es ¿qué sucederá en caso de inaplicación de una norma? La respuesta es sencilla se aplicará el artículo 14 constitucional, y en su caso, las disposiciones legales aplicables. Y también, existirán los remedios legales en contra de estas determinaciones. Evidentemente habrá excepciones, como el que mencionó el Ministro Cossío de los casos penales en que la autoridad no puede impugnar o promover amparo, para el caso podrá reformarse la legislación aplicable.

Cabe mencionar que el Tribunal Electoral, por la vía del artículo 99 constitucional tiene ya la competencia para inaplicar leyes que contradigan a la Constitución y sobre ello debe de dar aviso a la Corte, la que deberá resolver, en su caso, la contradicción de tesis entre el criterio de inconstitucionalidad del Tribunal Electoral y el del Pleno o Salas.

Ahora, esta decisión es en realidad consecuencia de otra, pero en aras de claridad opté por explicar primero el control de constitucionalidad y después, el de convencionalidad:

4) El Poder Judicial de la Federación debe ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Y que la obligación de realizar el control de convencionalidad es para todos los jueces del Estado Mexicano.

Ambas decisiones fueron tomadas por una mayoría de 7 votos. En realidad la decisión sobre el control de constitucionalidad se derivó de esta determinación sobre el control de convencionalidad pues ésta se desprende de una de las obligaciones de la sentencia de la CorIDH (párrafo 339). A pesar de que en el proyecto, la Ministra Luna se pronunciaba en contra del control difuso de constitucionalidad y lo descartaba como una consecuencia lógica del control de convencionalidad, los ministros de la mayoría por contrario llegaron a la conclusión de que todos los jueces mexicanos deberán revisar la constitucionalidad de las normas que aplican, por un principio lógico: si deberán realizar un control de convencionalidad para cumplir con las obligaciones de los artículos 1° y 133, es incoherente que no puedan revisar la constitucionalidad, en aplicación del principio de supremacía.

El concepto de control de constitucionalidad es un concepto de creación judicial bastante reciente. La Corte Interamericana lo ha recogido a partir del caso Almonacid Arellano vs. Chile de 2006 y a partir de entonces lo ha venido desarrollando. El control de convencionalidad se refiere a la revisión de congruencia entre las normas nacionales y la CADH que deberán realizar tanto los jueces, como las autoridades de los Estados parte de la Convención. En términos de lo explicado sobre el control de constitucionalidad: el control de convencionalidad (concentrado) es competencia de la Corte Interamericana, es decir, la CorIDH únicamente puede conocer de violaciones a la Convención y no puede resolver sobre el fondo de los asuntos presentados a su consideración. Sin embargo, la tendencia hacia la creación de un derecho común de los Derechos Humanos en la región ha evolucionado de tal forma que hoy la Corte Interamericana reconoce el control difuso de la convencionalidad. Ello implica pues que, si la Convención es derecho nacional de los Estados Parte, entonces todos los jueces deberán vigilar que este sea cumplido en términos de la propia Convención (artículos 1 y 2 de la CADH). En palabras de Ferrer Mac-Gregor: “los jueces nacionales se convierten en jueces interamericanos: en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos adicionales  eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad.” Y si seguimos esta idea y la relacionamos con el control de constitucionalidad, los jueces mexicanos serán al mismo tiempo guardianes de la Constitución y guardianes de la Convención lo que implica una mejor protección y garantía de los derechos humanos.

Evidentemente – y lo dice la propia CorIDH- ello deberá hacerse atendiendo a la normativa interna, la que definirá competencias y efectos. Por ejemplo, en México la invalidación de normas es exclusiva del Poder Judicial de la Federación a través de procedimientos especiales, los demás jueces únicamente podrán realizar una interpretación conforme a la Convención o inaplicar la norma en el caso concreto. La interpretación conforme es una forma de salvar la incongruencia de una norma con la Convención cuando esta admite diversas posibilidades de interpretarla. Por otro lado, el control de convencionalidad es una consencuencia lógica de la garantía de “no repetición” que suelen establecer las sentencias condenatorias. La garantía de no repetición, como su nombre lo indica, obliga al Estado encontrado culpable de una violación a la CADH de no continuar realizando el acto o aplicando la ley que se reclama como contraria a la Convención. Entonces, la única forma de evitar repetir la violación a la CADH es realizando un control de convencionalidad. Para una explicación amplia ver el voto razonado de Eduardo Ferrer Mac-Gregor como juez ad hoc en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.

Esta decisión se sucede a las decisiones sobre la obligatoriedad de las sentencias y sobre la naturaleza de la jurisprudencia de la CorIDH pues a pesar de que la mayoría votó porque éstos son de naturaleza orientadora, el hecho de que la Sentencia establezca que el control de convencionalidad como obligatorio hace que los criterios de la CorIDH sean obligatorios — siempre y cuando sean más favorable a la persona (principio pro personae). Esto es así, pues la sentencia Radilla en el párrafo 339 establece que:

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” (negritas mías)

Es decir, al votar el Pleno, por unanimidad, que las sentencias de la Corte son obligatorias, aceptó implícitamente la obligatoriedad del control de convencionalidad y con éste la obligatoriedad de la jurisprudencia de la CorIDH.

Este criterio, por la vía del expediente “varios”, no goza tampoco de obligatoriedad para todos los jueces del Poder Judicial y deberá ser reiterado en el análisis de casos concretos para que obtenga el carácter de jurisprudencia. Sin embargo, esta interpretación se convierte en un criterio para los jueces mexicanos, quienes en términos de la Constitución mexicana (artículos 1° y 133) y como parte del Estado mexicano están obligados a cumplir con la CADH y las sentencias condenatorias de la CorIDH.

En resumen:

La mayoría en el Pleno votó por un modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad (propuesto por el Ministro Cossío) que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339 de la sentencia de la CorIDH y en los artículos 1º, 103, 105 y 133, de la Constitución:

1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravenga la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos (en el ámbito de sus competencias).

2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones.

3. Las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos.

5) Sobre el llamado “fuero militar” se tomaron 3 decisiones básicas:

Por mayoría de 7 votos que el Poder Judicial Federal deberá adecuar sus “subsecuentes interpretaciones constitucionales y legales sobre la competencia material y personal de la jurisdicción militar con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

El artículo 13 constitucional reconoce en su tercera disposición el llamado fuero de guerra: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.” Esto quiere decir que en México el fuero militar es de carácter material, esto es, que implica únicamente delitos de tipo militar; y de carácter personal, esto es, que implica únicamente a militares. De ello se desprende que el fuero de guerra puede ser aplicado única y exclusivamente a militares que cometan delitos o faltas relacionados con la disciplina castrense y que “todo lo demás”, esto es, cualquier otro delito del orden común o federal, será investigado y perseguido por las autoridades civiles, aún y cuando el autor de la violación sea militar y lo haga en cumplimiento de sus funciones. La interpretación a la inversa que se ha realizado del artículo 13 permitiendo que exista un fuero militar por delitos del orden civil para militares contradice el constitucionalismo democrático y la tendencia internacional. La Corte ha determinado en consecuencia que en lo sucesivo se interpretará el artículo 13 en este sentido, en congruencia con la CADH.

También determinó que los jueces del Estado mexicano deberán replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo 1º constitucional, decisión tomada por unanimidad con salvedades (10 votos, la Ministra Luna ausente por comisión).

Una de las obligaciones más importantes de esta sentencia es la supresión del llamado fuero militar en casos de violación a los derechos humanos, pues de acuerdo con el artículo 57, fracción II, inciso a) y penúltimo párrafo del Código de Justicia Militar vigente:  Son delitos contra la disciplina militar, los del orden común o federal, que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Cuando en éstos casos concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar”.

La redacción vigente del artículo 57 del Código de Justicia Militar, además de contravenir el artículo 13 de la Constitución, permite que los militares sean juzgados por su propio gremio aún y cuando los actos u omisiones cometidos no sean materia de la disciplina militar. De esta forma, se crea una jurisdicción especial para los militares, quienes serán investigados, juzgados y sentenciados por sus propios colegas, lo cual contradice los principios del Estado democrático de Derecho, en especial el de igualdad y el de división de poderes. La justicia militar es impartida por miembros de la Secretaría de la Defensa, esto es, tanto el ministerio público militar y la policía que lo auxilia, como los Tribunales militares y sus jueces pertenecen a las fuerzas armadas y no, como sus nombres parecen indicar, al Ministerio Público Federal y al Poder Judicial Federal, respectivamente.

La CorIDH resolvió que el artículo 57 del Código de Justicia Militar contradice la Convención y el propio artículo 13 constitucional y ordenó al Estado mexicano a adecuarlo y a garantizar la no repetición de las violaciones. Con ello, es evidente que surge la obligación directa del Poder Legislativo de modificar el artículo en cuestión. Sin embargo, la Corte mexicana determinó que también para el Poder Judicial se desprendían obligaciones que se fundamentan también en la garantía de no repetición y en el control de convencionalidad y constitucionalidad que ya se habían votadocomonecesarios. De tal forma que el Poder Judicial se adelantará al Legislativo en inaplicar y en su caso, declarar inconstitucional y contrario a la Convención el artículo 57 fracción II inciso a) del Código de Justicia Militar.

Finalmente y en relación con lo anterior, se determino por unanimidad de 10 votos (la Ministra Luna en comisión) que la Suprema Corte, para la efectividad del cumplimiento y en aplicación del artículo 1º constitucional, deberá reasumir su competencia originaria para conocer de los conflictos competenciales entre la jurisdicción militar y la civil. Con ello la Corte garantiza que será ella quien en última instancia determinará el sentido y la aplicación de las normas, pues se trata de la instancia competente para interpretar la Constitución y determinar la validez de las normas.

Se ha dicho que para las determinaciones sobre el fuero habrá que esperar a que se presenten los primeros casos concretos pues las decisiones en un expediente “varios” no pueden ser obligatorias para el Poder Judicial. Y aunque algunos ministros explicaron en la discusión que se trata de un compromiso moral de la Corte de resolver en este sentido en los próximos asuntos, creo que las determinaciones si son obligatorias para el Poder Judicial en tanto que se desprenden de una sentencia obliga al Estado mexicano, es decir, vincula a todos los jueces nacionales. Ahora bien, se dijo también que se trata únicamente de un procedimiento de definición de criterios al ser una determinación especial de la Corte para cumplir con una sentencia y en consecuencia lo decidido tendría la naturaleza de una tesis aislada. Es decir, no sería obligatoria pero si orientadora. En este sentido ilustran las palabras del Ministro Ortiz “La fuerza vinculatoria viene de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hacemos nosotros? Estudiar la sentencia, y decir: Para cumplir con lo resuelto hay que hacer toda esta serie de cosas. ¿Quién las va a hacer y cómo? Pues dentro de las respectivas competencias, […], no estamos desde aquí dando órdenes concretas de lo que el Consejo debe hacer. La orden viene de la sentencia cuyo cumplimiento nos hemos manifestado dispuestos a hacer.”

En palabras del Ministro Cossío, lo que estas tres determinaciones hacen es “numero 1. Sí existe esta obligación interpretativa; número 2. Sí le corresponde a esta Suprema Corte de Justicia; y número 3. Es en el sentido de cambiar la interpretación del artículo 57, fracción II. Hasta ahí se puede quedar que creo que es lo que hace el proyecto en lo concreto, hay un pronunciamiento de cumplimiento general. Ahora bien, qué va a acontecer […] pues cuando vengan casos a esta Suprema Corte o estemos en la posibilidad de atraerlos o reasumir competencia, o cualquiera de las modalidades que tenemos para que los asuntos asciendan a nosotros, en esos casos concretos por cumplimiento de una obligación que ya  identificamos en los casos concretos revocamos o confirmamos o ya veremos cómo viene el caso concreto y la situación concreta en cada uno de los asuntos.

Aún así, habrá que esperar a ver qué se define en la sentencia final (el engrose).

El Ministro Zaldívar advirtió que en la Primera Sala radica el Amparo en Revisión 168/2001 en el cual son quejosas la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra, en donde se plantea el acceso al expediente de averiguación previa que se encuentra ante la Procuraduría General de la República por los hechos del caso Radilla Pacheco.

–ooOOoo—

Una reflexión final: La sentencia Radilla se analizó en un momento clave, pues se hace después de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo, pero antes de que las segundas entren en vigor y que el legislador expida la nueva Ley de Amparo, de manera que éste, para darles un marco legal que las haga posibles y eficientes, deberá tomar en consideración las decisiones de la Corte. A partir de la expedición de esta nueva Ley de Amparo estaremos muy probablemente ante la décima época de la Corte, lo que implicará todo un nuevo sistema de justicia constitucional. Se abandonarán criterios y se construirá un nuevo marco para la justicia, no sólo la constitucional, sino la nacional a la luz de las recientes reformas constitucionales. La construcción de un diálogo entre jurisdicciones que reconoce la coexistencia de sistemas nacionales, regionales e internacionales no puede más que ayudar a contribuir con la garantía y promoción de los derechos y en el desarrollo de estándares regionales que harán que todas las personas en el continente puedan aspirar a tener una mejor calidad de vida y un mayor respeto de sus libertades y derechos.

La decisión sobre el cumplimiento de la sentencia del Caso Radilla le da sentido al nuevo artículo 1° constitucional, si bien en circunstancias aún poco claras debido a la naturalezadelprocedimiento. Aún así, la Cortecomointérprete de la Constitución ha definido el alcance que tiene el nuevo marco constitucional de los derechos humanos y con sus determinaciones ha construido un Bloque de Constitucionalidad.

Felicito a las ministras y a los ministros por la calidad en el debate y por el valor democrático de sus decisiones. Hace ya 10 años que me acerqué al constitucionalismo, y tuve siempre esta sensación de atraso en la dogmática mexicana respecto de otros países en América Latina y de Europa. Hoy me siento orgullosa de los pasos que el Poder Revisor y la Corte han dado, Ojalá los y las mexicanas estemos a la altura para mantenerlos y superarlos.

 

*Esta nota no tiene otra pretensión más que intentar explicar qué alcance tienen las decisiones de la Corte y qué significarán de ahora en adelante, así es que por favor: déjame tus comentarios y observaciones aquí abajo. Gracias!

 

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