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Treinta y siete grados
Por Geraldina González de la Vega
Columnista de Gurú Político. Consultora jurídica Ombudsgay. Constitucionalista y ensayista. Se... Columnista de Gurú Político. Consultora jurídica Ombudsgay. Constitucionalista y ensayista. Se ha dedicado principalmente a temas relacionados con derechos fundamentales y teoría de la constitución. Ha sido profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en laUniversidad Anáhuac del Sur, Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace. Mail: [email protected] Blog: http://gerasplace-reloaded.blogspot.com (Leer más)
¿Por qué es importante el Caso Cassez? una reflexión
Por Geraldina González de la Vega
11 de marzo, 2012
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-Esta reflexión proviene de varios intercambios que tuve en estos días en twitter, así que gracias a [email protected]

La imagen es de Nexos

Evidentemente, la primera respuesta a esta pregunta la da la enorme cobertura en los medios de comunicación y el intercambio “diplomático” entre México y Francia. Pero la realidad va más allá del caso de una “francesa secuestradora”, se trata de una prueba a nuestro sistema de justicia penal y a las garantías del proceso.

En diciembre la AgenciaFederalde Investigación (AFI) montó un operativo para las cámaras de televisión en donde escenificó la captura de dos supuestos secuestradores: Florence Cassez e Ignacio Vallarta y el rescate de tres víctimas en el Rancho “Las Chinitas”, donde supuestamente vivían Cassez y Vallarta. Esta escenificación fue presentada en la televisión como real, es decir,la AFIy las televisoras engañaron a la audiencia diciendo que el rescate y captura sucedía en vivo. Durante cerca de dos horas, dos periodistas en el lugar entrevistaron a las 3 víctimas rescatadas, así como a Cassez y Vallarta, señalándolos, repetidamente y sin lugar a dudas, como culpables. “Es claro que ellos fueron”, “ella niega tener algo que ver, pero es evidente que ella era la secuestradora de estas víctimas” repetían los periodistas frente a las cámaras de TV, a las 3 víctimas y policías. Cassez aparecía sorprendida y repetidamente negó tener algo que ver con los secuestros, aunque aceptó vivir en esa casa. El país entero vio estas escenas durante todo el día, era “obvio” que si la captura había sido en vivo, los delincuentes habrían sido aprehendidos en flagrancia,  es decir, “los cacharon con las manos en la masa”.

Sin embargo, tiempo después el director de la AFI, el ahora Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aceptó que esto no fue así, que en realidad se trató de una recreación del operativo para la televisión “porque los medios así lo pidieron” y que Florence y Vallarta habían sido aprehendidos horas antes en la carretera México-Cuernavaca.

Puedes ver AQUÍ el video sobre la aceptación de García Luna.

Es decir, eso que vimos fue un teatro parala TVque preparó la policía, poniendo en riesgo las vidas de las tres personas secuestradas y violando derechos de Cassez y Vallarta quienes debían de haber sido puestos a disposición del Ministerio Público de manera inmediata y no llevados a actuar frente a las cámaras de televisión. Además, al tratarse de una ciudadana extranjera, Cassez tenía el derecho de comunicarse con su consulado inmediatamente a su detención, derecho que no le fue respetado. Por otro lado, repetidas veces los periodistas en la escena señalaron como culpables sin lugar a dudas a Cassez y a Vallarta, violando con ello la presunción de inocencia, principio que no solamente debe hacerse valer ante las autoridades, sino en general como principio de trato de las personas detenidas.

Durante 7 años el caso Cassez ha ocupado líneas en la prensa nacional y francesa, el caso de la injusticia cometida a una ciudadana francesa, el caso de la secuestradora francesa, el caso del montaje en televisión. El caso Cassez pasó ya la primera y segunda instancias del proceso penal regular, ante la sentencia de segunda instancia, interpuso un amparo que le fue negado. En marzo de 2011 apeló antela SupremaCorteesta sentencia de amparo. El expediente, por tratarse de un tema penal, fue remitido a la primera Sala y turnado al ministro Arturo Zaldívar. Un año más tarde, el miércoles 8 de marzo, la ponencia de Zaldívar hace público su proyecto que, se ha dicho, será discutido enla Salael día 21 de marzo de este año.

El proyecto propone la inmediata liberación de Florence Cassez por violaciones graves a los derechos humanos durante el proceso. Ello ha enojado a varios, especialmente al Gobierno Federal. La Secretaríade Gobernación dijo que no habría pronunciamientos, pero la ProcuraduríaGeneralde la Repúblicaemitió un comunicado de prensa que a pesar de comenzar diciendo que no se pronunciarían, dice que no hubo ninguna violación de derechos.

Como era obvio, la Sra.Wallaceapareció también en algún programa de radio, no como candidata al Gobierno de la capital, sino como activista defensora de las víctimas del delito. Para Wallace, la liberación de Cassez sería un insulto a sus víctimas. De parecida opinión es el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia. Ambos harán pública su postura el lunes 12 de marzo.

El día viernes vimos en televisión un acto impresionante de inauguración de un edificio de la policía científica en donde, casualmente, el personaje estelar era Genaro García Luna, arropado por el mismo jefe del Ejecutivo, rodeados de generales y policías.

En estos días he leído muchas opiniones a favor del proyecto Zaldívar, muchos creemos que es un proyecto sólido y garantista. Un proyecto que nos asegura la autonomía e independencia del poder judicial, necesarias en una democracia constitucional. También he leído varias opiniones en contra del proyecto y eso está muy bien. Una sociedad democrática debe discutir las ideas, ponerlas en la palestra pública y cuestionarlas. Sin embargo, algunas premisas de las que parte la crítica son equivocadas, pues se colocan en contraposición los derechos de las víctimas frente a los derechos de Cassez, ello es falaz.

La sanción penal no es un derecho de la víctima. Cuando se sentencia a alguien a una pena por haber sido encontrado culpable de la comisión de algún delito no se colma el derecho de la víctima de ese delito. La pena tiene como finalidad constitucional la reintegración social (prevención especial), es además concebida como un medio ejemplar (prevención general) y un medio de seguridad pública (protege a las demás personas de potenciales delitos) y el restablecimiento de la justicia (que no implica la venganza ni la ley del Talión. Lo justo es que se nos respeten y garanticen los derechos a todos). Desde un punto de vista garantista la pena no es nunca un derecho de la víctima en contra del criminal, sino la sanción jurídica por haber violentado un valor social protegido por la vía del tipo penal (delito) que a todos como sociedad nos atañe.

La víctima tiene varios derechos dentro del proceso penal, y jamás debe ser desprotegida, pero decir que es su derecho el castigo del delincuente retrasa nuestro Derecho penal varios siglos. Ya lo dijo Cesare Beccaria desde el siglo XVIII en su obra “De los delitos y las penas” el que por cierto la Sra.Wallace debería leer.

Decir que la liberación de Cassez lastima los derechos de las víctimas encontradas en el rancho “Las Chinitas” es falso porque éstos no tienen derecho a que se sancione por sancionar, ni que se castigue a cualquiera  ni que se violen las garantías esenciales del procedimiento para sancionar a alguien que se cree es culpable. Las víctimas y la sociedad entera tenemos el derecho a que la autoridad persiga y sancione a quienes los privaron de su libertad, tenemos el derecho a  exigir que la autoridad haga su tarea conforme con la ley y en apego a la ley, tenemos, como sociedad ofendida por los delitos cometidos a la víctima, derecho a que la persona demostradamente culpable sea sancionada conforme a la ley. En todo caso, la violación a los derechos humanos de Cassez y de Vallarta, lastiman, también, los derechos de las víctimas. En palabras llanas, a la víctima le conviene que la autoridad respete las garantías esenciales del procedimiento de su presunto agresor, pues el ataque por parte de la autoridad al orden de los derechos humanos, no sólo lastima al imputado, sino también a la sociedad entera, pues a todos nos atañe el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Sufrir un delito como el secuestro es una tragedia de enormes dimensiones y jamás dejaré esta realidad de soslayo, pero aceptar que el castigo es derecho de la víctima implica aceptar la ley del Talión. Ello no es compatible con una democracia constitucional, con un sistema de justicia penal garantista. 

Así, en el caso de Florence Cassez la cuestión radica en que no se sabe si es culpable pues sus garantías fundamentales a un juicio imparcial y justo fueron trasgredidas y ello “envenenó” todo el proceso, lo que hace que su culpabilidad no sea probada más allá de la duda razonable. Es decir, el montaje de García Luna et. al. impidió que Cassez tuviera un juicio imparcial y justo apegado a los derechos humanos (bajo los estándares nacionales e internacionales) y al haber sido un proceso viciado desde el principio, cualquier actuación posterior, está igualmente viciada por esa ilegalidad.

A esto se le conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado que dice que si la fuente de la evidencia se corrompe (el árbol) cualquier cosa que provenga de ella está igualmente corrompida (los frutos). Ver Silverthorne Lumber Co. v. United States.

El proyecto se sustenta en esta doctrina pues la resolución descansa en la violación grave de dos derechos humanos para realizar la escenificación: la asistencia consular y el mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido; y debido a ella se lastimó irreparablemente el principio de presunción de inocencia. Es decir, el punto medular del proyecto descansa en que el montaje organizado por las autoridades que tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad (árbol envenenado) vició todo el proceso penal instruido en contra de Cassez.

La culpabilidad de Florence Cassez se “prueba” a través de los testimonios de las víctimas, una le reconoce directamente durante la escenificación ante los reporteros y cámaras de televisión; las otras dos no, sino hasta la segunda o tercera comparecencia. De esta forma, el proyecto sostiene que estas pruebas son frutos del árbol envenenado y por ende no pueden ser utilizadas pues provienen de evidencia ilegal (el montaje).

Para demostrar la corrupción de la evidencia, el proyecto explica que el montaje lastimó los derechos de la inculpada, pues las violaciones a la asistencia consular y la puesta a disposición del Ministerio Público:

“eneraron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron  toda la evidencia incriminatoria en contra de … para que la conducta de la autoridad  produzca un efecto corruptor del material probatorio es necesario que su actuar sea indebido, es decir, que sea efectuado fuera de todo cauce constitucional y legal. El material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca su falta de fiabilidad… cuando la falta de fiabilidad en el material probatorio sea una consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades…indefectiblemente se producirá un efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto al procedimiento en sí mismo como a sus resultados…a exposición al montaje, como personajes y posteriormente como los principales espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad a través del “filtro” creado por los miembros dela Agencia Federalde Investigación… ese proceso de recuerdo se vio indudablemente contaminado  –consciente o inconscientemente– por el hecho de que las autoridades crearan una realidad  alternativa en detrimento de la acusada.”

Es decir, el montaje contaminó la percepción de la realidad de todas las partes del proceso lo que necesariamente vulneró la presunción de inocencia, no sólo como regla probatoria y como regla de juicio, sino también, como regla de trato, inclusive extrajudicialmente.

¿Recuerdas lector querido la indignación por el caso de José Antonio Zúñiga del documental Presunto Culpable? Pues el caso de Toño es idéntico al de Florence. Toño fue encontrado culpable del delito de homicidio basado en la declaración de un testigo cuya percepción de la realidad no es clara, como se demuestra en la cinta.

Me pregunto ¿por qué la gran mayoría de mexicanos estuvo de acuerdo con el caso de Toño (pues sale libre bajo duda razonable, es decir, nunca se le probó si era o no culpable) y no con el de Florence (a quien debería dejarse libre también por duda razonable)?

¡El poder de las cámaras! – y de la xenofobia-.

La Constituciónen su artículo 19 claramente dispone que

 “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen…El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado…Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.”

Que es derecho toda persona imputada:

 “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten…Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención.”

El apartado C de dicho artículo que contiene los derechos de la víctima o del ofendido:

“Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establecela Constitucióny, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal…Coadyuvar con el Ministerio Público…Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria…Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos…Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.”

-Evidentemente son aplicables también, por vía del artículo 133 y del 1° los derechos reconocidos por la vía de tratados internacionales, para ello ver por ejemplo:la ConvenciónAmericanaartículos 7, 8 y 25 yla Convenciónde Viena artículo 36-

*Los derechos humanos reconocidos vía tratados son vigentes en México desde siempre, por la vía del artículo 133 y no recientemente, como he leído algunos creen, a partir de la reforma del artículo 1°. La reforma lo que hace es incorporarlos a nivel constitucional (jerarquía) y establecer el principio pro personae para la interpretación de todos los derechos, es decir, los contenidos enla Constitucióny los reconocidos vía tratados* Además,la Cortemisma ha determinado que interpretará las normas constitucionales vigentes al momento en que discuta el caso y no las vigentes al momento del acto jurídico que se revisa. Ver, por ejemplo, las sesiones del Pleno de los días 21 y 23 de junio de 2011.

Entonces, no existe una contraposición de derechos entre los derechos del inculpado y los derechos de las víctimas pues corren por carreteras distintas. He leído que hay quien habla de una necesaria ponderación entre los derechos de ambas partes, y ello es falso.  La ponderación se realiza cuando para garantizar un derecho o un valor fundamental hay que disminuir el disfrute de otro. Por eso el resultado debe ser óptimo y acorde con el principio de concordancia práctica. Dejar en libertad a Cassez no disminuye el disfrute de ningún derecho de la víctima, dado que no es su derecho que se prive de la libertad a alguien, sino y en todo caso, al probadamente culpable. Si entendemos la justicia de las victimas como lo equivalente a sancionar a quienes les privaron de su libertad, privar a Florence Cassez no hará justicia, pues su sentencia se basó en pruebas envenenadas debido al montaje realizado por García Luna.

Tampoco hay un dilema entre dejar libre a Cassez o hacer justicia a las víctimas, como arriba expliqué. (Ver La Justicia que queremos de Ana Laura Magaloni, Reforma 10.marzo.2012)

Florence Cassez debe ser absuelta por beneficio de la duda pues no se probó más allá de la duda razonable -debido al montaje- que ella fuera culpable del secuestro de las tres personas encontradas ese día de diciembre de 2005 en el rancho “Las Chinitas”.

El hecho de quela Salaabsuelva a Cassez con base en la violación grave de sus derechos nos garantiza a todos que la autoridad está obligada en todo momento y sin excepción alguna a resguardar nuestros derechos, desde el momento de la detención y hasta que la última sentencia se vuelva firme, pues de otra manera ¿cómo podremos comprobar nuestra inocencia si desde antes de que se radicara el caso ante un juez, ya hemos sido condenados culpables por la policía, la prensa y la opinión pública?

Cassez, es un caso importante para la justicia mexicana, no por “la francesa secuestradora” ni por “los berrinches de Sarkozy” sino porque la justicia mexicana se ha puesto a prueba:

¿Qué sistema de justicia queremos? ¿Queremos un sistema garantista o uno retributivo? o peor ¿uno que atropella la presunción de inocencia y el debido proceso justificándose en un supuesto bien mayor?

¿Cuántas personas más no se encuentran privadas de la libertad y sin posibilidad de demostrar su inocencia pues han sido condenadas de antemano por su exhibición en la televisión y en otros medios? ¿Vamos a seguir permitiendo que las autoridades filmen y exhiban a personas que gozan de presunción de inocencia?

¿Queremos este tipo de autoridades? ¿No deberían sancionarse a las autoridades que realizaron y autorizaron este montaje?

Además, si no se demostró la culpabilidad de Florence, es posible que quien participó en el secuestro de las tres víctimas siga libre. Quizá tener a “alguien que pague por esos delitos” en la cárcel calme las conciencias de algunas personas, la mía, no.

El proyecto resuelve amparar a Florence Cassez. A nadie más. La decisión sentará un precedente, efectivamente, pero ello no implica que mañana saldrá todo mundo libre. Si cualquier otra persona demuestra ante la justicia que sus garantías al debido proceso han sido gravemente violadas, obtendrá protección y amparo de la justicia mexicana. No puede ser de otra manera. La autoridad persecutora e investigadora, así como la jurisdiccional debe actuar siempre con apego a la legalidad.

¿En Pleno o en Sala?

He leído a quien propone que se “suba” a Pleno pues se confía más en 11 ministros que en5. Ami parecer, se trata de un asunto estrictamente penal que no requiere de la pronunciación del Pleno como Tribunal Constitucional, pues no se trata de un caso que requiera fijar nuevos criterios o precedentes, ni del examen constitucional de una ley o tratado. El caso Cassez, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no es un caso de interés y trascendencia que requiera la intervención del Tribunal Constitucional, es un caso de estricta legalidad  justicia y no de Derecho -la actuación de las autoridades involucradas en el proceso penal en contra de Cassez violó diversas normas-. Un juicio de justicia, se refiere al caso concreto, como lo es un amparo, con efectos intuitae personae y un juicio de Derecho implica la interpretación constitucional y puede tener efectos erga omnes

*(se corrigió la imprecisión a las 11:21 del 12.03.12)

Efectivamente el Pleno puede conocer de los amparos que por su interés y trascendencia así lo ameriten (ver artículo 107 fracción VIII inciso b) dela Constitución, artículo 10 fracción II inciso c) dela LeyOrgánicadel Poder Judicial Federal y artículos 8 fracción II, 42 fracción V y 100 del Reglamento Interno dela SupremaCortede Justicia).

Sin embargo, el artículo 7 fracción II del Reglamento Interno dispone que el Pleno podrá conocer los amparos en revisión en los que, subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional; o bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite motivadamente un Ministro.

En este caso, no se está frente al examen de constitucionalidad de una ley o tratado, sino ante la revisión de la sentencia del Tribunal Colegiado en la que se revisa la constitucionalidad de la sentencia de segunda instancia.

De manera que, a mi parecer, a menos que algún ministro integrante de la primera Sala encuentre motivos suficientes y lo justifique razonadamente, el caso Cassez es materia de Sala con fundamento en el artículo 21 dela LeyOrgánica.

Cabe aquí advertir que las discusiones en Sala no son transmitidas por el Canal Judicial y no siempre son sesiones públicas, lo digo por si alguien sospechaba de “secretismo”.

**Addenda** Existe un Acuerdo General Plenario 5/2001 relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito que fue citado en el Amparo Directo 14/2010. En dicho amparo, la primera Sala resolvió enviar “el asunto al Tribunal Pleno dada la importancia y trascendencia que para el orden jurídico nacional tiene su resolución, ya que debe precisarse el sentido y alcance del interés superior de un menor, como víctima del delito, frente a los derechos del acusado.”

Pienso que existen varios precedentes en materia de debido proceso y efectiva defensa, por lo que, insisto, el caso Cassez no es de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

***

Precedentes:

No sería la primera vez que la Corte resuelve la inmediata libertad de una persona privada de su libertad por violaciones graves a sus garantías de debido proceso. En febrero pasado se decretó la inmediata libertad de 7 personas injustamente encarceladas en el caso Atenco.

El proyecto cita algunos precedentes dela Primera Salaen materia penal: amparo en revisión 619/2008, amparo directo en revisión 1302/2009, amparo directo 14/2010, amparo directo 22/2010, amparo  directo en revisión 101/2010, amparo en revisión 448/2010, amparo  en revisión 494/2010, amparo directo en revisión 715/2010, amparo directo en revisión 1621/2010,  amparo en revisión 523/2011, amparo en revisión 598/2011, amparo en revisión 631/2011, amparo directo en revisión 865/2011, amparo directo en revisión 1603/2011, amparo directo en revisión 2470/2011 y  amparo directo en revisión 2556/2011.

La Sala ha dicho por ejemplo:

“La pretensión de no dejar crímenes impunes  ―pretensión que, sin duda, también encuentra asidero constitucional― debe ceder ante la exigencia según la cual todo juicio ha de desahogarse con estricto  apego al marco constitucional.  Puesto en otras palabras: esta es la conclusión que se obtiene cuando los preceptos constitucionales que desarrollan el “debido proceso” son entendidos como condicionantes sin los cuales el Estado no puede ejercer su facultad, constitucionalmente legítima, de juzgar penalmente a quienes son acusados de haber cometido un delito.

Sin el disfrute de la garantía de defensa adecuada no pueden generarse condenas legítimas.  De igual modo, si el Estado es incapaz de enjuiciar a las personas en los términos y con respeto a las garantías quela Constituciónprotege, tampoco puede condenarlas.

Conceder el amparo pretende resarcir, en la medida de lo posible, la afectación que el inculpado sufrió durante el tiempo en que, todavía con la calidad de inocente, estuvo recluso sin que pudiera desahogarse si quiera su primera declaración de un modo respetuoso a su identidad cultural. La intención es ordenar un remedio a la violación del marco constitucional que protege el debido proceso y acceso a la justicia.”

-Amparo Directo 22/2010. Ponente: ministro José Ramón Cossío.

 

“…la mayoría de ministros de esta Sala consideramos que los efectos restitutorios del juicio debían traducirse en declarar, de inmediato, su libertad, lisa y llanamente.

Ello en virtud de que esta alternativa, además de cumplir con la finalidad del juicio de garantías, redundaba en mayor beneficio para la recurrente, al ser satisfecha su pretensión en el juicio de amparo de obtener su libertad por considerar que fueron violentados sus derechos a la tutela jurisdiccional y al acceso a la impartición de justicia, en las vertientes desarrolladas en el citado fallo.

Al declarar su libertad -se abunda en la sentencia– además de atender al principio pro homine, también se logra el máximo cumplimiento al derecho a la libertad personal, expresamente consagrado, entre otros artículos, en el párrafo segundo del 14 constitucional y reconocido igualmente en el artículo 7.1 dela Convención Americana sobre Derechos Humanos. Libertad que, finalmente, es la consecuencia jurídica adecuada para resarcir el incumplimiento de las obligaciones impuestas a las autoridades que actualizaron en el presente caso la contravención a los derechos fundamentales que han sido descritos a lo largo de este fallo.”

– Amparo en revisión 619/2008 (aclaración a la sentencia). Ponente: ministra Olga Sánchez Cordero.

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