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Una vida examinada: reflexiones bioéticas
Por PUB UNAM
El Programa Universitario de Bioética (UNAM) desarrolla investigaciones interdisciplinarias, doc... El Programa Universitario de Bioética (UNAM) desarrolla investigaciones interdisciplinarias, docencia y difusión que promuevan la reflexión y el debate social, que sea a la vez científico y filosófico, laico y plural, sobre dilemas propios de la bioética. Este blog presentará temas de actualidad, analizados desde una perspectiva bioética, con el objeto de contribuir a la construcción de una cultura de responsabilidad que promueva el respeto de los derechos humanos, de la diversidad cultural, del medio ambiente y las especies con las que compartimos el planeta. (Leer más)
Derecho a decidir de las mujeres: la omisión de la Suprema Corte
Hay un error ontológico que se generalizó en la votación: el amparo no fue contra una norma, sino contra la omisión de las autoridades de Veracruz de expedir la normatividad (y modificar o derogar la existente, de ser necesario) que garantice la no discriminación contra las mujeres en materia de sus derechos sexuales y reproductivos.
Por María del Pilar González Barreda y Arturo Sotelo Gutiérrez
3 de agosto, 2020
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En días pasados, un asunto relacionado con la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres fue discutido de nueva cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esta ocasión se trató del Amparo en Revisión 636/2019 del conocimiento de la Primera Sala de la SCJN, el cual resulta relevante ya que fue presentado por el Congreso de Veracruz al estar inconforme con la interpretación jurisdiccional de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado emitida en el país. En este juicio los ministros y ministras tomaron postura a partir de un proyecto que sostenía que las autoridades del Estado de Veracruz están obligadas a despenalizar el aborto (hasta la décima segunda semana de gestación), incluir la causal de riesgo a la salud y eliminar el límite de 90 días para acceder a un aborto en casos de violación.

La votación fue apabullante: con cuatro votos en contra, el proyecto sólo fue sostenido por su redactor, el Ministro González Alcántara. Quienes se opusieron1 concordaron con las razones expuestas por la Ministra Piña Hernández: 1) No hay amparo por omisión contra normas existentes (positivas), 2) la omisión legislativa sólo procede contra omisiones absolutas (como en el caso de la publicidad oficial)2, 3) no hay un mandato específico de legislar, 4) sólo hay un mandato genérico de no discriminar, 5) no se está en contra del fondo del asunto, más bien no se acreditó la procedencia del amparo por omisión legislativa, y 6) es necesario un acto de aplicación para que proceda el amparo.

Señalamos que hay un error ontológico que se generalizó en la votación: el amparo no fue contra una norma (artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz), sino contra la omisión de las autoridades de Veracruz de expedir la normatividad (y modificar o derogar la existente, de ser necesario) que garantice la no discriminación contra las mujeres en materia de sus derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo a los propios precedentes de la SCJN (Controversia Constitucional 14/2005), las omisiones legislativas pueden ser, entre otras, relativas en competencias de ejercicio obligatorio cuando un órgano legislativo tiene la obligación de expedir una ley y al emitirla lo hace de manera incompleta o deficiente. Como sostuvo el Ministro González Alcántara durante la votación del proyecto, “la omisión legislativa no es solamente que no se hubiera legislado, sino que se puede legislar derogando una serie de disposiciones que son contrarias al interés de la mujer”.

El mandato específico para legislar en determinado sentido es paradójicamente un tema de fondo; se trata de deliberar sobre si en los tratados internacionales o en la propia Constitución existe o se puede derivar una obligación de despenalizar el aborto (al menos hasta la décima segunda semana de gestación). El proyecto era claro al hacer referencia al contenido de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y las observaciones y recomendaciones provenientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.3

Si se sigue esa argumentación, no se trata de un mandato genérico y sí de uno específico para legislar en ese determinado sentido por encima del llamado “margen de apreciación” de las entidades federativas. Como señalaba el proyecto: “el congreso local de Veracruz se encuentra vinculado por las normas de derechos humanos de fuente convencional sin necesidad de acciones de la Federación para hacerlas operativas”. Además se sostenía que el procedimiento de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado es relevante a nivel jurisdiccional, “porque sirve para identificar posibles incumplimientos de las autoridades con mandatos constitucionales o convencionales.”

Hay una gama amplia de situaciones que quedan después de esta votación: 1) Este amparo se va a desestimar bajo un nuevo proyecto que refleje la postura de cuatro en contra (solo en el caso de Florence Cassez ha ocurrido que ante el regreso del proyecto de mayoría en contra se logre la votación a favor del primer proyecto), 2) Está pendiente de resolverse el Amparo en Revisión 44/2020, a cargo de la ponencia de la Ministra Piña Hernández, que tiene puntos de similitud con el votado el día 29 de julio, en el que se trata de definir si existe o no la obligación de legislar del Estado de Veracruz para despenalizar el aborto (hasta la semana décima segunda de embarazo), incluir la causal de riesgo a la salud y eliminar el límite de 90 días para acceder al aborto por causal violación, 3) No se requiere un acto de aplicación, es decir, que una mujer sea criminalizada por abortar y que agote todos los recursos procesales para combatir las normas que sancionan al aborto, el Pleno de la SCJN tiene pendiente de resolver las Acciones de Inconstitucionalidad de Veracruz (AI 85/2016) en la ponencia del Ministro Laynez, Sinaloa (AI 107/2018) a cargo de la ponencia de Gutiérrez Ortiz Mena, y Nuevo León (AI 41/2019) en la ponencia de la Ministra Esquivel Mossa, todas sobre las reformas a las constituciones locales que contienen la protección a la vida desde la concepción, impugnadas bajo el argumento central de que vulneran la autonomía sexual y reproductiva.

En este sentido, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le esperan discusiones cruciales respecto a la interrupción legal del embarazo. Recordemos que desde 2002 ésta ha tenido que resolver asuntos relacionados con la constitucionalidad de las reformas en materia de aborto en la Ciudad de México, y que en años recientes ya ha protegido a tres mujeres que promovieron amparos en revisión, dos de ellas al habérseles negado el aborto aun cuando fueron víctimas de violación y una tercera a quien se le negó el procedimiento a pesar de que cursar un embarazo que ponía en riesgo su salud.

Estamos convencidos de que la justicia constitucional seguirá siendo interpelada para construir perspectivas amplias e incluyentes en las que se reconozca que las mujeres, adolescentes y niñas son personas capaces de tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su sexualidad y reproducción.

* María del Pilar González Barreda (@picatman) es candidata a Doctora en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y docente de la Facultad de Derecho, ambas de la UNAM. Sus líneas de interés son género y derecho, derechos humanos de las mujeres, y aborto. Arturo Sotelo Gutiérrez es abogado y doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y se desempeña como Profesor Asociado en el Departamento de Derecho de la UAM. Sus líneas de interés son ciudadanía, género y cortes constitucionales. Ambos autores son integrantes del Grupo Interrupción Voluntaria del Embarazo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM.

 

Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad únicamente de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

 

Referencias

1 El Ministro Pardo Rebolledo hizo referencia a que su voto en contra se respaldaba en las razones expuestas en el Amparo en Revisión 1359/20115, en el que negó que las organizaciones tuvieran interés legítimo para promover el juicio.

2 Tema discutido en el Amparo en Revisión 1359/2015 en la Primera Sala de la SCJN.

3 El proyecto del Ministro González Alcántara sostiene sobre lo dicho por el Comité DESC: “128.6. Entre las obligaciones generales de los Estados Parte, está la obligación inmediata de eliminar las medias discriminatorias, así como reformar leyes que impidan el acceso a este derecho; entre ellas, las normas que criminalicen o restrinjan el acceso al aborto”.

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