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Una vida examinada: reflexiones bioéticas
Por PUB UNAM
El Programa Universitario de Bioética (UNAM) desarrolla investigaciones interdisciplinarias, doc... El Programa Universitario de Bioética (UNAM) desarrolla investigaciones interdisciplinarias, docencia y difusión que promuevan la reflexión y el debate social, que sea a la vez científico y filosófico, laico y plural, sobre dilemas propios de la bioética. Este blog presentará temas de actualidad, analizados desde una perspectiva bioética, con el objeto de contribuir a la construcción de una cultura de responsabilidad que promueva el respeto de los derechos humanos, de la diversidad cultural, del medio ambiente y las especies con las que compartimos el planeta. (Leer más)
Katowice, México y el cambio climático
Contrario a lo que las administraciones de diversos países -incluyendo a México- consideran, la lucha contra el cambio climático no es un lujo, por lo que se debe fortalecer el presupuesto y los esfuerzos destinados a su mitigación.
Por PUB UNAM
27 de noviembre, 2019
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El mundo vive una crisis climática de origen antropogénico. De continuar las tendencias de consumo y producción actuales, la temperatura aumentará hasta 3°C para el 2050, lo que provocará destrucción de ecosistemas, aumento en el nivel del mar, sequías, extinción de especies, afectaciones en la producción de alimentos, incremento de las desigualdades en materia de salud y muchos otros problemas.

Con la intención de responder a esta situación, en 2015 los miembros de la comunidad internacional firmaron el Acuerdo de París, que a grandes rasgos obliga a los países a determinar los límites (inferiores) de la disminución de sus emisiones y a modificar sus políticas para lograr estos objetivos; mientras tanto, se adaptan a las transformaciones inminentes del cambio climático. Este acuerdo también prevé instrumentos económicos de cooperación internacional, tales como el establecimiento de mercados de carbono y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo.

Aunque el Acuerdo de París identifica los problemas actuales del cambio climático e integra conceptos importantes como el de “justicia climática” y “producción sostenible”, no ha dado los resultados deseados. Para lograrlo se requiere un buen control de convencionalidad por parte de cada juzgador.

Con el fin de dar seguimiento a sus acciones y compromisos, cada año los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se reúnen para tomar decisiones respecto al curso de acción más pertinente para cumplir los acuerdos y hacer más eficiente la lucha contra el cambio climático. En diciembre de 2018 la reunión se llevó a cabo en Katowice, Polonia, y su resultado fue un manual de reglas de operación para la aplicación del Acuerdo de París. Mientras el portal oficial de la conferencia pregona el éxito de la reunión, este documento, más que una victoria, parece un retroceso en los esfuerzos para enfrentar la amenaza.

Entre otras cuestiones, el manual posibilita que haya países que utilicen su propia metodología para contabilizar sus emisiones; esto permite que se informen resultados mejores comparados con los que se reportarían si se acordara una metodología estándar y suficientemente rígida para todos los miembros. El manual también establece reglas para el mercado de carbono que, en aras de ser eficaz, debe generar un beneficio para la reducción global de las emisiones; para esto, los países más vulnerables solicitaron la cancelación automática de un porcentaje de los créditos de carbono; sin embargo, en la versión final del manual sólo se establece la cancelación voluntaria de los mismos, demostrando otra de las fallas del mercado de créditos de carbono. En resumen, el resultado de esta reunión disminuye la capacidad de cooperación internacional y continúa apostando por un mercado de carbono que se ha probado ineficaz, haciendo que los esfuerzos para resolver este problema sigan siendo peligrosamente insuficientes.

México ante el problema

En 2015, mediante el Acuerdo de París, México adquirió el compromiso incondicional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para el año 2030. Dentro de este porcentaje se incluye la disminución del 31% de emisiones de la industria eléctrica; sin embargo, entre los planes del gobierno está construir una planta de generación eléctrica que utilice carbón. También se incluye la reducción del 18% de las emisiones generadas por el transporte, pero el gobierno, en lugar de anticiparse a un mercado de transporte orientado cada vez más a los medios impulsados por energía eléctrica, sigue promoviendo el uso de combustibles fósiles. De acuerdo con el Plan Nacional de Refinación, se apostó por rehabilitar seis refinerías y construir dos más (la construcción de una de ellas ya inició aun cuando se ha denunciado el desmonte ilegal de 300 hectáreas de selva y manglar).

En el plan publicado en julio de 2018, denominado “NATURAMLO”, se expone la supuesta dirección de la política ambiental del nuevo gobierno que, en el rubro de cambio climático, propone que se protejan los bosques mediante el reconocimiento de los propietarios como receptores de los recursos destinados a la mitigación, con el fin de evitar la tala para la obtención de recursos; sin embargo, el problema es más complejo.

El hecho de que México suscriba un tratado internacional tiene consecuencias para las autoridades en los tres niveles de gobierno, ya que cada una, dentro del ámbito de sus competencias, debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, pues no es posible el goce de otros sin la satisfacción de éste. Una herramienta jurídica para garantizarlo es el control de convencionalidad: el deber de los jueces nacionales para revisar que las normas de derecho interno sean compatibles con los tratados internacionales, lo cual favorecería el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente por el gobierno mexicano, pues sus acciones resultan contrarias a los estándares internacionales indispensables para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C.

Consideramos que se requiere reforzar el estado de derecho en materia ambiental y consolidar los derechos humanos, por ejemplo los de las comunidades campesinas e indígenas, que juegan un papel muy importante para la mitigación de los efectos del cambio climático. Contrario a lo que las administraciones de diversos países -incluyendo a México- consideran, la lucha contra el cambio climático no es un lujo, por lo que se debe fortalecer el presupuesto y los esfuerzos destinados a su mitigación. En síntesis, se deben modificar las políticas sociales y económicas, orientándolas hacia la necesaria transición ecológica.

* Alfonso Fernández Landa y Brenda Andrea Islas López son egresados de la Licenciatura en Derecho por la UNAM, con especialización en Derecho Ambiental, y realizaron su Servicio Social en el Programa Universitario de Bioética (PUB). Samuel León Martínez es egresado del posgrado en Derecho de la UNAM y se ha desempeñado como profesor de la asignatura de Bioética en las facultades de Derecho y de Ciencias de la UNAM. Actualmente es responsable de Educación Continua del PUB.

 

Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad únicamente de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

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