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Una vida examinada: reflexiones bioéticas
Por PUB UNAM
El Programa Universitario de Bioética (UNAM) desarrolla investigaciones interdisciplinarias, doc... El Programa Universitario de Bioética (UNAM) desarrolla investigaciones interdisciplinarias, docencia y difusión que promuevan la reflexión y el debate social, que sea a la vez científico y filosófico, laico y plural, sobre dilemas propios de la bioética. Este blog presentará temas de actualidad, analizados desde una perspectiva bioética, con el objeto de contribuir a la construcción de una cultura de responsabilidad que promueva el respeto de los derechos humanos, de la diversidad cultural, del medio ambiente y las especies con las que compartimos el planeta. (Leer más)
Usos políticos de una base nacional de datos genéticos
Cada 2 años desde 2012, la creación y/o fortalecimiento de una base nacional de datos genéticos ha sido presentada ante la opinión pública como una respuesta del estado a las demandas de la sociedad civil, y como un proyecto vanguardista de altísima prioridad. Sin embargo, la proliferación de iniciativas oficiales acaba confirmando la inexistencia de una base de datos robusta, bien resguardada y regulada -de facto útil.
Por PUB UNAM
6 de abril, 2016
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Por: Vivette García Deister

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció por primera vez la obligación del estado mexicano de aplicar las tecnologías del ADN en la identificación humana, a través de su resolución del caso conocido como Campo Algodonero vs. México. Ese mismo mes, la CIDH también señaló al estado mexicano como responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la guerra sucia de los años setenta; le ordenó al estado localizar al Sr. Radilla o sus restos mortales, y en caso de lo segundo, le ordenó establecer su identidad con una prueba genética antes de devolver los restos a sus familiares.

México está aún lejos de cumplir con estas obligaciones, y con las demandas que organismos internacionales y organizaciones civiles le han seguido haciendo, una tras otra, cada vez con más vehemencia, de cara a la inagotable fuente de impunidad y de violencia. El infame caso Ayotzinapa, así como el trabajo de los Otros desaparecidos de Iguala, y la tarea de identificar a los migrantes asesinados en las masacres de San Fernando, difícilmente se pueden interpretar sin hacer referencia a la genética forense. Hay decenas de miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, y miles de cuerpos no identificados. La promesa de cruzar información con el fin de hallar a los desaparecidos y darle nombre a los muertos sugiere que la creación de una base nacional de perfiles genéticos es urgente, precisa, necesaria, ineludible.

En principio esto tiene sentido, pero si analizamos el uso que desde sus instituciones gubernamentales se le ha dado al proyecto de creación de dicha base de datos, emergen serias preocupaciones.

En octubre de 2010, ya se reportaba la existencia de una Base de Datos en Genética Forense con un registro de 9,758 perfiles genéticos. En noviembre de 2011, la PGR implementó el sistema CODIS del FBI. En febrero de 2012 la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto de reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre la creación de una base de datos genéticos, “con el fin de contar con un sistema de localización de personas y de cumplir con las demandas de la ciudadanía en respuesta a la desaparición de personas”.

En agosto de 2012, la entonces Procuradora, Marisela Morales, develó el programa “Genética Forense” como uno de prioridad nacional para la impartición de justicia. Sostenía que el número de perfiles genéticos en la llamada Base Nacional de Datos Genéticos (también referida como Base Federal de Datos de Perfiles Genéticos) ascendía a 15,618 (aunque dos años después la misma PGR hablaba de 14,278 perfiles genéticos).

Nuevamente, en junio de 2014, Mariana Benítez Tiburcio, entonces subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, sostenía que el gobierno federal “alista una base de datos nacional de perfiles genéticos como herramienta de investigación en la procuración de justicia”. En su más reciente iteración, el 28 de marzo de 2016, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, propuso la creación de “una base de datos de ADN [¿otra?] de las 32 entidades del país, la cual llevaría el nombre de Red Genética Nacional GENMEX”.

Cada 2 años desde 2012, la creación y/o fortalecimiento de una base nacional de datos genéticos ha sido presentada ante la opinión pública como una respuesta del estado a las demandas de la sociedad civil, y como un proyecto vanguardista de altísima prioridad. Esta periodicidad, así como la redundancia de las declaraciones de quienes promueven estos proyectos, generan más incertidumbre que certeza sobre la voluntad política de aplicar las tecnologías del ADN a la identificación humanitaria. La aparente duplicación (¿o triplicación?) de estos esfuerzos, frente al incremento sostenido en el número de desaparecidos (28,000, según cifras oficiales) y de fosas clandestinas (alrededor de 200, aunque “nadie sabe, especialmente el gobierno, cuántas fosas se han encontrado en México”) aunada a los pocos casos de identificación (en relación con la anunciada inversión de unos 60 millones de pesos en infraestructura), es también signo de su ineficacia.

Esta proliferación de iniciativas oficiales acaba confirmando la inexistencia de una base de datos robusta, bien resguardada y regulada -de facto útil. Las identificaciones, cuando las hay, se realizan en laboratorios extranjeros o en laboratorios locales (como el INCIFO, que utiliza el sistema AM/PM donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja), muchas veces con la participación de peritos independientes (como EMAF y EPAF) o de académicos (la UAEM participa en el programa internacional Fénix), sin necesariamente hacer confrontas con los perfiles genéticos alojados en alguna (¿cuál?) base nacional de referencia. Ante esta percepción de ineficacia de los canales oficiales, no falta la ocurrencia de algún grupo de la sociedad civil, como Gobernanza Forense Ciudadana, de crear un “Biobanco [¿otro más?] Nacional Ciudadano de Familiares de Personas Desaparecidas” que pretende “apropiarse” de las tecnologías forenses y así llenar el vacío que dejan las instituciones públicas.

Las preocupaciones que rodean a todos estos repositorios (los gubernamentales y los ciudadanos) son las mismas: ¿dónde están y cuáles son sus contenidos?, ¿quién garantiza la privacidad de la información incluida en estas bases de datos?, ¿quién resguarda las muestras biológicas y protege los datos genéticos?, ¿quién nos asegura que los datos no sean utilizados con fines al margen de la legalidad?, ¿quién nos asegura que la toma de muestras de ADN tenga un sustento legal y que los datos derivados aporten indicios o evidencias en un juicio?, ¿cuáles son los sesgos y errores inherentes al uso de estas tecnologías?, ¿cuáles son las recomendaciones éticas y legales relacionadas con el flujo internacional de los datos genéticos almacenados en estas bases, y cómo impacta este flujo la seguridad y la justicia en las fronteras nacionales?

Estas preguntas tienen relevancia aun para los países que desde hace décadas mantienen bases nacionales de perfiles genéticos para uso forense. En México, la propuesta de regulación jurídica para el tratamiento de las muestras biológicas y de los datos genéticos humanos, para uso biomédico y forense, se encuentra aún en fase de desarrollo. Por ello, y por la falta de credibilidad de las instancias gubernamentales, estas inquietudes cobran mucha más fuerza en nuestro contexto.

La historia y la crisis actual de la desaparición forzada en México, junto con las recomendaciones de la CIDH y las demandas de otros organismos nacionales e internacionales, han tenido varios efectos. Uno de ellos es el lugar preponderante que cada vez más ocupa el tema de la identificación por ADN en el espacio público y político.

Según los Equipos Peruano y Mexicano de Antropología Forense (EPAF y EMAF), la difusión de información -muchas veces equivocada o imprecisa- sobre estas tecnologías puede generar falsas expectativas, especialmente entre los familiares de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria. “El fenómeno”, sostiene EMAF, “parte de un desconocimiento de qué es la antropología forense. Como equipo, tratamos de que la gente conozca todo el proceso, no sólo la parte genética”. El proceso de investigación y búsqueda de personas desaparecidas requiere de buenos protocolos y peritajes, quizás más que de tecnologías genéticas. Las metodologías arqueológicas, osteológicas, lingüísticas e incluso etnográficas de la antropología forense, que forman parte –o al menos deberían hacerlo- de estos protocolos no han tenido el mismo nivel de difusión, lo cual facilita que sólo aquello que esté relacionado con la genética se considere útil y científico.

Así calificó Eruviel Ávila a la Red Genética Nacional GENMEX: “logrará un marco de credibilidad, debido a que ésta es una prueba científica irrefutable, lo que da como resultado un aumento en la confianza de la sociedad en sus autoridades”. Ante esta declaración, tengo un último comentario: no existe prueba genética que demuestre la legitimidad del estado.

 

* Vivette García Deister es Profesora Asociada, Facultad de Ciencias UNAM.

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