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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
10 años de guerra: Ni se conmemoran ni se olvidan
Llevamos una década haciendo cuentas de los daños, denunciando derechos violados y desenterrando historias sobre las personas a quienes han asesinado, desaparecido, torturado y desplazado en aras de combatir al narcotráfico.
Por CMDPDH
28 de noviembre, 2016
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Nos encontramos próximos a cumplir diez años de la implementación más cruda de la guerra contra las drogas que ha experimentado nuestro país. Diez años de frías cifras, de dolorosos testimonios, de agraviantes declaraciones de funcionarios públicos, de gritos que exigen verdad y justicia, y de un proceso de profunda normalización del dolor, de la rabia y de la tragedia.

Llevamos una década haciendo cuentas de los daños y denunciando derechos violados, pero también desenterrando historias sobre aquellas personas a quienes han asesinado, a quienes han desaparecido, a quienes han torturado y a quienes han desplazado. Son diez años de impunidad; diez años en los que aún no alcanzamos a calcular cuánto nos han arrancado.

A diez años de esta absurda guerra, seguimos contando y volviendo a contar:

La estrategia de guerra

En diciembre del 2006, el entonces recién asumido presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció que el endurecimiento del combate a las organizaciones criminales dedicadas a la producción, distribución y venta de drogas ilícitas sería el eje central de su administración. Esta política, conocida a nivel nacional como guerra contra el narcotráfico, consistió en la militarización de la estrategia de seguridad nacional a través de la sustitución de los titulares de instituciones de seguridad civiles por militares (con licencia o en retiro) y el despliegue nacional de miles de elementos militares para el cumplimiento de funciones de seguridad pública. Así, el número de efectivos militares efectuando tareas que corresponden a las corporaciones civiles de seguridad pasó de 45,850 efectivos en el 2007 a 96,261 en el año 2011.

La militarización de la estrategia de seguridad fue acompañada de un discurso que designaba un enemigo público nacional deshumanizado y, por tanto, carente de derechos en el imaginario colectivo y de la instauración de un régimen en el sistema de justicia penal que sobrepuso la agenda de seguridad nacional por encima de las libertades y derechos de las y los ciudadanos. Esto dio pie a un estado de excepción de facto en cuyo marco se gesta un contexto de violencia generalizada y una crisis de derechos humanos.

A pesar del cambio de administración en el año 2012, la militarización de la seguridad nacional escudada en el combate al narcotráfico, y al crimen organizado en general, ha continuado y se ha mantenido el incremento casi constante en el presupuesto de las fuerzas armadas desde el año 2007. La guerra contra el narco ha sido la aportación más represiva que ha realizado el Estado mexicano a la guerra mundial contra las drogas.

Los costos

a) Desaparición y desaparición forzada

Daniel Ramos Alfaro tenía 20 años de edad y se desempeñaba como capacitador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el estado de Michoacán al momento de su desaparición. El 2 de octubre de 2013, Daniel partió del poblado de Nuevo San Martin para llevar a cabo actividades de capacitación. Nunca llegó a su destino. Ante la negligencia de las autoridades encargadas de realizar la investigación correspondiente, los familiares de Daniel comenzaron la búsqueda. Durante ésta, la familia de Daniel logró recabar testimonios de habitantes de Betania sobre la posibilidad de que el ejército mexicano estuviera involucrado en su desaparición. Sin embargo, las autoridades responsables no dieron seguimiento a esta línea de investigación y, consecuentemente, hasta la fecha no se tiene conocimiento de su paradero.

Del 2007 a septiembre de 2016, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporta 28,472 personas desaparecidas a nivel nacional. No obstante, la mayoría de estos casos se mantienen impunes. De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), entre el 1° de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014 dicha institución inició averiguaciones previas en apenas 229 casos, de los cuales solamente 13 casos fueron consignados.

b) Homicidios y ejecuciones extrajudiciales

En abril de 2010, Jorge Antonio Parral Rabadán – de 38 años de edad, fue secuestrado por un comando armado de la delincuencia organizada, en el estado de Tamaulipas. Dos días después, Jorge fue ejecutado y desaparecido durante una redada militar en un rancho en el estado de Nuevo León, en el cual fallecieron tres personas, cuatro personas fueron detenidas y siete personas, presuntamente secuestradas, fueron “rescatadas”. El cuerpo de Jorge fue encontrado un año después en una fosa común en Nuevo León. Según el ejército, las ejecuciones ocurrieron durante un enfrentamiento entre miembros del Ejército mexicano y un grupo de la delincuencia organizada, en el cual sólo murieron “sicarios”, lo que implicaría que Jorge era uno de ellos. Cuando encontraron el cuerpo de Jorge, las autoridades cesaron las investigaciones de su desaparición a pesar de que los perpetradores no habían sido identificados ni castigados. Las quejas de sus parientes por las fallas en la investigación no han tenido respuesta.

A más de seis años de la privación arbitraria de libertad, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Jorge Parral, su familia padece de una re-victimización dentro del proceso de su búsqueda de verdad y justicia. El Estado no sólo faltó a su responsabilidad de protección e investigación, sino que el ejército mexicano estuvo directamente involucrado en la muerte de Jorge. Sumado a esto, el ejército atentó contra la dignidad de Jorge al adjudicarle una falsa relación con el crimen organizado con el fin de legitimar su ejecución.

De acuerdo con el Informe de la visita a México del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, 151,233 personas fueron asesinadas, esto equivale a un promedio de 48 homicidios al día. Sin embargo, la falta de investigaciones efectivas y los altos índices de impunidad no permiten tener información suficiente para determinar en cuántos casos estos crímenes fueron perpetrados por actores no estatales y cuantos por agentes del Estado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reporta que en un total de 3,557 agresiones en contra de personal militar con disparos de armas de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, fallecieron 209 elementos militares, 3,907 supuestos agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos. Esta cifra equivale a 18 supuestos agresores fallecidos por cada militar fallecido. Así mismo, la Secretaría de la Marina reporta que en un total de 109 supuestas agresiones contra personal de dicha Secretaría a partir del 2012, fallecieron 14 elementos del personal naval y 296 personas civiles presuntamente vinculadas al crimen organizado, lo cual equivale a 21 civiles fallecidos por cada elemento del personal naval fallecido. Estas cifras son particularmente preocupantes si se considera que “la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario”.

c) Tortura y malos tratos

En mayo de 2011, Jethro Ramsés Sánchez Santana y su amigo, Horacio Cervantes de Mesa fueron entregados por la policía municipal a elementos de la Policía Federal. Unos minutos después fueron entregados a un convoy de aproximadamente 20 militares en ese mismo lugar, acusados de haber confesado ser miembros de un cártel del narcotráfico. Ese mismo día, Jethro y su amigo fueron llevados a un cuartel militar en donde fueron torturados. Después de ser torturado, Jethro perdió el conocimiento y fue declarado muerto minutos después por un médico del cuartel. Por órdenes de un coronel de infantería del 21° Batallón, militares llevaron el cuerpo a Puebla, en donde fue enterrado de forma clandestina, mientras que al amigo de Jethro lo soltaron en medio de la carretera. Estudios forenses elaborados con posterioridad sugieren que Jethro pudo haber sido enterrado aún con vida. El caso ha estado en investigación a nivel federal y no ha habido ninguna sentencia de juicio definitiva contra los perpetradores.

La PGR reporta que, entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de octubre de 2014, ha recibido 4,055 denuncias referentes al delito de tortura. De esos casos, 1,273 identifican como presuntos responsables a elementos del ejército mexicano. Del total de casos denunciados en ese periodo, 1,884 se encuentran en investigación. La impunidad en este tema es prácticamente absoluta: solamente 15 casos han llegado a sentencias en materia de tortura entre el 2006 y el 2015, de las cuales solamente 7 son públicas debido a que tienen el carácter de sentencia firme.

d) Desplazamiento interno forzado

Las y los Ponce Ríos conforman una gran familia de 93 miembros originaria del estado de Chihuahua. Por más de cuarenta años se han dedicado al comercio y a la agricultura. Desde el año 2010, tres integrantes de la familia fueron asesinados y el resto de la familia ha sido víctima del delito y/o víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo secuestro, fraude y soborno, incendio provocado, y ejecución. Como consecuencia de estos hechos victimizantes, en el 2013 el 72 % de los miembros de la familia se desplazó forzosamente. El 28% restante nunca se desplazaron de su lugar de origen, pero viven con temor fundado a ser víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha registrado que entre el 2011 y el 2015 al menos 287,000 personas se vieron obligadas a desplazarse al interior del país debido a la violencia. Este fenómeno se concentra principalmente en 15 estados: Baja California (3%), Chiapas (7.7%), Chihuahua (5%), Coahuila (1%), Durango (5%), Estado de México (2%), Guerrero (21.5%), Michoacán (14%), Morelos (1%), Nuevo León (4.3), Oaxaca (4.7%), Sonora (.5%) Tamaulipas (12%), Sinaloa (16%), y Veracruz (1.3%). Tan sólo en lo que va del año 2016,  la CMDPDH, ha registrado 25 episodios de desplazamiento masivos a nivel nacional, que han impactado por lo menos a 10,000 personas, relacionados a factores como la violencia y los conflictos religiosos, políticos y territoriales.

Pese al impacto devastador que ha tenido este fenómeno, no sólo sobre quienes lo padecen, sino sobre la sociedad y sobre el territorio tanto expulsor como receptor, las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia. Ante esta falta de protección nacional hacia la población internamente desplazada en particular y la vigencia del conflicto o la causa que lo generó, es que se acentúa la condición de riesgo y vulnerabilidad al no contar con alternativas de huida generando con ello, el aumento del desplazamiento forzado interno, externo y la apátrida.

¿Cómo paramos la guerra?

Algunos pasos necesarios, aunque sin duda insuficientes, para poner fin a esta guerra:

  1. Desmilitarizar las estrategias de seguridad en materia de política de drogas, habiéndose comprobado que la incursión de las fuerzas armadas para enfrentar el problema mundial de las drogas ha tenido un alto costo en los derechos humanos y no ha logrado reducir la oferta de drogas.
  2. Garantizar que las políticas en materia de drogas y seguridad no consistan en la erosión de los derechos humanos y el debido proceso; y que se haga efectiva la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, incluida la detención para investigar (arraigo), la fabricación de culpables (presentación en medios de comunicación a personas no sentenciadas), los impedimentos de acceso a la justicia y el uso arbitrario de la fuerza.
  3. Garantizar la efectiva despenalización del consumo y de la posesión simple de drogas e implementar la modificación de la legislación penal para ajustar las penas de manera proporcional particularmente cuando se trata de delitos no violentos relacionados con drogas.
  4. Desarrollar mejores indicadores para evaluar la efectividad de las intervenciones policiales como parte central de la política de drogas nacional, así como su impacto en el respeto a los derechos humanos y en las condiciones de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
  5. Promover que las políticas de drogas se fundamenten en los lineamientos de salud mínimos, existentes y emergentes, haciendo énfasis en que los tratamientos por uso de drogas, cuando sean problemáticos, deben ser siempre voluntarios, gratuitos, laicos y de acceso universal, así mismo deben regirse bajo estrictos controles de los sistemas de salud públicos. Con particular atención, se deberá contemplar la implementación de programas para la atención diferenciada de poblaciones en situación de vulnerabilidad, los cuales deberán atender su diversidad, multiculturalidad, así como respetar sus derechos económicos, sociales y culturales.
  6. Impulsar que todas las instituciones y personas encargadas de trabajar en la prevención y el tratamiento del uso problemático de sustancias estén capacitadas y sensibilizadas para realizar estos trabajos a fin de garantizar que no se reproduzcan conductas tutelares, estigmatizadoras y discriminatorias.
  7. Implementar políticas y programas de salud en materia de drogas que no se limiten a la prevención y tratamiento, sino que prioricen políticas públicas de reducción de daños como un conjunto de intervenciones basadas en la evidencia y respetuosas de derechos humanos.
  8. Asignar fondos para la investigación de las sustancias controladas contempladas por las convenciones, en particular sobre sus efectos en la salud integral y posibles usos medicinales y terapéuticos.

 

 

@CMDPDH

 

 

 

Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), CMDPDH, CCDH, Informe sobre el estado del marco normativo y la práctica de la tortura en México (México D.F.: CMDPDH, 2014),consultado el 10 de junio de 2016, 6.

Averiguaciones previas PGR . Consignaciones PGR

Zeid Ra’ad Al Hussein, Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015, consultado el 14 de junio de 2016.

Solicitud de información folio: 0000700016315.

Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad, Nexos, 1 julio de 2015.

Folios 0001700300414 y 0001700020615. Al requerir actualización de información a la PGR respondieron que no se cuenta con información actualizada al 31 de diciembre de 2014.

Folio 0001700020115.

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