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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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10 años sin solución: el desplazamiento prolongado de los triquis de Copala
El desplazamiento interno forzado no es solo una consecuencia de la violencia que existe en el país. Es una violación de derechos humanos que afecta profundamente la vida de las personas y, para los triqui de San Juan Copala es la realidad que enfrentan diariamente desde hace más de diez años.
Por Pablo Cabada Rodríguez y Lígia de Aquino Barbosa Magalhães
26 de enero, 2021
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“Salimos cuando estaba el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz; llegó Gabino Cué y en sus cinco, seis años que estuvo hubo mesas de trabajo, reuniones, pero no hubo ninguna solución. El gobernador Alejandro Murat no se ha acercado, no hay ninguna mesa de trabajo”.

Reyna Rodríguez Flores, desplazada de San Juan Copala en 2010, en entrevista de septiembre de 2020.

 

 

Entre 2009 y 2010, una escalada de la violencia en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región Triqui de la Mixteca oaxaqueña, ocasionó el desplazamiento forzado de cientos de mujeres, hombres, niñas y niños.

La violencia en la región Triqui tiene orígenes históricos y está relacionada con la disputa por el control político y territorial de la zona. En 2007, con base en el principio de libre determinación de los pueblos indígenas, San Juan Copala fue declarado municipio autónomo, regido por usos y costumbres e independiente del gobierno estatal y del partido político dominante en ese entonces, el PRI. No obstante, el proyecto de autonomía no logró poner fin al conflicto, que terminó por intensificarse mientras distintos grupos intentaban defender sus intereses y tomar el control del territorio, a medida que el proyecto de autonomía se diluía.

Desde noviembre de 2009, y durante varios meses, el pueblo estuvo sometido a diversos ataques armados, restricciones a la libertad de circulación y a la interrupción de los servicios básicos de atención médica y educación. Más de 30 personas fueron asesinadas y otras tantas heridas, y también se reportaron casos de violencia sexual. Ante la persistencia de la violencia y la falta de una respuesta eficaz de parte del Estado, que fue incapaz de proteger y garantizar la integridad física de la población, casi 600 personas fueron obligadas a huir para salvar sus vidas. Más de 10 años después, estas personas no han podido encontrar una solución y continúan sufriendo las consecuencias de su desplazamiento forzado.

Lamentablemente, este no es un caso aislado. A pesar de que no existen datos oficiales sobre la situación de desplazamiento interno forzado en México, estudios académicos y fuentes periodísticas han documentado la existencia de diversos grupos que viven en situación de desplazamiento prolongado, esto es, situaciones de desplazamiento forzado que, debido a la omisión o a la incapacidad de las autoridades gubernamentales, no han sido resueltas y en las que tampoco existen avances claros o perspectivas de encontrar una solución en un futuro tangible.

Para que puedan encontrar una solución a su desplazamiento, las personas desplazadas deben poder elegir libremente el lugar donde desean reconstruir sus proyectos de vida. Para esto, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizarles seguridad y condiciones de vida adecuadas, ya sea que deseen retornar a su comunidad de origen o asentarse en otro lugar. En el caso de los triquis de San Juan Copala, uno de los factores que ha prolongado su desplazamiento es la imposibilidad del retorno, ya que al menos parte de la población desplazada —que hoy se encuentra dispersa— desea volver a su comunidad. Sin embargo, hasta hoy no se han garantizado las condiciones para que esto sea posible. Al contrario: el conflicto sigue generando episodios de violencia e inclusive nuevos desplazamientos, como ocurrió recientemente en la comunidad de Tierra Blanca.

La experiencia de desplazamiento de los triquis también se relaciona con la pérdida de su identidad simbólica, muy ligada al proceso de despojo material y a la ocupación de sus hogares y territorios (desterritorialización). El proceso de desterritorialización ha provocado un quebranto en la sensación de seguridad y protección que su territorio les daba antes de que estallara la violencia y el haberse reubicado en espacios que no reconocen como suyos ha generado sentimientos de tristeza entre las personas triquis desplazadas. Algunas mujeres que han estado desplazadas en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca durante los últimos 10 años han señalado que su cultura, lengua y tradiciones han estado amenazadas debido a esta situación.

No obstante, la dificultad de encontrar soluciones para las situaciones de desplazamiento prolongado no se reduce a las cuestiones materiales y simbólicas relacionadas con el territorio y con la comunidad de origen, ya que tener que desplazarse de manera forzada genera una serie de afectaciones que van más allá del hecho de trasladarse de un lugar a otro y que persisten hasta que la población desplazada pueda encontrar una solución duradera, esto es, deje de tener vulnerabilidades o necesidades de atención relacionadas con su desplazamiento.

Por un lado, el desplazamiento interno forzado es una experiencia traumática que puede tener implicaciones para la salud física y emocional de las personas. Asimismo, puede ocasionar pérdidas económicas y materiales, la separación de familiares, la ruptura de redes de confianza y de las estructuras comunitarias, el extravío de documentos necesarios para el ejercicio de derechos, la pérdida de fuentes de ingresos y medios de subsistencia y otros impactos que afectan las condiciones y el proyecto de vida de las personas que fueron obligadas a desplazarse.

Una respuesta eficaz a una situación de desplazamiento interno forzado, por lo tanto, debe tener un carácter integral y atender todas las afectaciones generadas por este. Esto significa, por ejemplo, generar estrategias a mediano y largo plazo que vayan más allá de la asistencia humanitaria y de acciones puntuales que respondan a situaciones de emergencia. Esto requiere una gran cantidad de recursos humanos, técnicos y financieros, y significa también que es fundamental contar con la coordinación interinstitucional y entre los tres niveles de gobierno. En este sentido, la existencia de un marco normativo que determine las competencias y responsabilidades de las distintas autoridades gubernamentales, el establecimiento de políticas y programas especializados, y la asignación de recursos para su implementación pueden contribuir a esto y a que el destino de las familias desplazadas no esté sujeto a la coyuntura y a la voluntad política de uno u otro gobernante.

El desplazamiento interno forzado no es solo una consecuencia de la violencia que existe en el país. Es una violación de derechos humanos que afecta profundamente la vida de las personas y, para los triqui de San Juan Copala, es la realidad que enfrentan diariamente desde hace más de diez años. A pesar de la fuerza y persistencia que han demostrado durante este tiempo, y de su capacidad de resistir y exigir justicia, encontrar una solución a su desplazamiento no es su responsabilidad. Aunque es fundamental que sean escuchadas y puedan participar activamente en el proceso, la responsabilidad es del Estado — el mismo que debió protegerlas desde un inicio para que nunca tuvieran que dejar sus hogares.

* Pablo Cabada Rodríguez (@cabudasan) y Lígia de Aquino Barbosa Magalhães (@ligiaabm) son investigadores del área de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos

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