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Verdad, justicia y reparación
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7 puntos para transformar la política de drogas en México
Prohibir la mariguana no protege la salud, al contrario, agrava los posibles riesgos de consumirla. No permite que se difunda información sin prejuicios morales sobre estos riesgos (especialmente a edades tempranas) ni sobre las maneras de reducir los riesgos en caso de que alguien decida consumir. La educación sobre drogas en el prohibicionismo se ha basado en la lógica de asustar y no de educar. Las personas toman las mejores decisiones cuando están informadas.
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9 de noviembre, 2015
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Por: Amaya Ordorika (@amaya903)

El pasado miércoles 4 noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en un fallo histórico que la prohibición absoluta del cannabis es excesiva, reconociendo los derechos correlativos al consumo de cannabis de las 4 personas que interpusieron el amparo, es decir “la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana […], excluyendo expresamente los actos de comercio”. Cuatro de los 5 ministros votaron a favor del proyecto del ministro Arturo Zaldívar que declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, de la Ley General de Salud, exclusivamente a lo que se refiere al cannabis.

Con la aprobación del proyecto del ministro Zaldívar, la y los ministros de la Primera Sala de la SCJN reconocen que la prohibición del cannabis vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal, a la propia imagen y a la libre autodeterminación, todos derechos relacionados con el principio de dignidad humana, en pocas palabras, que la prohibición absoluta del cannabis es excesiva y son inconstitucionales los artículos que la sostienen.

El fallo de la SCJN abona una posición más a favor de la transformación de la política de drogas en nuestro país, la cual consideramos necesaria por varias razones, entre ellas las siguientes:

  1. En la legislación mexicana el consumo de mariguana está despenalizado por la Ley de Narcomenudeo desde el año 2009, sin embargo, la posesión producción, transporte y venta aún son delitos. Esto genera una contradicción en la ley pues quien consume, de alguna manera debe conseguir la planta. Lo que otorga el fallo positivo a este amparo es la posibilidad a quienes consumen de cultivar su propia mariguana, evitando así que acudan al crimen organizado para comprarla, resolviendo esta contradicción en la ley. Esto quiere decir que no se crea un mercado legal como el del tabaco y el alcohol, porque no incluye la venta, solamente la producción para el consumo propio
  2. La prohibición de la mariguana no ha logrado que el consumo de la misma disminuya, al contrario, este ha seguido en aumento. Según cifras de la última Encuesta Nacional de Adicciones el consumo de drogas aumentó de 450,000 personas en 2008 a 550,000 en 2011. Esto quiere decir que en los años en que más se recrudeció la guerra contra las drogas 100,000 personas más consumieron drogas. Lo que sí ha generado es un mercado ilícito altamente lucrativo que se regula por medio de la violencia y que genera ganancias millonarias con las que se corrompe a autoridades de todos los niveles.
  3. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hemos destacado como la respuesta punitiva y de combate a las organizaciones que producen, distribuyen y venden esta planta y otras plantas y sustancias actualmente ilícitas ha generado consecuencias negativas incluyendo graves violaciones a los derechos humanos. Organismos nacionales e internacionales han documentado 151,233 personas asesinadas (2006-2015), al menos 26,000 personas desparecidas (2007-2015), más de 4,000 denuncias por tortura ante la PGR (2006-2014) y más de 281 mil 418 personas desplazadas de manera forzada por la violencia (2011-2015) en el marco de la guerra contra las drogas.
  4. Prohibir la mariguana no protege la salud, al contrario, agrava los posibles riesgos de consumirla. No permite que se difunda información sin prejuicios morales sobre estos riesgos (especialmente a edades tempranas) ni sobre las maneras de reducir los riesgos en caso de que alguien decida consumir. La educación sobre drogas en el prohibicionismo se ha basado en la lógica de asustar y no de educar. Las personas toman las mejores decisiones cuando están informadas.
  5. Sumado a esto, la respuesta punitiva al consumo de drogas (a pesar de que éste no es ilegal bajo las leyes mexicanas) lleva a que cientos de personas que poseen mariguana, un delito que no afecta a terceros, sean encarceladas, lo cual representa riesgos y daños para su desarrollo mucho más graves que el consumo mismo de mariguana. Según cifras oficiales, entre 2011 a 2014 más de 8 mil personas fueron detenidas por posesión de drogas ilícitas para consumo personal solamente en el Distrito Federal. La mayor parte de estos casos fue por mariguana y el 70% de las personas detenidas eran menores de edad y jóvenes menores de 29 años.
  6. La prohibición de la mariguana no protege a niños, niñas y jóvenes, sino que genera más riesgos. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 2007 y 2010, las fuerzas armadas detuvieron a 258 niños y niñas en operativos militares contra la delincuencia organizada, y la Procuraduría General de la República, detuvo entre 2006 y 2010 a 3,664 niños y niñas en operativos federales. De igual manera, ha aumentado el número de jóvenes en prisión por delitos contra la salud, de los cuales 95% pertenecen a los eslabones más bajos de la cadena de producción, venta y distribución de plantas y sustancias ilícitas.
  7. La política prohibicionista nos ha llevado a invertir millones de pesos en una estrategia de seguridad para combatir al narcotráfico que no lo ha debilitado; dinero que podría ser invertido en programas de educación, prevención, reducción de riesgos y tratamiento de usos problemáticos que sean respetuosos de los derechos humanos.

El fallo de la SCJN, a pesar de que cubre únicamente a las 4 personas que interpusieron el amparo, abona al debate público sobre la transformación de las políticas de drogas en nuestro país y suma nuevos argumentos a favor de transitar de este modelo prohibitivo y punitivo hacia un modelo regulatorio respetuoso de los derechos humanos.

 

* Amaya Ordorika es investigadora en derechos humanos y políticas de drogas de la @CMDPDH.

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