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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
9N: Cuando el estado criminaliza la digna rabia de las mujeres
La criminalización de las protestas se ha convertido en una respuesta sistémica por parte del Estado. Las respuestas son actos planeados, diseñados y ejecutados por un aparato estatal que no solo no garantiza una vida libre de violencia, sino que busca callar las voces que desmienten la versión institucional.
Por Giselle Yáñez Villaseñor y Verónica Vázquez Mata
2 de agosto, 2021
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En un México donde encontrar justicia para la violencia feminicida se vuelve un peregrinar institucional, defender y exigir justicia puede convertirte en otra víctima.  Resulta indignante que cuando las manifestaciones feministas incluyen el uso de pintas o ruptura de cristales, o alguna otra actividad estridente, las autoridades y parte de la opinión pública señalan que se cometen actos vandálicos y con el poder de la palabra inquisidora condenan “no son las formas”. Entonces, ¿cuáles sí son?

Lo hemos pedido marchando,  llorando, cantando, por cartas, en mesas de diálogo, en tribunales nacionales, en tribunales internacionales. Sin embargo nos ignoran y nos niegan el derecho hasta a la digna rabia; si salimos a gritar y exigir justicia, nos violentan con el uso excesivo de la fuerza, con violencia sexual, con violencia institucional, dejando la vida y la justicia para las mujeres en el limbo de la impunidad.

Así pasó una vez más la noche del 9 de noviembre del 2020 (9N), cuando casi 2,0001  personas, en su mayoría mujeres, salieron a las calles de Cancún a marchar y a exigir justicia, momento en el que fueron reprimidas por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez bajo el mando único estatal de Quintana Roo y en presencia de la Guardia Nacional. Recordándonos que el uso “legítimo” de la fuerza es del Estado, que ese es el poder de la masculinidad hegemónica, dando un mensaje amenazador al criminalizar las protestas que exigen justicia.

Las protestas se desencadenaron por la violencia de género en el Estado, y por la exigencia de justicia por el feminicidio de Alexis, una joven que había sido reportada como desaparecida y quien fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, con signos de violencia2;  solo tenía 20 años cuando la convirtieron en una víctima como lo fueron 3,723 mujeres en México que tuvieron una muerte violenta en el 20203. Su feminicidio no iba a callar a las colectivas de mujeres feministas ni a la ciudadanía indignada.

La represión por elementos de la policía municipal bajo el esquema de mando único cobró distintas aristas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual en específico cometido contra mujeres, uso excesivo de la fuerza, así como tentativas de ejecución extrajudicial y fabricación de culpables. Las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual, física y psicológica en el 9N, han dado testimonio de las violaciones a sus derechos humanos y sobre todo del miedo de morir por expresar la digna rabia4. Los agentes del Estado les repetían  “esto les pasa por putas”, “por esta razón las matan como perras”, “las vamos a despedazar como a Alexis”, “feministas de mierda”, “ya valieron madre, pinches viejas”, “pinches viejas, putas revoltosas, ahora si a chingar a su madre para que aprendan a quejarse”5.

Las mujeres detenidas fueron víctimas de violencia sexual6 y otras violaciones a sus derechos humanos tanto en el momento de su detención ilegal como en las investigaciones del caso, en donde se ha violentado la debida diligencia, ni la fiscalía del Estado ni la Comisión de Víctimas han actuado de forma adecuada, ni con perspectiva de género. Lo cual reproduce la desigualdad y la discriminación, dejando  claro que México es un lugar peligroso para manifestarse y en general para ser mujer.

El proceder de la policía del mando único fue reprobable y violatorio a derechos humanos e implica a diversos funcionarios y funcionarias, como es el caso de Eduardo Santamarina, director del Mando único en Benito Juárez, Alberto Capella quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado e incluso al gobernador Carlos Joaquin7. Y entonces nos preguntamos, si las policías municipales, estatales o los mandos únicos son transgresoras de nuestros derechos, ¿las tareas de seguridad pública deberían asignarse a otro cuerpo de seguridad, como la Guardia Nacional? ¡No¡ La respuesta es no. Si bien los elementos de seguridad pública han respondido de forma violenta y contraria al respeto a los derechos humanos, la solución no es trasladar esas tareas de naturaleza civil a un cuerpo de seguridad militar, cuya formación, entrenamiento y visión son para contextos distintos a las tareas de seguridad pública.

Las víctimas han denunciado que esa tarde del 9 de noviembre de 2020, la Guardia Nacional estaba presente en la manifestación, que fueron testigos de las detonaciones con arma de fuego y de la brutalidad en las detenciones, pero que fueron omisos para proteger a la población civil; por el contrario hicieron un cerco para proteger a la policía. No olvidemos que la Guardia Nacional es una simulación de un cuerpo de seguridad civil, cuando de facto es una institución de corte militar bajo el mando operativo de la  Secretaría de la Defensa. La militarización nunca ha garantizado paz para nadie, por el contrario. Para las mujeres ha significado un incremento en la violencia de género8, sobre todo cuando se tiene evidencia que militarizar las policías provoca que no haya una policía nacional que investigue los delitos, sino soldados que no tienen capacitación para contacto con población civil ni para hacer investigaciones, basta con voltear a ver el número de quejas por violaciones a derechos humanos, que se han registrado en contra de la Guardia Nacional desde su creación, 424 quejas, colocándose9.

La represión en 9N por parte de policiales locales y la omisión de las fuerzas federales no son novedad en México, donde  las detenciones en marchas y la tortura sexual tienen evidencias en miles de casos. No podemos olvidar la tortura sexual que sufrieron las 11 mujeres, durante las protestas en San Salvador Atenco , en el Estado de México, el 3 de mayo del 2006 por parte de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Estatal. La impunidad se hace presente más de quince años después a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana e incluso del establecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres. También las Mujeres de Atenco denunciaron las violaciones a las que fueron sometidas, pero a cambio fueron culpadas de su detención utilizando insultos sexualizados. Esa es la suerte de las mujeres criminalizadas y detenidas por manifestarse por causas justas, ese era el México de 2006 y ese es el México de 2021.

Existen patrones y modus operandi cuando se trata de reprimir manifestaciones y detener personas. Tanto en Atenco en 2006 como en Cancún en 2020 encontramos la característica que en 2019 describió la Corte Interamericana: “la violencia sexual fue utilizada por parte de agentes estatales como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder, pues instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes”.10 En esa línea, la presencia de elementos de seguridad pública en una protesta social debería obedecer al objetivo más concreto, el proteger la seguridad e integridad de las personas manifestantes: “El Estado tiene la obligación de facilitar las protestas públicas otorgando a los manifestantes acceso al espacio público y protegiendolos, cuando sea necesario, contra amenazas externas”.11

Las víctimas del 9N saben que la violación a los derechos de las mujeres no termina con la represión cuando alzan la voz, sino incluso existe una revictimización a cargo de las instituciones que deberían ser garantes de sus derechos, como la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), entidad encargada de elaborar los dictámenes de reparación en casos de violaciones a derechos humanos, como los ocurridos en el caso del 9N, la cual incurrió en diversas irregularidades y omisiones12. La CEAVEQROO omitió valorar todos los hechos sufridos, adoptó una técnica de adjudicación incorrecta, cuantificó el daño con criterios irrazonables, descontó una enorme cantidad de dinero del monto indemnizatorio por concepto de pago a entidades privadas de medidas de rehabilitación física y psicológica, pasó por alto todos los impactos psicosociales sufridos y no hizo genuinamente partícipe a las víctimas en el proceso. Las acciones en busca de justicia han tenido como consecuencia que las autoridades municipales y estatales emprendieron una campaña de hostigamiento en contra de las sobrevivientes a estos actos , que se ha materializado en amenazas, vigilancia indebida, seguimientos amenazantes y acoso policial. ​​

La criminalización de las protestas se ha convertido en una respuesta sistémica por parte del Estado. Las respuestas son actos planeados, diseñados y ejecutados por un aparato estatal que no solo no garantiza una vida libre de violencia, sino que busca callar las voces que desmienten la versión institucional. Para las fuerzas del Estado el enemigo es la verdad porque mancha la imagen turística de Quintana Roo. Las mujeres y nuestras demandas les somos incómodas, nuestras luchas irritan porque hacemos evidente que ni el lugar más paradisíaco en México está exento de convertirse en la experiencia infernal de un escenario feminicida.

* Giselle Yáñez Villaseñor es Investigadora para la @CMDPDH. Maestra en políticas públicas con perspectivas de género y derechos humanos. Verónica Vázquez Mata es Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y abogada en el Área de Defensa de la @CMDPDH.

 

 

 

1 BBC News (2020). Feminicidios en México: disuelven con disparos una protesta en Cancún que deja varios heridos. Recuperado 23 de julio de 2021

2 García, Anayeli (2020). Ataque contra feministas fue planeado: Red de Mujeres Defensoras. Recuperado 23 de julio de 2021.

3  Entre feminicidios y homicidios dolosos.  en Violencia contra las mujeres en cifras. Recuperado 23 de julio de 2021

4 CMDPDH (2021). Casos emblemáticos. Recuperado el 28 de julio de 2021.

5  Comité de Víctimas 9N, (2020). Represión #9N en Cancún, Quintana Roo. Recuperado el  28 de julio de 2021.

6 En los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia sexual se “configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”#.  CoIDH (2006)  Castro del Penal Miguel Castro Vs. Perú. Recuperado el  28 de julio de 2021.

7 Velázques, Ariel (2020). Separan del Cargo a Capella. Recuperado el  28 de julio de 2021.

8 Intersecta (2020). Las dos Guerras, p. 7. Recuperado 22 de julio de 2021.

9   Lo que la coloca en el número 6 de las instituciones con más quejas en el 2021. Aritis, Lidia (2021). La Guardia Nacional suma 424  quejas por actos contra derechos humanos: 20 al mes. Recuperado 22 de julio de 2021.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018), Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco. Recuperado 25/11/2020 p. 97.

11  A/HRC/17/28 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Recuperado el 28 de julio de 2021.

12 CMDPDH (2021). Casos emblemáticos #9N. Recuperado el 28 de julio de 2021.

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