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Verdad, justicia y reparación
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Activismo judicial: la respuesta al déficit de la representación política tradicional
Los tribunales han demostrado ser un órgano eficiente para solucionar problemas que se dejan desatendidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como aquellas decisiones sobre las que no se ha logrado obtener un consenso.
Por Andrea Harris Heredia
12 de abril, 2021
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A través del tiempo, la concepción clásica y rígida del principio de separación de poderes acuñada con la formación del Estado moderno, se ha modificado como respuesta al contexto de su aplicación. Tras la adopción de mecanismos similares al sistema de frenos y contrapesos norteamericano, el sistema jurídico mexicano ha implementado un control judicial de constitucionalidad e instrumentos procesales que permiten al Poder Judicial revisar los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con la finalidad de establecer un equilibrio entre las tres ramas de poder.

De la mano del creciente protagonismo del Poder Judicial, encontramos el concepto de activismo judicial, cuya dificultad para definir es tan sólo una muestra de la controversia que dicho concepto representa. Lo que para unos es un abuso de poder, para otros se trata de la justa intervención del Poder Judicial para equilibrar las deficiencias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Con la intención de simplificar esta lectura, y sin buscar establecer una definición perfecta o universal, entendemos al activismo judicial como la interpretación dinámica basada en el deber constitucional de los jueces de proteger los derechos de las y los ciudadanos y de las minorías en contra de las mayorías políticas1. En ocasiones, dicha interpretación en favor de los valores sustantivos de la constitución puede estar en tensión con los valores formales de la misma, por lo que es necesario que en estos casos el activismo se practique cuando, de no intervenir, se afectarían injustificadamente valores constitucionales sustantivos cuya tutela está confiada a la jurisdicción2.

La principal crítica hacia el activismo judicial consiste en la extralimitación de las facultades en la que incurre un juez al anular o revertir decisiones tomadas por órganos representativos, tomando en cuenta la falta de legitimidad democrática del poder judicial, ya que el mismo no es elegido directamente por la población3. Además de la falta de legitimidad, se considera que el Poder Judicial tiene una incapacidad técnica o estructural para tomar decisiones políticas, así como para ejecutar decisiones que impacten sobre la política4. De acuerdo con los críticos, dichos factores pueden resultar en el abuso de poder por parte del Poder Judicial, pues en palabras de Ronald Dworkin, se permite al juez “ignorar la cultura política de un país”, para así, “imponer a las otras ramas de gobierno su propia visión5”.

Sin embargo, la justificación y razón de ser del activismo judicial reside en sus orígenes, dentro del sistema de frenos y contrapesos característico, por ejemplo, de los Estados Unidos. De acuerdo con el Juez Harlan Stone, a pesar de que como regla general existe un principio de presunción de la constitucionalidad de la ley, hay casos en los que no se puede aplicar este principio, “porque la ley examinada atenta en contra de los derechos de una minoría que no tiene medios de defensa; de una minoría que no tiene alguna oportunidad de llegar un día al poder para modificar las leyes que los oprimen, porque son una minoría separada e insular6”. Por lo tanto, cuando una ley afecta a un grupo vulnerable que no cuenta con los medios para actuar de manera plena en la esfera política, existe razón para considerar que el parlamento no ha sopesado con igualdad sus intereses7 y, por lo tanto, se justifica que los jueces adopten decisiones activistas para que los derechos de las minorías no sean afectados por las decisiones tomadas por las mayorías.

El aumento del activismo judicial en Latinoamérica se debe al déficit de los órganos políticos, que ha provocado que la población desconfíe de la representación política tradicional y, en su lugar, confíe más en los tribunales8. Por ejemplo, según el informe de Latinobarómetro de 2018, el porcentaje de quien tiene “mucha o algo de confianza” en su congreso Nacional está entre 33% y 8%, teniendo Uruguay el porcentaje más alto y Perú el porcentaje más bajo9. A pesar de que el mismo informe demuestra que la confianza en el Poder Judicial no es mucho mayor10, se ha detectado un aumento en la presentación de recursos que buscan reemplazar la decisión política que debería haberse dado o debería darse en el ámbito de los órganos políticos de gobierno11. Es decir, los tribunales han demostrado ser un órgano eficiente para solucionar problemas que se dejan desatendidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como aquellas decisiones sobre las que no se ha logrado obtener un consenso.

Un claro ejemplo de este fenómeno es el de Colombia, donde debido a la falta de legitimidad del Congreso, se considera que la Corte Constitucional representa mejor los intereses de la sociedad, en especial en los casos de protección de minorías12. Algunos ejemplos de decisiones activistas emitidas por la Corte Colombiana son la Sentencia C-025 2004, por la que se realizó un diagnóstico general del desplazamiento forzado en Colombia y se estableció un marco general de protección13, así como la Sentencia de Tutela T-760, por la que se reconoció el derecho a la salud que no estaba explícitamente reconocido por la Constitución, llevando a que el Parlamento emitiera una ley para desarrollar el derecho a la salud según lo establecido por la Corte14.

Dentro del marco del activismo judicial ha resultado indispensable el activismo por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, pues son estas organizaciones las que han detectado el potencial que existe en el litigio como estrategia para forzar a los jueces a ordenar a los gobiernos a tomar decisiones e implementar políticas15.  Se trata del conocido litigio estratégico, que tras ser una herramienta crucial en el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, comenzó a emplearse en Latinoamérica a finales del siglo XX16. La importancia de este tipo de organizaciones yace en que si un juez tiende a tomar decisiones activistas, es necesario primero que las Organizaciones traigan a ellos los casos para que puedan así emitir una decisión.

A pesar de los debates teóricos y doctrinales que pueden surgir en torno al activismo judicial, es evidente que se ha convertido en una pieza clave para la protección y defensa de derechos humanos. Aún con la desconfianza general que existe entre la población hacia las instituciones gubernamentales, hay esperanza de que los tribunales no abandonen el valor sobre el que están constituidos, este es, la justicia. Es importante aclarar que una decisión activista no equivale a una decisión arbitraria, y para que esto se cumpla, es necesario que el Poder Judicial fundamente sus decisiones en los valores consagrados por la constitución.

De acuerdo con el informe de Latinobarómetro, mencionado anteriormente, en 2018 sólo el 22% de la población mexicana tenía “mucha o algo de confianza” en el Congreso Nacional17. Dicha cifra demuestra que en México existe la necesidad de contar con un poder judicial activista, que defienda y represente los intereses de aquellos que no son tomados en cuenta por el poder legislativo. Sin embargo, el actuar judicial en México se ha caracterizado por su pasividad, apegándose a la antigua concepción del juez como “boca de la ley”, a pesar de que la realidad ha demostrado que este modelo es insuficiente para responder a las necesidades de la sociedad, y que, por lo tanto, se necesita de jueces creadores de derecho.

Es por esto que corresponde a nuestros jueces actuar de tal manera que, al presentar un caso frente a ellos, no sólo exista esperanza, sino certeza de que se hará justicia. Es decir, México requiere de jueces activistas, protectores de los derechos humanos sobre todas las cosas.

@CMDPDH

 

 

Fuentes de consulta

ATIENZA, Manuel, Siete tesis sobre el activismo judicial, Departamento de Filosofía y de Derecho Internacional Privado, Universidad de Alicante. Disponible aquí.

DÍAZ Vásquez, Rocío, El activismo judicial de la jurisdicción constitucional en el marco de la democracia, Justicia Juris, Barranquilla, 2015.

FEOLI Villalobos, Marco, El nuevo protagonismo de los jueces: una propuesta para el análisis del activismo judicial, Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo, 2015. Disponible aquí.

GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, 2a. ed., trad. de M. Carbonell y P. Salazar, IIJ-UNAM-Editorial Trotta, México, 2010.

LOZADA Alí, Activismo judicial y derechos sociales: un enfoque postpositivista, Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, Universidad de Alicante, 2018. Disponible aquí.

MARANIELLO, Patricio Alejandro,  El activismo judicial un herramienta de protección constitucional, Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, Formosa, 2008. Disponible aquí.

MEJÍA Turizo, Jorge y Pérez Caballero, Roberto,  Activismo judicial y su efecto difuminador en la división y equilibrio de poderes, Justicia, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2015. Disponible aquí.

MOLINA Betancur, Carlos Mario y Silva Arroyave, Carlos Orlando, El activismo judicial del juez constitucional en Iberoamérica, Medellín, Anuario iberoamericano de la justicia constitucional, 2020.

PÁSARA Pazos, Luis, Estado de derecho y justicia en América Latina, Revista Oficial del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, 2007.

SABA, Roberto, La elusiva frontera entre la justicia y la política, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México. Disponible aquí.

VOLCANSEK, Mary, Judges, courts and policy-making in Western Europe, Judicial Politics and Policy-Making in Western Europe, Londres, 1992.

 

 

 

1 GUASTINI, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, 2a. ed., trad. de M. Carbonell y P. Salazar, IIJ-UNAM-Editorial Trotta, México, 2010, p. 64      

2 LOZADA Alí, Activismo judicial y derechos sociales: un enfoque postpositivista, Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, Universidad de Alicante, 2018, p. 213

3 SABA, Roberto, La elusiva frontera entre la justicia y la política, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, p. 300

4 idem

5 MOLINA Betancur, Carlos Mario y Silva Arroyave, Carlos Orlando, El activismo judicial del juez constitucional en Iberoamérica, Medellín, Anuario iberoamericano de la justicia constitucional, 2020,  p. 135

6 MOLINA Betancur, op cit., p. 138

7 MOLINA Betancur, op cit., p. 139

8 SABA, Roberto, op cit., p. 344

9 SABA, Roberto, op cit., p. 282

10 idem

11 ibidem, p. 331

12 DÍAZ Vásquez, Rocío, El activismo judicial de la jurisdicción constitucional en el marco de la democracia, Justicia Juris, Barranquilla, 2015., p. 54

13 MEJÍA Turizo, Jorge y Pérez Caballero, Roberto,  Activismo judicial y su efecto difuminador en la división y equilibrio de poderes, Justicia, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2015

14ATIENZA, Manuel, Siete tesis sobre el activismo judicial, Departamento de Filosofía y de Derecho Internacional Privado, Universidad de Alicante, p. 6

15 SABA, Roberto, op cit., p. 310

16 idem

17 SABA, Roberto, op cit., p. 282

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