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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Alertas migratorias vs transparencia: ¿camino a su regulación?
El Estado mexicano cuenta con bases de datos administradas por el Instituto Nacional de Migración, en las que incluye a personas consideradas como riesgos a la seguridad pública o nacional a través de alertas migratorias que son diseñadas a puerta cerrada por un reducido grupo de autoridades que, bajo argumentos de protección de la seguridad nacional, las mantienen en secreto.
Por Daniela Gutiérrez Escobedo
10 de junio, 2020
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En julio de 2014 se filtraron y publicaron las normas técnicas hasta entonces confidenciales, que establecen el procedimiento para la inclusión de personas en la base de datos antiterrorista de Estados Unidos. La publicación de este documento evidenció un sistema secreto de normas y procedimientos que generó reacciones negativas por parte de asociaciones civiles, así como de las agencias de inteligencia y seguridad nacional que las diseñaron y las operan. Las primeras denunciaron violaciones al debido proceso y ambigüedad de los criterios para calificar a una persona como terrorista,1 mientras que las segundas defendieron la secrecía de su contenido, alegando que su publicación y difusión ponía en riesgo la seguridad nacional.

Con mayor opacidad y secrecía, y un enfoque más inclinado a conductas criminales y menos a conductas terroristas, el Estado mexicano también cuenta con bases de datos administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM), en las que incluye a personas consideradas como riesgos a la seguridad pública o nacional.2 Las normas que regulan la inclusión de las personas en estas bases de datos a través de la utilización de “alertas migratorias” en su contra, son diseñadas a puerta cerrada por un reducido grupo de autoridades que, bajo argumentos de protección de la seguridad nacional, las mantienen en secreto.3

En días recientes, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Migración para regular por primera vez estos procedimientos, al menos, de forma pública. La iniciativa fue retomada por algunos medios de comunicación que se concentraron en el aparente ‘plagio’ en que había incurrido la senadora y su equipo de asesores, al no citar la principal fuente de información utilizada para su elaboración –esto es, un blog escrito en 2018 en Animal Político. No obstante, este incidente hizo surgir una pregunta importante y reveló un aspecto fundamental de estos procedimientos: ¿por qué un blog de opinión es la principal fuente de información en que se basó esta iniciativa?

Estoy convencida que esto se debe a que los procedimientos que buscan regularse con la iniciativa, las normas legales en que se encuentran actualmente contenidos, y la forma en que operan en la práctica no es información pública, disponible para su acceso, análisis y difusión. Por lo tanto, cualquier iniciativa que busque regular estos procedimientos se sustentará en fuentes secundarias de información, mismas que pueden hacer interpretaciones inexactas sobre la regulación, interpretación y aplicación de estos procedimientos. Es decir, en un contexto de secrecía, es probable que la opinión y recomendaciones realizadas por la sociedad civil sea inexistente o esté mal orientada.4

Esto no quiere decir que el blog a que la iniciativa hace referencia no sea válido, ya que se escribió con base en la experiencia de la CMDPDH en el litigio de casos. Sin embargo, quisiera enfatizar los peligros y las graves consecuencias que puede tener la regulación de un tema tan sensible, especializado y hasta ahora tan secreto, sin contar con la información real, confiable, necesaria y suficiente para entender sus alcances, y el papel que juega en la política migratoria del país.

La iniciativa presentada por la Senadora Ruiz Massieu es, sin duda, relevante. El contexto migratorio actual que enfrenta el país y la región hace necesaria la regulación de un procedimiento que ha sido implementado detrás de las cortinas de la “seguridad nacional” y con ello, ha violado derechos humanos. En este sentido, más que apuntar a las ventajas y desventajas de la propuesta impulsada y que ya han sido abordadas por la CMDPDH, quisiera concentrarme en el dilema en que se encuentra la publicidad de la información relativa a estos procedimientos, y a la valiosa oportunidad que se presenta para transparentarlos, a través de los mecanismos constitucionales y legales con que cuenta el Poder Legislativo.

El dilema a que me refiero se genera porque estos procedimientos tecnológicos involucran la participación de autoridades nacionales y extranjeras en materia de seguridad nacional para la identificación de riegos o amenazas. En este sentido, existe la presunción de que estos procedimientos funcionan mejor y son más efectivos en contextos de secrecía, y que su divulgación dificultaría las operaciones de control migratorio, y perjudicaría la prevención y persecución de los delitos. No obstante, es más fácil abusar del poder en contextos de poca transparencia y rendición de cuentas. La falta de vigilancia y escrutinio efectivos protege la ilegalidad, promueve una cultura de impunidad, e inclina la balanza de poder entre los ciudadanos y el gobierno en beneficio de este último.

Al respecto, el Poder Legislativo cuenta con facultades para vigilar, a través de sus Cámaras, la actuación de las autoridades en materia de seguridad nacional. No sólo en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos asignados, sino también en la forma en que actúan. Por un lado, a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que puede requerir información al Centro Nacional de Inteligencia – antes CISEN5, y por el otro, a través de las comisiones ordinarias establecidas para estudiar y discutir las Iniciativas presentadas en los temas que les compete.6

En el caso de la iniciativa que nos ocupa, será la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados quien estudiará y elaborará un documento con las conclusiones de su análisis, y con propuestas concretas para su posterior discusión en la Cámara revisora. De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General, en la elaboración de sus conclusiones la Comisión está facultada para solicitarle al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaria de Gobernación, información sobre el procedimiento de incorporación de las alertas migratorias.7

Si bien el INM puede clasificar la información solicitada como reservada, impidiendo con ello su conocimiento por parte de la Comisión de Asuntos Migratorios, la facultad con que ésta cuenta para solicitar información es una valiosa oportunidad para legislar el tema de forma transparente, informada y con perspectiva de derechos humanos.

Lo anterior sólo será posible a partir de un genuino interés y preocupación por regular el tema, y siempre y cuando se genere un diálogo constructivo transparente, y responsable entre el INM, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Asuntos Migratorios, y las organizaciones de la sociedad civil. Para ello es fundamental desvincular a las alertas migratorias, por un lado, de su naturaleza tecnológica y, por otro, de su ambigua asociación con temas de seguridad nacional. Esto solo alimenta su secrecía, y genera su falsa apreciación como figuras jurídicas difíciles de entender y regular. Es necesario entender a las alertas migratorias como lo que son: mecanismos de control de flujos migratorios comparables con los procedimientos de detención migratorios, e incluso, como los muros construidos en los márgenes de las fronteras.

* Daniela Gutiérrez Escobedo es Licenciada en Derecho por el CIDE, especialista en Derecho Migratorio, y Consultora de la CMDPDH en el tema de alertas migratorias en México.

 

1 American Civil Liberties Union (ACLU), “U.S. Government Watchlisting: Unfair Process and Devastating Consequences”, 2014

2 Artículo 3 fracciones III y XIV del Reglamento de la Ley de Migración

3 Artículo 95, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Migración

4 Manes, J. Secret Law, Georgetown Law Journal, 803, p. 14

5 Artículos 56 a 60 de la Ley de Seguridad Nacional

6 Artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

7 Artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

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