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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Ante la falta de voluntad política, la búsqueda de los familiares por la justicia y la verdad
En los últimos años han sido las familias las que han iniciado diversos procesos de búsquedas ciudadanas, tanto de recuperación de personas vivas como de hallazgo de restos humanos en fosas comunes y clandestinas; son las familias, también, quienes han exigido a las autoridades la participación de los distintos Equipos Latinoamericanos de Antropología Forense. Con todo, las instancias oficiales continúan sin responder.
Por CMDPDH
26 de octubre, 2015
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Por: Alejandra Leyva Hernández (@AleLeyvita) y Valeria Moscoso Urzúa

 

Enterrar a un hijo es terrible, pero seguir esperándolo es aún peor”.

Víctima de la masacre de Srebrenica

 

La desaparición forzada de personas es considerada como una de las más graves violaciones a los derechos humanos, así como un delito de lesa humanidad que por su propia naturaleza continua, múltiple y pluriofensiva, agravia de formas inexplicables no sólo a sus víctimas y entorno, sino a toda la humanidad en su conjunto.

En este sentido es importante entender que la violencia implementada por un sistema que desaparece a su población, aun cuando es ejercida sobre los cuerpos individuales, no tiene como fin último al individuo en sí, sino la destrucción del cuerpo social; así es como fue concebido el sistema de la desaparición forzada desde sus inicios, como una forma de mantener a la comunidad en un estado de terror e incertidumbre que se prolongaría en el tiempo generando una efectiva y duradera intimidación y, a su vez, eliminaría cualquier intención de lucha y resistencia entre la población.

En México, desgraciadamente, esta práctica ha mantenido el foco de atención, y es que si bien aparece como estrategia recurrente del terrorismo de Estado desde lo que conocemos como la “guerra sucia” de los ‘70 y ‘80 (en diversos estados de la República y en contra de los movimientos estudiantiles, campesinos y las guerrillas), vemos cómo se ha seguido utilizando hasta la actualidad, sólo que ahora en un contexto mucho más complejo, donde las razones, motivos y actores responsables no están siendo tan claros a simple vista.

Hoy en día, las víctimas de la desaparición forzada son líderes sociales y activistas, pero también personas defensoras de derechos humanos, campesinos/as, migrantes, mujeres, profesionistas, jóvenes, etc., y el espectro se amplía cada vez más a que cualquier persona pueda convertirse en víctima de una desaparición.

Efectivamente, nuestro país atraviesa una grave crisis de derechos humanos. No sólo las organizaciones de la sociedad civil mexicanas, sino diversas instancias internacionales han denunciado como la falta de justicia –tanto de hechos actuales como del pasado-, la corrupción, la ausencia de controles efectivos y la estrategia de seguridad planteada en las últimas administraciones han profundizado las violaciones y perpetuado la impunidad, negando a la sociedad entera su derecho a la justicia, la verdad y la reparación integral.

Pero lo que se vislumbra como peor escenario es que, ante esta grave situación, el Estado mexicano actúa de manera indiferente, sin voluntad siquiera para reconocer la magnitud del problema y, por lo tanto, sin realizar mayores esfuerzos para llevar a cabo investigaciones serias, tanto para localizar a las personas desaparecidas como para procesar y sancionar a los responsables de su comisión.

El propio gobierno informó, en 2014, que hasta entonces sólo había emitido 6 sentencias en el ámbito federal por la comisión de desaparición forzada, cifra que en absoluto responde a la realidad. No existen, tampoco, registros oficiales y confiables que permitan saber exactamente cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada en el país, aun cuando el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta los últimos datos de 2015, mantiene una cifra de 26,599 personas no localizadas. Incluso, en términos de búsqueda, las autoridades mexicanas han evidenciado una fuerte falta de experiencia, herramientas y estrategias, obstaculizando tanto el encontrar personas con vida como el identificar los miles de restos humanos que han comenzado a aparecer por distintas latitudes del país.

Ante este contexto, profesionales independientes de distintas disciplinas, y sobre todo, las mismas organizaciones y movimientos de víctimas y familiares han insistido en que se visibilice la realidad que se está viviendo en México, como se hizo en la última visita que realizó tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la ONU el pasado septiembre.

Desde los años ´70 han sido los propios familiares -quienes viven bajo la tortura permanente de no saber la verdad de los hechos, de los responsables y del destino y paradero de sus seres queridos- los que han emprendido y mantenido esta lucha por la verdad y la justicia, incluso cuando esto ha significado buscar entre los miles de muertos depositados en las innumerables fosas que ocupan el territorio mexicano.

En los últimos años han sido las familias las que han iniciado diversos procesos de búsquedas ciudadanas, tanto de recuperación de personas vivas como de hallazgo de restos humanos en fosas comunes y clandestinas; son las familias, también, quienes han exigido a las autoridades la participación de los distintos Equipos Latinoamericanos de Antropología Forense pues, ante el entendible quiebre de confianza en investigadores y peritos oficiales, ha sido la trayectoria y experiencia de estos grupos independientes lo que ha apoyado a los familiares para mantener la esperanza.

Aun cuando lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa fue la gota que derramó un vaso ya bastante desbordado, visibilizando este contexto dentro y fuera de nuestras fronteras, lo cierto es que estas iniciativas y alianzas se originaron desde hace ya tiempo. Los distintos grupos de familiares, desde el caso del Sr. Rosendo Radilla (Guerrero) y hasta el caso de las jóvenes en Campo Algodonero (Chihuahua), han tomado la batuta de las búsquedas e investigaciones siendo más efectivas que las de las autoridades.

Con todo, las instancias oficiales continúan sin responder; la propia Procuraduría General de la República, por ejemplo, informó que de 2007 a 2014 registró 161 fosas clandestinas en el país, en las cuales se encontraron 581 cuerpos de los cuales sólo han sido identificados 116. Por su parte, las cifras de la SEDENA muestran las inconsistencias al presentar un registro de 246 fosas clandestinas, localizadas por personal militar en diversas entidades federativas, en el periodo del 4 de marzo de 2011 al 20 de febrero de 2014.

Las cifras no cuadran; mientras tanto, continuamos con más de 26,000 personas desaparecidas y varias miles “encontradas” pero arrojadas en fosas comunes o abandonadas en servicios médico forenses, sin identificación, sin análisis, vueltas a desaparecer.

Frente a esta realidad es que el diálogo y aprendizaje desde otras experiencias y distintas disciplinas se vuelve ya no sólo necesario sino que obligatorio, y es aquí donde entender –realmente- lo que significan las Investigaciones Antropológicas Forenses (IAF) es fundamental, no para volver a despojar a los familiares de la posibilidad de buscar a sus seres queridos bajo argumentos excluyentes y monopolizadores sino , precisamente, para fortalecer su lucha a partir de alianzas y herramientas que permitan dotarla de mayor firmeza y certidumbre.

Las IAF no son sólo acciones aisladas; no son un mero procedimiento técnico separado de la investigación, los aspectos jurídicos y psicosociales; no es sólo una toma de muestra biológica ni un análisis de ADN, sino que constituyen un proceso dado en diferentes etapas que deben cumplirse adecuadamente para así aportar realmente al alcance de la verdad, la justicia y la reparación.

Dentro de estas etapas -Investigación y Análisis, Búsqueda, Recuperación de Restos o Exhumación, Identificación y Restitución- el diálogo con los distintos actores que integran un proceso de este tipo es esencial, así como su participación en diferentes niveles dependiendo de la tarea a realizar. Asimismo, en cada etapa deben cubrirse una serie de criterios que doten de cientificidad, pero también de certeza jurídica (como el respeto a la cadena de custodia), y sobre todo, de humanidad e integralidad a esta labor.

Debe haber planificación y coordinación de los procesos, deben generarse enlaces de confianza, mapeo de personas y construcción de redes con las víctimas pero también con las comunidades, se debe manejar adecuadamente las expectativas, así como dialogarse con las mismas sobre los significados que se manejan sobre los distintos hechos y procesos, se debe reconocer el derecho de las personas al acceso a la justicia, a la verdad y la reparación, preparar y sostener a víctimas y familiares en lo que pueda suceder, con lo que se halle y no se halle, así como en sus diversas reacciones, al mismo tiempo que fortalecer sus recursos y fortalezas, debe garantizarse su participación y presencia en los procesos, dar información constante, actualizaciones y datos claros, oportunos y respetuosos, plantear pasos a seguir, garantizar manejo y entrega respetuosa de los restos y/o continuidad de las búsquedas.

En este sentido, los procesos de IAF pueden aportar pruebas objetivas a la justicia pero, sobre todo, posibilitan el reconocimiento y restitución del derecho de los familiares de saber qué pasó con sus seres queridos, dónde están, si continúan con vida o no, si murieron, cómo y por qué; del derecho a recuperar los restos y reintegrarlos al seno familiar y comunitario, devolviendo así a los muertos el rol de soporte que la cultura y espiritualidad les ha consignado; permiten reenfocar los duelos, restablecer la identidad y dignidad de las víctimas, así como resolver los diversos problemas derivados de la desaparición e, incluso, aportar a la construcción de la memoria histórica.

En procesos tan complejos como estos, en realidades tan críticas como las que estamos viviendo, el sentido reparador siempre debe ser prioritario, procurando que desde todo punto de vista las acciones emprendidas representen actos de reafirmación de la dignidad humana, teniendo como eje el reconocimiento del dolor, el respeto al derecho de saber y el ejercicio efectivo de la justicia.

En México no existe aún este tipo de trabajo desde las instituciones oficiales; las autoridades desconocen no sólo la metodología y prácticas utilizadas hace décadas en otros países, sino también las características y alcances de un verdadero trabajo de investigación integral, ligado a los procesos de IAF. En un país como en el que vivimos la situación es de urgencia y más allá de los protocolos existentes es necesario, también, contar con buenas prácticas para el encuentro con estos procesos, con personas vivas y sus historias de afectación y dolor.

Generar espacios y equipos independientes, transdisciplinarios, dialogar con academias, organizaciones, pero principalmente con las víctimas y familiares, es una labor que ya no podemos evadir. Las propias familias ya los están haciendo, dándonos una vez más el ejemplo de entereza y fuerza a las organizaciones de la sociedad civil, los/as especialistas y academias. ¿Qué más estamos esperando para acompañar su lucha?

 

 

*Alejandra Leyva Hernández es investigadora y Valeria Moscoso Urzúa es directora de trabajo y acompañamiento psicosocial, ambas de la @CMDPDH.

 

 

PGR. Solicitud de información folio: 0001700012715. La PGR informó de la inexistencia sobre el registro de fosas clandestinas durante el año 2006.

SEDENA. Solicitud de información folio: 0000700117815. La SEDENA informó de la inexistencia de la información del 1° de enero de 2006 al 3 de marzo de 2011. A partir del 21 de febrero de 2014 la SEDENA ya no registra la información sobre fosas clandestinas por no ser de su competencia sino de la PGR.

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