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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Atacar las instituciones: ¿berrinche o estrategia?
Existen serias dudas sobre el compromiso de este gobierno con procesos de búsqueda de la verdad, reparaciones a las víctimas o sanciones a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante la presente administración o por oficiales militares con altos cargos, presentes y pasados.
Por CMDPDH
22 de junio, 2020
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En su célebre discurso del 2 de septiembre de 2006, Andrés Manuel López Obrador mandó al diablo las instituciones del régimen que le había negado el acceso a la silla presidencial. El 19 de junio de 2020, catorce años después, Mónica Maccise es obligada a renunciar como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaciónn (CONAPRED), por los ataques en contra de las capacidades institucionales de esa dependencia para llevar a cabo sus funciones, y amenaza con desaparecerla. Diversos comentaristas han calificado el ataque al CONAPRED como un berrinche de la familia presidencial. Sin embargo, hay más método en el ataque presidencial a la institucionalidad democrática de lo que la idea de un berrinche puede admitir. Una breve revisión del 2019 en materia de institucionalidad en derechos humanos podría mostrar que lo que ha sucedido en este junio de pandemia es el nuevo modus operandi contra las instituciones que pudieran limitar la discrecionalidad presidencial y de su partido.

El año 2019 bien podría ser recordado como el año del desencanto (otro más) para algunos miembros de la comunidad de derechos humanos en México, en particular para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). El período entre finales de 2018 y principios de 2019 se caracterizó por un contexto político muy fluido dominado por grandes expectativas tras una importante alternancia electoral. Un partido nuevo llegó al poder y con ello, se anticipaba un cambio profundo en el panorama político, social y económico en México. De hecho, en diciembre de 2018 asumió el poder un nuevo gobierno electo que había ofrecido una narrativa de transformación y justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos. A lo largo del proceso electoral y del período previo a la inauguración del nuevo gobierno, los líderes electos mostraron apertura y receptividad en materia de derechos humanos; con un compromiso casi militante. Entre las promesas de la campaña, el nuevo presidente hablaba de temas importantes que la CMDPDH y otras organizaciones aliadas habían puesto en la agenda pública, como las herramientas para la justicia de transición y mecanismos de justicia extraordinarios.

De manera inesperada, el gobierno se alejó de esa retórica inicial que prometía justicia, verdad y reparaciones a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos; una vez asumidos los cargos, los funcionarios públicos hicieron mutis sobre la posibilidad de diseñar políticas alternativas o la implementación de cualquier acción concreta que pudiera ayudar a superar la impunidad estructural que da pie a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Las respuestas del gobierno han sido limitadas; atienden sólo a algunos casos individuales y elegidos de manera muy politizada, en lugar de reconocer la situación de los derechos humanos como una crisis de grandes dimensiones. Las soluciones estructurales a estas graves injusticias siguen pendientes. Los desafíos más apremiantes que surgieron durante 2019 fueron las consecuencias de este giro inesperado en la agenda política de derechos humanos dentro de la administración actual, un cambio que iba en contra de la promesa de la campaña de desplegar una estrategia estructural contra la impunidad ante las violaciones a derechos humanos. Las alteraciones más preocupantes e inesperadas corresponden a tres tendencias en curso: 1) el giro de 180° hacia la militarización de la institución federal de policía y de la seguridad pública, 2) la decisión de atender algunos casos, uno por uno y 3) un desafío abierto a la base institucional para la protección de los derechos humanos y la gobernanza democrática.

La primera llamada de atención se dio a finales de noviembre de 2018, cuando el presidente anunció su plan de crear una Guardia Nacional bajo mando militar y la participación de militares en tareas que son el dominio de las corporaciones policiales civiles en las sociedades democráticas. Más tarde, en febrero de 2019, el nuevo gobierno rechazó la posibilidad de modificar su estrategia después de que las organizaciones de la sociedad civil denunciaron enérgicamente la militarización como causa estructural de las violaciones de derechos humanos. Fue particularmente inquietante que, a fin de evitar una impugnación constitucional del establecimiento de una Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el presidente y su mayoría legislativa elaboraran una reforma constitucional que otorgaba prerrogativas policiales y de investigación a las fuerzas armadas. Esta medida logró eludir un fallo anterior de la Suprema Corte que había determinado la inconstitucionalidad de un proyecto de ley (Ley de Seguridad Interior) destinado a otorgar a los militares las mismas facultades que la nueva reforma; ambas son contrarias a los tratados internacionales, así como a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de otros órganos creados por tratados (p.e. Comité de Derechos Humanos) y recomendaciones de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional aclara, en una sola decisión de política pública, la posición de la administración actual con respecto a los derechos humanos. El gobierno pudo elegir entre políticas que protegen correctamente los derechos humanos y abordan las causas de las violaciones a esos derechos (pasadas y futuras) o, como lo han hecho las administraciones anteriores, atender selectivamente algunos de los abusos cometidos por administraciones pasadas. Está claro que se ha optado por la segunda opción; de hecho, el gobierno ha mantenido su posición de apoyo a la ampliación del papel de los militares en la seguridad pública sin haber depurado a las fuerzas armadas de aquellos elementos que hubieran estado involucrado en violaciones graves de derechos humanos desde 1968. Es más, el propio presidente ha señalado que los abusos de los derechos humanos cometidos por los militares, en el pasado, fueron producto de órdenes dictadas por los presidentes civiles; ha dicho que tales atrocidades no volverán a ocurrir bajo su liderazgo, ya que él nunca ordenaría a los militares que atacaran a la población. Sin embargo, en nuestro trabajo de protección de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo por las políticas migratorias de mano dura, hemos podido documentar que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, por militares e incluso por integrantes de la recién creada Guardia Nacional.

La segunda causa de preocupación ha sido el hecho de que el gobierno se centra en casos individuales, elegidos uno a uno. Este criterio politizado es evidente en la forma y contenido de los eventos de disculpas públicas que el gobierno ofreció a lo largo de 2019 a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las disculpas públicas, sin duda, pueden ser el primer paso en el proceso de reconciliación y reconocimiento de las atrocidades del pasado. Esos acontecimientos son un instrumento muy importante para ofrecer pasos hacia una justicia posible para las víctimas. Sin embargo, estos eventos pueden resultar muy limitados si se comparan con las obligaciones del estado de proporcionar verdad, justicia, reparaciones y satisfacción a las víctimas -sobre todo cuando estas acciones permanecen aisladas y sin referencia alguna a una política o programa más amplio.

Además, las disculpas recientes del gobierno mexicano han surgido sólo en el caso de violaciones a derechos humanos cometidas por administraciones anteriores. Por la misma razón, existen serias dudas sobre el compromiso de este gobierno con procesos de búsqueda de la verdad, reparaciones a las víctimas o sanciones a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante la presente administración o por oficiales militares con altos cargos, presentes y pasados. Lamentablemente, parece que el gobierno sólo ha aprovechado las ventajas políticas y la cobertura de medios de los eventos de disculpas públicas en lugar de ofrecer satisfacción a las víctimas. La estrategia de pedir disculpas públicas en 5 casos de violaciones de derechos humanos es, en el mejor de los casos, un gesto vacío en un contexto en el que la política de militarización combinada con la impunidad y la corrupción desenfrenadas han dejado tras de sí más de 150,000 personas desaparecidas en los últimos 40 años , de las cuales más de 60,000 se sigue sin conocer su suerte o paradero. Entre 2006 y 2019 se han registrado más de 34,000 víctimas de tortura a nivel nacional (con 13,560 investigaciones federales y 21,360 estatales), más de 285,000 asesinatos violentos y más de 350,000 personas internamente desplazadas. Entretanto, se ha abandonado el esfuerzo político para construir mecanismos de justicia extraordinaria, instituciones independientes e imparciales de investigación de los delitos a nivel federal; remitir la situación de México a la Corte Penal Internacional, y contribuir a que los agentes del Estado que han cometido abusos rindan cuentas por ello. Sigue siendo la impunidad la regla, lo cual incentiva a los servidores públicos a seguir cometiendo abusos de derechos humanos.

La tercera causa del malestar es la más técnica y, sin embargo, la más insidiosa por su naturaleza estructural. En lugar de salvaguardar el diseño institucional de contrapesos independientes que hacen posible la defensa de los derechos humanos, el presidente y su partido político han aprovechado su mayoría legislativa para, sin escrúpulos, nombrar a quienes se identifican personalmente cercanas a él y su proyecto político en cargos claves en instituciones que debieran ser autónomas, independientes e imparciales, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esto abre un espacio indeseable a la discrecionalidad donde las instituciones capturadas pueden optar por abrir investigaciones que exponen a los opositores, o abandonar casos para proteger al partido gobernante, o señalar gobiernos de la oposición, en lugar de investigar seriamente todas las atrocidades cometidas por agentes del estado de administraciones actuales y pasadas. Es muy probable que instituciones clave lideradas por personas cercanas al presidente confirmen lo que él ha declarado públicamente, que en su administración “no hay violaciones de derechos humanos”.

El nombramiento de la ombudsperson nacional es el ejemplo más claro de este ataque contra la autonomía que debe regir a dichas instituciones. En julio de 2019 se hizo evidente que el partido gobernante tenía la intención de cambiar la naturaleza y el alcance de la CNDH. En varias entrevistas y declaraciones públicas realizadas por el presidente López Obrador, los miembros del partido del órgano legislativo actual, así como los militantes intelectuales públicos del gobierno, denunciaron públicamente la trayectoria de la CNDH. Las declaraciones se centraron en su supuesta ineficacia y en el carácter limitado de sus acciones, así como en su falta de independencia de las autoridades del estado. Para abordar esta cuestión, las propuestas legislativas del partido gobernante pedían un nuevo proceso de nombramiento de la Presidencia de esa institución que pasaría a ser una prerrogativa del Ejecutivo Federal en vez de un proceso competitivo dirigido por el Senado. Las reformas propuestas no se llevaron a cabo. Sin embargo, las comunicaciones presidenciales atacaron a la CNDH en una campaña de desprestigio abierta que la acusaba de ser cómplice en las violaciones de derechos humanos del pasado. Su gabinete siguió el mismo camino: la Secretaria de Bienestar Social, haciendo eco a las declaraciones del presidente, anunció que no aceptaría las recomendaciones de la CNDH en relación con los programas de guarderías subrogadas que habían sido cancelados, ya que esta institución había sido cómplice del anterior “régimen neoliberal”.

El nombramiento de la presidenta de la CNDH y otros esfuerzos por capturar instituciones independientes han sido consistentes durante todo el mandato del actual presidente. Sin embargo, la nominación y nombramiento de Rosario Piedra Ibarra es epítome de las preocupaciones de diversos expertos y la sociedad civil de que la CNDH -y la agenda de derechos humanos por extensión- podría ser entregada a un integrante del partido gobernante y amiga del presidente. Estos nombramientos plantean un desafío para la defensa de los derechos humanos, ya que la independencia de la persona titular es una salvaguardia estructural clave cuando se trabaja con casos en los que los autores son agentes del estado. La politiquería que condujo a este nombramiento demostró el compromiso del partido gobernante de defender sus políticas a costa del propio texto constitucional. Junto con la creciente presión pública y la cobertura de los medios, la mayoría legislativa de MORENA orquestó un proceso de votación cuestionable y la decisión se mantuvo incluso cuando surgieron evidencias de que la candidata designada no debería haber sido elegible para postularse al cargo.

La captura de la CNDH por parte del Ejecutivo Federal fue precedida por dos designaciones más que minan la independencia institucional, sobre todo en aquellos organismos que, por diseño, están dirigidos a funcionar como límites al poder de los representantes electos y garantizar una efectiva separación de poderes. En el ámbito de la justicia, el primero de estos movimientos dirigidos a establecer figuras cercanas al presidente en puestos clave de instituciones autónomas fue la designación del ahora Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde la conformación de la terna propuesta al Senado, diferentes analistas advirtieron la cercanía de los tres perfiles presentados con el presidente. En la terna, Eva Verónica de Gyves Zárate era esposa de quien fuera el abogado del presidente durante el proceso de desafuero en 2006, el otro perfil correspondía a Bernardo Bátiz Vázquez quien fungió como Procurador de Justicia en la Ciudad de México cuando el presidente fue jefe de Gobierno, y el tercero, Gertz Manero, corresponde a quien él había designado, informalmente, como Fiscal General de la República durante el proceso de transición. En lo formal, el proceso de selección del fiscal se cumplió, pero en los hechos, la designación de Gertz Manero fue contraria al espíritu de haber legislado la creación de una fiscalía autónoma.

En el mismo tenor, la designación de Margarita Ríos-Fajart como ministra de la SCJN confirmó el modus operandi de estos procesos de captura institucional. A pesar de cumplir con las formalidades, una vez más, el proceso se vio caracterizado por la premura, con poco tiempo para analizar los perfiles en el Senado, y un vínculo directo del presidente con la persona que finalmente fue designada. Así como en el proceso de designación de la CNDH o la FGR, esta designación a la SCJN explotó la mayoría parlamentaria del partido en el poder para asegurar designaciones a modo en puestos en los que el requisito fundamental de las y los designados debería ser la independencia del Ejecutivo Federal. Ríos-Fajart ha sido asesora jurídica de una empresa propiedad del jefe de la Oficina de Presidencia, y se había documentado ya en 2018 que el nombramiento de Ríos-Fajart como Directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) había requerido una reforma a la ley de esa dependencia para permitir que ella ocupara el cargo, en virtud de que no contaba con la experiencia necesaria para ocupar el puesto de acuerdo con la legislación previa a la reforma.

A todo ello hay que sumar los ataques sistemáticos a la prensa independiente y a organizaciones defensoras de derechos humanos por parte del presidente de la república en su conferencias matutinas, complementadas con la ineficacia de su gobierno para fortalecer el espacio para el trabajo seguro de la prensa y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Se ha descuidado el de por sí debilitado mecanismo para la protección de defensores y periodistas, mientras que la investigación, procesamiento y castigo de quienes cometen delitos contra dichos defensores y periodistas por la FGR siguen siendo incipientes.

No obstante las afrentas a la institucionalidad democrática, han habido llamamientos desde diferentes sectores de la sociedad civil y del mundo académico para hacer un balance equilibrado entre los pros y los contras de la política de derechos humanos de esta administración. Muchos analistas han pedido a las organizaciones de la sociedad civil que equilibren sus evaluaciones del nuevo gobierno. Sostienen que en lugar de producir interpretaciones negativas y unilaterales, las organizaciones deben tratar de comprender los claroscuros en el nuevo gobierno, a pesar de que las puertas de las instituciones están cerradas para el diálogo, que a un año de gobierno no se conocen los planes o programas administrativos que tracen la política de derechos humanos y que el acceso a la información pública gubernamental se ha dificultado.

Algunos apuntan que las limitaciones en materia de derechos humanos deben ponderarse a la luz de los aciertos en sectores como la política económica, con un aumento del salario mínimo, transferencias directas a los estudiantes y otros sectores vulnerables, así como un impulso para utilizar la inteligencia financiera para combatir la corrupción. Todo ello parece dar señales positivas, pero habría que esperar a las evaluaciones que se hagan puedan descartar que dichas políticas están encaminadas a construir un sistema clientelar del gobierno y/o del partido político en el poder. También se opacan estas políticas de corte social con la sistemática negación del derecho a la información pública, así como al derecho a la consulta de los pueblos indígenas y las violaciones al derecho al medio ambiente sano que abonan a la crisis climática, con la ejecución de los grandes proyectos de desarrollo de esta administración, como por ejemplo el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o la termoeléctrica de Huexca.

Otra señal positiva en materia de derechos humanos es que el gobierno ha reconocido oficialmente el hecho de que millones de personas han sido desplazadas por la fuerza dentro de México. Sin embargo, las medidas para atender las necesidades de los desplazados internos siguen siendo inexistentes. Además, la criminalización de la migración internacional se ha endurecido debido a los cálculos del actual gobierno para favorecer las preferencias de los Estados Unidos y aplicar una política migratoria restrictiva en lugar de centrarse en los derechos humanos de las poblaciones migrantes, incluidas las personas solicitantes de asilo. Nunca imaginamos que en la administración de la supuesta transformación las detenciones administrativas de migrantes continuarían siendo la regla y que en el control y verificación migratoria se involucraría a las fuerzas armadas, así como a la Guardia Nacional militarizada.

Es difícil encontrar un equilibrio donde no lo hay. El modo fragmentario e inconsistente en que se aplican las políticas y las pequeñas señales positivas difícilmente pueden superar los riesgos que conllevan las tres grandes tendencias que han marcado la política de derechos humanos en México durante 2019. Sin duda, el llamado a mirar los claroscuros es poético y apela a la necesidad de comprender la complejidad que supone resolver los problemas de injusticia e impunidad, desigualdad y discriminación, así como violaciones a derechos humanos en México. Sin embargo, la persistencia y el fortalecimiento de la política de militarización, la decisión de dar prioridad a la justicia simbólica, caso por caso, en lugar de la justicia efectiva, y la destrucción de la independencia institucional donde más se necesita reducirán la capacidad de los defensores y las organizaciones de derechos humanos para impugnar las acciones y decisiones del estado que sean contrarias a los intereses de las víctimas. Lograr un equilibrio y balancear los claroscuros implicaría un transacción imposible: favorecer avances parciales a costa de las instituciones que son la condición de posibilidad para la aplicación y el cumplimiento eficaz de los derechos humanos, y por consiguiente de la democracia.

@CMDPDH

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