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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
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Ayuntamiento de Tijuana se niega a respetar derechos humanos de 25 Policías víctimas de tortura
Seis años después de ser declarados inocentes de presuntos delitos por delincuencia organizada y contra la salud, 25 policías de la ciudad de Tijuana aún esperan que se repare el daño y se sancione a los responsables de la detención y tortura de la que fueron víctimas, a lo cual se opone el ayuntamiento de Tijuana.
Por CMDPDH
30 de marzo, 2015
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Por: Isis Goldberg y Raúl Ramírez Baena 

Esta semana se cumplen seis años desde que 25 policías de la ciudad de Tijuana fueron detenidos, arraigados y torturados en el Batallón Militar por el supuesto delito de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Hace 6 años, las familias de estos 25 policías se encontraban en pánico al no saber dónde estaban sus seres queridos, detenidos mientras estaban laborando.

Después de ser informados que sus familiares estaban en cuarteles militares se contactaron y presentaron denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que eventualmente emitiría la Recomendación 87/2011 en contra de la SEDENA, PGR, el Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, concluyendo que se violaron múltiples derechos humanos.

Transcurridos 6 años, todos los policías se encuentran en libertad después de ser declarados inocentes. Actualmente están intentando reconstruir sus vidas, a pesar de todo lo que han sufrido desde el momento de su detención y ahora al enfrentarse a la impunidad para sancionar a los responsables de la detención y tortura de la que fueron víctimas.

El Gobierno Federal, a través de la CNDH y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), han convocado reuniones con el fin de investigar a los responsables y proponer opciones para reparar el daño ocasionado a las víctimas. Desde el año 2012, cuando se inició un diálogo entre las cuatro autoridades obligadas a reparar el daño, el Ayuntamiento de Tijuana ha sido la única autoridad que no ha asistido a las reuniones de trabajo y no ha cumplido con los acuerdos concretados, esto a pesar de que aceptó la Recomendación de la CNDH. En total ha habido aproximadamente 7 reuniones tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, Baja California, sin que haya ningún avance por parte del Ayuntamiento.

La última decepción para los policías fue en febrero de 2015 cuando SEGOB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), la CNDH, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos viajaron a la ciudad de Tijuana, con el fin de reunirse con el Ayuntamiento, con representantes de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, la Sindicatura Procuraduría y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste para dar seguimiento a la recomendación de la CNDH.

En aquella ocasión, el Ayuntamiento de Tijuana nuevamente incumplió con los acuerdos de la reunión en la cual se acordó que el Ayuntamiento investigaría la posibilidad de reincorporar a los ex policías en sus antiguos puestos –derecho que les corresponde como medida de restitución-. Sin embargo, en lugar de informar a los representantes legales y a las autoridades federales correspondientes, el Ayuntamiento únicamente hizo pública su postura ante medios de comunicación, informando que existía un impedimento constitucional que señala que la reinstalación está prohibida en la Constitución, pero que están “analizando los criterios de la Suprema Corte de la Nación”.

En ese sentido es posible que el Ayuntamiento este incumpliendo con sus responsabilidades de reparar el daño por falta de conocimiento de sus obligaciones como parte del Gobierno mexicano, en particular con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos y la Ley General de Víctimas. Por ejemplo, ha habido declaraciones de que el Ayuntamiento ya reparó el daño, al haber pagado salarios caídos. Sin embargo, éste es un proceso laboral y derecho de cualquier empleado de gobierno. Si bien tiene una relación con la reparación, no se trata de una reparación integral a violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, observamos que existe una falta de voluntad por parte del Ayuntamiento al escudarse en una disposición jurídica. No obstante que en el año 2011 y 2012 el Ayuntamiento reinstaló a tres de las víctimas del grupo de los 25 policías, hoy se sigue negando a reinstalar a los 22 restantes. Asimismo, otros grupos de policías que sufrieron violaciones a sus derechos humanos y que fueron dados de baja de la institución, ya han sido reinstalados como parte de la reparación a una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Además de resistirse en reparar el daño, el Ayuntamiento no ha realizado una investigación diligente de las autoridades responsables de la tortura y detención arbitraria. Por el contrario, las personas que ya han sido señaladas como partícipes en la tortura, tanto por la CNDH como por las víctimas, continúan en puestos políticos y administrativos en la ciudad de Tijuana y siguen siendo un peligro a la ciudadanía.

Aunque por parte del gobierno federal se ha visto una apertura para dialogar sobre cómo investigar y reparar el caso, el Ayuntamiento de Tijuana sólo ha traído decepción a las víctimas. Por lo que las organizaciones representantes solicitamos que el equipo jurídico del Ayuntamiento reciba la asesoría del gobierno federal de manera favorable para poder promover una cultura de respeto pleno a los derechos humanos en Tijuana.

Hasta que el Ayuntamiento no repare y atienda las violaciones a los derechos humanos ya documentadas y aceptadas por la misma, la situación deplorable de graves violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Tijuana continuará. Esta es la oportunidad para que el Ayuntamiento se pronuncie y demuestre que tiene la intención de respetar las normas de derechos humanos establecidas en la normativa nacional e internacional. El plazo que el mismo Ayuntamiento propuso ya venció y las autoridades que estuvieron presentes en la reunión aun esperan la respuesta del Ayuntamiento.

¿Cumplirá con sus obligaciones de respetar los derechos humanos de las víctimas? Si el Ayuntamiento no reinstala a los 25 policías, entonces esto constituirá una nueva violación, esta vez por atentar contra el “proyecto de vida” de las víctimas. A 6 años, los policías y sus familias únicamente piden justicia y la oportunidad de re-hacer sus vidas.

 

* Isis Goldberg es abogada de la @CMDPDH. Raúl Ramírez Baena es director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

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