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Verdad, justicia y reparación
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Berta Cáceres y el ataque que no cesa
La situación en Honduras es particularmente difícil para las personas defensoras del medio ambiente y el territorio. Diversos informes lo reportan como el país con el mayor número de asesinatos per cápita de los 17 analizados en distintas partes del mundo. Desde 2002, 111 de estos activistas han sido ejecutados en el país centroamericano, 12 durante 2014.
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28 de marzo, 2016
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Por: Graciela Martínez González (@gracielamargon)

El asesinato de Berta Cáceres, defensora del medio ambiente y activista por los derechos de los pueblos indígenas, el pasado 3 de marzo en Honduras, es un hecho que desgraciadamente demuestra lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos están denunciando públicamente y ante instancias nacionales e internacionales desde hace tiempo: que las y los defensores del medio ambiente y de la tierra frente a proyectos de desarrollo son una amenaza para los intereses económicos y políticos y, por ello, están en grave peligro.

A penas una semana antes del crimen, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (Observatorio, FIDH-OMCT) presentaba en México su último informe Criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina. Dicho informe señala que “es creciente el fenómeno de la utilización indebida del derecho penal para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos en represalia a la labor que desempeñan”, e incluye precisamente el caso de Berta Cáceres entre los ocho paradigmáticos de América Latina. Asimismo, el documento analiza el rol y complicidad por parte de empresas, funcionarios públicos, fiscales y jueces, entre otras autoridades, en este fenómeno.

Los ataques en contra de Berta Cáceres, como denuncia el reporte, no eran aislados y respondían a un patrón de hostigamiento que, finalmente, acabó en asesinato. El 24 de mayo de 2013, la defensora y dos de sus comunicadores fueron emboscados por un comando militar policial. Durante la inspección del vehículo en el que viajaban encontraron supuestamente un arma de fuego, por lo que los tres activistas fueron detenidos. En particular, Berta Cáceres fue acusada de “portación ilegal de armas” y “atentado contra la seguridad interna del Estado”, aunque ella alegó que el arma fue colocada mientras realizaban la revisión. Al día siguiente fue liberada, sin embargo tuvo que presentarse a firmar una vez por semana en el juzgado y fue privada de salir del país.

El hostigamiento no cesó desde entonces, ni para ella ni para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). La organización, cofundada por la activista lleva más de 20 años defendiendo los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en Honduras, en particular, del pueblo indígena Lenca. Uno de los casos que ha acompañado y que más ha trascendido es el de las comunidades de Río Blanco, que reclaman el derecho a una consulta y a la protección del río Gualcarque frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a ejecutarse en los departamentos de Santa Bárbara y de Intibucá, al occidente de país.

Cuando aún no se había resuelto la acusación contra Berta y sus compañeros, en septiembre de 2013, la defensora y otros dos líderes de la organización, Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva, fueron imputados por el Ministerio Público, en esta ocasión por los delitos de “usurpación”, “coacción” y “daños continuados” en perjuicio de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). La compañía, de capital hondureño, es precisamente la encargada de la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que obtuvo financiación del Banco Interamericano de Integración Económica, entre otros, y que subcontrató a las empresas china Sinohydro y alemana Voith Hydro Holdingy. El COPINH empezó a hacer campaña a favor del derecho a la consulta de las comunidades de la zona en este caso en 2011. Su lucha logró que la empresa china se retirara del proyecto a finales de 2013, aunque no la finalización del mismo.

El Ministerio Público identificó a los defensores como autores intelectuales de los hechos por inducir supuestamente a los pobladores de la zona a destruir las instalaciones del proyecto. Entre las pruebas utilizadas por el organismo se encontraron denuncias interpuestas por el alcalde municipal Martiniano Domínguez en apoyo de la empresa, así como por la apoderada legal de la compañía DESA, según relata el informe del Observatorio.

En el primer caso de criminalización, un juzgado local determinó poner fin al procedimiento judicial de manera definitiva a principios de 2014. En el segundo, el desestimiento sólo fue temporal. Este último da cuenta de cómo la autoridad facilitó la acción judicial contra las personas defensoras de derechos humanos, lo que constata que “la actuación de los agentes del Estado y de las empresas es determinante para el inicio y continuación de investigaciones penales sin fundamento con la finalidad de amedrentar la labor de defensores y defensoras y generar la paralización de su trabajo en defensa”.

Desafortunadamente, Berta Cáceres no ha sido la única víctima de asesinato del COPINH. La organización denunció que, en julio de 2013, el indígena Lenca Tomás García murió de un disparo cuando el Ejército hondureño abrió fuego de forma indiscriminada contra una manifestación pacífica que impedía la entrada a la zona de construcción de la represa. Al año siguiente, en mayo de 2014, William Jacobo Rodríguez, también integrante de la organización, fue asesinado. Su hermano, un joven de 15 años, desapareció en octubre de ese mismo año y más tarde su cuerpo apareció en un río con indicios de tortura.

La situación en Honduras es particularmente difícil para las personas defensoras del medio ambiente y el territorio. Otro informe, publicado en 2015 por Global Witness ¿Cuántos más?, reporta que es el país con el mayor número de asesinatos per cápita de los 17 analizados en distintas partes del mundo. Desde 2002, 111 de estos activistas han sido ejecutados en el país centroamericano, 12 durante el año 2014. Pero es a partir del golpe de estado de 2009 que la situación se ha recrudecido, ya que el gobierno ha establecido medidas que facilitan las concesiones de permisos medioambientales pasando por alto las buenas prácticas internacionales.

La reacción por parte de la sociedad civil hondureña e internacional y las muestras de solidaridad de todas partes del mundo con Berta Cáceres, el testigo del asesinato y defensor mexicano –que continúa en Honduras a pesar del grave contexto–, y el COPINH demuestran que la activista gozaba de una amplia red de apoyo. Por su lucha en defensa del río Gualcarque y las personas afectadas por la construcción de la presa Zarca ganó del Premio Goldman de Medio Ambiente 2015. Sin embargo, esto no intimidó a los asesinos, que entraron sin pudor en su casa y la mataron. ¿Qué garantiza entonces protección a los activistas frente a intereses tan poderosos que parecen no tener ningún coste político?

En abril del año pasado, el Congreso de Honduras aprobó la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han manifestado muchas dudas acerca de que su aplicación permita a las y los defensores de derechos humanos realizar su labor sin riesgo. Berta Cáceres ya gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 y, sin embargo, no fueron efectivas.

Este contexto es de sobra conocido en México, pues hay numerosos casos de criminalización de defensores y defensoras del medio ambiente y de la tierra, como Bettina Cruz, activista oaxaqueña frente a los eólicos; Marío Luna, de la Tribu Yaqui, o Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, todos encarcelados por luchar frente a proyectos de desarrollo.

El Consejo de Derechos de la ONU admitió hace una semana esta situación y aprobó, no sin dificultades, una resolución histórica que reconoce precisamente la labor de las personas defensoras de los derechos económicos sociales y culturales e insta a los Estados a poner en marcha todos los mecanismos posibles para que puedan desarrollar su labor sin riesgo. Ahora es el turno de los actores estatales (y no estatales), quienes deben dar de manera inmediata los siguientes pasos para que dicha resolución tenga efecto y que no se repitan casos como el de Berta Cáceres.

 

* Graciela Martínez González es parte del equipo de comunicación de la @CMDPDH, responsable de campañas.

 

 

Environmental Justice Atlas, Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, Honduras, (consultado el 9 de marzo de 2016).

BBC Mundo, “Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China”, 3 de marzo de 2016, (consultado el 11 de marzo de 2016).

Observatorio, op.cit., p. 21.

Comité por los derechos humanos en América latina, Acción Urgente: Asesinato de Tomas Garcia, líder indígena y miembro de COPINH, (consultado el 9 de marzo de 2016).

Global Witness, ¿Cuántos más?, (consultado el 10 de marzo de 2016), p. 20.

Rights Action, The Agua Zarca Dam and Lenca Communities in Honduras: Transnational Investment Leads to Violence against and Criminalization of Indigenous Communities, octubre de 2013, p.15, (consultado el 11 de marzo de 2016); y Global Witness, op.cit., p. 17.

Amnistía Internacional, Informe Anual, Honduras 2015/2016, (consultado el 8 de marzo de 2016).

CIDH, Medidas Cautelares, Berta Cáceres, (consultado el 8 de marzo de 2016).

ISHR, “Human Rights Council adopts historic resolution on protection of defenders of economic, social and cultural rights”, 21 de marzo de 2016, (consultado el 26 de marzo de 2016).

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