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Verdad, justicia y reparación
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Bettina Cruz, defensora en libertad pero sin protección
La Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por unanimidad en abril de 2012 establece un Mecanismo de Protección “que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Sin embargo, los datos publicados por organizaciones y organismos de derechos humanos muestran un contexto distinto que no refleja el cumplimiento de la Ley, como es el caso de Bettina Cruz.
Por CMDPDH
2 de marzo, 2015
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Por: Graciela Martínez (@gracielamargon)

El pasado 3 de febrero, las organizaciones internacionales Peace Brigades International (PBI) y Washington Office on Latin America (WOLA) publicaron un informe en el que analizan de manera sucinta las principales debilidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob). Justo una semana después, la abogada Bettina Cruz Velázquez anunció públicamente la absolución de las acusaciones en su contra después de casi cuatro años de proceso penal. Organizaciones de derechos humanos consideran este caso representativo de la criminalización contra los defensores y defensoras comunitarios y de la evasión de la responsabilidad del Estado mexicano en materia de protección a personas defensoras.

Según establece la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por unanimidad en abril de 2012, el Mecanismo de Protección surgió para implementar medidas “que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Sin embargo, los datos publicados por organizaciones y organismos de derechos humanos muestran un contexto distinto que no refleja el cumplimiento de la Ley.

El reciente informe de PBI y WOLA señala como principales deficiencias la falta de recursos tanto humanos como de financiación del Mecanismo; la falta de comunicación y coordinación entre los gobiernos estatal y locales, así como con otros organismos que otorgan medidas de protección; la falta de difusión para conocer la naturaleza del Mecanismo y el abanico de medidas que puede otorgar; la falta de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de coordinación con el Mecanismo, a pesar de integrar la Junta de Gobierno, y la falta de claridad acerca de las responsabilidades de las Unidades auxiliares y de operatividad en el caso de la Unidad que da seguimiento a la correcta implementación de las medidas de protección.

La defensora Bettina Cruz Velázquez, parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), al sur de Oaxaca, lleva ya dos años integrada en el Mecanismo de Protección. La abogada ha expresado en reiteradas ocasiones algunas de las fallas que se plantean en ese informe. A pesar de su reciente absolución, el contexto de las y los defensores del territorio en el Istmo es particularmente delicado; de hecho, la defensora contabiliza hasta 50 defensores acusados de diversos delitos.

Bettina Cruz fundó la APIITDTT en 2007, junto con pobladores indígenas y campesinos binni’zaa (zapotecos) e ikoojts (huaves) de la región del Istmo, tras la instalación de los primeros parques eólicos por parte de empresas multinacionales como Mareña Renovables, Gas Natural Fenosa, Demex (Renovalia Energy) o Iberdrola, ya que los pueblos originarios de la zona no fueron consultados de forma previa, libre e informada como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por México.

Debido a su labor de defensora, Bettina Cruz sufrió amenazas de muerte sistemáticas, y a pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Oficina para la defensa de los derechos humanos del gobierno del estado de Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se vio obligada a salir del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con sus hijas. A finales de 2012, acudió al Mecanismo de Protección, el cual determinó entonces que la defensora se encontraba en “alto” riesgo.

El Mecanismo definió crear las condiciones de seguridad necesarias para el regreso de Bettina y su familia a la comunidad y para que la Asamblea de los Pueblos pudiera realizar sus actividades sin riesgo. Determinó también que la investigación de las agresiones en contra de la defensora se realizara por parte de la PGR y se reconociera la labor de las personas defensoras por parte del gobierno de Oaxaca. Sin embargo, a la fecha nadie ha sido procesado por los ataques contra Bettina Cruz, ni ha habido un reconocimiento público de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, a pesar del compromiso de las autoridades.

El informe de PBI y WOLA señala que “ncluso cuando los periodistas y defensores de los derechos humanos logran que se otorguen medidas de protección a través del Mecanismo, el diseño e implementación de las medidas presentan graves deficiencias”. En este sentido, el Mecanismo afirmó que se instalaría un sistema de video vigilancia, un sistema de alarma y una cerca electrificada en el domicilio de Bettina, no obstante, comunicó a la defensora que no pudo llevar a cabo la instalación porque el servicio de luz no se encontraba en funcionamiento. La Segob no tuvo en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es uno de los agentes agresores de la defensora, que le ha denunciado y suspendido el servicio.

La acusación de la CFE se produjo a raíz de una manifestación pacífica frente a sus oficinas ubicadas en Juchitán de Zaragoza, el 13 de abril de 2011, en la que participaban integrantes de varias comunidades del Istmo de Tehuantepec. La protesta tenía como objetivo expresar su inconformidad por las altas tarifas eléctricas –otro de los movimientos de resistencia civil en los que Bettina Cruz participa– y exigir el respeto a los derechos del territorio y su decisión de no aceptar proyectos eólicos en tierras de uso común. También demandaban la liberación de un miembro de la APIITDTT, Filiberto Vicente Aquino, encarcelado por una demanda proveniente también de la CFE.

A pesar de que Bettina Cruz probó que durante la protesta se encontraba en la ciudad de Oaxaca, la CFE denunció a la defensora por el delito de “oposición a que se ejecute una obra o trabajo público”. Pocos meses después, se libró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional, ejecutada el 22 de febrero de 2012 por elementos de la Policía Federal Ministerial en el municipio de Santa María Xadani, Oaxaca. El juez ordenó la libertad bajo fianza de Bettina Cruz, quien salió libre dos días después de su detención. En diciembre de 2014, casi tres años después, finalmente se absolvió a la defensora de las acusaciones, y el pasado 12 de febrero lo notificó públicamente.

Cabe señalar que el estado de Oaxaca –junto a Guerrero– encabeza la lista de agresiones a personas defensoras de derechos humanos en México, así lo confirma el último informe publicado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, con 15 ataques de 2011 a 2013. Por otra parte, el 25% de las medidas cautelares otorgadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México ha sido para defensores y defensoras de Oaxaca, según el recuento del informe “Defensoras somos todas” publicado este año. Resulta, por tanto, de carácter urgente aplicar las recomendaciones emitidas en el informe de WOLA y PBI, que no es más que cumplir con los objetivos que la Ley de Protección concibe, y garantizar así la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en México.

 

* Graciela Martínez es encargada de difusión en el Proyecto de Personas defensoras de derechos humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH)

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