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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Candil de la calle, la política de derechos humanos de AMLO
El riesgo que este gobierno no está dispuesto a correr es el de perder el control político frente a un proceso de justicia transicional que construya capacidades institucionales con reglas claras y transparentes, porque ello supondría las condiciones para juzgar no sólo las violaciones del pasado sino del presente y el futuro inmediato, y sancionar a los responsables (incluyendo el ejército).
Por CMDPDH
25 de marzo, 2019
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Por: Rodolfo Franco Franco (@francopolis)

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su preferencia por no pronunciarse sobre asuntos de derechos humanos en otros países y ha insistido que su política de derechos humanos se trata, fundamentalmente, en no ser “candil de la calle y oscuridad de la casa”. No obstante, parece que Andrés Manuel no ha sido capaz de cumplir ni esa promesa. La expresión más clara de su política de derechos humanos no ha tenido lugar en un foro o proceso nacional sino en un pronunciamiento en Ginebra, Suiza. Es lamentable, además, que esta articulación surja a expensas de los procesos de consulta sobre justicia transicional que él mismo inició y luego canceló con víctimas, colectivos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Es por ello que el anuncio escueto y desarticulado, el 6 marzo pasado, de que la Secretaría de Gobernación dará inicio a mesas políticas y lanzará una unidad de justicia transicional tomó por sorpresa a más de una persona, y despierta serias dudas sobre lo que este gobierno entiende por justicia.

El 26 de febrero pasado la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resumió la política mexicana de derechos humanos en cinco acciones gubernamentales: 1) la creación por decreto presidencial de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, 2) la aceptación sin reparos por parte del Estado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos Alvarado Espinoza y otros, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco y Truega Arciniega y otros, 3) la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho en cumplimiento de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, 4) la adopción de la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas para combatir la violencia contra las mujeres y 5) la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para combatir la discriminación. Nada se mencionó, sin embargo, sobre cómo se garantizará el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las otras miles de víctimas de tortura, desaparición forzada, violencia sexual, y ejecución extrajudicial en México.

Así, mientras la subsecretaria saludaba a sus contrapartes diplomáticas en Ginebra con un Mah cualli tetolac (buenas tardes en náhuatl), en México habían pasado sólo 6 días desde el asesinato de Samir Flores Soberanes, líder comunitario e indígena náhuatl opositor a la termoeléctrica de Huexca en el municipio de Cuautla, Morelos; en un lapso de 2 semanas en febrero el presidente y su gabinete habían anunciado el fin de subsidios a estancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de la violencia; el 21 de febrero se reportaban 10 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en México, y un Juzgado de Distrito tuvo que ordenar a las autoridades federales y estatales de Guerrero realizar diligencias e investigación de manera, seria, imparcial, profesional y diligente, exhaustiva y efectiva en torno a la búsqueda de Rosendo Radilla Pacheco (desaparecido en 1974) para dar cumplimiento a la primera sentencia por desaparición forzada emitida en contra el Estado mexicano por la CoIDH desde 2009. ¡A todas luces, la oscuridad está en la casa!

Durante el periodo de transición el presidente ordenó a su equipo organizar mesas de diálogo para elaborar un modelo de justicia transicional que permitiera ofrecer vías para la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición para las víctimas violaciones a derechos humanos y la violencia en México. Esta orden fue el producto de una reunión con miles de víctimas celebrada el 15 de septiembre de 2019 en Tlatelolco; ahí el presidente prometió acabar con la impunidad del sistema de justicia e hizo suyos los reclamos de verdad y justicia de las víctimas. También en esas fechas, aún sin haber asumido funciones, el presidente llevó a cabo diálogos escucha para recoger e identificar las necesidades de las víctimas en diferentes estados del país. Sin embargo, para comienzos de febrero los expertos, víctimas, colectivos y organizaciones denunciaron el abandono total del proceso por parte de las autoridades. Desde entonces el gobierno había guardado silencio sobre la justicia transicional, el diálogo con víctimas y colectivos había perdido su valor político desde la toma de posesión en diciembre.

El discurso sobre la justicia transicional y la participación ciudadana fueron reemplazados por el cálculo político de los beneficios inmediatos. Sin duda atender el caso Ayotzinapa, aceptar las sentencias de la CoIDH, movilizar el aparato estatal para cumplir con las disculpas públicas de los casos y el resto de las medidas anunciadas son medidas que el Estado está obligado tomar. Pero la estrategia de atender el problema caso por caso es también políticamente rentable. Ofrece una lista de tareas qué cumplir para un equipo a cargo de Alejandro Encinas que podrá anunciar cada pequeña acción con bombo y platillo. No obstante, estas acciones combinadas con mesas políticas y una unidad de justicia transicional levantan más dudas que esperanza. La renacida propuesta no tiene referente en ningún marco legislativo y crea espacios de discrecionalidad gubernamental que no parecen servir el interés de la justicia; la ausencia de un proceso de consulta amplia y definiciones claras violenta los principios rectores y mejores prácticas de las Naciones Unidas. Además esta estrategia política es un acto de crueldad para las miles de víctimas desatendidas o expuestas ante instituciones de justicia inoperantes a nivel federal y estatal.

Está claro que el tipo de justicia que promoverá el Estado mexicano tiene además un propósito de legitimación política. La versión de justicia de la 4T sirve el propósito de defenestrar el pasado represor frente a la opinión pública a costa de la justicia misma.

El panorama es desalentador por la dimensión de la tragedia: 40,000 desaparecidos requerirían mil comisiones de la verdad con expertos internacionales para asegurar al menos un trato igualitario de acceso a la justicia; las más de 15,000 víctimas de tortura desde 2006 requerirían resoluciones similares a la que recibió el caso de Lydia Cacho. Incluso si lo anterior no fuera un problema, todas las víctimas tendrán que seguir enfrentando un sistema de procuración de justicia que necesita órdenes judiciales para hacer su trabajo, como en el caso Radilla.

La justicia de la cuarta transformación está hecha para sancionar al pasado sin investigación ni juicio, cargándole los costos de esto a las víctimas. Se trata de justicia a la medida de los intereses políticos del Estado, selectiva por definición; una justicia de los vencedores sobre el pasado. Este tipo de justicia no busca crear las instituciones (leyes y procedimientos) que puedan tramitar este panorama tan desolador en el mediano y largo plazos. Por el contrario, la lógica es simple pero contundente: este gobierno transformador aceptará todas las sentencias y cosa juzgada del pasado, las que ni siquiera han sido investigadas o resueltas por el aparato estatal, o decidirá políticamente caso por caso, en una mesa política o en un proceso de justicia sin ley.

El presidente ha decidido que será candil de la calle atendiendo la lista de casos con resoluciones y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos; Poncio Pilatos no lo habría hecho mejor. Esta vía de acción tiene además la ventaja de que las sentencias y resoluciones de organismos internacionales mandatarán al Estado a investigar y sancionar a los responsables con un sistema de procuración de justicia pasmado y con un fiscal a modo que podrá priorizar el trabajo de los casos a conveniencia. Además de que, sin un marco legal para la justicia de transición, la Secretaría de Gobernación se convertirá en una agencia de coyotaje para tramitar las demandas legítimas de las víctimas a través del favor gubernamental —una forma de clientelismo más vil que la transferencia directa de recursos.

Así, el costo político de las violaciones a derechos humanos permanecerá en el pasado y los intereses que puedan tocar las sentencias —en instituciones como las fuerzas armadas— quedarán limitadas y acotadas por el trabajo que haga o deje de hacer el sistema de procuración de justicia (con su guardia militar); mientras que el bono de legitimidad por las disculpas y otros actos públicos será todo para el nuevo gobierno. Las soluciones políticas, probablemente estén todas libres de responsables e impliquen excarcelaciones e indemnizaciones. Los militares y otros posibles responsables tendrán claridad (por no decir veto) sobre los límites y alcances de lo que hará este gobierno, que no irá más allá de lo que sea una estricta necesidad de propaganda política. Así se define a quienes aplicará esta versión de justicia, sólo a los casos que hayan conseguido sentencias o resoluciones internacionales, o a los casos que necesiten atención en las mesas políticas (cualquiera que sea el estándar); por último, la temporalidad de esta versión de justicia estará restringida al pasado (todo lo que no sea esta administración), sin considerar la grave situación de violaciones a derechos humanos que aún se vive en el país.

Los costos de estas decisiones se dividirán entre los emisarios del pasado y las víctimas de violaciones graves, quienes a falta de un proceso amplio de justicia transicional tendrán que buscar la forma de movilizar políticamente sus casos, ya sea a través de la protesta social, con un documental como el de Jorge y Javier, o el litigio internacional. El riesgo que este gobierno no está dispuesto a correr es el de perder el control político frente a un proceso de justicia transicional que construya capacidades institucionales con reglas claras y transparentes, porque ello supondría las condiciones para juzgar no sólo las violaciones del pasado sino del presente y el futuro inmediato, y sancionar a los responsables (incluyendo el ejército). Un proceso serio de justicia transicional pondría en riesgo la máxima por la que vive, pero no pronuncia, el presidente: “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”.

La luz con la que esta administración alumbra sus participaciones en Ginebra oculta la sombra que se cierne sobre las víctimas, los defensores y periodistas asesinados desde diciembre pasado, las mujeres que ven recortados servicios que protegen sus derechos y los indígenas que obtienen un instituto al tiempo que ven peligrar sus tierras y cultura frente a una cuarta transformación que se ha blindado para que la ley a secas sea una cosa para el pasado. El broche de oro ha sido la intención de la Cancillería mexicana de no reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Marx decía que la historia sucede primero como tragedia y después como una miserable farsa; ¡esta es la primera llamada, primera, para “El pacto de impunidad de la cuarta transformación”!

 

@CMDPDH

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