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Verdad, Justicia y Reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
Capacidades y voluntad para cumplir con las normas de derechos humanos
México es un campeón en ratificar tratados internacionales, crear comisiones públicas, adoptar leyes y redactar planes y programas. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos han empeorado conforme se ha desarrollado y consolidado esta postura de compromiso. ¿Por qué el compromiso no está conduciendo al cumplimiento?
Por CMDPDH
8 de julio, 2019
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Por: Alejandro Anaya Muñoz (@alejandroanaya)

Una característica central de las dinámicas actuales en materia de derechos humanos en el mundo es la clara brecha entre compromiso y cumplimiento. Es decir, mientras los estados han adoptado cada vez más y más compromisos normativos en la materia, la violación de derechos humanos continúa sin mejorar. México es un claro ejemplo de ello. Nuestro país es un campeón en lo que respecta a la ratificación de tratados internacionales, la creación de comisiones públicas, la adopción de leyes y la redacción de planes y programas. Al mismo tiempo, nuestras autoridades afirman en sus discursos una y otra vez, ante propios y extraños, que todo lo hacen y lo seguirán haciendo bajo un respeto “irrestricto” a los derechos humanos. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos no solamente no han menguado, sino que han empeorado conforme se ha desarrollado y consolidado esta postura de compromiso. ¿Qué puede estar pasando en casos o situaciones como la de México? ¿Por qué el compromiso no está conduciendo al cumplimiento?

El punto de partida es reconocer que el compromiso en sí o por sí mismo no tiene por qué llevar al cumplimiento. Los tratados o las leyes internas (ni siquiera las Constituciones) no son varitas mágicas que transforman la realidad de un día para otro. De hecho, una de los primeros hallazgos de la investigación desde las Relaciones Internacionales y la Ciencia Política fue precisamente demostrar que no hay una correlación entre la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos en sí y los niveles de violación de derechos humanos en la práctica. Incluso, en algunas ocasiones los países parecen violar más derechos humanos después de ratificar los tratados correspondientes. Los tratados internacionales y las leyes internas tienen que implementarse, aplicarse por los agentes estatales en el terreno, para entonces sí cambiar la realidad. Y eso, es decir, la implementación, no es fácil ni automática.

En un artículo recién publicado en el Human Rights Quarterly, exploro el papel de dos variables clave en lo que respecta a la transición del compromiso al cumplimiento: las capacidades institucionales y la voluntad política. Es decir, el “poder” y el “querer”. Distintos investigadores especializados en estas discusiones han enfatizado las explicaciones basadas en la capacidad. Desde esta perspectiva, se plantea que cuando un estado incumple con el derecho internacional (en cualquier materia o área temática) no es necesariamente porque no quiera, sino porque no puede cumplir; porque su estructura institucional no es lo suficientemente robusta o efectiva para conseguir ciertos objetivos públicos, como podría ser contrarrestar la corrupción, evitar la contaminación ambiental o, como en el caso que nos interesa en estas líneas, el avanzar en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.

Este tipo de explicación de entrada puede sonar lógica: en efecto, para transformar las enraizadas y tercas prácticas institucionales, cambiar escalas de valores y alterar estructuras de incentivos e intereses que generan las violaciones a los derechos humanos es necesario contar con instituciones fuertes y efectivas; por ejemplo, en materia de procuración y administración de justicia. El problema con esta explicación, no obstante, es que da por hecho que la voluntad existe: que los estados que llevan décadas recurriendo a la violación de derechos humanos como práctica cotidiana de gobierno de verdad quieren cambiar. Este supuesto es, por decir lo menos, inocente.

Una variable clave, complementaria a la de las capacidades, es la de la voluntad. El romper con dinámicas o prácticas institucionales, transformar valores, alterar esquemas de incentivos e incluso el desarrollar instituciones sólidas y potentes es difícil, costoso y toma tiempo; implica una voluntad clara y sostenida por parte de las autoridades, en el más alto nivel y de largo plazo. Esto implica que, a menudo, los gobiernos realmente no tienen una preferencia particular por dejar de violar derechos humanos. Quizá no necesariamente porque son perversos y represores “por naturaleza” o ni siquiera porque violar derechos humanos les es funcional como herramienta de gobierno, sino porque cambiar prácticas, valores e incentivos es muy costoso y problemático. De esta manera, no podemos dar a la voluntad como un hecho y limitarnos solamente a insistir en el tema de las capacidades.

En el artículo arriba referido demuestro empíricamente que en el caso de México ni se tiene con qué ni se ha querido cambiar. Es decir, las instituciones del Estado mexicano más relevantes para una agenda de vigencia de derechos humanos (al menos en lo que respecta a los derechos a la integridad personal y las libertades civiles) son claramente débiles e insuficientes. En efecto, México no tiene la capacidad institucional que se requiere para, por ejemplo, implementar efectivamente su legislación en materia de tortura, desaparición de personas, protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, atención a víctimas y eliminación de la violencia contra la mujer. Pero lo que también demuestro es que los distintos gobiernos mexicanos tampoco han querido realmente transformar las prácticas, escalas de valores o estructuras de incentivos e intereses que están detrás de la violación a los derechos humanos en el país; tampoco han buscado realmente desarrollar las capacidades institucionales necesarias para aplicar las normas (internacionales y nacionales) vigentes, con las cuales se han comprometido. En otras palabras, los gobiernos mexicanos realmente no han tenido voluntad.

Esta es, desafortunadamente, la peor combinación: un estado sin capacidades y sin voluntad. La presión internacional es muy importante en la generación de voluntad y la cooperación técnica lo es en el desarrollo de capacidades. Sin embargo, el cambio que necesitamos no vendrá solamente como resultado de la presión internacional. La voluntad se generará cuando la presión interna aumente significativamente. El movimiento nacional de derechos humanos ha crecido, se ha complejizado y profesionalizado. En efecto es cada vez más fuerte y su influencia es cada vez mayor. Pero el tema de derechos humanos sigue siendo marginal dentro de la agenda pública nacional. Es imperativo que más actores y sectores, fuera del “círculo rojo”, la adopten y la hagan suya. Solo así los gobiernos tendrán los incentivos suficientes para incluir a los derechos humanos dentro de sus preferencias. Sólo así habrá voluntad y se podrá ir generando capacidad.

* Alejandro Anaya Muñoz es profesor-investigador y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).

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