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Verdad, justicia y reparación
Por CMDPDH
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil,... La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es una organización civil, secular, autónoma e independiente fundada en 1989. Busca contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho que reconozca y garantice, en particular, los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos; en especial el derecho a la asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, y demás derechos consagrados. Este blog es un espacio de análisis e investigación que invita a un debate informado sobre el estado de los derechos humanos en México. Síguenos en Facebook/CMDPDH. (Leer más)
CDMX: ciudad de (violaciones a) derechos
Vemos con profunda preocupación que la apuesta de la actual administración de la CEAVI es desgastar a las víctimas al negarles el acceso a sus derechos y al litigar agresivamente cuando presentan algún recurso legal.
Por CMDPDH
24 de enero, 2022
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Tras varios años de omisión de los poderes ejecutivo y legislativo, en 2019 se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI). Entre bombo y platillo se anunció el nombramiento de Armando Ocampo Zambrano como primer comisionado. La instalación de la CEAVI generó enormes expectativas entre los cientos de miles de víctimas de la mal llamada ciudad de derechos, quienes por años han dependido de la discrecionalidad y voluntad de la Secretaría General de Gobierno, y de las autoridades responsables, para alcanzar algo parecido a una reparación del daño en casos de violaciones a derechos humanos.

A cerca de tres años de operación, es indiscutible que la operación de la CEAVI ha estado profundamente cuestionada desde distintos sectores que han puesto sobre la mesa acusaciones de hostigamiento a víctimas, represalias por acusaciones de violencia de género, amenazas a víctimas y sobrevivientes, corrupción, sueldos ilegales, denuncias sobre la irregularidad en el nombramiento del titular y diversas peticiones para que renuncie el actual comisionado. Organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19 y Equis Justicia, han relatado casos y situaciones que evidencian un actuar irregular generalizado por parte de la CEAVI, en donde los derechos de las víctimas han sido reiteradamente violados por la institución que tiene el mandato de atenderlas y repararlas.

Hoy, a las preocupaciones expresadas por otras organizaciones, colectivos de víctimas, extrabajadoras y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, se suma la voz de la CMDPDH quien, desde la creación de la CEAVI, ha acompañado a víctimas de distintas violaciones a derechos humanos (tortura, fabricación de culpables, detención arbitraria, entre otras) para que se les garanticen sus derechos reconocidos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Por ello, en este espacio expondremos las razones que nos han llevado a concluir que el actuar de la CEAVI se ha caracterizado por ser profundamente revictimizante, poco técnico y con claras tendencias hacia la ilegalidad.

El caso de Francia Henao

Francia es una mujer de 73 años originaria de Colombia y hoy ciudadana mexicana, madre de Nino Colman. En 2009, Nino fue víctima de tortura por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y actualmente se encuentra injustamente privado de la libertad al haber sido condenado por delitos que no cometió. Desde entonces, Francia comenzó una activa campaña para recuperar la libertad de su hijo, lo que le provocó ataques que pusieron en riesgo su vida e integridad, así como la pérdida de todo su patrimonio. Asimismo, en 2020 sufrió un ataque al corazón que deterioró gravemente su calidad de vida.

En julio de 2020, la CMDPDH pidió a la CEAVI que le otorgara a Francia medidas de ayuda en materia de salud, vivienda, alimentación, inclusión y de asistencia. Tras reiteradas negativas de la CEAVI, en enero de 2021 finalmente se inscribió a Francia como víctima indirecta de tortura. Así, en febrero, la CEAVI determinó que se le otorgaría un apoyo económico mensual, no sin antes amenazar con que los apoyos económicos le serían descontados de la reparación integral. Bajo un completo desconocimiento de su propia ley, la CEAVI se negó a pronunciarse sobe las medidas de vivienda y alimentación, hasta en tanto se resolviera la reparación integral.

En noviembre de 2021, la CEAVI emitió dictámenes de indemnización para ella y su hijo Nino; sin embargo, lejos de reparar el daño, la CEAVI expuso a Francia a una nueva revictimización. Por los actos de tortura y detención arbitraria determinó conceder a Francia ocho mil pesos por daño moral y cero pesos por daño material. Además, como consecuencia de la emisión del dictamen, la CEAVI determinó cancelar el apoyo económico que le daba a Francia Henao alegando que ya existía una reparación integral. Esto, a pesar de que Francia presentó un juicio de amparo tanto contra el dictamen de reparación (en donde se le concedió una suspensión provisional) como contra el retiro del apoyo económico (en donde inicialmente se le concedió una suspensión de plano).

Si consideramos el contexto en el que se acusó públicamente al comisionado ejecutivo de graves actos de corrupción por el uso indebido de recursos de la CEAVI, es escandaloso que esta institución haya decidido retirar el pago de una medida de ayuda de cinco mil pesos mensuales, que eran el único sustento de una mujer de edad avanzada, víctima indirecta de tortura y defensora de los derechos humanos. Actualmente, el caso de Francia está permitiendo debatir la constitucionalidad de las normas que le permiten a la CEAVI conceder reparaciones “escalonadas” (es decir, pagar indemnización y dejar para un futuro indeterminado las demás medidas de reparación) y ha detonado una serie de procesos de enorme relevancia ante instancias nacionales e internacionales.

El caso de Hugo Martínez

Hugo Martínez es víctima de violaciones graves a derechos humanos cometidas, entre otras, por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y lleva prácticamente trece años injustamente privado de la libertad condenado por delitos que no cometió. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que su detención fue arbitraria, y que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México encontró que fue torturado, Hugo no ha podido acceder a una reparación integral.

En 2019, se iniciaron diálogos interinstitucionales en donde la CEAVI se comprometió con las víctimas a trabajar de cerca en la elaboración de una propuesta de reparación. Ese ejercicio, a su vez, permitiría que la CEAVI fortaleciera sus herramientas técnicas de documentación y sistematización de impactos psicosociales. Sin embargo, la CEAVI traicionó el compromiso hecho con las víctimas y en julio de 2021 emitió una resolución donde estableció que no repararía a Hugo y su familia y declinó competencia a favor de los grupos de trabajo que opera la Secretaría General de Gobierno a través de un procedimiento opaco y violatorio de derechos humanos que solo permite acceder a una compensación monetaria.

La familia Martínez decidió combatir dicha decisión por la vía judicial. En noviembre de 2021, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia a favor de la familia Martínez y declaró la inconstitucionalidad de una porción normativa del acuerdo general emitido por el Comisionado Ejecutivo que sirvió de pretexto para que la CEAVI se negara a reparar a Hugo y su familia. Tras ello, en vez de que la CEAVI reconociera el error que cometió y buscara remediar la situación, decidió promover un recurso de revisión con el propósito revertir la victoria alcanzada por las víctimas.

El caso de Lorena González

Lorena González es víctima de tratos crueles, arraigo, detención arbitraria y fabricación de culpables cometida, entre otras, por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a autoridades de Ciudad de México, en donde se recomienda reparar integralmente a Lorena. En 2019 se celebró una disculpa pública en donde las autoridades de CDMX se comprometieron a atender con prioridad su caso. A los pocos meses después, la Fiscalía cerró la investigación en contra de los probables responsables alegando la prescripción de los hechos; de igual forma, han pasado prácticamente dos años sin que la CNDH convoque a una reunión de seguimiento de la recomendación y, a prácticamente quince años de los hechos, la CEAVI no ha emitido un dictamen de reparación, a pesar de que Lorena realizó concesiones importantes para que su proceso avanzara rápido ante la CEAVI.

La vía judicial e internacional

Frente a las omisiones e irregularidades cometidas por la CEAVI, las víctimas han tenido que acudir a distintos procesos nacionales e internacionales para impulsar que se les garanticen sus derechos reconocidos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y la Constitución Política de la Ciudad de México. Como consecuencia de ello, algunos organismos internacionales de derechos humanos ya han comenzado a expresar su preocupación ante el actuar de la CEAVI.

Tan solo el 14 de junio de 2021, una cantidad muy importante de mandatos temáticos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación; la Relatora Especial sobre derecho a la salud; el Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos y el Relator Especial sobre la Tortura) transmitieron un llamamiento urgente al Gobierno de México por la falta de atención (atribuible a la CEAVI) a las necesidades de Francia Henao. La Relatora Especial sobre Defensoras de Derechos Humanos, incluso, emitió un comunicado de prensa. Sin embargo, el Gobierno de México optó por no responder el llamamiento urgente, y la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se negó a asumir la atención del caso.

Sumado a lo anterior, diversas víctimas han tomado la decisión de presentar peticiones o comunicaciones formales bajo los procedimientos contenciosos o de medida cautelar, previstos por los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. Así, el actuar irregular de la CEAVI será estudiado por organismos como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

Por el actuar irregular de la CEAVI, también se han presentado diversas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México quien, desafortunadamente, ha sido particularmente silenciosa frente a las omisiones de la CEAVI. Por esta situación, algunas víctimas han decidido solicitar a la CNDH que ejerza su facultad de atracción. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación, e incluso los nuevos juzgados de tutela de la Ciudad de México, han comenzado a conocer de violaciones constitucionales cometidas por la CEAVI.

De esta manera, es claro que la CEAVI ha obligado a las víctimas a tener que defender sus derechos por vías jurídicas altamente técnicas, que no suelen estar disponibles para víctimas que no tienen representación legal. En ese sentido, vemos con profunda preocupación que la apuesta de la actual administración de la CEAVI es desgastar a las víctimas al negarles el acceso a sus derechos y al litigar agresivamente cuando presentan algún recurso legal.

La consigna de ciudad de derechos que suele acompañar a las comunicaciones del Gobierno de la Ciudad de México es mera retórica. Los derechos, al menos los derechos de las víctimas, están lejos de ser una realidad en la Ciudad de México. Las acciones y omisiones de la CEAVI han dejado a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad e, incluso, han puesto en grave riesgo su vida e integridad. El actuar irregular de la CEAVI ya compromete la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a numerosas normas relativas a derechos humanos. Es urgente que se tomen acciones contundentes y deliberadas para remediar esta situación.

@CMDPDH

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