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Verdad, justicia y reparación
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Censura vs moralidad: el debate por Cáñamo México
La decisión de negar a la revista Cáñamo México el certificado de licitud de título y contenido resultaría en un preocupante caso de censura de un instrumento de difusión de información sobre un tema de interés nacional.
Por CMDPDH
13 de marzo, 2017
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Por: Federico Rodríguez y Amaya Ordorika (@Amaya903)

En mayo del 2015, comenzó a circular la versión mexicana de la publicación Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis (Cáñamo México), una publicación dirigida a personas mayores de edad, interesadas en conocer de manera responsable la cultura y situación particular de la cannabis en México. Ese mismo mes, la revista Cáñamo México inició el proceso de certificación de licitud de título y contenido en México ante la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (STCCPRI) de la Secretaría de Gobernación. Este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación determinó que la edición analizada de la publicación podría incurrir en transgresiones al marco normativo aplicable establecido en el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. A la fecha, la STCCPRI continúa analizando la posible censura de la revista.

La decisión de negar a la revista Cáñamo México el certificado de licitud de título y contenido resultaría en un preocupante caso de censura de un instrumento de difusión de información sobre un tema de interés nacional, violentando así los derechos a la libertad de expresión, difusión y acceso a la información de los lectores. En el marco de la discusión pública sobre la regulación de la cannabis en México, los contenidos de la revista Cáñamo México proporcionan información relevante sobre la planta, sus distintos usos y legalización a través de artículos, reportajes y las entrevistas que difunde periódicamente. De esta forma, la revista suma esfuerzos con la sociedad y la academia para generar espacios que propicien la discusión respecto al tema y la posibilidad de que las y los ciudadanos cuenten con suficientes elementos de juicio para formarse una opinión propia que les permita participar en el debate público respecto a la legalización de la marihuana.

A pesar de esto, la STCCPRI expuso ante los editores responsables de la publicación, durante la audiencia única celebrada el pasado 20 de enero, que mantenía su preocupación que los contenidos de la revista incluyan textos que hacen apología del delito y atenten contra la moral y el orden público. No obstante, como explicaron los editores responsables a la STCCPRI, la revista no incurre en ninguno de los dos supuestos.

La primera acusación se deriva de la entrevista con Tito Fuentes (Molotov) publicada en el primer número de la revista. En concreto, la autoridad piensa que la revista podría violar los artículos del Código Penal Federal y la Ley General de Salud al incluir textos en los que indirectamente se hace apología del consumo de cannabis con fines recreativos y se hacen recomendaciones respecto de la edad adecuada para empezar a consumirlo. Por estas razones, la Comisión Calificadora -que forma parte de esa misma STCPRI- quedó a cargo del análisis de los contenidos para determinar si en efecto induce o fomenta a vicios que constituyan un delito o si enseña los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres y de ser el caso, ordene la cancelación de la publicación mensual.

En la audiencia, donde las partes pueden presentar pruebas y exponer sus argumentos de defensa, los editores responsables expresaron formalmente que en la entrevista cuestionada el artista simplemente habló de su experiencia personal con la mariguana, pero en ningún momento hace una invitación a los lectores a consumir cannabis. En todo caso, si bien Tito mencionó que la gente no debiera fumarla a temprana edad sino hasta después de los 21 años, esto no es más que una recomendación particular para disminuir los impactos en el consumo, que no es lo mismo que incitar a su ingesta y mucho menos a realizar un ilícito, pues no hay que olvidar que el consumo mismo de cannabis o cualquier otro estupefaciente no es delito.

Asimismo, refirieron que para la ley penal la apología de un delito sólo puede suceder cuando exista una invitación directa y expresa, con la intención clara de que ese delito en particular se cometa, lo cual no sucede en este caso porque en primer lugar, la ética y línea editorial de la revista no tiene por objeto invitar a lectores a consumir estupefacientes, sino a informarlos. Por tanto, la opinión de Tito solamente es responsabilidad de él y no refleja necesariamente la postura de la revista.

En sus alegatos reconocieron también que los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información no son absolutos, pues contemplan también restricciones para su ejercicio. Las limitaciones fijadas en el marco de la ley atienden a necesidades para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, y para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

Aunque en el caso no se contraviene ninguna de estas situaciones, la publicación pidió a la Comisión Calificadora tomar en cuenta que los conceptos de “moral y orden público” cambian constantemente porque parten de las distintas perspectivas sociales y su perspectiva varía de persona a persona, debiendo determinarse caso por caso y no partir de la idea de que existe solo “una moral” o “unas buenas costumbres” ni que prevalecen en una sociedad de manera inmutable. De ahí que interpretar la moral o las buenas costumbres de forma tradicional o apelando a lo que consideran sólo las mayorías, sería prácticamente dejar fuera a la opinión de las minorías, incluyendo el derecho de consumidores y población interesada de recibir información relacionada.

En este sentido, si la revista habla en algunos de sus artículos sobre el consumo de la cannabis y esto sigue siendo un tema tabú para la sociedad, es muy importante tomar en cuenta que el respeto y el sentido plural que debe prevalecer en un Estado democrático debiera permitir el dar voz a quienes de algún modo hablan de la mariguana y su legalización, que además es algo que actualmente hacen ya muchísimos medios de información como la revista Cáñamo.

Por estas razones, la declaración de ilicitud de la publicación de la revista que no encuentra justificación en la violación a las leyes, sino por un tema de “moralidad”, se traduciría en una clara censura que vulneraría el derecho humano a expresarse y el derecho colectivo de la sociedad mexicana a recibir información plural sobre un tema como el de la legalización de la marihuana, que se quiera o no, permanecerá en la agenda pública más allá de Cáñamo la revista de la cultura del cannabis.

 

*Amaya Ordorika es investigadora en derechos humanos y política de drogas, y Federico Rodríguez es abogado, ambos de la @CMDPDH.

 

 

El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”

Los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son coincidentes al estimar que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Artículo 8o.- Si del examen de la publicación se determina que el título o contenido presenta alguno de los inconvenientes a que se refiere el artículo 6o., de este Reglamento, el infractor será citado a audiencia, señalándose fecha y hora para ser oído y rendir las pruebas que estime pertinentes, así como para que alegue lo que a su derecho convenga, formulándose el acta correspondiente, y la Comisión resolverá lo conducente…

Artículo 6o.- Se considerarán contrarios a la moral pública y a la educación el título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas por:

… I.- Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios y constituya por sí mismo delito;…

… IV.- Proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres…

si van a fumar, lo hagan medio tarde, como a los 21 años o veintitantos, está bien probar antes, pero así ya darle a daily basis necesitas estar más desarrollado ya que tu cerebro esté más maduro, porque sí te puede distraer mucho y te puedes perder muchas cosas si estás muy pacheco desde chavo…Hay que empezar tarde.

La reducción de riesgos y daños es una estrategia de intervención en drogodependencias u en otras conductas que conllevan riesgo para la salud, que permite acercarse, en este caso, al consumo de drogas de una manera neutral, es decir, libre de prejuicios y estigmas, la cual permite desarrollar estrategias de bajo costo y alto efecto para la reducción de los impactos negativos que pudiera tener el uso de drogas. Algunos ejemplos de reducción de daños ampliamente conocidas son el alcoholímetro, el intercambio de jeringas y la entrega de condones. Esta estrategia ha sido adoptada incluso por la legislación nacional; por ejemplo, en el agosto del 2009 se aprobó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que establece en el Artículo 192 bis que el “el conjunto de acciones que tienen por objeto […] reducir los riesgos y daños que implican el uso y abuso de dichas sustancias“, lo cual forma parte de la definición de tratamiento.

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