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Verdad, justicia y reparación
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CNDH: desinterés y omisión hacia las víctimas de derechos humanos en México
Los señalamientos en contra de Raúl Plascencia Villanueva en esa demanda de juicio político son muy serios por evidenciar malas prácticas institucionales de la CNDH, que en su conjunto afectan los derechos de las víctimas, además que le han restado credibilidad y fortaleza a un muy importante mecanismo de rendición de cuentas para el país.
Por CMDPDH
6 de octubre, 2014
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Por: José Antonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB)

En los últimos días, Raúl Plascencia Villanueva ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil, por analistas y líderes de opinión, como una persona que no se ha desempeñado a la altura de su nombramiento como Presidente de la Comisión Nacional del Derechos Humanos (CNDH). Lo más serio que en mi opinión se ha dicho, está contenido en la demanda de juicio político que fue presentada hace unos días ante la Cámara de Diputados (en adelante la “demanda”) por un número muy importante de organizaciones no gubernamentales, expertos en derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la misma CNDH.

En la demanda se habla de una gestión del Presidente actual de la CNDH ineficaz e incluso le acusan de “utilizar su posición para fines personales, en clara contravención a los intereses de la colectividad”. La inadecuada atención a las víctimas y las graves omisiones en la tramitación de casos también se narran en ella.

En diversos aspectos se señala que la CNDH ha violado el marco jurídico y su actuación ha afectado a las víctimas y a la colectividad. Por ejemplo, se indica que a principios de 2011, el entonces vocero de seguridad del Gobierno Federal, mencionó que existían 35 mil personas muertas a causa del combate del gobierno federal contra el crimen organizado, incluyendo en esas cifras, desde “delincuentes, fuerzas armadas y hasta civiles”. Ante tales números, la CNDH no llevó a cabo actuación contundente alguna para lograr investigaciones independientes por las autoridades de procuración de justicia competentes.

Otro de los temas en los que la CNDH no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento es sobre el desplazamiento interno forzado en el país. A pesar del enorme número de personas que han huido de su lugar de residencia por motivos de la violencia generalizada, por los intensos enfrentamientos armados por periodos prolongados entre fuerzas de seguridad e integrantes de organizaciones criminales o entre organizaciones criminales entre sí, o por las violaciones de derechos humanos, la CNDH no han emitido recomendación o informe alguno.

La práctica de la tortura incrementó considerablemente desde el sexenio de Felipe Calderón, con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Raúl Plascencia Villanueva declaró en mayo pasado que existe una disminución del 50 por ciento de las quejas contra el Ejército y un 30 por ciento de reducción de quejas de torturas durante el 2013. Sin embargo, la demanda señala que esa reducción en el número de denuncias de tortura, “no obedece a la eficacia de la estrategia de prevención de la CNDH, sino a la falta de credibilidad de dicha institución”.

Se ha podido constatar que el seguimiento a las recomendaciones de tortura ha sido del todo deficiente y la CNDH no se ha preocupado por garantizar la reparación integral a las víctimas. Por ejemplo se mencionan los casos de Miriam Isaura López y de los 25 policías de Baja California, en lo que el seguimiento a las recomendaciones ha sido, por decir lo menos, del todo deficiente. Se hace referencia a un caso de 4 civiles también de dicho estado en el cual a más de tres años de haberse presentado la queja ante la CNDH de hechos de tortura a manos del Ejército Mexicano, no se ha emitido recomendación alguna, y al mismo tiempo se ha negado a las víctimas la entrega de copias del expediente de investigación y del Protocolo de Estambul aplicado.

La demanda también señala que el 25 de agosto de 2010 se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes asesinados (58 hombres y 14 mujeres) en el municipio San Fernando, Tamaulipas. Fue hasta el 23 de diciembre de 2013, –tres años y cuatro meses después– que la CNDH emitió recomendación por la masacre. En esa recomendación no se tomó en consideración la voz de los familiares de las víctimas de los 72 migrantes asesinados quienes, conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas.

Los familiares de las víctimas no formaron parte del proceso de investigación de la CNDH, no fueron entrevistados, no pudieron aportar pruebas. Además, dicha institución no las asesoró ni acompañó adecuadamente frente a las autoridades responsables; no garantizó que los restos fueran identificados conforme a los protocolos científicos internacionalmente reconocidos, ni procuró que les fueran entregados correctamente a las familias. En consecuencia, las medidas de reparación recomendadas por la CNDH no tomaron en cuenta el sufrimiento de las víctimas y las expectativas de las mismas.

En cuanto a las recomendaciones donde está involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Human Rights Watch presentó 25 solicitudes de información ante la CNDH sobre sus recomendaciones a esta Secretaría de 2007 y 2008, en las cuales documentó abusos del Ejército. En 13 solicitudes, solicitó específicamente información actualizada sobre el seguimiento que había realizado la Comisión luego de documentar los aberrantes abusos cometidos por los militares. La CNDH se negó a brindar información solicitada, a pesar de que la SEDENA había “aceptado” todas las recomendaciones y su contenido había sido publicado en la página oficial de la CNDH y en sus informes anuales.

En 2008, Human Rights Watch documentó que la CNDH no realizaba un seguimiento adecuado una vez que emitía recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos, y que no impulsaba reformas legales como, por ejemplo, del sistema de justicia militar. Hasta hace muy poco, las recomendaciones de la CNDH solicitaban a la SEDENA que iniciara investigaciones en la jurisdicción militar, a pesar de que desde diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a México que dejara de aplicar ese fuero para investigar violaciones graves de derechos humanos.

Con respecto al secuestro de migrantes en su tránsito por territorio mexicano, en 2009, la CNDH emitió un Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes en México, donde señala que existían, en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, 9 mil 759 migrantes secuestrados por territorio nacional. Posteriormente, el 22 de febrero del 2011, emitió un segundo informe sobre el mismo fenómeno, el cual arrojó 11 mil 333 nuevas víctimas de este delito por el período comprendido de abril a septiembre de 2010. Sumados los dos informes dan 20 mil migrantes, los cuales no han sido incluidos en cifras oficiales sobre secuestros y desapariciones en el país.

Estos 20 mil migrantes secuestrados tampoco se incluyen en los datos de secuestros que anualmente cuantifica el gobierno federal en México. En los últimos 10 años, tan sólo en denuncias por secuestro, los números incrementaron 245 por ciento, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Según esta dependencia, en 2003 se registraron 413 plagios, mientras que en noviembre de 2013, la cifra fue de mil 583 casos. En estas cifras tampoco se cuantifican los migrantes secuestrados, por lo que se encuentran excluidos de los datos oficiales de desaparecidos y secuestrados en nuestro país. La CNDH al respecto no parece hacer mucho.

En ambos informes de la CNDH se adjuntaron los testimonios que algunos de los migrantes rindieron ante personal de la Comisión sobre el caso del que fueron víctimas. En muchos de los casos, los secuestrados señalaron que en las acciones de su secuestro había policías involucrados, sin definir, en muchos casos, su rango o pertenencia. Sin embargo, la CNDH no emitió recomendaciones referentes a autoridades federales, estatales o municipales, para que investigaran a los policías que intervinieron en los casos de secuestro que los migrantes señalaron. Tampoco presentó denuncias ni emitió recomendaciones relacionadas con los secuestros en donde fueron señalados los policías.

Otro caso relacionado con migrantes, y también sumado el fenómeno de las fosas clandestinas, es el ocurrido el 13 de mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, donde se encontraron 49 torsos al borde de una carretera. Dichos torsos corresponden a 42 hombres y 7 mujeres. Sin tener ninguna información sobre la identidad de las víctimas, las primeras versiones oficiales manifestaron abiertamente que dichos restos correspondían a miembros de grupos del crimen organizado. Fue hasta julio de 2013 cuando se hizo pública la identificación de los restos de cinco personas cuyos torsos fueron encontrados en las mencionadas circunstancias. Estas personas eran de nacionalidad mexicana y costarricense. Ante dichas identificaciones no debe descartarse la posibilidad de que entre los restos se encuentren más personas migrantes centroamericanas y que se trate de otra ejecución extrajudicial masiva en contra de personas migrantes en su tránsito por México.

Estos ejemplos vienen documentados en la demanda de juicio político presentada. En ella también se señala que “gran parte de los hechos narrados no son objeto de prueba por tratarse de situaciones que son del conocimiento público” y se “evidencian diversos elementos probatorios que son suficientes para establecer la existencia de las omisiones y actuaciones indebidas que ha cometido el Presidente de la CNDH, por lo cual se está en condiciones de presumir su responsabilidad constitucional”.

Los señalamientos en contra de Raúl Plascencia Villanueva en esa demanda de juicio político son muy serios por evidenciar malas prácticas institucionales de la CNDH, que en su conjunto afectan los derechos de las víctimas, además que le han restado credibilidad y fortaleza a un muy importante mecanismo de rendición de cuentas para el país.

La crisis de derechos humanos por la que el país atraviesa no soportaría otros cinco años de omisiones y actuaciones indebidas por la CNDH, por lo que nuestros representantes en el Ejecutivo Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República deben considerar toda la información contenida en la demanda y actuar en consecuencia conforme a sus atribuciones, responsabilidades y a su compromiso con el país.

El Presidente de la República, si verdaderamente tiene interés en mover a México para hacerlo un Estado de Derecho internacionalmente reconocido, debe de estar interesado en tener como contraparte a un verdadero defensor del pueblo y no a quien complace a las instituciones mayormente señaladas como violadoras de derechos humanos. La Cámara de Diputados debiera estar interesada en esclarecer y procesar con celeridad la demanda de juicio político. Por su parte, el Senado debe garantizar un proceso de elección de ombudsman transparente, participativo, que no discrimine ninguna persona que tenga interés en participar y que evite privilegios a favor de alguna, y además que asegure la consulta a las organizaciones de la sociedad civil, tal como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 102 apartado B).

Por consiguiente la decisión que en los próximos días deberá tomar el Senado en el contexto del proceso de elección de la persona que ocupará la Presidencia de la CNDH, se debe orientar a nombrar a quien tenga la experiencia, conocimiento técnico y autoridad moral para poner la defensa y promoción de los derechos humanos como prioridad de su gestión.

 

*José Antonio Guevara Bermúdez es Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 

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